Washington, D.C.
16/04/2014
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por los hallazgos de 370 migrantes niños, niñas y adolescentes migrantes que fueron abandonados por traficante de migrantes a los largo de México entre el 17 y el 24 de marzo, mientras intentaban llevarlos hacia los Estados Unidos de América.
De acuerdo a información de público conocimiento, estos niños, niñas y adolescentes migrantes fueron hallados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en lugares peligroso y de difícil acceso en 14 estados a lo largo de México. La mayoría de estos niños, niñas y adolescentes son de Guatemala, Honduras y El Salvador. Las autoridades informaron que fueron abandonados por los traficantes de migrantes que los estaban trasladando a través de México, después de haber recibido sumas que oscilaban entre US$3,000 y $5,000 dólares por niño para llevarles hasta los Estados Unidos de América. Al momento de ser hallados, un gran número de estos niños, niñas y adolescentes evidenciaban señales de deshidratación, fatiga extrema, lesiones en los pies y miedo por desconocer los lugares en los que se encontraban. De los 370 niños, niñas y adolescentes rescatados, 163 estaban no acompañados. Según el INM, entre los niños hallados había algunos cuya edad apenas llegaba a los nueve años. Nueve presuntos traficantes de migrantes relacionados con algunos de estos casos habrían sido identificados por la Policía Federal y puestos a disposición de las autoridades competentes.
De manera recurrente la Comisión ha recibido información que señala un incremento drástico de los flujos de niños migrantes que se dirigen hacia los Estados Unidos durante los últimos años con el objeto de huir de la violencia de la que son víctimas en sus países de origen, reunificarse con sus familias o en busca de una vida mejor. El incremento en los flujos migratorios de niños, niñas y adolescentes también ha sido reconocido por el INM de México y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Las cifras anuales de niños, niñas y adolescentes migrantes detenidos en México dan cuenta de un incremento significativo de la migración infantil a través de México. De acuerdo con las cifras del INM, en 2011 se registraron 4,160 eventos de niños, niñas y adolescentes migrantes en detención migratoria; en 2012 esta cifra subió a 6,107; y en 2013 continuó aumentando hasta alcanzar 9,893 eventos de niños, niñas y adolescentes migrantes en detención migratoria. Esto representa un aumento del 137 % entre 2011 y 2013. Asimismo, las cifras publicadas del INM respecto al mes de enero del presente año indican la continuación de esta tendencia, registrándose 855 eventos niños, niñas, y adolescentes migrantes en detención migratoria. Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos ha estimado que durante el año 2014 podrían ingresar a los Estados Unidos 60,000 o más niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Dado que la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes migrantes que ingresan a los Estados Unidos provienen de México y de países de Centroamérica, esto implica que necesariamente transiten por territorio mexicano.
El Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, el Comisionado Felipe González expresó que “estos hechos son una muestra más de la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las decenas de miles de niños migrantes que intentan atravesar México cada año. Esta situación ha sido ampliamente documentada durante los últimos años por organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e incluso el mismo Estado mexicano. Es necesario que el Estado implemente una política migratoria que garantice de manera real la protección de los derechos de los niños migrantes y no políticas o medidas centradas en la criminalización de los niños migrantes, tales como la detención automática y la deportación sin la observancia de las garantías del debido proceso”, sostuvo el Comisionado González.
Con relación a estos hechos, la Comisionada Rosa María Ortiz, Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH, también señaló que “las niñas y los niños migrantes deben ser considerados en primer lugar como niñas y niños. Los niños son merecedores de una protección especial, reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos y en las legislaciones internas de los Estados. Su condición de migrantes no debería ir en detrimento de esta protección y del respeto a los derechos de los niños; al contrario, los niños y las niñas migrantes se encuentran ante situaciones que exponen gravemente sus derechos básicos, como la vida y la integridad personal, siendo en muchas ocasiones víctimas de abusos y de explotación a lo largo de todo el trayecto. De hecho, muchos de estos niños y niñas se han visto forzados a migrar por las situaciones de violencia que han enfrentado en sus países de origen y otros porque buscan reunirse con sus familias. Los Estados tienen el deber de prestarles una protección adecuada, en particular, no someterlos a la privación de libertad sino darles un tratamiento protector, por personal especializado en niñez y en entornos familiares, similares al familiar o en el ámbito comunitario. En definitiva, los niños y niñas migrantes deben recibir esa protección integral que tanto se les ha prometido, y que aún no encuentra reflejo en las normas y prácticas en materia migratoria”.
Ante el aumento de la presencia de niños, niñas y adolescentes en los flujos migratorios, es imperativo que el Estado mexicano implemente todas las medidas que sean necesarias para asegurar el respeto y garantía de sus derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos exige que todas las decisiones que sean adoptadas por las autoridades estén guiadas por el principio del interés superior del niño, y sean tomadas a través de un procedimiento basado en las garantías del debido proceso, además de estar éste adaptado a las condiciones del niño para permitirle una efectiva comprensión y participación en el mismo. En especial, los niños tienen derecho a ser escuchados en el marco de los procedimientos que se sigan en lo relativo a sus derechos y a contar con una representación legal adaptada, de calidad y gratuita que les permita hacer valer sus derechos e intereses. Asimismo, el Estado debe garantizar que no se vulnere el derecho a la libertad personal de estos niños, niñas y adolescentes en razón de su situación migratoria; se respeten y garanticen sus derechos, como la salud y la educación; su derecho a solicitar y recibir asilo, así como la protección del principio de no devolución en los casos que resulte aplicable.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
El Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, el Comisionado Felipe González expresó que “estos hechos son una muestra más de la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las decenas de miles de niños migrantes que intentan atravesar México cada año. Esta situación ha sido ampliamente documentada durante los últimos años por organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e incluso el mismo Estado mexicano. Es necesario que el Estado implemente una política migratoria que garantice de manera real la protección de los derechos de los niños migrantes y no políticas o medidas centradas en la criminalización de los niños migrantes, tales como la detención automática y la deportación sin la observancia de las garantías del debido proceso”, sostuvo el Comisionado González.
Con relación a estos hechos, la Comisionada Rosa María Ortiz, Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH, también señaló que “las niñas y los niños migrantes deben ser considerados en primer lugar como niñas y niños. Los niños son merecedores de una protección especial, reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos y en las legislaciones internas de los Estados. Su condición de migrantes no debería ir en detrimento de esta protección y del respeto a los derechos de los niños; al contrario, los niños y las niñas migrantes se encuentran ante situaciones que exponen gravemente sus derechos básicos, como la vida y la integridad personal, siendo en muchas ocasiones víctimas de abusos y de explotación a lo largo de todo el trayecto. De hecho, muchos de estos niños y niñas se han visto forzados a migrar por las situaciones de violencia que han enfrentado en sus países de origen y otros porque buscan reunirse con sus familias. Los Estados tienen el deber de prestarles una protección adecuada, en particular, no someterlos a la privación de libertad sino darles un tratamiento protector, por personal especializado en niñez y en entornos familiares, similares al familiar o en el ámbito comunitario. En definitiva, los niños y niñas migrantes deben recibir esa protección integral que tanto se les ha prometido, y que aún no encuentra reflejo en las normas y prácticas en materia migratoria”.
Ante el aumento de la presencia de niños, niñas y adolescentes en los flujos migratorios, es imperativo que el Estado mexicano implemente todas las medidas que sean necesarias para asegurar el respeto y garantía de sus derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos exige que todas las decisiones que sean adoptadas por las autoridades estén guiadas por el principio del interés superior del niño, y sean tomadas a través de un procedimiento basado en las garantías del debido proceso, además de estar éste adaptado a las condiciones del niño para permitirle una efectiva comprensión y participación en el mismo. En especial, los niños tienen derecho a ser escuchados en el marco de los procedimientos que se sigan en lo relativo a sus derechos y a contar con una representación legal adaptada, de calidad y gratuita que les permita hacer valer sus derechos e intereses. Asimismo, el Estado debe garantizar que no se vulnere el derecho a la libertad personal de estos niños, niñas y adolescentes en razón de su situación migratoria; se respeten y garanticen sus derechos, como la salud y la educación; su derecho a solicitar y recibir asilo, así como la protección del principio de no devolución en los casos que resulte aplicable.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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