Opinión: hablar de esterilizaciones forzadas en el Perú, es evidenciar la injusticia sistemática y la vulneración permanente a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres indígenas, las racializadas, las más empobrecidas entre las empobrecidas.El 10 de mayo de este año, recibimos una noticia alentadora: El Ministerio Público decidió reabrir el caso –que fue archivado en el año 2014 por el cuestionado fiscal Marco Guzmán Baca– y amplió a tres meses más las investigaciones. Lo cual significa, que el expresidente Fujimori como sus exministros de Salud podrían ser acusados por crímenes de lesa humanidad y llevados ante la justicia. Nuevamente, significa una oportunidad para que el actual gobierno de Ollanta Humana demuestre a las cerca de 300 mil mujeres esterilizadas, a la ciudadanía peruana y a la comunidad internacional que hará cumplir la demanda de Verdad, Justicia y Reparación.
Complicidad, silencio y racismo
Ni Alberto Fujimori ni sus Ministros de Salud, Eduardo Yong Motta (1994-1996), Marino Costa Bauer (1996-1999) y Alejandro Aguinaga (1999-2000)
han sido juzgados por este delito, habiendo sido los principales
responsables de la sistemática violación a los derechos sexuales y
derechos reproductivos de las mujeres indígenas en el Perú.
De
otro lado, el personal médico y sanitario que aplicó las
esterilizaciones y/o que fue testigo directo de las mismas, ni ha he
hecho "mea culpa", ni ha pedido perdón público a las mujeres
esterilizadas como un acto simbólico de reparación. Esta gran masa
cómplice y silenciosa, que mintió, amenazó y violentó a las mujeres para
esterilizarlas, se justifica aduciendo "órdenes de arriba" y "cuotas
que cumplir", o simplemente sostiene que quiso evitarlo pero no pudo.
Pero
nunca denunciaron, ni durante el periodo de la aplicación de las
esterilizaciones, ni mucho menos durante los casi 19 años que han pasado
hasta la fecha. Este sector profesional tuvo nula empatía con las
mujeres, violentó sus derechos humanos, y tuvo una práctica etnocéntrica
y racista hacia las "cholas" o "las indias" (cómo así suelen llamarlas
con desprecio racista en la mayoría de centros públicos de salud
ubicados en zonas rurales y altoandinas). Su silencio cómplice es
culpable y merece una sanción política y social.
Aunque mucho me temo que nunca llegue, pues la mayoría de estas personas se cambiaron de centro de trabajo, migraron a otras comunidades y ciudades, incluso salieron fuera del país. Me pregunto si sus conciencias les perturban, o si están camufladas y escondidas a la distancia, incluso aduciendo una "supuesta solidaridad" con la demanda de las mujeres esterilizadas porque es la única manera de mitigar sus culpas.
Aunque mucho me temo que nunca llegue, pues la mayoría de estas personas se cambiaron de centro de trabajo, migraron a otras comunidades y ciudades, incluso salieron fuera del país. Me pregunto si sus conciencias les perturban, o si están camufladas y escondidas a la distancia, incluso aduciendo una "supuesta solidaridad" con la demanda de las mujeres esterilizadas porque es la única manera de mitigar sus culpas.
Las
activistas del Movimiento Amplio de Mujeres que estuvimos desde 1998
accionando frente al Palacio de Justicia del Perú, sin miedo a la
dictadura y a la represión, y acompañando la valiente investigación que
lideraba, la defensora y feminista, Giulia Tamayo León -y con colaboración de Josefa Ramírez Peña
del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas, de
las mujeres de la AMHBA (Asociación de Mujeres de la Provincia de
Huancabamba), de las Mujeres de Anta, de la activista en ese entonces
Hilaria Supa (hoy Parlamentaria Andina) y de la activista María Esther Mogollón,
entre otras-, bien sabemos que este silencio cómplice del personal de
salud ha protegido con el manto de la impunidad a los principales
responsables de este delito, por tanto, son también perpetradores de
esta violación sistemática a los derechos sexuales y derechos
reproductivos de las mujeres, cuyos cuerpos han sido y son racializados.
Una política colonial, maltusiana y patriarcal
El
caso de las esterilizaciones en el Perú, durante el periodo 1996-1999,
no ha sido el único, también se aplicaron en Bangladesh, India, Nepal,
Jordania, Senegal y Jamaica, pues años antes, durante la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), realizada en el Cairo en
1994, se intensificó el interés mundial por impulsar políticas y
programas de salud reproductiva.
En
muchos países el trabajo del funcionariado estuvo orientado a adoptar
las recomendaciones de la CIPD y cambiar sus políticas y programas de
población para alcanzar las metas demográficas a fin de reducir el
crecimiento de la población, y supuestamente contribuir a mejorar la
salud reproductiva. Pero esta intención mostró claros indicios de una
política colonial, maltusiana y patriarcal, destinada a controlar y
sojuzgar los cuerpos y la autonomía reproductiva de "ciertas mujeres",
pues se focalizó sólo hacia las mujeres de las poblaciones más
discriminadas, debido a su condición de etnia, origen, posición
económica, edad y género, con la finalidad de aplicar en sus cuerpos el
método definitivo (la esterilización). Así, se esterilizó a las más
empobrecidas entre las empobrecidas, las de sectores de población que,
-debido a su idioma, a su color de piel, a sus rasgos físicos, poco o
casi nada ajustados al arquetipo "blanco" y "mestizo", y a su condición
socio-económica-, viven permanentemente postergadas en la periferia del
desarrollo.
Sin
duda, ha sido una política colonial fríamente establecida, porque tuvo
una mirada economicista del cuerpo de las mujeres (pretexto de lucha
contra la pobreza), dominó la voluntad de las mujeres con mentiras y
engaños, invadió sin miramientos sus vientres con intervenciones
quirúrgicas, se apropió de su autonomía reproductiva sin su
consentimiento informado y ejerció un control sobre sus cuerpos
"aprovechando" que eran analfabetas, que vivían en zonas alejadas de las
grandes ciudades y que nunca se enterarían ni ellas mismas de lo
sucedido y que, por lógica, nunca denunciarían. El fin era controlar el
crecimiento de la población indígena, para evitar el nacimiento de
personas empobrecidas, para evitar compartir con más bocas indígenas los
beneficios y oportunidades del desarrollo.
Fue
una política maltusiana porque adoptó medidas con el objetivo de
reducir el crecimiento de la población indígena, anticipándose a la
disponibilidad de los recursos y beneficios del desarrollo. Y con un
carácter eminentemente patriarcal al intervenir sobre los vientres y la
autonomía reproductiva de las mujeres para controlar la natalidad.
Se violaron los derechos sexuales y los derechos reproductivos
Los
derechos sexuales y los derechos reproductivos son los más humanos de
todos los derechos y son la base fundamental para el ejercicio pleno de
la ciudadanía. Su protección, promoción y garantía de cumplimiento
implican considerar a las personas como titulares de derechos, sobre
todo a las mujeres. Además, permiten a toda la diversidad humana tomar
decisiones sobre sus propio cuerpo y vida en los ámbitos de la
sexualidad y la reproducción.
Durante
el gobierno de Fujimori, en los centros hospitalarios y de salud se
impidió a las mujeres regular, tener control autónomo y ser responsable
sobre las cuestiones relativas a su sexualidad. Jamás fueron reconocidas
como sujetas de derechos sexuales, sino como seres exclusivamente
reproductivos. Fueron
impedidas de ejercer su sexualidad de manera placentera porque, una vez
intervenidos sus cuerpos, las graves secuelas físicas y psicológicas
imposibilitaron que el disfrute de su sexualidad no volviera a ser el
mismo. Tampoco tuvieron acceso a servicios de salud sexual de
calidad que les permitieran protegerse del embarazo y de las infecciones
y enfermedades de transmisión sexual. El Programa que impulsó Fujimori
solo se concentró en el método definitivo: la AQV (anticoncepción
quirúrgica voluntaria), que de voluntaria nada tuvo.
Sus
derechos reproductivos fueron violados al impedirles tomar decisiones
libres y sin discriminaciones, en relación a la posibilidad de procrear o
no, de regular la fecundidad y de disponer de la información necesaria y
medios para ello. Nunca fueron implementados en sus comunidades
servicios de salud reproductiva de calidad que garantizaran una
maternidad segura, la prevención de embarazos no deseados y la
prevención y tratamiento de dolencias del aparato reproductor como el
cáncer de útero, mamas y próstata. La figura del "doctor masculino" se
impuso a la sabiduría ancestral de "las parteras", invisibilizando y
destruyendo este vínculo entre mujeres de sus propias comunidades.
Sólo
les recetaban pastillas para el dolor de cabeza cuando ellas explicaban
malestar físico en sus vientres, porque el ibuprofeno, según el
personal médico y sanitario, era lo único que podía calmar las "pesadas
quejas" de estas mujeres. Así, ellas recibieron y continúan recibiendo
tratos desiguales por razón de género, etnia, origen, edad y condición
social y económica.
Se
impidió su autodeterminación reproductiva para decidir sobre la
posibilidad de procrear o no. Nunca hubo atención en salud reproductiva,
ni servicios educativos e información que pusiera a disposición de las
mujeres medidas para promover una maternidad sin riesgo y acceso a la
diversidad de métodos anticonceptivos. Se miró a sus cuerpos como un
recipiente de vida, a través del cual se podía regular el crecimiento de
la población y su disminución, según las necesidades e intereses
económicos del poder colonial y patriarcal.
Reparación integral que garantice Verdad y Justicia
La
demanda de Verdad, Justicia y Reparación es imprescindible, ahora más
que nunca. Es una deuda pendiente que tiene el Estado Peruano con las
mujeres esterilizadas, porque sus vidas ya no volvieron a
ser las mismas, porque no sólo se perdió la vida de muchas durante las
intervenciones, sino que les dejaron secuelas importantes en su salud
física y mental, y también afectaron su autonomía económica, porque
jamás pudieron volver a trabajar como lo hacían antes, y muchas de sus
hijas se vieron forzadas a migrar para ayudar con la economía de sus
madres, que, -siendo abandonas por sus parejas debido a las
consecuencias de la esterilización y al machismo-, se convirtieron en
cabezas de hogar.
El
Estado Peruano debe repararlas social, política y económicamente. Esto
significa implementar servicios de atención de salud sexual y
reproductiva de calidad y calidez, desde una visión intercultural que se
adapte a su realidad y recupere la sabiduría ancestral de las mujeres
en este ámbito. Las mujeres han de tener fácil acceso a estos servicios
con información y con planes integrales que fortalezcan su capacidad de
decisión sobre su propio cuerpo.
Es
imprescindible una reparación política, que haga visible y reconozca la
responsabilidad de los principales responsables y que se haga justicia.
Que todo el personal de salud que participó directa o indirectamente en
las esterilizaciones forzadas deje de esconderse y pida perdón público a
las mujeres.
Además,
se precisa una reparación económica en sus comunidades, quizá no
dineraria, sino una política estructural que promueva el desarrollo
sostenible, la soberanía alimentaria y el equilibrio ecológico en sus
comunidades, una mirada del desarrollo que deje de ser economicista y
ponga en el centro la sostenibilidad de la vida. Nuestras compañeras del
Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Mujeres Esterilizadas de
Huancabamba, de la AMHBA, y la Asociación Giulia Tamayo de Mujeres
Afectadas por las Esterilizaciones de Anta, estarán pendientes y atentas
al nuevo proceso de investigación. Señor Ollanta Humala, el Estado
tiene la obligación de ser garante de los derechos sexuales y
reproductivos, y asegurar que se haga realidad la demanda de Verdad,
Justicia y Reparación.
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