El 29 de octubre comienza el debate que tiene al ex juez, Manlio Torcuato Martínez, imputado como partícipe secundario por el asesinato de cinco militantes de Montoneros, ocurrido en mayo de 1976.
Por primera vez un ex juez tucumano, Manlio Torcuato Martínez, deberá responder en un juicio oral y público acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. El debate comenzará el próximo 29 de octubre ante el Tribunal Oral Federal de esa provincia.
Ex titular del Juzgado Federal 1 de Tucumán está acusado por "cajonear" más de 300 hábeas corpus durante el Operativo Independencia. Y por omisiones en la investigación de un allanamiento ilegal realizado en un domicilio en el que fueron asesinadas cinco personas durante esos años, homicidio por el que los fiscales Leopoldo Peralta Palma y Pablo Camuña lo señalaron como “partícipe secundario”.
"Las denuncias de torturas y violaciones por personas secuestradas 'legalizadas' eran pasadas por alto por el ex juez, que aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura. Pese a la gran cantidad de denuncias que tenía en su despacho, nunca inició investigación alguna para buscar a sus responsables", apuntaron desde la fiscalía en el pedido de elevación a juicio contra el magistrado.
Los fiscales también señalaron al ex juez por su participación en el hecho conocido como la masacre "Romero-Nikilson" ocurrió el 20 de mayo de 1976, cuando los militantes María Alejandra Nikilson, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz fueron ejecutados en una casa de la capital tucumana.
Para la fiscalía existen pruebas suficientes de que Martínez a través del incumplimiento de sus deberes como funcionario público avaló esos homicidios y la privación ilegítima de la libertad de Miguel Romano, el propietario de la vivienda.
Romano estuvo secuestrado y fue torturado por el personal del Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) en el centro clandestino de detención Jefatura de Policía, con la complacencia del ex magistrado Martínez que le dictó tres meses de detención. Lo habría hecho para garantizar la impunidad de los policías y militares que cometieron estos hechos materialmente o de quienes dieron las órdenes para que se cometieran.
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