20 may 2015

Gisela Ortiz: Morir buscando a los desaparecidos

Conocimos a la familia Ucharima en junio del 2013 cuando en el distrito de Hualla, provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho, conmemorábamos el de la memoria como un acto simbólico de recuerdo a cada una de las víctimas del distrito asesinadas, desaparecidas, torturadas o violadas durante el conflicto armado Interno que sufriera nuestro país.

Como parte del Equipo Peruano de Antropología Forense –EPAF, trabajamos en Hualla desde el año 2010, recogiendo testimonios de las víctimas, ubicando sitios de entierro, reconstruyendo casos, algunos de los cuales han sido presentados ante la Fiscalía para su exhumación. Es necesario recordar que, en nuestro país, la única manera de buscar a un desaparecido, de desenterrarlo de su fosa del olvido, de devolverle a su familia, es a través de una denuncia penal que no necesariamente busca al desaparecido sino que se centra en los hechos y las responsabilidades. Esta búsqueda, por tanto, no tiene un carácter humanitario, no prioriza los derechos de los familiares ni la dignidad del propio ser humano a un entierro digno.

La familia Ucharima nos contó lo ocurrido, militares de la base de Chimpampa, llegaron hasta su estancia ubicada 3, 800msnm en el paraje conocido como Wecheccpata acompañados de dos informantes del pueblo, señalando que en esa casa se alimentaba y acogía a los senderistas. Esta acusación fue suficiente prueba para acabar con la vida de 7 personas: 3 adultos y 4 niños y enterrarlos de manera clandestina en medio de la nada.

Después de presentado el caso a la Fiscalía el año pasado, se programó la diligencia de exhumación de los cuerpos. El fiscal acompañado de los peritos del Instituto de Medicina Legal llegaron hasta Hualla para realizar esta diligencia. Desde Lurín, al sur de Lima viajaron los familiares preocupados, ansiosos por encontrar a sus seres queridos después de 30 años.

La dligencia estuvo programada desde el martes 05 de mayo hasta el viernes 08; cuando las autoridades llegaron a Hualla el martes 05 fue solo para informar que descansarían en Huancapi y que al día siguiente, miércoles06 y jueves 07 de mayo se realizarían las exhumaciones en el lugar donde los testigos señalaron haber enterrado los cuerpos, Llegar hasta las fosas toma una hora en carro desde Hualla hasta sus alturas sobre los 4,400 msnm y más de una hora bajar los cerros caminando. En el lugar señalado no se encontró nada. La exigencia de los familiares fue que se siga buscando, que los cuerpos tienen que estar por ahí. Los visitantes se negaron con el argumento que ellos habían ido a exhumar no a buscar. que los familiares los sigan buscando y cuando los encuentren, avisen a las autoridades.

Cuando pensamos en el tiempo que ha tomado para que los familiares denuncien este crimen, la demora en llegar al lugar por lo inaccesible, los recursos económicos que significan al Estado y, por encima de ello, el derecho de los familiares; duele reconocer que somos incapaces de ir más allá, de hacer un poco más, de pensar en el dolor del otro, en su derecho. Nos autolimitamos y apuramos porque salimos de nuestro medio de confort y queremos regresar lo más pronto posible. Y no pensamos. Y no sentimos. No respetamos.

La búsqueda de los desaparecidos en nuestro país es una tarea abnegada, permanente de sus propios familiares. Lo mucho o poco que se ha hecho hasta hoy, es porque los familiares así lo han impulsado. La señora Saturnina Ucharima hija de una de las víctimas fue al encuentro del padre de quien no pudo despedirse. Viajó cargada de sueños, quizás pesadillas, de recordar lo que se vivió en su pueblo: la muerte de sus familiares, el desplazamiento forzado. Ser testigo de esta búsqueda infructuosa, inútil le costó la vida. Se puso mal al regresar a Hualla, fue atendida de emergencia en Cangallo y así enferma partió para Lima acompañada de su esposo Cayo Uzcata para pasar el día de la madre con sus 5 hijos. Ayer, en Pisco, camino a Lima, la muerte se interpuso entre sus sueños y se la llevó sin poder encontrar a su padre, sin poder enterrarlo; pensando en que la justicia para ella, para su familia, para su pueblo simplemente no existe.

¿Quién se hace responsable de esta nueva tragedia para la familia Ucharima Uzcata? ¿Por qué hasta ahora no brindamos acompañamiento sicosocial y médico a los familiares en cada una de las etapas de la intervención forense? ¿Por qué no podemos trabajar desde la utópica justicia, en respetar el derecho de los familiares?

Yo no sé si hay instituciones que "pueden dormir tranquilos" confiando en el trabajo que realizada la fiscalía en general y el Instituto de Medicina Legal en particular, cuando nadie está buscando a los desaparecidos. Lo que se hace es ir a exhumar, levantar cuerpos. No hay estrategia de búsqueda, no nos damos tiempo para ello. Quizá sea injusto buscar culpables por esta muerte pero tiene que ser el momento de preguntarnos si estamos haciendo lo correcto, lo suficiente.

La búsqueda del familiar desaparecido, asesinado injustamente cobra la vida de un familiar. No encuentro palabras para compartir esta impotencia y dolor que me embarga pero que destruye mucho más los sueños de justicia de la familia Ucharima. Qué más debe pasar para que en nuestro país dejemos de lado nuestros egoísmos y pensemos en el derecho a encontrar a sus seres queridos a través de una política pública impulsada desde el Estado con la participación de la sociedad civil y poniendo como prioridad el derecho de los familiares.

La guerra contra los invisibles de siempre que desatara sendero luminoso y que tuvo respuestas crueles también por parte del estado, no ha terminado para muchos. Hoy se enfrentan a un Estado todavía indiferente y a la complicidad de muchas instituciones. Hoy cuesta también que te escuchen, que te respeten, que no te mate el dolor en ese esfuerzo por exigir tus derechos.

Que la muerte de la señora Saturnina Ucharima pese en nuestras conciencias para ser capaces de comprometernos con la vida, de darle sentido al sufrimiento de los demás. Que estas batallas contra el olvido no acaben con la voluntad de los familiares pero tampoco con la obligación de las autoridades.
Por Gisela Ortíz.

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