La semana pasada se inició el juicio oral contra 35
exmarinos a quienes se acusa de haber cometido ejecuciones
extrajudiciales contra los reos del penal San Juan Bautista de la Isla
El Frontón, caso conocido como “la matanza de El Frontón”, vía el Instituto de Democracia y Derechos Humanos.
(Foto de la República).
El 19 de junio de 1986, internos
sentenciados y acusados de terrorismo se amotinaron y tomaron como
rehenes a tres integrantes de la Marina de Guerra del Perú. Luego de un
proceso trunco de negociaciones, los agentes del Estado aplicaron “el
uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos que una vez
rendidos y controlados fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes
del Estado”, señala en su informe Final la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Para Arial Dulitzky,
Presidente – Relator del Grupo de Trabajo de desapariciones forzadas e
involuntarias de las Naciones Unidas, el paso del tiempo frente a la
investigación de El Frontón demanda mayor esfuerzo por parte del Estado.
“La carencia de tener una cifra exacta, demuestra que hasta el día de
hoy no ha habido ninguna investigación completa de lo que sucedió en El
Frontón; pero al mismo tiempo llama a ser muy cuidadosos en esto,
treinta años después, quizás no se va a lograr determinar con precisión
el número de víctimas de los hechos de El Frontón, esto significa que
hay que continuar la documentación”. Dulitzky considera que hay
lecciones que se deben aprender. “Se debe pensar qué tipo de
capacitación y qué tipo de entrenamiento tienen las fuerzas de seguridad
hoy en Perú para responder a una situación en caso requieran intervenir
al interior de un centro de detención”, explica. Aquí tres preguntas claves que Gabriela Quevedo, periodista del Idehpucp le hizo.
1. El inicio del juicio oral
sobre el caso El Frontón, 31 años después de ocurridos los hechos, da
cuenta de lo difícil que es que el Estado Peruano se someta a procesos
de justicia. ¿Cómo procesar esta demora por parte del Estado?
Hay varios puntos, lo primero es el paso
del tiempo, 31 años. Por un lado, el paso del tiempo no es excusa para
que el Estado deje de investigar. De otro lado, el paso del tiempo
produce en general que haya mucha evidencia que se pierde, que se ha
destruido o desintegrado, dependiendo del caso. También están los
involucrados en el caso, víctimas o familiares de víctimas,
perpetradores o testigos, por un lado, sus recuerdos son mucho más
débiles y por otro, varios pueden haber muerto con el paso del tiempo.
Todo esto crea dificultades adicionales. Lo que exige al Estado una
obligación adicional.
A la debida diligencia que tiene que hacer
para investigar graves violaciones a los Derechos Humanos, como las que
ocurrieron en El Frontón, se le deben sumar más esfuerzo, no
los esfuerzos normales que tendrían que haber hecho en el momento, un
par de meses o años después, sino muchos más para compensar todos estos
problemas procesales, probatorios que enfrenta un caso.
Al mismo tiempo, [la apertura del proceso] representa una tendencia
positiva, como lo marca el que hace algunas semanas se haya emitido una sentencia por el caso Los Cabitos.
Demuestra, para quienes miramos el tema de la justicia transicional,
que muchas veces los deberes de verdad, justicia, reparación, garantías
de no repetición, no se dan de manera concurrente, de manera simultánea,
sino que requieren muchas veces el paso del tiempo y diferentes
condiciones políticas para que se pueda avanzar y esto lo vemos no solo
en Perú, sino también en otros países. No es casualidad que hoy se vean
juicios en Argentina, por violaciones [cometidas] en la dictadura en los
70’s y principios de los 80’s; juicios en Chile, por la dictadura de
[Augusto] Pinochet, algunos juicios en Guatemala, en El Salvador, todos
estos son casos que tienen 2, 3 o 4 décadas.
2. El Informe Final de la CVR
reporta que cerca de 200 internos fallecieron producto del
enfrentamiento contra las fuerzas del orden. Se hace énfasis en el uso
deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos que una vez
rendidos y controlados fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes
del Estado. ¿Qué lecciones debemos sacar de este episodio?
La primera lección es que el uso
desproporcionado de la fuerza es absolutamente injustificable, es ilegal
y contrario a todas las normas de Derechos Humanos y que es un ejemplo
gravísimo y paradigmático de la ruptura total del estado de derecho que
existía en Perú en esos años. La segunda lección es la carencia de tener
una cifra exacta, esto por un lado demuestra que hasta el día de hoy no
ha habido ninguna investigación completa de lo que sucedió en El
Frontón; pero al mismo tiempo llama a ser muy cuidadosos en esto,
treinta años después, quizás no se va a lograr determinar con precisión
el número de víctimas de los hechos de El Frontón, esto significa que
hay que continuar la documentación. Y una lección que uno aprende en
base a El Frontón, pero que lo aprende en otros contextos, que también
son muy relevantes en Perú, es que no se puede hacer listados de
víctimas, cerrar esos listados y otorgar ciertos derechos, por ejemplo
derecho a la reparación poniendo una fecha arbitraria para hacer el
registro de víctimas. Esto pasó en el caso peruano con las víctimas del
conflicto armado, el gobierno anterior había puesto una fecha, creo que
era 31 de diciembre de 2015 y quien no estaba registrado en ese momento
no podía ser considerada víctima y no podía recibir reparación. Esto
mismo sucedió en Chile, que quien no había aparecido registrado en
algunas de las comisiones de la verdad no podía ser considerado víctima,
cuando luego se pudieron descubrir más casos. Entonces, este es un tema
muy importante en cuanto a la falta de certeza del número que
obliga a no tener cerrados los marcos particularmente de reconocimiento
de derecho a las víctimas.
La tercera lección es la necesidad de
continuar las investigaciones, pero no para establecer el número exacto,
ese es un objetivo muy importante, pero es para darle la respuesta a
los familiares que siguen esperando, que tienen el derecho que los
cuerpos de sus familiares, que puedan ser recuperados, sean restituidos
para darle la sepultura y el destino final que los familiares decidan. Y
esto, la falta de determinación del número, de determinación de quiénes
fueron individualmente las víctimas y de no entrega de los cuerpos,
muestra que las heridas en casos como este siguen abiertas. Y retomar la
investigación no solo el juzgamiento, sino la investigación de la
suerte final de cada una de las personas que estuvieron allí, no es
reabrir heridas del pasado, sino es avanzar para cerrar las heridas que
están presentes en los familiares.
Lo otro es que, obviamente, esto nos
tiene que hacer pensar en la situación de las cárceles hoy en Perú y en
cualquier otra parte del mundo, y ver las condiciones de detención hoy y
utilizar el caso de El Frontón para pensar sobre eso. Se debe pensar
qué tipo de capacitación y qué tipo de entrenamiento tienen las fuerzas
de seguridad hoy en Perú para responder a una situación en caso
requieran intervenir al interior de un centro de detención. Tienen que
pensar e identificar qué lecciones aprendieron, cómo se cambiaron las
prácticas y formas, y cómo se actúa el día de hoy en relación a estas
situaciones [motines y debelamientos].
3. Hace menos de un mes el
Ministerio de Justicia creó la Dirección General de Búsqueda de Personas
Desaparecidas, oficina implementada bajo el marco de la Ley de búsqueda
de personas desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000.
¿Cómo debe actuar frente a casos como el descrito en El Frontón?
Lo principal, por un lado, es determinar
qué definición y cómo va a interpretar el tema de personas
desaparecidas. Por ejemplo, en el caso de Chile tienen una categoría que
es “ejecutados sin retorno del cuerpo”, que se hizo como una categoría
diferente de desaparición forzada. Que es cuando una persona se sabe
ejecutada, pero que nunca se le entregó el cuerpo a los familiares;
frente a otros que fueron ejecutados en clandestinidad, pero que nunca
se supo el destino final. Este es un aspecto que representa un desafío y
ojalá que consideren utilizar una definición amplia de desaparición
forzada.
Lo segundo es no empezar de cero, tienen
que hacer un relevamiento de toda la información que ya está disponible
y en esta puede haber información de la CVR, pero también ver qué otra
información puede haber de otro lado, con posterioridad a la CVR,
insistir mucho en la recolección y la obligación de producir información
por parte de las Fuerzas Armadas, entonces este es otro aspecto.
Si hay cuerpos en la morgue hay que insistir y avanzar en la identificación fehaciente de esos cuerpos. Y es
muy importante que como estrategia no suceda lo que ya está sucediendo
en Perú, que no existe un banco de datos genético completo, que
se hacen exhumaciones en universos abiertos y luego no se pueden
identificar porque no se tenían en ciertas épocas en el momento los
reactivos para hacer los exámenes de ADN, pero segundo es porque no hay
muestras de ADN de los familiares para constrastarlos. Lo que pasa es
que se hacen exhumaciones y luego quedan en las morgues sin identificar y
lo que se hace es cambiar el lugar donde ha estado enterrada la persona
a una caja de cartón, como vimos en el laboratorio genético en
Ayacucho. Tiene que haber una estrategia global integral. Que se hagan
exhumaciones, pero que primero haya al mismo tiempo capacidad de
investigación. Sino, muchas veces es mejor no avanzar en las
exhumaciones hasta no se esclarezca y se tenga la capacidad de
identificar [los restos].
Lo tercero, como estrategia muy
importante para un caso como El Frontón, y por la forma en que se
ejerció la represión y se hizo la masacre y todo, es hacer un
acompañamiento psicosocial muy cercano con las familias. Porque aún
cuando se haga una investigación de búsqueda que tenga las mejores
herramientas, las mejores técnicas, protocolos, prácticas, es muy
posible que [los restos de] algunas de las víctimas nunca se puedan
recuperar o que nunca se vaya a poder identificar, y en esto hay que
acompañar a los familiares. Hay que acompañarlos psicológicamente y
psicosocialmente para estar preparados en caso se de este desenlace
posible, en donde algunos no van a ser posible de identificar. Y hay que
hacer un acompañamiento, incluso si da un buen resultado la búsqueda y
se logra el retorno, hay que acompañar a los familiares en el tiempo del
retorno del cuerpo y la etapa del duelo posterior al retorno.
Finalmente, en cuanto a la búsqueda en
sí y a las potenciales exhumaciones, un criterio muy importante es que
toda la estrategia de búsqueda se tiene que hacer con participación de
los familiares y con información constante a los familiares.
Considerando que en el Perú hay también capacidad profesional
desarrollada de altísimo nivel de la sociedad civil, por ejemplo el
Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), y de modo que esto tiene
que ser una política de estado cooperativa y colaborativa, me parece que
esto es un elemento importante a tener en cuenta.
Fuente IDEHPUCP: http://idehpucp.pucp.edu.pe/
