El Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las municipalidades provinciales y distritales están obligados a invertir recursos en la protección de la niñez porque el Perú ha suscrito la Convención de los Derechos del Niño que prohíbe la violencia contra ellos.
Así lo sostuvo el director del Equipo de Incidencia en Derecho de la ONG Iprodes (Instituto Promoviendo Desarrollo Social) y consultor de Save the Children, Ronald Gamarra, quien ofreció en la ciudad de Huánuco la conferencia “¿Cómo se traduce a nivel local las recomendaciones de la ONU al Perú para la protección de los niños, niñas y adolescentes ante la violencia, explotación y abuso?”.
“Es interesante saber que hay una obligación internacional que compromete a todo el Estado peruano a hacerle frente a la violencia contra el niño”, apuntó el reconocido jurista nacional que advirtió que en el Gobierno Regional ni en las municipalidades de Huánuco hay planes para proteger a los niños y adolescentes.
Sostuvo que por tratarse de un compromiso internacional todos los funcionarios públicos de todos los niveles están obligados a cumplir y hacer cumplir el compromiso asumido por el Perú ante las Naciones Unidas.
“Si, por ejemplo, la Municipalidad de Chinchao no tiene su Plan Local para Combatir la Violencia Contra los Niños, es evidente que está comprometiendo la obligación internacional del Estado, está dejando en la desprotección a los menores de edad de esa localidad”, advirtió Gamarra.
Pero, observó, no solo se trata de elaborar planes, sino de asignar presupuesto para que estos se ejecuten.
“Se trata de discursear menos y elaborar planes y cuando hay planes se trata de ver cuánto presupuesto se ha destinado; porque plan sin presupuesto es demagogia; es puro discurso, nada más”, enfatizó el consultor de Save The Children.
Ronald Gamarra destacó la importancia que tiene la vigilancia ciudadana para que los Gobiernos cumplan con invertir en la protección de la niñez.
“Debemos incorporar cada vez más la conciencia de que tenemos derechos y que el Estado tiene obligaciones; los Gobiernos regionales y locales tienen obligaciones. Debemos reclamar nuestros derechos e instar a las autoridades a que cumplan con su función”, anotó.
“Cuando uno exige no está pidiendo un favor. Es simplemente reclamar por los derechos que uno tiene. Por lo demás, las autoridades están para servir a la comunidad”, agregó el director del Equipo de Incidencia en Derecho de la ONG Iprodes.
Recordó que cuando la ciudadanía elige a una persona como su autoridad tiene que supervisarlo y este funcionario público tiene que servir a los ciudadanos que lo han elegido y particularmente a los sectores que están en indefensión, como los menores de edad.
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