Poco antes de que el alcalde fuera detenido, me metieron en un despacho y me pusieron delante un informe. Era el mismo que yo había redactado, pero sin los párrafos en los que desaprobaba expresamente la operación urbanística. El alcalde les daba las órdenes por teléfono: ‘Que no se levante hasta que haya firmado’. Ante mi negativa, el secretario del Ayuntamiento me agarró de la muñeca, me colocó el bolígrafo en la mano y trató de obligarme a firmar.
Todo el mundo callaba”. Lo cuenta Maite Carol, 42 años, economista y entonces interventora municipal en Santa Coloma de Gramenet. Los guardias civiles que tenían pinchados los teléfonos del alcalde registraron este airado comentario: “No ha firmado, la puta esa ha salido llorando, hay que echarla”. Es lo que hizo el alcalde.
El caso Pretoria, destapado hace seis años, es una muestra reveladora de corrupción multipartidista, un ejemplo de cómo la codicia reúne, incluso, a políticos de ideologías contrapuestas en el saqueo de las arcas públicas. En los fraudes urbanísticos del área metropolitana de Barcelona se dieron cita los prohombres de Convergència: Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, figuras clave en los Gobiernos de Pujol; el diputado autonómico socialista Luis Andrés García,Luigi, y dirigentes menos notorios del PP. Según la Fiscalía, “formaban un entramado dirigido a manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas” a cambio de “cuantiosas comisiones que ocultaban a través de sociedades interpuestas”.
La investigación puso también de relieve que en los ámbitos empresariales inmobiliarios estaba asumido que, para obtener la adjudicación de proyectos en una serie de municipios, “había que contar con la autorización mediata de Luis Andrés García”. Dice la Fiscalía que el diputado del PSC mantenía una relación tan intensa y estrecha con su correligionario el alcalde de Santa Coloma de Gramenet y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, Bartolomé Muñoz, que “de facto, era él quien dirigía y tomaba muchas de las decisiones urbanísticas”, luego refrendadas por la alcaldía.
La acusación juzga evidente que el alcalde de Santa Coloma cobró dos millones de euros en comisiones por una operación que impidió a su municipio ingresar 14 millones de euros. La pluralidad política de sus integrantes permitía a la trama operar en Ayuntamientos de signo ideológico diferente. ¿Es posible que las direcciones de los partidos ignoraran estos comportamientos “asumidos” por el empresariado?
Este es el testimonio de Itziar González, arquitecta y urbanista que ejerció de concejal independiente en el distrito barcelonés de Ciutat Vella entre 2007 y 2010. “Detecté la existencia de una red de corrupción en los servicios técnicos y jurídicos que actuaba en complicidad con agentes privados del sector turístico. Recibí todo tipo de presiones. Me dejaban cartas con amenazas de muerte en el buzón y una vez entraron en mi casa. Revolvieron todo en busca de informes relacionados con mi trabajo, inspeccionaron mi ordenador y se llevaron algún material. Pero, sobre todo, fue un aviso. Querían decirme que si yo seguía obstaculizando su proyecto, ellos estaban dispuestos a ir más lejos”. Algunas de estas experiencias denunciadas en el documental Corrupción, el organismo nocivo, producido por Pandora Box TV, resultan extrapolables al conjunto de España. Entre los ciudadanos más conscientes del fenómeno y entre los profesionales que lo combaten ha ido ganando cuerpo la idea de que si el problema no ha pasado a mayores y adoptado un cariz manifiestamente violento, mafioso, en nuestro país es porque la Judicatura y los Cuerpos de Seguridad del Estado se han mostrado altamente impermeables a la penetración de las tramas corruptas.
Hay un millar largo de políticos con causas abiertas por corrupción pese a que contamos con la asombrosa cifra de 17.621 cargos públicos aforados que no pueden ser juzgados por los tribunales ordinarios y disponen de un privilegiado blindaje que, a menudo, les libra de las pesquisas judiciales. De los 2.173 casos que en abril de 2013 estaban clasificados como “complejos” por el Consejo General del Poder Judicial, 1.661 están relacionados con casos de corrupción o de delitos económicos. Los jueces no dan abasto. Llevan años reclamando sin resultado más medios y refuerzos. “El último juzgado de la Audiencia Nacional se creó hace 20 años. Tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes cuando en la UE cuentan con 21. La falta de medios es deliberada”, asegura un antiguo fiscal que abandonó su carrera, desalentado, por la politización de las altas instancias judiciales. No es una opinión aislada, como no lo es el temor a que la reducción a 18 meses del plazo de instrucción, aprobada recientemente, acarree la impunidad de los delincuentes de cuello blanco implicados en casos graves y complejos que, por lo general, requieren el envío de comisiones rogatorias a otros países.
El Eurobarómetro de 2013 mostró que los españoles son los europeos que
más corrupción perciben en su esfera política. El 84% de ellos cree que
los partidos son corruptos y el 72% dice lo mismo de sus políticos. Es
un récord que deja muy por detrás a Italia. Más aún: según la encuesta de Metroscopia de enero de 2013, el 95% de los preguntados cree que el sistema favorece la impunidad de los corruptos. En la España de nuestros días se cruzan apuestas del tipo: “¿Pagará realmente la cúpula del PP por el caso Gürtel?”;
“¿llegará a ingresar la infanta en la cárcel?”. Por cambiantes que
pueden llegar a ser los juicios morales y los estados de opinión en
estos asuntos altamente expuestos a la efervescencia mediática, estamos
ante un problema mayor que devora el crédito de partidos e instituciones
y ataca los cimientos mismos de la democracia. Y es que, de un tiempo a
esta parte, la mirada de la opinión pública busca y no halla en el
firmamento de las élites colectivos intachables, libres de toda
sospecha. No lo están los políticos profesionales, pero tampoco las
organizaciones empresariales, que tienen a parte de sus antiguos
dirigentes procesados, los altos directivos financieros, las
organizaciones sindicales…
¿España es un país corrupto? El
largo rosario de escándalos que como minas de efecto retardado han ido
estallando en los últimos años ha desenterrado el viejo estigma del país
condenado fatalmente a repetir sus desvergüenzas y a renovar el género
literario de la picaresca que inventó, con propiedad, en su Siglo de
Oro. Repasar esta faceta de la historia española es un ejercicio tan
desconcertante como equívoco en la medida en que puede hacernos creer
que nos contemplamos en el mismo espejo del pasado y que este es un
problema que forma parte del ADN nacional.
HH
HH
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EL PRECIO DE LA HONESTIDAD
Camino de Santiago, a la altura de Burgos, un hombre de mediana edad que viaja con su hija de siete años hace un alto en el camino y entabla conversación con una peregrina checa. Hablan de sus castigados pies y del peso de sus mochilas. Nuestro hombre, inspector de cursos de formación para parados, le confiesa que él carga desde hace meses con un abrumador dilema moral. Le dice: “La duda me carcome las entrañas porque me juego el puesto de trabajo. Es como si en la mochila transportara dos agotadores informes: en uno, autorizo con mi firma los pagos de los últimos cursos de formación; en el otro, los deniego por fraude de ley y denuncio las prácticas sistemáticas de desvío del dinero público. Estoy solo en este asunto, ¿qué haría usted?”. “Evitaría cometer actos que tuviera que ocultar a las siguientes generaciones”, responde la peregrina con la mirada puesta en la niña. “Esas palabras terminaron por decidirme. Regresé a Barcelona y me negué a firmar las autorizaciones de pago de los cursos, pese a las presiones de mis jefes del Servei d’Ocupació. Perdí mi empleo, pero me quedé con la conciencia tranquila. Según mis cálculos, el fraude masivo en los cursos de formación, financiados en su mayor parte por la UE, ascienden en España a unos 500 millones de euros”, asegura Carlos Martínez Viña.
“El gobierno de España es el más perfecto que pudieron imaginar los antiguos legisladores, pero la corrupción de los tiempos ha ido llenándole de abusos. Desde el pobre hasta el rico, todo el mundo consume y devora la hacienda del rey; los unos, a pequeños bocados; la nobleza, a boca llena; y en cuanto a los grandes, en cantidades fabulosas”, dejó escrito el que fuera embajador de Venecia en Madrid durante los años 1681-1682, Giovanni Cornaro. En su obra El laberinto español, el hispanista inglés Gerald Brenan nos describe un cuadro de situación correspondiente a 1840 que puede resultarnos igualmente familiar. “No eran solo los empleos del Estado los que caían dentro de la influencia de los partidos. Los principales intereses industriales de España, sobre todo bancos y ferrocarriles, estaban muy estrechamente ligados a la política; de los políticos dependía el que se considerasen favorablemente sus intereses, mientras que los políticos a su vez dependían de ellos en lo que concierne a puestos en consejos de administración y cargos lucrativos para los miembros de sus familias”.
Que los ricos han burlado casi todos sus impuestos en España a lo largo de la historia es un apunte repetido por los cronistas de época. En 1902, el ministro de Agricultura declaró en el Senado que el fraude fiscal por la propiedad se situaba entre el 50% y el 80% porque las grandes haciendas no pagaban nada. Un tercio de los impuestos cobrados se lo quedaban los agentes encargados de recaudarlos. Así que, en efecto, España tiene amplios antecedentes de corrupción política. “Todo está podrido en España menos el corazón de la gente pobre”, dejó escrito el historiador británico Napier.
Una fugaz mirada retrospectiva al franquismo nos devuelve al predominio absoluto de las viejas clases dominantes asociadas a las oligarquías financieras e industriales que suplían la debilidad estructural del capitalismo español con las ventajas que les ofrecía el paraguas del régimen. El “enemigo público número uno” era el robagallinas, primero, y atracador, después, Eleuterio Sánchez, El Lute, en un tiempo en el que los maleantes de cuello blanco, con y sin crucifijo, campaban por sus fueros. La democracia no supo atajar estas sucias prácticas y la infección silenciosa de la corrupción ha hecho metástasis en el sistema hasta el punto de que no hay partido de derechas o de izquierdas, nacionalista o no nacionalista, a salvo de la gangrena. Más que en la ideología, la diferencia en el grado y la extensión hay que buscarla en el mayor o menor control del ámbito institucional ejercido por cada sigla y en las probabilidades de impunidad.
José Luis Barbería.
Fuente El País: http://elpais.com/elpais/2016/01/18/eps/1453119411_414620.html
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