La violencia contra las mujeres afecta a las mujeres en todas partes. Impacta en la
salud de las mujeres, dificulta su capacidad para participar plenamente
en la sociedad, afecta el disfrute de la salud sexual y reproductiva y
de los derechos sexuales y reproductivos, y es una fuente de tremendo
sufrimiento físico y psicológico para las mujeres y sus familias.
Investigaciones recientes han demostrado que las mujeres que han sido
sometidas a violencia por parte de sus parejas, tienen mayores
posibilidades de tener bebés con bajo peso, corren un mayor riesgo de
sufrir depresión y presentan más probabilidades de abortos inducidos.
También son más propensas al VIH.
Los estándares internacionales reconocen la violencia contra las
mujeres como una forma de discriminación y exigen a los Estados que
actúen con la debida diligencia para prevenir, investigar y castigar
todos los actos de violencia contra las mujeres, perpetrada por
cualquier individuo, incluido el Estado o agentes no estatales.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
define la “violencia contra la mujer” como “todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada.” La Declaración exige a los Estados “proceder con la
debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la
legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer,
ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha
reconocido la violencia de género como una forma de discriminación que
menoscaba o anula el pleno goce y ejercicio por parte de las mujeres de
sus derechos humanos y libertades fundamentales, tales como el derecho a
la vida; el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la libertad y a la
seguridad personales; el derecho a igualdad ante la ley; y el derecho al
más alto nivel posible de salud física y mental.
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