La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) muestra su preocupación por la iniciativa de reforma de la
Constitución Federal de Brasil con el objetivo de reducir la edad de
responsabilidad penal de los adolescentes, que pasaría de 18 a 16 años.
La Constitución Federal de Brasil establece que los niños, niñas y
adolescentes menores de 18 años no pueden ser responsabilizados del
mismo modo que los adultos por sus actuaciones constitutivas de
infracciones a las leyes penales y establece un sistema de justicia
juvenil, ello en atención a su condición de desarrollo y proceso
crecimiento. La Constitución Federal de Brasil y el Estatuto da Criança e do Adolescente (normativa
específica en materia de niñez) son concordantes con los abundantes
instrumentos internacionales de derechos humanos que establecen la edad
de 18 años para fijar la responsabilidad penal de las personas como
adultos, así como con las decisiones de la Corte Interamericana y de la
CIDH.
La
CIDH expresa su preocupación ante la posibilidad que se adopten
reformas constitucionales que sean contrarias a las obligaciones
internacionales libremente asumidas por los Estados al ratificar los
tratados internacionales y estén en contravención con el derecho
internacional de los derechos humanos. La CIDH considera que la actual
propuesta de reforma constitucional que está siendo analizada por la
Cámara de Diputados de Brasil constituiría un grave retroceso y una
violación de los derechos fundamentales de los adolescentes dado que
infringe la garantía del adolescente de ser tratado bajo una justicia
juvenil especializada.
El Estatuto da Criança e do Adolescente prevé
en la actualidad un sistema de justicia juvenil para las personas
menores de 18 años que los responsabiliza por sus actuaciones contrarias
a la ley penal. Este sistema establece que las medidas deben estar
destinadas a la resocialización y formación de los adolescentes que han
cometido algún acto delictivo, con el objetivo de apoyar su
re-vinculación de forma positiva y constructiva en la sociedad.
La
CIDH comparte la preocupación por el clima de violencia que se vive en
algunas zonas de Brasil y reconoce el derecho y el deber del Estado por
garantizar la seguridad de todas las personas. La CIDH además está
alarmada por el nivel de victimización que en este contexto sufre la
niñez. Contrariamente a lo que muchas veces aparece en el discurso
político y social, los niños, niñas y adolescentes son uno de los grupos
más afectados por la violencia. Según datos oficiales, la violencia y
las agresiones fueron la principal causa de muerte en la adolescencia en
los últimos 12 años. En 2012 el 36,5% de todos los adolescentes
fallecidos entre 10 y 18 años de edad habían perdido la vida como
consecuencia de la violencia interpersonal, en contraposición al 4,8%
para el conjunto de la población.
Por
otro lado, las estadísticas ponen de manifiesto que, contrariamente a
lo que se argumenta como justificación de las propuestas de rebaja de
edad de responsabilidad penal, los adolescentes no son los principales
causantes del clima de inseguridad y criminalidad. Los actos delictivos
cometidos por adolescentes representan un 4% del total de los crímenes
cometidos por los adultos. Del total de los actos delictivos cometidos
por los adolescentes, 2,9% corresponden a crímenes considerados graves.
En estos casos la CIDH considera que, de acuerdo con el derecho
internacional de los derechos humanos, es el modelo de justicia
restaurativa el que debería ser aplicable a los adolescentes en
conflicto con la ley penal en Brasil, además de entender que existe la
necesidad de avanzar con urgencia en su completa adecuación a los
estándares de protección de los derechos de la niñez.
Vea el informe de la CIDH: "Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas".
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