Lima, Ginebra (22 de septiembre de 2014) – El Gobierno de Perú debe intensificar sus esfuerzos para luchar contra la discriminación de género profundamente arraigada, la violencia que afecta a muchas mujeres peruanas y el machismo que las oprime y las silencia, señalaron dos expertas en derechos humanos de las Naciones Unidas.
“En la última década Perú ha experimentado un rápido y sostenido crecimiento económico y reducción de la pobreza. Esto no ha mejorado el Índice de Desarrollo Humano y no ha traído oportunidades de trabajo decente para la mayoría de los peruanos, con las mujeres particularmente afectadas por la precariedad del empleo”, dijeron las expertas Frances Raday y Alda Facio del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica al final de su primera misión oficial a Perú.
El
Grupo de Trabajo de la ONU fue creado
por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 para identificar, promover e
intercambiar opiniones, en consulta con los Estados y otros actores,
sobre las buenas prácticas relacionadas con la eliminación de las leyes
que discriminan a las mujeres. También tiene la tarea de
desarrollar un diálogo con los Estados y otros actores sobre las leyes
que tienen un efecto discriminatorio cuando se trata de mujeres, así lo hicieron en el Perú. Por
ello, el jueves 11 del presente, el Grupo de Trabajo se reunió con el Equipo de Incidencia en
Derecho de IPRODES, Ronald Gamarra y Sofía García, quiénes presentaron los problemas que han detectado respecto a la falta de acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y la trata de personas en el Perú.
Las expertas observaron que: “Cerca del 78% de las mujeres que trabajan hacen trabajo informal, sin seguridad social, vacaciones anuales, licencia por maternidad, o permisos por lactancia, y sin cobertura de salud o las pensiones de jubilación”.
“Perú ha hecho un esfuerzo considerable en los últimos años para reforzar su marco jurídico e institucional en materia de promoción y protección de los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género”, dijeron las Sras. Raday y Facio. Sin embargo, notaron que las mujeres en sectores de trabajo típicamente femeninos, incluso el trabajo doméstico, la industria de agro-exportación y la artesanía, tienen significativamente menos protecciones legales con respecto a salario mínimo y horas de trabajo.
“A pesar de los beneficios económicos que han brindado las industrias extractivas al país, se conocen las graves consecuencias sociales y ambientales de estas industrias, en particular las ilegales, sobre las comunidades indígenas y rurales, pero el daño generalizado y extremo a las mujeres no se ha reconocido,” señalaron. “Las mujeres nos manifestaron que estas industrias han provocado un aumento de la violencia sexual y la trata de niñas, y ven su patrimonio cultural dañado”.
La Sras. Raday y Facio también plantearon otras preocupaciones:
Alta tasa de embarazo adolescente: “Las jóvenes tienen prohibido obtener anticonceptivos si no van acompañadas por un tutor. Hacemos un llamamiento al Gobierno para garantizar la educación sexual desde una edad temprana en todas las escuelas y el acceso a los anticonceptivos para prevenir el embarazo adolescente y evitar abortos inseguros e ilegales, criminalizados por ley”.
Violencia contra las mujeres: “Es un problema grave y generalizado en todas las esferas de la vida, incluyendo el hogar, la escuela, el trabajo y los espacios públicos. Se requiere reforzar e implementar medidas urgentes a todos los niveles. Las investigaciones y los juicios por delitos contra las mujeres todavía no reciben la prioridad que merecen”.
Acceso a la justicia: “Muchas de las mujeres con las que hablamos, en especial las mujeres rurales e indígenas, se enfrentan a enormes obstáculos en la búsqueda de justicia debido al alto costo, las barreras del idioma, la falta de familiaridad con sus derechos, y la desconfianza en el poder judicial y la policía. También sufren de revictimización y de estigma si se acercan al sistema de justicia”.
Conflicto interno 1980-2000: Los crímenes contra mujeres en este período no han sido adecuadamente compensados ni sancionados.
Alta tasa de embarazo adolescente: “Las jóvenes tienen prohibido obtener anticonceptivos si no van acompañadas por un tutor. Hacemos un llamamiento al Gobierno para garantizar la educación sexual desde una edad temprana en todas las escuelas y el acceso a los anticonceptivos para prevenir el embarazo adolescente y evitar abortos inseguros e ilegales, criminalizados por ley”.
Violencia contra las mujeres: “Es un problema grave y generalizado en todas las esferas de la vida, incluyendo el hogar, la escuela, el trabajo y los espacios públicos. Se requiere reforzar e implementar medidas urgentes a todos los niveles. Las investigaciones y los juicios por delitos contra las mujeres todavía no reciben la prioridad que merecen”.
Acceso a la justicia: “Muchas de las mujeres con las que hablamos, en especial las mujeres rurales e indígenas, se enfrentan a enormes obstáculos en la búsqueda de justicia debido al alto costo, las barreras del idioma, la falta de familiaridad con sus derechos, y la desconfianza en el poder judicial y la policía. También sufren de revictimización y de estigma si se acercan al sistema de justicia”.
Conflicto interno 1980-2000: Los crímenes contra mujeres en este período no han sido adecuadamente compensados ni sancionados.
La discriminación en contra de los derechos reproductivos de las mujeres en situación de pobreza: Un número alarmante de esterilizaciones forzadas se realizaron en la década de 1990 como una forma de control de la natalidad para las mujeres pobres, sin compensación o proceso judicial. Aunque exista un derecho a la anticoncepción, la anticoncepción gratuita no siempre está disponible y el Tribunal Constitucional prohibió la distribución de la anticoncepción de emergencia por los servicios públicos de salud.
Racismo: El Gobierno debe intensificar sus esfuerzos para luchar contra el racismo y los estereotipos raciales profundamente arraigados que conducen a múltiples formas de discriminación y violencia contra las mujeres indígenas, campesinas y afro-peruanos.
Durante su visita de nueve días, del 11 al 19 de septiembre, las integrantes del Grupo de Trabajo se reunieron con funcionarios del gobierno en Lima y Ayacucho. También se reunieron con representantes de la sociedad civil y entidades de la ONU.
Con base en la información obtenida durante la misión, el Grupo de Trabajo presentará un informe con las conclusiones finales y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2015.
* El Grupo de Trabajo está integrado por cinco expertas independientes: la actual Presidenta-Relatora Frances Raday (Israel / Reino Unido), Alda Facio (Costa Rica), Kamala Chandrakirana (Indonesia), Emna Aouij (Túnez) y Eleonora Zielinska (Polonia).
(Subrayado nuestro)
Fuente ACNUDH: http://acnudh.org/2014/09/expertas-de-la-onu-instan-a-peru-a-intensificar-esfuerzos-para-combatir-la-discriminacion-contra-la-mujer/
Para mayor información sobre el Grupo de Trabajo, visite:http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
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