Le
propusimos a la Corte Constitucional que adopte el modelo de plazos para
avanzar hacia la despenalización del aborto en nuevas circunstancias.
El
31 de enero de 2020, Dejusticia presentó un concepto jurídico ante la Corte
Constitucional solicitando que despenalice el aborto a través de la adopción de
un modelo de plazos. Esto, en el marco del proceso de demanda que la Corte
estudia sobre el tema.
El
modelo de plazos consiste en garantizar que las mujeres puedan interrumpir
libremente su embarazo hasta el primer trimestre. Además, que durante el
segundo y tercer trimestre lo puedan hacer bajo las tres causales
despenalizadas en Colombia mediante la sentencia C-355 de 2006.
Con
nuestro concepto demostramos que el modelo de causales que se aplica
actualmente enfrenta una serie de barreras que llevan a la violación de los
derechos reproductivos de las mujeres, en particular del derecho fundamental a
la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). De esta manera, el Estado
desconoce la Constitución y se configura un déficit de protección respecto a
los derechos de las mujeres, así como un acto discriminatorio.
Si
bien reconocemos que el modelo de causales adoptado en el 2006 sirvió para dar
los primeros pasos hacia la garantía de
los derechos de las mujeres, sostenemos que hay dos situaciones nuevas y
estructurales que deben ser consideradas por parte de la Corte Constitucional
al estudiar nuevas hipótesis de despenalización del aborto.
La
primera tiene que ver con los precedentes que ha sentado la Corte después de
2006, en decisiones que reconocen la IVE como un derecho fundamental, que
establecen los estándares para protegerlo y las obligaciones del Estado para
garantizar los derechos de las mujeres.
La
segunda situación es la persistencia de barreras institucionales,
socioeconómicas y culturales para el acceso a la IVE, que en ocasiones surgen
como consecuencia del modelo de causales.
Las
barreras en el modelo de causales
La
exigencia arbitraria de requisitos por parte de las entidades prestadoras de
salud a las mujeres es una de las principales barreras institucionales.
Frecuentemente les piden demostrar que su embarazo fue producto de una
violación (desconociendo la validez de la denuncia), presentar el certificado
de un médico especialista que pruebe el riesgo a su salud física (demorando así
la valoración) o la autorización de familiares, abogados o médicos para
realizarse el procedimiento.
La
principal barrera socioeconómica es el desconocimiento de las mujeres sobre sus
derechos, que afecta especialmente a aquellas que tienen bajos ingresos y que
viven en zonas rurales. Para ellas, en la práctica, la IVE no es un derecho
sino un delito. Las cifras de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de
2015 lo evidencian: quienes tienen más conocimiento de las causales de
despenalización del aborto son las mujeres solteras, de zonas urbanas, menores
de 20 años, con mayor nivel educativo, y en los quintiles de riqueza alto y más
alto.
Las
mujeres más afectadas por estas barreras son quienes viven en lugares donde el
Estado no llega o lo hace de manera precaria, y por ende, enfrentan
dificultades para acceder a la atención en salud. Este es el caso de Montes de
María, donde, además de la escasez de especialistas, instrumentos médicos y
medicinas, “muchas mujeres deben hacer largos recorridos para acceder a la IVE,
a anticoncepción o a medicamentos, lo que implica un gasto de dinero y tiempo
que algunas no están en posibilidades de enfrentar”, como lo reveló nuestra
investigación Un camino truncado, derechos sexuales y reproductivos en Montes
de María.
Todas
estas barreras suelen estar atravesadas por los prejuicios y estigmas que
muchos prestadores de salud e instituciones aún guardan en torno a la IVE.
Como resultado de este análisis, proponemos la adopción de un modelo de plazos para avanzar hacia la despenalización del aborto. Creemos que bajo esta fórmula se superarían las barreras para acceder a la IVE, que afectan principalmente a las mujeres de condiciones vulnerables y zonas rurales. Además, se garantizarían que las mujeres no sean criminalizadas por sus decisiones autónomas protegidas por la Constitución.
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