El
nuevo informe del organismo internacional destaca que los efectos de las
sustancias psicoactivas en los jóvenes son diferentes y tienen mayor impacto
que en los adultos, ya que, a causa de su desarrollo fisiológico, social y
emocional, son especialmente vulnerables a los efectos a largo plazo del
consumo de esas sustancias.
"Numerosos
factores, como la personalidad, las ideas erróneas, la aprobación social, la
disponibilidad y el desconocimiento, se vinculan a los riesgos que entrañan las
sustancias para los niños y adolescentes cuando las consumen por primera
vez", asegura el informe.
Así,
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó en 2016
que, tras analizar los datos en 130 países, el consumo de cannabis afectaba al
5,6 % de los jóvenes de 15 y 16 años, es decir unos 3,8 millones de personas.
Aunque
las tasas varían de una región a otra, indicó que son más elevadas en Europa,
con un 13,9 %, y en las Américas que alcanzaron un 11,6 %.
El
recorrido de las drogas
El
informe de la Junta hace referencia a estudios que indican la correlación entre
el inicio del consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los 16 y 19 años y la
posibilidad de consumir opiáceos y cocaína como adulto.
Del
mismo modo, destaca que los adolescentes se inician en el consumo de alcohol,
tabaco y cannabis al percibirlo como un comportamiento positivo que goza de
aceptación social o que se ha "normalizado" y ante el desconocimiento
que comporta su uso.
Sin
embargo, Luis Alberto Otárola, miembro de la Junta de la Junta, también
conocida por sus siglas JIFE, indicó que el problema en América Latina no es
básicamente el consumo.
"Existe
una media de incidencia que va entre 2,5 y 7,5%. El único vector que es un poco
anómalo en América Latina es el consumo del cannabis en Chile, pero lo que
existe en el contexto de la región es que no hay programas integrales de los
Estados para incorporar a las políticas públicas el problema de los jóvenes y
las drogas".
Al
mismo tiempo, alertó sobre la vulnerabilidad de los jóvenes ante el cannabis.
"El
otro problema que tenemos en américa Latina es la producción de cannabis en
Paraguay y los problemas que tienen los tres países de la región andina:
Colombia, Perú y Bolivia sobre la producción de cocaína", destacó.
Pese
a la incontestable eficacia de los programas escolares de prevención, la Junta
destaca que las medidas preventivas para niños y adolescentes han de producirse
mucho antes de la edad del inicio de consumo y que han de ser de amplio alcance
incluyendo a las familias, la comunidad, los medios de comunicación y las redes
sociales.
El
papel de los Gobiernos
"Las
intervenciones deberían adaptarse a cada situación concreta y emplear
herramientas con base empírica en mayor medida y de manera sistemática, ayudar
a los profesionales y encargados de formular políticas a adquirir más
conocimientos, aptitudes y competencias y reunir una masa crítica de verdaderos
especialistas en prevención y tratamiento que sean capaces de promover el
desarrollo saludable y sin riesgos de los niños, los jóvenes, las familias y
las comunidades mediante servicios eficaces de prevención del consumo de sustancias
y tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias", concluye el
informe.
Derechos humanos y estrategias contra las drogas
La
JIFE insta a los Gobiernos a elaborar estrategias contra la droga y marcos de
salud pública nacionales e invertir en sistemas amplios de recopilación de
datos epidemiológicos y presentación de informes para vigilar las tendencias
del consumo de sustancias psicoactivas por los jóvenes.
Derechos humanos y estrategias contra las drogas
Asimismo,
la JIFE observa con gran preocupación las constantes denuncias de graves
violaciones de esos derechos perpetradas en nombre de la lucha contra la droga
y recuerda a todos los Estados partes que los tres tratados de fiscalización
internacional de drogas deberían interpretarse dentro del marco internacional
de los derechos humanos como indica su experto.
"Hay
una parte en nuestro informe que se refiere a los derechos humanos en el que
alertamos la propensión de algunos Estados para aplicar medidas tan dramáticas
como la pena de muerte, con la que la JIFE no está de acuerdo, sino que creemos
atentan contra el espíritu y la letra de los tratados internacionales del
control de drogas", recalcó Otárola.
Algunas
de las recomendaciones a los Gobiernos son:
- Elaborar
sistemas nacionales de recopilación de datos sobre el consumo de drogas.
- Crear
aptitud en el ámbito de la prevención y el tratamiento del consumo de drogas.
- Poner
en marcha programas de prevención dirigidos a los jóvenes que incluyan una
amplia variedad de intervenciones en la familia, la escuela y la comunidad.
- Fomentar
la detección y las intervenciones tempranas
- Empezar
programas de prevención multisectoriales que traten no solo el consumo de
drogas, sino también otros comportamientos problemáticos
- Iniciar intervenciones específicas para evitar el progreso del consumo y la aparición de trastornos por consumo de sustancias
- Iniciar intervenciones específicas para evitar el progreso del consumo y la aparición de trastornos por consumo de sustancias
- Para
enfrentarse a la delincuencia relacionada con las drogas, los Estados deben
seguir rigiéndose por el principio de proporcionalidad para definir y aplicar
sanciones penales.
La
Junta reitera que la ratificación universal de los tratados de fiscalización
internacional de drogas es indispensable para fortalecer el marco jurídico
internacional de fiscalización de drogas y evitar que los traficantes
conviertan a los Estados no partes en blanco de sus actividades.
Insta
a todos los Estados que aún no se hayan hecho partes en uno o más de esos
instrumentos a que lo hagan cuanto antes y a que adopten las medidas necesarias
para incorporarlos plenamente en sus ordenamientos jurídicos nacionales.
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Fuente Noticias ONU y UNODC: https://www.incb.org/incb/en/publications/annual-reports/annual-report-2019.html
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