El Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay (SNU) emitió ayer una declaración en la que expresa su "preocupación por el proyecto de reforma consitucional sobre la baja de la edad de imputabilidad penal a 16 años que se someterá a consulta pleibiscitaria el próximo 26 de octubre". "Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos constituiría una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la Convención de los Derechos del Niño", advierte la carta (adjuntamos la carta líneas abajo).Luego añade que a pesar de la "creencia extendida" en la opinión pública uruguaya, "los adolescentes no son impunes sino que existe un sistema de responsabiliad penal espcífico para personas de entre 13 y 17 años" y que la evidencia gerada por las experiencias internaiconales demostró que la estrategia de disminuir la edad de imputabilidad no ha sido una medida eficiente en el combate a la inseguridad. La declaración, finalmente señala que el Sistema de Naciones Unidas comprende las inquietudes de la sociedad en torno al tema de la inseguridad y apoya la necesidad de un sistema que brinde garantías de seguridad a toda la ciudadanía, siempre en el marco de respeto a los derechos humanos.
NO CURA
Por su parte, el superior de los salesianos de Don Bosco, Néstor Castell, hizo pública una carta en la que sostiene que “los adolescentes que delinquen son el emergente de una realidad social compleja” y que “es un error creer” que esa realidad “se resuelve con penas”. “La experiencia nos dice que más penas no sólo no resuelven el problema, sino que lo agudizan. El castigo, y el miedo al mismo, no es lo que los educará e integrará a la sociedad: la cárcel no es el ámbito para su educación”, agrega el sacerdote católico. Castell recuerda que los salesianos trabajan con unos 4.500 jóvenes en “contextos empobrecidos” y destaca que “sólo en la libertad responsable es posible que un joven pueda sentirse acompañado para desarrollar en su vida la capacidad de amar, la formación ética y ciudadana, y en consecuencia, el compromiso social”. Castell también recuerda que en Uruguay “los adolescentes son responsables penalmente a partir de los 13 años, y cumplen por ello sanciones que pueden ser privativas y no privativas de libertad”, y que la adecuación legislativa del Código de la Niñez y Adolescencia “acordada por todos los partidos políticos en el año 2004” permitió a Uruguay contar con un sistema penal juvenil. “La normativa nacional e internacional determina que la privación de libertad debe ser la última medida a ser utilizada y por el menor tiempo posible”, explica. Finalmente recuerda que “la recomendación más reciente” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhorta a que “los Estados tiendan a abolir la pena privativa de la libertad aplicada a niños, niñas y adolescentes”. Otro salesiano, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, también se pronunció en contra de la baja de la edad de imputabilidad.
Por su parte, el superior de los salesianos de Don Bosco, Néstor Castell, hizo pública una carta en la que sostiene que “los adolescentes que delinquen son el emergente de una realidad social compleja” y que “es un error creer” que esa realidad “se resuelve con penas”. “La experiencia nos dice que más penas no sólo no resuelven el problema, sino que lo agudizan. El castigo, y el miedo al mismo, no es lo que los educará e integrará a la sociedad: la cárcel no es el ámbito para su educación”, agrega el sacerdote católico. Castell recuerda que los salesianos trabajan con unos 4.500 jóvenes en “contextos empobrecidos” y destaca que “sólo en la libertad responsable es posible que un joven pueda sentirse acompañado para desarrollar en su vida la capacidad de amar, la formación ética y ciudadana, y en consecuencia, el compromiso social”. Castell también recuerda que en Uruguay “los adolescentes son responsables penalmente a partir de los 13 años, y cumplen por ello sanciones que pueden ser privativas y no privativas de libertad”, y que la adecuación legislativa del Código de la Niñez y Adolescencia “acordada por todos los partidos políticos en el año 2004” permitió a Uruguay contar con un sistema penal juvenil. “La normativa nacional e internacional determina que la privación de libertad debe ser la última medida a ser utilizada y por el menor tiempo posible”, explica. Finalmente recuerda que “la recomendación más reciente” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhorta a que “los Estados tiendan a abolir la pena privativa de la libertad aplicada a niños, niñas y adolescentes”. Otro salesiano, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, también se pronunció en contra de la baja de la edad de imputabilidad.
Fuente La Diaria: http://ladiaria.com.uy/articulo/2014/8/a-los-tratados-me-remito/#.U-Dmswd9bLo.twitter
Fuente Naciones Unidas en Uruguay: http://www.onu.org.uy/
Fuente Naciones Unidas en Uruguay: http://www.onu.org.uy/
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