2 mar 2015

México. Vacíos en la ley causan que políticos y constructoras hagan tratos, y sean impunes: expertos

Ciudad de México, 26 de febrero (Sin Embargo). A la par que los problemas de criminalidad en el país, de los cuales la desaparición forzada de 43 normalistas en Guerrero ha sido la cara más visible, las irregularidades detectadas en la asignación de grandes obras de construcción se han cnvertido en la otra piedra en el zapato de la adminsitración del Presidente Enrique Peña Nieto.

La investigación publicada en noviembre por el equipo de Aristegui Noticias, que reveló que la casa en la que vive la familia presidencial está a nombre de uno de los principales contratistas del Ejecutivo, fue luego retomada por el influyente periódico norteamericano The Wall Street Journal, que encontró que el dueño de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, había vendido también una casa al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

En combinación, los artículo develaron una red de intercambio de favores - y que data desde que Peña Nieto era Gobernador del Estado de México - entre los funcionarios de más alto nivel en el país y el empresario ganador de los millonarios contratos para la construcción de obras públicas.

Así, desde su periodo como Gobernador, Peña Nieto ha asignado a Hinojosa Cantú contratos como la construcción y operación de un hospital en Zumpango, por siete mil 38 millones de pesos; la construcción del hangar presidencial, por 945.5 millones; y, en 2014, la construcción - en un consorcio de empresas- de un tren rápido de México a Querétaro, por 58 mil 951 millones. Hinojosa, por su parte, además de rentarle aeronaves durante su campaña por la presidencia, también le financió a la familia del hoy mandatario un crédito de 86 millones para que vivieran en la "casa blanca" de Lomas de Chapultepec, y otros 7.5 millones de pesos al titular de Hacienda por su casa en Malinalco, en el Estado de México.

Las revelaciones forzaron al Ejecutivo a cancelar la licitación del tren rápido - contrato en el que participaba la empresa China Railway. y, este año, a nombrar un nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SPF), Virgilio Andrade Martínez, - que resultó ser cercano a Videgaray- y a ordenar una serie de "acciones ejecutivas para prevenir la corrupción", como obligar a todos los funcionarios del Gobierno federal a presentar una declaración de "posibles" conflictos de interés.

“La declaración contendrá, entre otros elementos, las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios de su cónyuge o dependientes económicos, así como las causas por las que el servidor público considere que pudiera existir un conflicto de interés con relación a las decisiones que tiene a su cargo”, dijo el mandatario el 3 de febrero.
Más “acciones ejecutivas” anunciadas ese día son la creación, dentro de la SFP, de una unidad de “Ética y Prevención de Conflictos de Interés”, la emisión de “reglas de integridad”, “protocolos de contacto entre particulares y funcionarios” responsables de decidir en la asignación de contratos, ente otras.
El ángulo seleccionado por los principales medios internacionales para reportar el anuncio de la nueva política anticorrupción del Presidente mexicano, sin embargo, fueron, de nuevo, sus propios conflictos de interés.
“Una compra del Presidente está bajo escrutinio”, tituló The New York Times el reporte sobre el anuncio de Peña Nieto. “El Presidente mexicano ordena investigación de sus propios conflictos de interés”, agregó National Public Radio. “El Presidente mexicano llama a una investigación de sus vínculos con contratistas”, cabeceó The Wall Street Journal.
Foto: Cuartoscuro
De acuerdo con Marco A. Fernández, investigador de políticas públicas en la organización México Evalúa y también del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, las revelaciones periodísticas dieron sólo una muestra de lo extendido que es en México el abuso de la función pública en beneficio privado.
Y esto, agregó, ocurre con tanta frecuencia debido a que el marco jurídico contra la corrupción en el país es escaso, poco definido y, sobre todo, “carente de dientes”; es decir, sin facultades suficientes para las entidades fiscalizadoras de forzar que haya deslinde de responsabilidades penales.
En entrevista, Fernández explicó que, por ejemplo, si bien la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos obliga a éstos a abstenerse de “intervenir” o decidir sobre cualquier asunto en el que tengan interés personal o de negocios, él o sus familiares, entre otras exigencias, al final de cuentas la ley no deja claro quién aplicará las sanciones en caso de que haya violación a estas reglas.
“No queda claro quién tiene que aplicar la ley, porque la Función Pública vive ahora bajo el resguardo de un artículo transitorio en la reforma a la administración pública aprobada en 2012 y que le dio estas facultades (sancionadoras) a la Secretaría de Hacienda, así como tampoco queda claro quién deberá hacer las investigaciones de estos conflictos de interés”, dije Fernández.
En ese contexto se inscribe la misma falta de facultades con las que cuenta otro órgano fiscalizador, dije el académico, que es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, si bien documenta no sólo ineficiencias en los gastos, sino prácticas de abierta corrupción, al final no puede forzar al inicio de procedimientos penales contra los funcionarios.
En diciembre pasado, y luego de que los escándalos de Peña Nieto reavivaron en el Congreso la discusión del marco anticorrupción, la organización México Evalúa dirigió a la Comisión de Puntos Constitucionales un predictamen de las diversas reformas en análisis y advirtiendo que éstas seguían sin garantizar una efectiva rendición de cuentas.
“Los cambios más importantes para fortalecer instituciones encargadas de operar un sistema integral de combate a la corrupción han sido dejados de lado (…) En primer lugar, es imprescindible fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación con el fin de dotarla de facultades de investigación respecto a faltas administrativas graves y actos que presuntamente impliquen delitos de corrupción”, advirtió el mensaje de la organización.

“Es necesario adelantar los tiempos de la presentación de la Cuenta Pública y otorgar a la ASF la posibilidad de establecer informes preliminares que sean de conocimiento público, los cuales les permitirán, a ustedes como legisladores, contar con mejores elementos para el análisis presupuestal que realizan cada año”, agregó el texto.

Otra propuesta del órgano especializado en políticas públicas fue aprobar la figura de extinción de dominio por enriquecimiento ilícito y, también, ampliar el término de prescripción de delitos cometidos por funcionarios públicos de cinco a 15 años. Medida ésta última, explicó Fernández, que se hace necesaria por la Reforma Electoral que ha ampliado también el límite de permanencia de los legisladores (hasta nueve años en el caso de los diputados y 12 en el de los senadores).

Pero esta y otras propuestas, agregó el entrevistado, están en riesgo de ser desechadas por la resistencia de la fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados.

“No hay mucho qué hacer si estamos en esos terrenos de vacíos”, dijo Fernández. “Por eso el Secretario de Hacienda ha insistido en que no es ilegal, que él no era funcionario publico (cuando adquirió la casa) que no ve problemas, pero lo que precisamente está evidenciando son los huecos enormes del marco jurídico por el cual los funcionarios siguen haciendo estas prácticas cuestionables desde la ética pública y desde una perspectiva comparada, ya que en otros países sí se estarían violando marcos jurídicos por obvios conflictos de interés que en México no están legislados adecuadamente”, agregó.

La también académica Laura del Alizall Arriaga, investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), agregó que la asignación de obras de construcción es en general una fuente de prácticas de corrupción debido a la falta de visibilidad y publicidad de los procedimientos en los que se asignan los contratos.

“Es una práctica muy generalizada, que abarca desde pequeñas empresas que reciben apenas unas remuneraciones mínimas, hasta las que reciben pagos escandalosos como los casos que hemos conocido en el país, como lo del Estado de México, pero también la construcción de la Línea 12 del Metro (en el Distrito Federal) en las que no queda claro porque se asignó fuera de licitación”, dice la socióloga.

Como Fernández, Del Alizall explicó que la falta de castigo a estas prácticas se encuentra en el fondo del problema de la corrupción en México.
“Debe haber un seguimiento de lo que ocurre con estas asignaciones, y sancionar las irregularidades, porque ya sabemos que la impunidad es lo que nos tiene en estos niveles de delincuencia y corrupción”, dijo la investigadora. 

Fuente Sin Embargo de México: http://www.sinembargo.mx/26-02-2015/1258161

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