La condena se hará efectiva cuando quede firme.
El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa sentenció a cuatro años y medio de prisión efectiva a María Cristina Martínez y a Walter Eduardo Sardiña, dueños de Shampoo Night Club. El encargado del lugar fue condenado a dos años y seis meses en suspenso. En el cabaret explotaron sexualmente a siete mujeres: las rescataron en un operativo, en 2010.
Los jueces Marcos Aguerrido, José Mario Tripputi y Pablo Díaz Lacava se sentaron ante el escritorio pasadas las doce del mediodía. El Presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa se dispuso a leer el veredicto: cuatro años y medio de prisión efectiva María Cristina Martínez y Walter Eduardo Sardiña, los dueños de Shampoo Night Club, un cabaret donde fueron explotadas sexualmente siete mujeres, hasta que las liberaron en 2010 luego de un operativo ordenado por la justicia federal. El matrimonio fue condenado como coautores del delito de trata, agravado por ser más de tres víctimas y por aprovecharse de su situación de vulnerabilidad. Fue la primera condena de este tipo en la provincia. Y tuvo la máxima pena posible, ya que era la cantidad de años que había pedido el fiscal Jorge Bonvehí. Sin embargo, los acusados se retiraron del juzgado por sus propios medios: la condena se hará efectiva cuando quede firme.
Además, fue condenado a dos años y seis meses en suspenso Juan Ricardo Lima, que era el encargado y ejercía la jefatura cuando los dueños no estaban. Los jueces –como lo había pedido el fiscal al pedir las penas- consideraron que Lima era un empleado que cumplía órdenes, un partícipe secundario, y no coautor del delito.
También hubo una absolución: los magistrados consideraron que no había pruebas suficientes para condenar a Jorge Eduardo Miranda Maurin, el nexo salteño de la organización que había sido procesado como partícipe secundario en su rol de reclutador.
La causa se inició en 2010 con la denuncia a la policía provincial de una mujer salteña porque sus jefes no le querían dar la el salario: la mujer tenía que pedirle la plata cada vez hasta para poder comer. Se inició una investigación en la justicia federal pampeana, que al poco tiempo pidió allanar el piringundín que funcionaba en Victorica, una localidad agrícola ganadera al oeste de Santa Rosa, en la aridez pampeana. Se liberaron siete mujeres y apareció un DNI de otra mujer que había trabajado un tiempo antes ahí.
“El tiempo era marcado por las luces”
En el juicio, tres mujeres relataron como era el funcionamiento de la organización. LVJ, la denunciante, fue quien lo describió con más detalle. “A Maurín lo conocí en Salta, en un boliche. Comenzó a hablarme, fueron varias veces para ofrecerme un trabajo. Le dije que no, que cualquier cosa le avisaba”. La mujer salteña contó que cuando se decidió a aceptar el ofrecimiento se entrevistó en Salta con Maurín y el propio Sardiña. “Hablamos para trabajar de copera. Me habló otra chica que estaba con él. Para servir copas y que de esas copas yo iba tener un porcentaje de plata”, dijo.
Le compraron el pasaje de micro de Salta a Santa Rosa. Y Sardiña fue a buscarla a la capital para llevarla en auto a Victorica. “Llegué a una casa y había otras chicas. Fuimos a hacer los trámites de la libreta sanitaria y a los dos días empecé a trabajar”, dijo en el juicio. LVJ fue recibida por otras mujeres:
-Es habitual que vengan hombres. Si vos querés, podés hacer salidas con ellos porque eso te genera más plata- le ofrecieron. LVJ aceptó porque le tenía que devolver el pasaje al dueño del local.
Shampoo Night Club era un salón, con una barra y mesas, y dos habitaciones con un baño. Los turnos con los hombres eran de quince minutos, media hora o una hora, con distintas tarifas. Con una luz en el interior de la habitación, que accionaban desde atrás de la barra, avisaban cuando el turno terminaba. “La tarifa la ponía el dueño, Walter. El tiempo era marcado por las luces. Eso se manipulaba desde la barra. Lo manejaba Walter, Pato (Martínez), Lima”, dijo LVJ.
-Me sentí engañada. Él (por Sardiña) primero fue de una forma con nosotras y después se comportó de otra- dijo mirando al tribunal. Por pedido de funcionarios del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, los imputados se retiraban de la sala durante sus relatos.
“En el local se mantenían relaciones sexuales”
Dos mujeres más aportaron detalles pero no sumaron demasiado. Sí acreditaron que los dueños y el encargado eran los imputados. Una cuarta mujer declaró, cuyo DNI había sido retenido y había aparecido durante el allanamiento. “Nunca me lo devolvieron. Lo fui a buscar y no me lo dieron”, dijo. Aunque ella trabajó solo de copera, confirmó que “en el local se mantenían relaciones sexuales. Había dos o tres piezas, siempre en el mismo local. Éramos seis chicas”, dijo.
El juicio también tuvo sus dificultades. Sólo tres de las siete mujeres liberadas dieron su testimonio. Una de las mujeres se negó rotundamente a declarar y no atendió el teléfono. Una no pudo ser ubicada y otras dos, que habían nacido en Paraguay habrían vuelto a sus pagos. Esos testimonios fueron incorporados desde el tramo de instrucción de la causa.
Los momentos que siguieron a la lectura tuvieron la misma sensación de calma que la había precedido en la pequeña sala de los tribunales pampeanos. Además de los jueces, el secretario, el fiscal, los abogados defensores, asistentes sociales y colaboradoras, había dos mujeres que acompañaban a los imputados. Una de ellas se tomó la cabeza cuando oyó que a los propietarios del local le esperaba la cárcel. Allí, en Victorica, la comunidad había dado su veredicto un tiempo antes: cuando salió a la luz, prendieron fuego la fachada del burdel.
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