Este 27 de julio, el CGPJ consideró ante recurso que la magistrada realizó una pregunta
adecuada a la presunta víctima de violación. Por segunda vez –ya lo hizo
en 2016- tomó la decisión de archivar el expediente impulsado por la
Asociación Clara Campoamor y el Consejo General de la Abogacía. - ¿Le forzó?
- Sí
- ¿Opuso resistencia a las agresiones?
- Sí
- ¿Cerró las piernas? ¿Cerró toda la parte de los órganos femeninos?
- … Sí
Así se dirigió el 16 de febrero de 2016 la titular del Juzgado de Violencia Nº1 de Vitoria-Gasteiz, María del Carmen Molina Mansilla, a una denunciante de violación, violencia de género por maltrato habitual y agresiones sexuales. El 7 de marzo del mismo año, la Asociación Clara Campoamor interpuso una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la suspensión de la mencionada jueza. A esta se unió el Consejo General de la Abogacía, que a través de su presidenta Filomena Peláez Solís, consideraron el acto una "falta de sensibilidad absolutamente imprescindible".
Asimismo, aseguraban, evidenciaba una "total falta de empatía con la
presunta víctima y una ausencia de formación especializada". Con esta
idea coincide la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España, Glòria Poyatos Matas.
"Hay una gran falta de formación dentro de la justicia en general, en
todos los operadores de la justicia, y esa actuación evidenció esa grave
falta de formación", ha contado en conversación con Vozpópuli.
Este 27 de julio, el CGPJ consideró ante recurso que la magistrada realizó una pregunta adecuada a la presunta víctima de violencia de género. Por segunda vez –ya lo hizo en 2016- tomó la decisión de archivar el expediente impulsado por ambas entidades. Peláez Solís ha afirmado que respetan la decisión tomada pero, desde el Consejo General de la Abogacía,
discrepan. "Nos remitimos a lo expuesto en nuestro recurso considerando
que las expresiones de la magistrada eran injustificadas, gratuitas e
innecesarias para la consecución de los fines propios de la
instrucción", asegura.
Por su parte, la magistrada afirma que desde su
asociación tienen "una posición muy crítica". "Esa pregunta es muy
lamentable, es un golpe a la igualdad desde las instituciones,
desde la propia Justicia", añade. Además, afirma, hay tres
características que se plasman en la cuestión realizada por la jueza de
Vitoria. "Esa pregunta resume la estereotipación, la falta de formación
y, lamentablemente, un desconocimiento muy profundo de lo que es la
jurisprudencia internacional en esta materia", señala.
Peláez Solís asevera que "la pregunta fue atentatoria contra la dignidad de la denunciante". En su escrito, se lee que no solo se planteó ese interrogante a la denunciante,
sino que la cita estaba prevista para las 11.00 horas de la mañana, no
comenzó hasta las 15.00 horas y la magistrada "efectuó constantes
preguntas sin dejar terminar las respuestas".
En el momento en el que se celebró el juicio, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz,
comunicó a los medios que trataron de solventar la situación de todas
las maneras posibles antes de llegar a la judicial, pero se quedaron sin
medios. Lo consideró humillante, ofensivo y degradante, sin rigor
profesional.
La presidenta de la asociación de juezas afirma que la culpa no es concretamente de Molina Mansilla.
"Yo no cargo tanto contra esta magistrada en concreto, lo que ella ha
hecho es hacerse eco de un prejuicio social", asevera. "No es la propia
jueza, es el CGPJ (...) Quien tiene la competencia de la formación
exclusiva de jueces y juezas en este país es quien tiene la
responsabilidad de formarnos para que podamos mostrarlo a través de
nuestras resoluciones y que, por tanto, sean igualitarias", añade.
Solo un voto en contra del archivo
La presidenta del Consejo de la Abogacía afirma que la decisión de la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y Violencia de Género del CGPJ, Ángeles Carmona Vergara
-a quién Peláez dirigió su escrito-, debe ser aplaudida. Fue la única
de siete votos que lo hizo en contra del archivo de la causa, mediante
un voto particular disidente con la decisión mayoritaria.
"En su voto discrepante, Ángeles Carmona afirma que los jueces y
magistrados han de observar los deberes de protección de la dignidad e
intimidad de las víctimas, particularmente cuando se recibe declaración
en juicio y cuando se trata de una víctima de un delito contra la
libertad sexual o de violencia de género", cuenta. "Parece que subyace
que es muy difícil remover esa falta de sensibilización y concienciación necesaria para estos asuntos", añade.
Peláez Solís ha facilitado el escrito de queja y el recurso contra el
archivo en el que se leen los derechos de la víctima vulnerados en dicho
juicio. Entre ellos, lo acordado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal asevera que se han de garantizar la integridad física y psíquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexual, así como proteger su intimidad
y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaración o deban
testificar en un juicio. "Hay que juzgar con perspectiva de género",
señala Poyatos.
No obstante, la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
analiza la pregunta y por qué se ha llegado a plantear así a una
persona que denuncia una violación. "El siglo XX fue el de la conquista
de la igualdad formal entre hombres y mujeres. El gran desafío que
tenemos en el siglo XXI es la conquista de la igualdad real", dice.
"¿Por qué no se logra esta igualdad real? Los estereotipos y los
prejuicios son la respuesta, son inmunes a la ley, son resistentes y
dominantes y es muy difícil erradicarlos", añade.
La magistrada planteó una reflexión en un artículo
sobre este tema: "¿En el caso de una víctima por intento de homicidio
se preguntaría 'Intentó usted esquivar con todas sus fuerzas la
trayectoria de la bala disparada?'". Poyatos asevera que no se
diagnostica como un problema que requiere remedio. "Los jueces y juezas tienen banalizados los estereotipos y los vuelcan en las sentencias. Se banaliza la violencia de género", narra. "La pregunta sobre si cerró las piernas es cuestionar a las mujeres sobre el consentimiento sexual implícito", añade.
"Nuestro esfuerzo queda burlado cuando vemos que hay juzgados en los
que se sigue una práctica que contraviene lo dispuesto de forma expresa
en nuestro ordenamiento jurídico", afirma la presidenta del Consejo de la Abogacía.
"Va a costar cambiar esta situación por un motivo: porque llevamos 40
años de Constitución y aunque las mujeres estamos integradas en todas
las carreras jurídicas, en las fotos de los poderes que mueven el mundo
tenemos una representación anecdótica", añade Poyatos. La magistrada
concluye con una idea clara: "Es la patología de la democracia del siglo
XXI".
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