"La sentencia del juez Nuñez es sólida y bien estructurada. Desarrolla correcta y ampliamente la razón por la cual corresponde aplicar el control de convencionalidad al indulto concedido en diciembre pasado".
Esta semana, dos dictadores latinoamericanos sufrieron un claro y rotundo revés ante la justicia y la historia. Alberto Fujimori, en nuestro país, y Augusto Pinochet, en Chile, engreídos mandamases en su momento, fueron condenados, uno de ellos todavía en vida, el otro, post mortem. Ya están en la historia, en su lugar verdadero y definitivo, como vulgares delincuentes. La asociación entre ambos va más allá de su compartida condición de asaltantes y destructores de la democracia. No olvidemos que a Fujimori le gustaba muchísimo que le llamaran "Chinochet".
Pinochet falleció en el año 2006 sin haber sido procesado y condenado por los innumerables asesinatos que cometió a lo largo de su tiranía, pero ya entonces estaba bajo investigación judicial por malversación de fondos y fraude fiscal debido al descubrimiento de sus millonarias cuentas secretas en el banco Riggs de los Estados Unidos. El general que se hizo del poder mediante un sanguinario golpe militar en 1973 resulto ser, además de asesino múltiple, un vulgar corrupto que se enriqueció con el dinero y las operaciones financieras del Estado chileno.
Se calcula que la fortuna amasada por Pinochet supera los 21 millones de dólares. Al menos, según lo que se ha descubierto hasta el momento. Ese es el caudal, en dinero y propiedades, que está en manos de su viuda e hijos, unos buenos para nada, herederos y cómplices del latrocinio, que no podían ignorar de dónde provenía la repentina riqueza del dictador. La justicia chilena dispuso, precisamente hace tres días, el embargo y la inmovilización de toda esa fortuna y prohibió la celebración de todo tipo de contratos o transacciones sobre ella.
Fujimori fue condenado en el 2009 por el asesinato de nueve estudiantes de La Cantuta y de dieciséis personas en un solar de Barrios Altos, ejecutados por el destacamento Colina, que él, junto con Montesinos y Hermoza Ríos, formaron y dirigieron. Estos son solo algunos de los innumerables crímenes cometidos bajo el fujimorato. Todos sabemos, además, que fué el gobernante más corrupto que ha tenido el país como lo testimonian los cientos de videos de su íntimo asesor Montesinos, el ejecutor de su política.
Aparte de corrupto, Fujimori fue un corruptor sistemático de la institucionalidad del país. Envileció a las Fuerzas Armadas convirtiendo a sus jefes en cómplices activos de la corrupción y el robo al estado, aún en plena situación de conflicto internacional, pues no podemos olvidar que también se aprovecharon del conflicto con Ecuador para lucrar con la compra masiva de armamento que era pura chatarra, mientras nuestros soldados morían combatiendo por recuperar el Cenepa. Y no dudó en hacer negocios con los terroristas de las FARC en Colombia, a quienes abasteció con miles de fusiles.
Fujimori también corrompió activamente el sistema de administración de justicia, sometiendo al Poder Judicial y al Ministerio Público a la férula de sus testaferros Rodríguez Medrano y Blanca Nélida Colán. Convirtió la Sunat en instrumento de sus venganzas mediante el "RUC sensible". Controlo el JNE y la ONPE e impuso el fraude electoral gracias a "Papelito manda". Descabezó sin más el Tribunal Constitucional porque esté resultó un obstáculo para sus planes de re-reelección. Impuso el ominoso poder del SIN en todos los ámbitos de la vida del país.
Destrozo la libertad de expresión con la compra al peso de los medios de comunicación, sobornando a sus propietarios con cantidades contantes y sonantes para comprar su línea editorial, e impuso el poder de la "prensa chicha" para difamar sistemáticamente a sus opositores. Se fabricó una mayoría parlamentaria a su medida corrompiendo activamente con sobornos a decenas de congresistas comprados al peso. Le pagó a su cómplice Montesinos una millonaria "indemnización" de 15 milones de dólares con dinero proveniente del lavado de activos.
Esta semana, el juez supremo Hugo Nuñez Julca sentenció declarando la nulidad del escandaloso "indulto#" que le concedió el expresidente Kuczynski, a fines del año pasado, como resultado de una negociación oscura e ilegal, violatoria de las leyes peruanas y de las obligaciones internacionales del Estado peruano en relación con la normatividad internacional de derechos humanos. El juez supremo Nuñez se pronunció en cumplimiento del mandato de control de convencionalidad emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a principios de este año.
La sentencia del juez Nuñez es sólida y bien estructurada. Desarrolla correcta y ampliamente la razón por la cual corresponde aplicar el control de convencionalidad al indulto concedido en diciembre pasado, el fundamento que lo lleva a concluir que la ejecución del proceso penal contra Fujimori no se ha extinguido (la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS ha sido cuestionada y se encuentra bajo análisis de su compatibilidad con la Constitución y los tratados internacionales, y subsiste la obligación de ejecutar la sentencia condenatoria en el extremo del pago de la reparación civil) y claro su competencia para pronunciarse sobre el tema; da cuenta del estado de las normas que habilitan la jurisdicción y el alcance de los tribunales penales internacionales ad hoc (ex Yugozlavia, Ruanda) y de la Corte Penal Internacional, las que no admiten el indulto a los condenados por violaciones graves de los derechos humanos, y, en general, desconocen la participación de la administración no penal en la concesión de la reducción de la pena o el perdón; y resalta la tendencia de la legislación penal (mayoritariamente de la región) de limitar la concesión del indulto, en verdad de prohibirla tratándose de violaciones a los derechos humanos.
Pinochet falleció en el año 2006 sin haber sido procesado y condenado por los innumerables asesinatos que cometió a lo largo de su tiranía, pero ya entonces estaba bajo investigación judicial por malversación de fondos y fraude fiscal debido al descubrimiento de sus millonarias cuentas secretas en el banco Riggs de los Estados Unidos. El general que se hizo del poder mediante un sanguinario golpe militar en 1973 resulto ser, además de asesino múltiple, un vulgar corrupto que se enriqueció con el dinero y las operaciones financieras del Estado chileno.
Se calcula que la fortuna amasada por Pinochet supera los 21 millones de dólares. Al menos, según lo que se ha descubierto hasta el momento. Ese es el caudal, en dinero y propiedades, que está en manos de su viuda e hijos, unos buenos para nada, herederos y cómplices del latrocinio, que no podían ignorar de dónde provenía la repentina riqueza del dictador. La justicia chilena dispuso, precisamente hace tres días, el embargo y la inmovilización de toda esa fortuna y prohibió la celebración de todo tipo de contratos o transacciones sobre ella.
Fujimori fue condenado en el 2009 por el asesinato de nueve estudiantes de La Cantuta y de dieciséis personas en un solar de Barrios Altos, ejecutados por el destacamento Colina, que él, junto con Montesinos y Hermoza Ríos, formaron y dirigieron. Estos son solo algunos de los innumerables crímenes cometidos bajo el fujimorato. Todos sabemos, además, que fué el gobernante más corrupto que ha tenido el país como lo testimonian los cientos de videos de su íntimo asesor Montesinos, el ejecutor de su política.
Aparte de corrupto, Fujimori fue un corruptor sistemático de la institucionalidad del país. Envileció a las Fuerzas Armadas convirtiendo a sus jefes en cómplices activos de la corrupción y el robo al estado, aún en plena situación de conflicto internacional, pues no podemos olvidar que también se aprovecharon del conflicto con Ecuador para lucrar con la compra masiva de armamento que era pura chatarra, mientras nuestros soldados morían combatiendo por recuperar el Cenepa. Y no dudó en hacer negocios con los terroristas de las FARC en Colombia, a quienes abasteció con miles de fusiles.
Fujimori también corrompió activamente el sistema de administración de justicia, sometiendo al Poder Judicial y al Ministerio Público a la férula de sus testaferros Rodríguez Medrano y Blanca Nélida Colán. Convirtió la Sunat en instrumento de sus venganzas mediante el "RUC sensible". Controlo el JNE y la ONPE e impuso el fraude electoral gracias a "Papelito manda". Descabezó sin más el Tribunal Constitucional porque esté resultó un obstáculo para sus planes de re-reelección. Impuso el ominoso poder del SIN en todos los ámbitos de la vida del país.
Destrozo la libertad de expresión con la compra al peso de los medios de comunicación, sobornando a sus propietarios con cantidades contantes y sonantes para comprar su línea editorial, e impuso el poder de la "prensa chicha" para difamar sistemáticamente a sus opositores. Se fabricó una mayoría parlamentaria a su medida corrompiendo activamente con sobornos a decenas de congresistas comprados al peso. Le pagó a su cómplice Montesinos una millonaria "indemnización" de 15 milones de dólares con dinero proveniente del lavado de activos.
Esta semana, el juez supremo Hugo Nuñez Julca sentenció declarando la nulidad del escandaloso "indulto#" que le concedió el expresidente Kuczynski, a fines del año pasado, como resultado de una negociación oscura e ilegal, violatoria de las leyes peruanas y de las obligaciones internacionales del Estado peruano en relación con la normatividad internacional de derechos humanos. El juez supremo Nuñez se pronunció en cumplimiento del mandato de control de convencionalidad emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a principios de este año.
La sentencia del juez Nuñez es sólida y bien estructurada. Desarrolla correcta y ampliamente la razón por la cual corresponde aplicar el control de convencionalidad al indulto concedido en diciembre pasado, el fundamento que lo lleva a concluir que la ejecución del proceso penal contra Fujimori no se ha extinguido (la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS ha sido cuestionada y se encuentra bajo análisis de su compatibilidad con la Constitución y los tratados internacionales, y subsiste la obligación de ejecutar la sentencia condenatoria en el extremo del pago de la reparación civil) y claro su competencia para pronunciarse sobre el tema; da cuenta del estado de las normas que habilitan la jurisdicción y el alcance de los tribunales penales internacionales ad hoc (ex Yugozlavia, Ruanda) y de la Corte Penal Internacional, las que no admiten el indulto a los condenados por violaciones graves de los derechos humanos, y, en general, desconocen la participación de la administración no penal en la concesión de la reducción de la pena o el perdón; y resalta la tendencia de la legislación penal (mayoritariamente de la región) de limitar la concesión del indulto, en verdad de prohibirla tratándose de violaciones a los derechos humanos.
La tesis central de la resolución del juez Nuñez es que la aplicación del indulto a Alberto Fujimori es contraria a las obligaciones internacionales del Estado Peruano, precisamente las contraídas tras la suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Además, la resolución señala el contexto político que rodeó la concesión del indulto trucho, el negociado pues; y, la existencia de gruesa y múltiples irregularidades en el procedimiento administrativo: la velocidad con la que se declaró el indulto, la participación del médico del favorecido en la Junta Médica que lo evaluó, la atribución ilegítima de funciones por parte de la referida Junta, las diferencias en los diagnósticos que aparecen en las actas que suscribieron, la anotación de enfermedades sin corroboración médica en el acta de la Comisión de Gracias Presidenciales, la falta de motivación en la Resolución Suprema de Indulto, etc.
Pinochet y Chinochet, dos nutridos prontuarios, un mismo destino de cirmen y corrupción. Eso es lo que merecen los dictadores de toda especie, que se creen con derecho a gozar de la impunidad absoluta de sus delitos y atrocidades. Ya les llegará también el turno a tiranos como Nicolás Maduro y Daniel Ortega, quizás antes de lo que nos imaginamos. Como le ha llegado la hora a Francisco Franco, el facista que tiranizó España por 40 años, cuyos restos serían desalojados del monumento faraónico que se hizo construir con el trabajo esclavo de los prisioneros políticos.
Además, la resolución señala el contexto político que rodeó la concesión del indulto trucho, el negociado pues; y, la existencia de gruesa y múltiples irregularidades en el procedimiento administrativo: la velocidad con la que se declaró el indulto, la participación del médico del favorecido en la Junta Médica que lo evaluó, la atribución ilegítima de funciones por parte de la referida Junta, las diferencias en los diagnósticos que aparecen en las actas que suscribieron, la anotación de enfermedades sin corroboración médica en el acta de la Comisión de Gracias Presidenciales, la falta de motivación en la Resolución Suprema de Indulto, etc.
Pinochet y Chinochet, dos nutridos prontuarios, un mismo destino de cirmen y corrupción. Eso es lo que merecen los dictadores de toda especie, que se creen con derecho a gozar de la impunidad absoluta de sus delitos y atrocidades. Ya les llegará también el turno a tiranos como Nicolás Maduro y Daniel Ortega, quizás antes de lo que nos imaginamos. Como le ha llegado la hora a Francisco Franco, el facista que tiranizó España por 40 años, cuyos restos serían desalojados del monumento faraónico que se hizo construir con el trabajo esclavo de los prisioneros políticos.
Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus trece el viernes 05 de octubre de 2018.
