Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplaude la
decisión del Tribunal Federal de Mendoza, Argentina, del 27 de julio de
2017, mediante la cual se condenó a 4 ex operadores de justicia a
penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por su colaboración
con los crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar
(1976-1983). Esta decisión representa un histórico paso hacia adelante
en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los
derechos humanos.
Según el fallo el fallo de la Corte, los ex jueces federales Rolando Carrizo y
Luis Miret, el ex defensor oficial Guillermo Petra Recabarren, y el ex
fiscal federal Otilio Romano, fueron partícipes primarios de los
crímenes del terrorismo del Estado mientras servían en el Poder
Judicial durante la dictadura. Tal fallo consolida la interpretación de
que los ex operadores de justicia son responsables activos y directos
de la comisión de actos de secuestro, tortura y asesinato. Además, la
decisión es histórica en la medida en que representa un avance en la
responsabilización de civiles y de otros poderes por los crímenes de
la dictadura.
“Esta decisión es un importante paso en los avances de la justicia en
Argentina y un ejemplo para la región en cuanto a los graves crímenes
del pasado. El fallo demuestra que hubo una conducta sistemática
también del Poder Judicial argentino de colaboración con el terrorismo
de Estado en el pasado”, afirmó el Comisionado Paulo Vannuchi, relator a
cargo de la nueva Unidad de Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH. “En
un contexto de amenazas de retroceso en la materia en la región, esta
decisión representa un avance en términos de lucha contra la impunidad
de civiles. Es necesario fortalecer y avanzar la promoción de la
memoria, verdad y justicia en las Américas”, agregó el Comisionado
Vannuchi.
La CIDH saluda este paso hacia la verdad y la justicia, y llama al Estado a continuar con su deber de investigar, juzgar y sancionar a todos aquellos involucrados en la perpetración de graves crímenes y violaciones de derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa
de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de
la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros
independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a
título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Notas relacionadas:
"Los jueces cómplices de la dictadura", vía Revista Anfibia.
"La Familia judicial y el terror", vía Pagina12..
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