El 1 de febrero comenzó en Ciudad de Guatemala un caso
histórico. Se trata del enjuiciamiento de dos militares, Esteelmer
Francisco Girón y Heriberto Valdéz Asig, acusados de haber cometido
crímenes de esclavitud sexual contra mujeres indígenas en la base
militar de Sepur Zarco.
Para saber más sobre el caso y su magnitud, Radio Canadá
Internacional pudo conversar con Pascal Paradis, director del organismo
no gubernamental canadiense Abogados sin Fronteras Canadá.
El caso Sepur Zarco es el primero en Guatemala que trata
específicamente sobre el uso de la violencia sexual contra las mujeres y
niñas durante un conflicto ante un tribunal penal.
La organización de la sociedad civil canadiense Abogados Sin
Fronteras Canadá apoya a las tres organizaciones que conforman la parte
civil para representar a las víctimas durante el juicio. Estas entidades
son la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) que se encarga
del monitoreo de las víctimas y de la comunicación. La segunda entidad
es Mujeres Transformando el Mundo (MTM), responsable de los aspectos
legales y la tercera entidad es el Equipo de Estudios Comunitarios y
Acción Psicosocial (ECAP) que participa en la atención psicosocial a las
víctimas.
Sepur Zarco es una comunidad ubicada el este de Guatemala. Su
población es mayoritariamente indígena, por lo cual sufrió la violencia
de las operaciones militares la guerra civil que duró desde 1960 hasta
la firma de los Acuerdos de paz de 1996.
A principios de la década de 1980, la dictadura militar guatemalteca,
que contaba con el apoyo del gobierno estadounidense, instaló unas seis
bases militares en la zona, cada con una función específica.
En un documento público, el organismo canadiense Abogados sin
Fronteras indica que la base militar de Sepur Zarco fue utilizada como
lugar de reposo y “relajamiento” de los militares.
La llegada de las tropas a la comunidad de Sepur de Zarco significó
la detención y desaparición de los líderes indígenas, además de la
violación sistemática de las mujeres viudas por parte de los miembros
del ejército.
En la base militar Sepur Zarco las mujeres tenían que realizar por
turnos las tareas domésticas como lavar los uniformes de los militares o
preparar las comidas. Todo esto sin recibir pago alguno por el trabajo.
Durante esas jornadas de trabajo, las mujeres indígenas guatemaltecas
también fueron violadas en repetidas ocasiones por los militares, ya sea
individualmente o en grupo.
Abogados sin Fronteras Canadá considera que este caso representa un
paso importante en la lucha contra la impunidad de los autores que
cometieron crímenes de género durante la larga guerra civil en
Guatemala. El caso es también importante para el reconocimiento
histórico de que estos tipos de crímenes fueron cometidos por los
militares contra las mujeres indígenas guatemaltecas, cuyo fallo sentará
jurisprudencia.
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