El proceso electoral para la elección de autoridades municipales y regionales llegó a su final con la realización de la segunda vuelta el domingo pasado. Quedan algunos papeleos por hacer, la proclamación de los ganadores y la entrega de sus credenciales.
Pero es indudable que el proceso en su conjunto nos deja una serie de sensaciones muy alejadas de la satisfacción o el optimismo.
Ha sido, en resumen, un proceso demasiado largo y de resultados frustrantes, que dejan demasiadas y muy pesadas interrogantes sobre el futuro inmediato de las regiones y los gobiernos locales, lo cual se reflejará inevitablemente sobre el destino del país que se ha de decidir en elecciones generales a celebrarse apenas dentro de un año y medio.
En primer lugar, el procedimiento. No tiene sentido llevar a cabo una segunda vuelta electoral dos meses después de realizada la primera. Esta dilación es inadmisible y desvirtúa profundamente la elección al abrir paso a una fase prolongada e indeseable de reacomodos, pactos bajo la mesa y todo tipo de maniobras que están más allá de los ojos de los electores. Peor aún en esta época de actuación impune de poderes ilegales. El JNE y la ONPE deben reajustar urgentemente sus procedimientos a fin de eliminar esta demora perjudicial para un adecuado calendario electoral. Para ello hace falta incorporar procedimientos que pongan nuestro sistema electoral a la altura de las exigencias modernas de rapidez y precisión en los resultados, con las debidas garantías y salvaguardas para la limpieza del acto electoral.
Lo ideal sería llegar a la realización de la segunda vuelta una o, como máximo, dos semanas después de la primera, como se hace en los países donde este mecanismo se aplica como es debido. En este sentido, vamos muy atrasados. No es posible que la India, con cientos de millones de electores, diera resultados de sus elecciones generales para todo el inmenso país que es, en unos cuantos días, mientras en el Perú aún no terminamos de cerrar el proceso electoral regional. Y solo somos el 2% de la población de la India.
Pero sin duda es en los resultados electorales donde se hallan las características más decepcionantes del proceso: a quiénes se ha elegido para conducir los gobiernos regionales y locales. En primer lugar, asombra la chatura de casi todas las candidaturas. Más que el surgimiento de élites regionales y locales, en la última década asistimos en muchos casos al empoderamiento político de las redes ilegales y mafiosas, ansiosas de controlar presupuestos locales repentinamente boyantes gracias a los ingresos del canon minero.
La caída de algunos gobiernos regionales involucrados en operaciones delictivas en el curso de este año no parece ser un antídoto suficiente, como lo prueba la elección de nuevos personajes cuestionados. Se calcula que ocho de los 25 presidentes regionales elegidos para hacerse cargo a partir del primero de enero tienen antecedentes judiciales. La batalla contra la corrupción será inevitablemente larga y no está muy claro quién quiere darla, quién se atreve a comprarse el pleito.
El 2015 será un año de tensa y movida preparación de innumerables grupos de poder para controlar el Estado. Junto a los partidos, que ejercen una influenciada cada vez menor en el electorado y la política, competirán innumerables grupos, círculos y redes que ejercen poder a diversos niveles. Los aventureros, como siempre, tentarán a montones el premio mayor. Actores centrales del proceso serán, en todos los casos, las redes de negocios ilegales o abiertamente delincuenciales como el narcotráfico, que se esmerarán en poner dinero sucio en todas las candidaturas que vean potables y tratarán de infiltrarlas al máximo con candidatos propio.
Artículo de Ronald Gamarra publicado en Diario16, el domingo 14 de diciembre de 2014.
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