Washington, D.C.- En el Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar un enfoque de derechos humanos para combatir la trata de personas, que incluya medidas de prevención, protección a víctimas y sobrevivientes, y sanción a los responsables.
“Por lo general, las personas más propensas a ser víctimas de trata son las que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad”, dijo el Comisionado Felipe González, Relator sobre los Derechos de los Migrantes, bajo cuyo mandato también se encuentra la situación de las víctimas de trata. “Son engañadas con promesas de mejores condiciones de vida, y sufren violencia física o psíquica, abuso, y explotación de diversa índole. Hoy en día, las distintas formas de la trata de personas son un reflejo de la esclavitud moderna, y de las múltiples y continuadas violaciones de derechos humanos que a diario padecen sus víctimas”.
Mujeres, niñas y niños, migrantes, personas afrodescendientes, personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, y miembros de comunidades indígenas son algunos de los grupos en situación de vulnerabilidad que son más propensos a verse afectados por la trata. “El problema de la trata de personas en América afecta en forma desproporcionada a mujeres y niñas, muy especialmente a aquellas que también son migrantes”, señaló la Comisionada Tracy Robinson, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres. “Por ser una forma de violencia contra la mujer, es indispensable que los Estados diseñen e implementen políticas públicas con un enfoque diferencial, que tengan en cuenta el impacto desproporcionado que la trata tiene sobre estos grupos poblacionales”.
La trata de personas implica el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de una persona a través del uso de la fuerza, el engaño, u otros medios con el fin de explotarla. La CIDH ha constatado que en la región existen diversas formas de trata de personas, entre las cuales se encuentran el trabajo forzado, la servidumbre doméstica, agrícola o minera, la mendicidad, los niños soldados, la explotación sexual turística, la pornografía infantil, las adopciones ilegales, y la venta de órganos. También hay hombres y niños migrantes que son forzados a realizar diferentes labores para grupos de la delincuencia organizada.
“En muchos países de la región, las víctimas y sobrevivientes de la trata son criminalizadas en lugar de proporcionarles los servicios y asistencia que necesitan”, agregó el Relator Felipe González. “Tampoco se observan aumentos significativos en las investigaciones y condenas por el delito de trata de personas, a pesar de que constituye una gravísima violación a los derechos humanos más básicos”.
En el caso de las víctimas, la utilización de una perspectiva penal por parte de los Estados en lugar de una perspectiva de derechos humanos para atender su situación ha creado profundos obstáculos para que puedan reintegrarse a la sociedad. Por ejemplo, las víctimas de trata que son detenidas por las autoridades bajo cargos de prostitución enfrentan posteriormente barreras en el acceso a la educación, el empleo y la vivienda.
La CIDH llama a los Estados a fortalecer y mejorar sus políticas para combatir la trata de personas y reforzar la cooperación en materia de prevención, enjuiciamiento de los responsables, y protección de las víctimas, asegurando que estas no sean encarceladas y enjuiciadas por delitos que guarden una relación directa con la trata. “El llamado de la CIDH está dirigido a todos los Estados de la región, ya que la trata de personas está presente en todos los países de América”, puntualizó la Presidenta, Comisionada Rose Marie Antoine. Dado el alto nivel de subregistro, las políticas a diseñarse deben incluir medidas para identificar y registrar adecuadamente la trata, reforzar la capacitación de funcionarios públicos para mejorar los procedimientos de identificación de víctimas, y adaptar los servicios de asistencia a las necesidades específicas de los grupos vulnerables.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
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