La República: “Tal vez la reconciliación no es el camino” por José Carlos Agüero

Historiador, poeta e investigardor sobre el tema de violencia y memoria hitórica. Autor del libro Los Rendidos (IPE. 2015). Sus padres fueron militantes de Sendero Luminoso.

Aunque para la derecha local es solamente "el hijo de dos terroristas" (sus padres fueron militantes de Sendero Luminoso ejecutados extrajudicialmente), José Carlos Agüero es bastante más que eso. Historiador y escritor, su libro Los rendidos es un valioso testimonio que ayudó a echar nuevas luces sobre las víctimas del conflicto armado interno. También ha sido miembro del a Comisión que elaboró los lineamientos del Lugar de la Memoria, institución que en las últimas semanas ha sido objeto de durísimos ataques. Por cierto, su presencia en la mencionada comisión fue unos de los argumentos favoritos de quienes quieren arrasar con el LUM, y, de paso, con nuestra memoria colectiva.
El mensaje detrás de los cuestionamientos que te han hecho en el caso del LUM es algo así como: "hijo de terrucos, terruco es". ¿Qué responderías a eso?

Es un poco fuerte, la verdad. Creo que, en realidad, es una manera de instrumentalizarme, de atacarme a mí, pero atacar a otros temas que realmente son más importantes. Entonces, los agravios personales los puedo pasar por alto, pensando que hay cosas más importantes por discutir. 

¿Qué es lo que no se puede pasar por alto? 
Hay un intento de controlar el pensamiento, una especie de comisariato o policía del pensamiento que intenta imponer un pensamiento único a la fuerza, excluir otras sensibilidades, estigmatizar otras memorias y personas, a menos que estas pasen por el filtro de una censura o autocensura o superen la vigilancia de ese pensamiento "sospechoso". Y es bien amplio todo lo que se define como sospechoso desde esta mirada.

En algunos sectores se ha dicho que tu caso es comparable al de Keiko Fujimori, porque se les culpa por lo que hicieron sus padres...
Creo que a nadie se le debe responsabilizar por culpas de otros, ni a Keiko Fujimori ni a Kenji Fujimori. Tampoco me ha parecido justo la manera en que los han tratado en relación con sus padres. No me gusta el lenguaje que se usa para denigrarlos, no lo comparto. Sin embargo, creo que no son comparables en cuanto a nuestra actuación en la comunidad.

¿A qué te refieres?
Supongo que quienes son enemigos o rivales políticos de Keiko Fujimori lo son por las acciones de Keiko Fujimori, no porque sea hija de Alberto Fujimori. Es porque ella sigue siendo hoy representante de un sector muy duro, muy conservador y finalmente debe hacerse cargo de las responsabilidades que emanan de las acciones de su partido. Yo no  tengo por qué hacerme cargo de las acciones que emanan de Sendero Luminoso.

En Los rendidos, tu primer libro, de alguna manera te disculpas por lo que hicieron tus padres. ¿Por qué cierto sector de la gente no te cree?
No se trata de que no me crean, sino que es funcional decir lo que están diciendo. La verdad es un valor que no es caro a sus discursos y lo que les importa es imponer un tipo de interpretación de las cosas donde los demás somos instrumentalizados. Así como soy instrumentalizado yo por decir "hijo de terrucos, terruco", así, genéticamente, hasta el fin de los tiempos, igual instrumentalizarán a la pobre pedagoga del Lugar de la Memoria sin importar los costos personales.

E hicieras lo que hicieras, dijeras lo que dijeras, ¿se te seguirá tratando igual?
¿Qué tendría que hacer yo para esperar que alguien con una posición tan dura me crea? Tendría que desenterrar los huesos de mispadres... Por cierto, los de mi padre no sé dónde están, pero sigamos, los de mi madre, escupi sobre su tumba, quemarlos... Y sería insuficiente, porque no se están jugando en el terreno de la verdad ni el de la buena fe; se está jugando en el terreno de la tergiversación, y del intento de la imposición de un pensamiento único.

¿Por qué referirse a los miembros de Sendero Luminoso y el MRTA, e incluso a sus hijos, como seres humanos despierta rechazo?

Es una buena pregunta y hay que dividirla en dos respuestas. Creo que es muy válido que la gente esté muy sensible, y tenga temor, y se preocupe por la salida de la gente que es excarcelada de Sendero Luminoso y del MRTA, porque ha sufrido mucho. La otra parte de la respuesta es que hay, sobre esa base de ansiedad normal en un país de postconflicto, una manipulación de parte de fuerzas políticas que quieren entrampar los procesos de violencia para poder usarlos en el presente. Finalmente, el pasado les importa poco. Les importa generar un contexto de ansiedad, miedo, chantaje y autocensura y, en este sentido, exarcebar las sensibilidades es parte de la estrategia.

Tú has dicho que es un error expulsar de nuestra historia a los senderistas. ¿Por qué hay que traerlos de vuelta? ¿Para qué sirve?

Para pensar. Siempre digo que más importante inclusive que hacer memoria es pensar. ¿Pero cómo podemos hacerlo si nos faltan elementos, si en vez de conocer a las demás personas, actores o agentes que participaron, lo que hacemos es solo imaginarlos o tener solo arquetipos o fatasmas o cosas construidas solo para efectos de generar historias casi góticas del terror? No digo que no sean sujetos que hayan generado terror. Lo que digo es que hay que conocerlos para poder reflexionar a fondo y sacar las conclusiones para el presente.

Otro argumento es que tú no podías ser asesor del LUM porque debes odiar a quienes mataron a tus padres...
Ya, pero no odio. Sin embargo, es un buen punto ese, porque no podría demostrar yo que no odio y, como es indemostrable, es un punto interesante en el sentido de cómo varios valores han perdido vigencia en nuestro país. Por ejemplo, la primacía de la verdad. Entonces se puede jugar con lo que ahora se llama la postverdad y diferentes formas de información. Tampoco importa la buena fe. Básicamente estamos pensando todos cínicamente o generando sospechas sobre los demás.

¿Todos somos sospechosos para alguien...?

Exacto. Y, por último, todos somos culpables de antemano de algo, en particular si no estás alineado a cierta línea de pensamiento que básicamente adscribe a un grupo y cuyo mensaje es que este grupo tiene la capacidad de interpretar la historia y de representarla de modo legítimo, porque representa los valores principales de la patria y se adjudica para sí el logro de la paz. Para lograr que su discurso se imponga, tienen instrumentos como el negacionismo, la relativización de las violaciones de derechos humanos, la reescritura de la historia, la estigmatización de personas... En medio de eso, personas como yo, que en ese contexto aparecen como sospechosas, en efecto no encajan. Lo que nos toca sería o no participar o autocensurarnos o mantenernos al margen o permitir que nos agravien continuamente. 

Desaparecer, en otras palabras...
Básicamente. Yo a veces no sé si debo hablar o no, si debo participar o no. Inclusive en causas muy justas, donde me invitan, y tengo que pensarlo dos o tres veces, porque no sé si estaré haciendo más un daño que constribuyendo con mi participación, porque sé que detrás está todo este montaje que es mucho más grande y fuerte, y que es un proyecto que supera inclusive la crisis del LUM.

Pero también no aparecer es una victoria para ellos, no?

También lo pienso, pero es difícil resolver el dilema. Cuando me invitaron a formar parte de la comisión del LUM -yo soy miembro ad honorem-, lo pensé bastante también. Obviamente soy consciente de la situación de estigmatización en la que me intentan colocar. Pensé que podría generar, en efecto, un problema en el futuro si la cuestión se endurecía. Sin embargo, cuando se me propuso, el LUM estaba también en un momento de crisis y pensé que podía ayudar, y se me dijo, creo que con muy buena fe, que se esparaba un trabajo con mucha apertura y que yo podía contribuir justamente a generar consensos, que es lo que intento hacer siempre.

¿Te arrepientes de tu decisión de participar?

Viéndolo en retrospectiva, dado que hay cosas que no están superadas en el país y que son usadas con mala fe, tal vez pude no participar, porque abro un flanco para la defensa de los derechos que ya tiene bastantes flancos abiertos. Entonces, sí. A mi no me pesa haber participado. Creo que lo he hecho con transparencia, con honestidad y con muy buena fe, y creo que todos los que trabajaron ahí también. Además, quien quiere investigar puede escuchar todos los audios que están absolutamente grabados en relatorías, en fin. No hay nada que sea malintencionado o que haya tenido una intención apologética; todo lo contrario.

La ministra (de Cultura, Patricia Balbuena), de alguna manera sacó cuerpo cuando te atacaron en el Congreso, porque dijo que no se te había contratado en su gestión. ¿Qué opinas de su actitud?

Creo que la ministra, desde lo que puedo ver, requiere mayor respaldo. La veo muy débil en relación con todo lo que te estoy mencionando. Y necesita respaldo del más alto nivel, porque esto del LUM es solo un signo de una pelea más grande que tiene que ver con sentidos, interpretación del país y, finalmente, poder. Y no está en manos de ella, pues, enfrentar sola, y menos en un tema tan controversial, una batalla de este tipo. Creo que sí debería hacer todo lo que pueda por defender lo que se ha conseguido. No todo se trata solo de acciones de apaciguamiento, a lo Chamberlain (primer ministro del Reino Unido en la segunda guerra).

Pero el presidente Vizcarra ha dicho que más bien está preocupado por la apología del terrorismo. O sea, no hay mucho apoyo por ahí...

Bueno esperemos que cambie de opinión y visite el LUM. Creo que visitar el LUM es un buen antídoto ante posiciones tan irracionales.

El fujimorismo habla bastante de la reconciliación. ¿Consideras que le interesa realmente?

Espero que sí, que a algún sector (del fujimorismo), porque también creo que las cosas no son monolíticas. Ahora, al que hemos visto, no le importa la reconciliación. Lo que le importa es ostentar el poder con la mayor soltura y control que pueda, incluido el control del pensamiento, la reescritura de la historia... Si la reconciliación que nos quieren imponer significa impunidad, y yo creo que eso es lo que están intentanto transmitir, bueno, ojalá que no nos reconcilien así a la fuerza. Va a ser dolorosa esa reconciliación. 

Ya no solo desde este papel que te ha puesto la historia, sino también como historiador, ¿qué podría reconciliar al país? ¿Hay alguna manera en que se pueda acelerar ese proceso?
Yo creo que no hay una fórmula para reconciliar al país y tal vez no es el camino la reconciliación, pero sí por lo menos establecer algunas normas de convivencia y respeto mutuo, donde nadie tenga la capacidad de imponer al otro su voluntad. Y, sobre todo, en relación con el tema de la memoria, una cosa muy básica es que tenemos que aceptar. No se puede intentar establecer un diálogo o una conversación sobre estos temas rechazando, olvidando o mintiendo. Aunque sea doloroso, tenemos que aceptar costos y las responsabilidades que nos caen. Más que exigir del otro, hay que dar. Entonces, quienes cometieron errores, delitos, crímenes, se equivocaron, tienen que decirlo, tienen que aceptarlo, tienen que darnos a los demás algo, aunque eso sea doloroso, y no solamente negarlo. Eso nos va ayudar, en efecto, como decía, a pensar.

Maritza Espinoza.
Fuente La República: https://larepublica.pe/domingo/1250165-vez-reconciliacion-camino

Exmiembro del grupo Colina: Fujimori sabía de la matanza en Pativilca

Tras 15 en prisión, , hoy cuenta detalles de la matanza ejecutada en 1992. También dejó un mensaje a las familias de las víctimas: “Ya no los busquen más, no los van a encontrar, han sido incinerados”.

Vía La República.

El exagente de Servicio de Inteligencia del Ejército Hércules Gómez Casanova, uno de los miembros del desaparecido grupo Colina, reafirma que Alberto Fujimori conocía la operación en Pativilca y la matanza que se realizó en este poblado el 29 de enero de 1992. Hace una semana salió del penal de Chincha, tras cumplir una condena de 15 años, y reconoce que participó en ejecuciones ordenadas por altos mandos del Ejército. Y es que él niega que el grupo Colina haya sido un destacamento aislado del Ejército; afirma que solo se encargaba de aniquilar por órdenes de sus superiores.

"El caso Pativilca es una operación que hizo el destacamento Colina. [...] Fujimori sabía lo que estaba pasando. [...] Él conocía cómo se estaba derrotando al terrorismo, nosotros éramos parte de las Fuerzas Armadas y estábamos bajo el comando del presidente de la República, el máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Fujimori sabía cómo se combatía el terrorismo”, señaló en diálogo con “Punto final”.

Gómez Casanova explica que el grupo Colina ejecutaba las matanzas en el marco de la lucha contra el terrorismo y que luego pretendía hacer pasar estos crímenes como autoría de Sendero Luminoso.

“Yo he estado en lugares donde mataban a machetazos y hachazos. Ponían la cabeza los comuneros en una piedra y con otra piedra lo reventaban, y con la sangre de esos muertos escribían en las paredes ‘así muere el pueblo que se enfrenta contra el partido’, 'viva el PCP', 'viva el presidente Gonzalo'”, refiere.

 

El exmiembro de Colina asegura que contará todo los detalles de los casos, incluidos La Cantuta, porque asegura que pasó 15 años preso por crímenes que ordenaron sus superiores.

En otro momento, hace un llamado a las familias de la víctimas de las matanzas de Pativilca: “Sus familiares han sido eliminados, incinerados, ya no los busquen más, no los van a encontrar, han sido eliminados”.

El caso Pativilca se remonta a 1992, más de dos meses después de la masacre de Barrios Altos y seis meses antes de La Cantuta, cuando efectivos del grupo Colina, al mando del mayor (r) del Ejército Peruano (EP), Santiago Martin Rivas, acudieron a Pativilca por órdenes de Nicolás Hermoza Ríos. 

Caso Pativilca: Colina secuestró a 6 personas, John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29) . Los torturaron con quemaduras de soplete en diversas partes de sus cuerpos, incluido el ano; y además les propinaron patadas. Después de esto, los mataron con disparos en la cabeza y lanzaron sus cuerpos a un cañaveral.

Por este caso, la Sala Penal Nacional se reunirá el próximo 26 de enero a las 8:30 de la mañana para ver lo que pasará con el proceso judicial que se inició contra Alberto Fujimori, quien recibió el derecho de gracia, una figura que cancela los procesos penales que tiene en curso.

Video Punto Final de Latina:

 
Fuente La República: http://larepublica.pe/politica/1174025-exmiembro-del-grupo-colina-fujimori-sabia-de-la-matanza-en-pativilca-video

Poder Judicial: Cuatro mil denuncias recibe el primer módulo de violencia de género

Trabajo urgente. Es el único juzgado integrado para atender a las mujeres que sufren cualquier forma de agresión. Se ubica en Villa El Salvador y lleva tres meses de funcionamiento. En el 80% de los casos, los agresores son varones. Se requiere más recursos. 

Luce asustada y nerviosa, como si no quisiera estar allí. Está sentada en una sala del juzgado, con las manos cruzadas sobre la mesa, mientras mantiene el perfil bajo y pide con voz temblorosa que no divulguemos su nombre. Delante de ella, la magistrada Nancy Chamorro la invita a contar su caso. 
Su anonimato funciona como un escudo, como síntoma de un problema visible, pero con víctimas que muchas veces quedan en la sombra.

La mujer de esta historia tiene 24 años y escapó de su casa un sábado por la noche. Tomó a sus dos hijas, una de tres años y otra de ocho meses, y abordó un bus en un terminal del Cusco. Viajó por horas hasta Lima para pedirle refugio a su madre, que vive en San Bartolo.

La jueza le pregunta por qué huyó y le asegura que puede hablar sin miedo, que quiere ayudarla. Entonces la joven continúa su relato igual de asustada. “Mi mamá me convenció de hacer la denuncia”, dice como tratando de justificarse.

Aquella noche, el hombre con quien vivió durante cinco años la golpeó, la insultó y la humilló. Le gritó bruta, ignorante, prostituta, cojuda, y ... le escupió en la cara, le jaló los cabellos con tanta fuerza que le arrancó un mechón del lado derecho, le pegó una y otra vez, y una vez más, como si la odiara.

Por eso escapó. Y por todas las veces anteriores que la había golpeado. “Me insultaba, me hacía limpiarle los pies cuando estaba molesto. Varias veces me ha pegado. Me pedía dinero para la casa porque él no trabajaba, yo tenía que darle todo”, relata.

Su historia pudo terminar como las de Maricela Pizarro, Janeth Calderón, Hilsia Príncipe o Emily Monja: asesinadas, muertas.

En lo que va del año se han registrado 40 feminicidios, una cifra que no tiene rostro, pero que lleva la mirada asustada de todas las víctimas amenazadas, lo que debe motivar la indignación colectiva y el reclamo solidario de acciones urgentes.

A diario, miles de mujeres sufren agresiones físicas, violaciones, maltratos psicológicos y otras formas de una violencia que las mata con una frecuencia alarmante, frente a un Estado que les ha fallado demasiadas veces.

En busca de ayuda

Al escuchar la denuncia, la jueza Chamorro, del Módulo Judicial Integrado en Violencia de Familia (que hasta el viernes se llamaba M|ódulo de Violencia de Género) de Villa El Salvador, ordena que un psicólogo evalúe a la joven para detectar otros indicadores de violencia.

Este módulo integrado, el único en el país, es parte de un plan piloto para mejorar los servicios de protección a las víctimas de violencia. Su función es emitir medidas cautelares –prohibición de acercamiento, abstención de agresión, terapias psicológicas, entre otras– en un plazo máximo de 72 horas.

Para ello integra diferentes servicios, como equipos multidisciplinarios para evaluación especializada y una cámara Gesell. Este espacio está diseñado para registrar testimonios y evitar la revictimización (ver infografía), pero incluso con esta fórmula el sistema es imperfecto.

La magistrada planeaba prohibir que el agresor se acerque a la joven y a sus hijas, pero la denunciante no acudió a la audiencia. Ahora no pueden ubicarla.

“Nosotros podemos sacar casi de inmediato una medida de protección, pero a veces las agraviadas vienen muy atemorizadas, presentan las denuncias y no van a todas las evaluaciones. No sé si es la falta de confianza en el Poder Judicial o el temor al agresor”, explica Chamorro.

La jueza ha visto casos en los que las propias víctimas buscan retirar sus denuncias y evitan el contacto posterior con los operadores de justicia. Algunas han llegado a cambiar de teléfono o mudarse a un nuevo domicilio con sus agresores, tal vez bajo coacción o amenaza.

En sus tres meses de existencia, el módulo integrado ya ha recibido más de cuatro mil denuncias. De ese total, el 91% de los denunciantes son mujeres; el 8%, varones; y el 1%, niños y niñas.

Hombres y mujeres

Pero la cifra que refleja la magnitud del problema es otra. En esos cuatro mil casos, el 80% de los agresores son varones y el 20% mujeres.

Antes del 7 de marzo, los juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur emitían un promedio de 259 medidas de protección al mes. Tras fusionarse en el módulo integrado, el promedio creció hasta 388.

Aunque esa cifra puede parecer un avance, es muy inferior al volumen mensual de denuncias que se reciben: alrededor de dos mil.

¿Qué falta para hacer el servicio más eficiente? El módulo tiene solo seis jueces —cuatro mujeres y dos varones— que trabajan en tres turnos para cubrir las 24 horas.

Además de los asistentes legales, también tienen seis psicólogos, cantidad que resulta insuficiente para cubrir todos los casos que reciben.

Es esa falta de personal una de las razones por las que muchas veces no se cumple el plazo de 72 horas para emitir las medidas cautelares. Cuando ello ocurre, la víctima no solo queda expuesta, sino que se demora el inicio de los procesos penales posteriores.

Proteger a las mujeres agredidas puede evitar nuevos feminicidios, es cierto, pero en el ámbito judicial no se agota la solución del problema.

Además de castigar a los agresores, el Estado debe procurar la recuperación integral de la víctima, no solo aliviar el dolor de los golpes. Si no sanan sus heridas emocionales, tal vez no logren vivir de nuevo sin miedo.

Violencia familiar, ¿solo un cambio de nombre?

El Módulo Judicial Integrado en Violencia de Género se inauguró el 7 de marzo, bajo el amparo de la Ley 30364. Esta norma tiene el objetivo de "prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujeres y el grupo familiar".

Sin embargo, el 7 junio el Poder Judicial cambió la nomenclatura del juzgado, que ahora se llama Modulo Judicial Integrado en Violencia Familiar.

La Corte Superior de Justicia de Lima Sur justificó la modificación al asegurar que el nuevo nombre permitirá realizar una "mejor difusión de los servicios que ofrece la referida dependencia", pues no solo se atienden casos de violencia contra la mujer.

Antes de crear el módulo, el 61% de las denuncias registradas en Lima Sur correspondía a casos de violencia familiar en general.

El módulo beneficia a más de 1.9 millones de personas de los distritos de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Chorrillos, Lurín y balnearios.

Fuente La República: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/884820-cuatro-mil-denuncias-recibe-el-primer-modulo-de-violencia-de-genero

Ronald Gamarra: Reflexiones del 3 y el 5 de abril

El 3 de abril de 1983, una columna de Sendero Luminoso tomó la comunidad campesina de Lucanamarca, situada en el departamento de Ayacucho, y cometió premeditadamente uno de los actos más atroces de la violencia que desataron tres años antes y cuyos efectos sobre la vida peruana desagraciadamente no se extinguen hasta hoy. Por decisión de la más alta dirección de esa organización terrorista, en particular de su jefe Abimael Guzmán, la comunidad de Lucanamarca fue víctima de una demencial acción de venganza a causa de la resistencia ofrecida por los campesino a la tiranía que Sendero pretendía establecer en la región. De ese modo, los terroristas buscaban escarmentar a las comunidades y disuadirlas de oponerse a sus planes.

Como resultado de la brutal acción de Sendero en contra de la comunidad de Lucanamarca, 69 campesinos de toda edad, sexo y condición fueron masacrados a golpes de machete, que fue el arma fríamente elegida para hacer más terrible la cción, y muchas más quedaron heridos, sobreviviendo a duras penas, con secuelas de por vida, como el campesino Edmundo Camana que, días después, trasladado al hospital de Huamanga, fuera fotografiado por el fotógrafo Óscar Medrano, reportero de la revista Caretas, que publicó la foto dando cuenta de la masacre perpetrada por los terroristas. Esta foto se convertiría, muchos años más tarde, en una de las imágenes más desgarradoras de la recopilación reunida en la muestra fotográfica Yuyanapaq, organizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Por esta acción atroz, una entre miles de brutales crímenes, Abimael Guzmán y la dirección de Sendero Luminoso fueron sentenciados hace pocos años a la pena legal máxima y hoy cumplen la sentencia dictada por el tribunal (69 asesinados: 18 de ellos eran niños, niñas y adolescentes, uno de ellos de 6 meses de edad).

El 5 de abril de 1992, el presidente de la República Alberto Fujimori en complicidad con su asesor personas Vladimiro Montesinos, a quien había puesto de hecho en el comando del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y el jefe del Ejército, Nicolás Hermoza, dio un golpe de Estado, el más reciente de la historia peruana, una historia llena de golpes de Estado, típicos actos de prepotencia y militarismo, causa del atraso institucional y la pobreza de nuestro país. Al ser "disueltos" los mecanismos institucionales de la democracia, el poder quedó concentrado en el trtío Fujimori-Montesinos-Hermoza.
 
Poco después vendría el crimen de La Cantuta, que junto con el crimen de Barrios Altos constituyen los casos paradigmáticos de una política de violación de derechos humanos, ejecutada por el destacamento Colina, organización creada y alentada precisamente por dicho trío. La corrupciónfue el otro aspecto que se desbocó tras el golpe de 5 de abril. Años después, Montesinos y Hermoza caerían con cuentas secretas por decenas de millones de dólares en el extranjero. A diferencia de sus socios, Fujimori tuvo tiempo de fugar, llevándose decenas de maletas. Habría que ser ingenuo para no imaginar que estaban llenas de elementos que podían comprometerlo. Luego se las ingenió para eludir la justicia por varios años. hHoy dice que no sabía nada de lo que hacían sus íntimos socios y que no tuvo que ver nada en los crímenes cometidos en su gobierno. ¿Usted podría creerle? La justicia dió su veredicto, lo sentenció.

SENTENCIA:

Párrafo 821º, "Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre de la Nación y con el criterio de conciencia que la ley autoriza, habiendo planteado, discutidas y votadas las cuestiones de hecho que corren en pliego aparte, la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República;

FALLA:

823º CONDENANDO a Alberto Fujimori Fujimori o Kenya Fujimori, cuyas generales de ley han sido precisadas en el párrafo 4º, como autor mediato de la comisión de delitos de:

1. Homocidio calificado - asesinato, bajo la circunstancia agravante de alevosía.

2. Lesiones graves;

3. Secuestro agravado.

824º En tal virtud, le IMPUSIERON VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

RECORDAR:

Hoy, 3:00pm, en la Plaza Francia. 

Se recordará el 5 de abril de 1992. Entre otro de los hechos, las 300 mil mujeres que fueron esterilizadas durante la dictadura de Fujimori Fujimori. De la investigación, hay #2074 mujeres que esperan justicia y reparación integral.
 





Por Ronald Gamarra publicado el 03 de abril de 2009.

Fuente La República: http://www.larepublica.pe/columnistas/causa-justa/reflexiones-del-3-y-el-5-de-abril-03-04-2009

Foto La República y La Vanguardia.
Elaborado por el Equipo de Incidencia en Derecho.

La República: Los nuevos misterios del interminable caso Valdez

Confirmado inocente del asesinato del periodista Alberto Rivera, el ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez se apresta a reconquistar, en las próximas elecciones, el salón municipal de la provincia de Ucayalí.

¿Pero no era uno de los más grandes narcos del Perú? El Ministerio Público está obligado a decir qué avanzó en las investigaciones por narcotráfico y lavado de activos que le sigue desde hace más de diez años. 

Ricardo Uceda 

Los juicios contra el ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, fueron principales  en los últimos diez años tanto por la gravedad de los delitos que examinaban como por el impacto mediático, nacional e internacional, que adquirieron. Implicaban asesinato, narcotráfico y lavado de activos. Era la primera ocasión en la que se procesaba por crimen organizado a un dirigente político peruano. Cuando fue teatralmente detenido en su despacho de alcalde, en 2008, las autoridades asumían que su jerarquía era equivalente a la de Fernando Zevallos, preso desde 2005, en su momento uno de los diez mayores narcos de la DEA.

Las más altas instancias del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía estuvieron vinculadas con las investigaciones. Ahora resulta que la última palabra de la Corte Suprema es que Valdez no es culpable del asesinato del periodista Alberto Rivera, en 2004. De acuerdo con la información que se expondrá en este informe, es posible que también sea exculpado del cargo de narcotráfico. Y en cuanto al lavado, la tercera acusación, conviene examinar lo que hasta ahora existe en los expedientes. Se supone que Valdez, según sus acusadores dueño de una fortuna de 250 millones de dólares, lavó unos 70 millones provenientes de la venta de cocaína a los carteles colombianos y mexicanos. ¿Cuánto fue capaz el Estado de comprobarlo? 

DISCORDIA SUPREMA
 

Respecto del asesinato, la tesis del Ministerio Público fue que el alcalde Luis Valdez, con la complicidad del director municipal, Solio Ramírez, encargó eliminar al periodista Alberto Rivera porque lo acusaba de narcotraficante en su programa radial. Ramírez buscó a dos trabajadores municipales para que consiguieran ejecutores. En total, de acuerdo con la acusación, participaron nueve personas. Pero a fines del 2007 la justicia de Ucayali ya había sentenciado a siete autores materiales, entre ellos Lito Fasabi, quien disparó mortalmente contra Rivera. Valdez y  Ramírez fueron absueltos. La tesis de esta primera sentencia fue que uno de los implicados, Roy Culqui, por motivos personales, pagó a sicarios para que golpearan a Rivera. Se les pasó la mano y lo mataron. A partir de incriminaciones posteriores de algunos de los  implicados, el Ministerio Público acusó nuevamente a Valdez y Ramírez de ser instigadores principales. Dos veces más fueron absueltos. Este año, en medio de gran expectativa mediática,  la Suprema resolvía un pedido de nulidad contra la sentencia de la Corte Superior que hicieron la fiscalía y la parte civil.

Una de las razones del pedido de nulidad fue que los jueces no valoraron adecuadamente las pruebas, algo por lo que difícilmente cabe anular un juicio. Los magistrados pueden adoptar un criterio errado. Otro motivo fue que hubo vicios procesales. Por ejemplo, no se leyeron declaraciones de algunos testigos durante una sesión del juicio oral. Además, el voto de uno de los jueces que exculparon a los acusados contenía contradicciones que lo viciaban, según la fiscalía. Tres jueces supremos les dieron la razón a los impugnadores: Víctor Prado, Hugo Príncipe y Jorge Salas. En el mismo colegiado votaron en contra César San Martín y Duberlí Rodríguez. Como la sentencia requería votación calificada de cuatro, fueron llamados dos vocales supremos más para dirimir.

Estos nuevos, Baltazar Morales y Luis Alberto Cevallos, inclinaron la balanza hacia la absolución. Los cuatro vencedores pusieron en un segundo plano las cuestiones de procedimiento. 

LAS ABSOLUCIONES 

San Martín y Rodríguez, suscriptores de un mismo texto, hicieron notar que  ni la fiscalía ni la parte civil habían alegado como causal de nulidad que determinadas declaraciones de testigos no fueran leídas en el juicio oral. Tampoco era relevante. Añadieron que, ocurrida la omisión, tampoco producía un vicio insubsanable del proceso, pues ellos, como vocales supremos, la última instancia, podían considerar todo lo actuado. En cuanto a la valoración de la prueba, cuya deficiencia era el meollo del pedido de nulidad, ambos jueces encontraron improcedente anular el fallo porque la argumentación de Jorge Alberto Egoavil, uno de los magistrados que absolvieron a Valdez y Ramírez, presentaba contradicciones. Consideraron que, en lo fundamental, Egoavil expresó coherentemente sus motivos para no condenarlos. A renglón seguido, la dupla San Martín-Rodríguez desarrolló su principal argumento: la acusación presentaba vacíos, hechos falsos, y conclusiones desacertadas.

La versión del autor material y principal acusador, Lito Fasabi, hacía agua por varios lados. Fue quien mató a Rivera al dispararle en el pecho cuando este forcejeaba con otro sicario, Víctor Mendoza, quien llevaba la peor parte en su intento de reducirlo a golpes. Esta forma de iniciar el asesinato que supuestamente cometerían –someter a la víctima a puño limpio–, fue uno de los hechos que debilitaron la tesis de la fiscalía. Otro, el que los sicarios no hayan cobrado nada por adelantado de los 300,000 dólares que supuestamente les ofreció Valdez por el asesinato. Otro, que el vehículo oficial que usaba el alcalde, descrito pormenorizadamente por Fasabi, en el cual según este los acusados le pidieron matar al periodista, estaba comprobadamente en otra ciudad. Otro, que se comprobó que  la pistola supuestamente proporcionada por Valdez que el sicario entregó a la justicia como si fuera el arma del crimen, en realidad no era la que había disparado contra el periodista. Otro, que los móviles no se hallaban  suficientemente acreditados. Valdez no estaba sólidamente acusado por narcotráfico y la condición de subalternos de varios implicados no era suficiente para que cargaran sobre sus espaldas un asesinato tan escandaloso.

Aunque no lo afirman explícitamente, San Martín y Rodríguez se muestran más en sintonía con la primera sentencia de Ucayali: a Rivera quisieron amedrentarlo a golpes y lo mataron cuando ofreció resistencia. ¿Y qué opinaron los jueces dirimentes? Baltazar Morales sostuvo que luego de diez años la fiscalía ya había tenido tiempo suficiente para lograr pruebas convincentes, y que el Poder Judicial no podía subvencionar su labor con un nuevo juicio que perjudicaría los derechos humanos de acusados que ya habían tenido tres sentencias absolutorias. Por su parte, Luis Alberto Cevallos dijo que el juicio había excedido todos los plazos razonables, de acuerdo con el ordenamiento jurídico: ampliarlo era abrir una etapa ilegítima y violatoria de los derechos de Valdez y Ramírez. 

561 KILOGRAMOS 

Ahora bien, hasta aquí, de acuerdo con la justicia, no hay pruebas para condenar a Valdez. Pero la posibilidad de que sea inocente plantea varios asuntos de reflexión para el periodismo y el sistema judicial. Sobre todo porque hay dos procesos judiciales más, que fueron evidentemente animados por la acusación de asesinato. Uno es por lavado de activos. Por este delito es que Valdez fue detenido en Pucallpa, junto con 15 personas de su presunta banda, el 8 de octubre del 2008. Estas personas están ahora en libertad, sin acusación. Aquel año el Estado tomó el control de cinco empresas exitosas de Valdez, que presumiblemente eran las fachadas para lavar el dinero del narcotráfico, y en 2011 fueron devueltas –dos de ellas quebradas– porque el juez sostuvo que no había pruebas suficientes para suponer que eran parte de un engranaje delictivo. Valdez estuvo preso 22 meses en Castro Castro hasta que en 2010 obtuvo una orden judicial que le permitía seguir sus procesos en libertad. El juicio de lavado de activos está en la etapa de instrucción desde hace seis años. El juez y el fiscal deben demostrar que el dinero procede de una actividad delictiva. Si no lo hacen, no hay caso. La hipótesis es que Valdez lavó dinero del narcotráfico. Se funda en dos situaciones que se investigan más de una década.

En octubre del 2003 fueron descubiertos en el terminal marítimo del Callao 561 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un container con triplay que iba a ser exportado a Guatemala por Industrial Ucayali S.A., una de las empresas de Valdez. Las investigaciones comprobaron que el cambio de la madera por droga se produjo cuando el cargamento ya no estaba en poder de Industrial Ucayali sino de Neptunia, la agencia de almacenaje. Incluso Neptunia no tenía responsabilidad porque demostró que la madera salió de sus instalaciones con la carga original. En el trayecto hacia el terminal marítimo, el chofer cambió el contenido de uno de los contenedores, que dio menor peso cuando fue controlado en el terminal. En ese momento el chofer, Rómulo Uribe, se dio a la fuga. Más tarde, cuando se entregó, identificó a quien le pagó para cambiar algunas placas de triplay por cocaína, y a los cómplices que lo ayudaron. Todos fueron sentenciados menos el que contrató a Uribe, Julio César Gamboa, porque al momento de la lectura de la sentencia se hallaba prófugo. Valdez jamás estuvo acusado en este proceso.

Cuando fue detenido, en 2006, Gamboa dijo que la droga se la había dado Roger Poémape, un supuesto narcotraficante, a quien escuchó decir que era de Valdez. Después se desdijo. Aunque el fiscal acusó a Valdez y Poémape de dirigir una banda de narcotraficantes, el juez desestimó la denuncia. Dijo que la mención del apellido del alcalde por Gamboa se produjo bajo presión policial y que Poémape no estaba en el país cuando se organizó el delito. Ante una apelación de la fiscalía, la Corte Superior confirmó la decisión judicial: no había elementos probatorios. El último acto ocurrió en abril del 2013, casi diez años después de los hechos. La Corte Suprema, ante una queja de la Procuraduría Antidrogas por deficiencias en la motivación del fallo, ordenó al juez abrir proceso. Pero el expediente, los hechos, las declaraciones, siguen siendo los mismos. Quizá por eso el juez del Octavo Juzgado Penal del Callao no ha iniciado el proceso todavía.

–Seguimos esperando –dijo para esta nota la procuradora Antidrogas Sonia Medina. 

LAVADO Y SECADO 

Esta falta de suficiencia probatoria en el caso de narcotráfico contrasta con lo que se vino publicando sobre Valdez desde que Rivera fue asesinado: que había estado preso cuatro años por vender droga, que sus exportaciones eran la pantalla para llevar cocaína a Norteamérica, que fue socio de Fernando Zevallos en el narcotráfico continental. En la mayoría de los casos, se trató de versiones alimentadas abierta o indirectamente por lapolicía antidroga, DIRANDRO, notas de inteligencia que con el tiempo no terminaron en un atestado o investigación. La policía nunca probó esas afirmaciones ni las publicó oficialmente. Así, el único hecho concreto que amparó las imputaciones sometidas a proceso fue el descubrimiento de droga en el container de Industrial Ucayali en 2003. Otro hecho, anunciado pomposamente, pareció ser una bala entre los ojos de Valdez. Pero se desvió.  

La policía lo anunció en 2008: autoridades holandesas encontraron 171 kilos de cocaína en tubos de plástico exportados desde Perú por la empresa Forestal Export. El tramitador era el mismo de las empresas de Valdez, lo que estableció la conexión con el entonces alcalde de Pucallpa. Además, Lester Marina, dueño de Forestal Export, había proveído a empresas del alcalde de Pucallpa. Con el tiempo,  sin embargo, la presunción se diluyó. Marina no era el exportador. No está acusado y el atestado policial lo exculpa. La policía comprobó que fue víctima de una adulteración de documentos.

El caso de narcotráfico se halla estancado, de acuerdo con la procuradora Antidrogas Sonia Medina.

En cuanto al de lavado de activos, el Ministerio Público continúa analizando los documentos contables de la actividad empresarial de Valdez, quien en los años setenta, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ya era uno de los diez principales contribuyentes del país. La investigación policial ha determinado que el conjunto de las empresas vinculadas a Valdez no pueden sustentar 71 millones de dólares. Los abogados de Valdez arguyen que muchas de estas empresas no tienen relación alguna con el ex alcalde y que las suyas están en orden. De acuerdo con una fuente que participó en la investigación, las observaciones principales son dos: una venta de madera por el equivalente de 4.6 millones de dólares, de la cual el supuesto comprador  –una modesta carpintería– dice no saber nada, y el insólito crecimiento de una empresa cervecera de Valdez. Produjo pérdidas dos años y en el tercero tenía un patrimonio mayor a diez millones de dólares.

¿Culpable o inocente? El JNE debe absolver una tacha interpuesta contra la candidatura de Valdez a la alcaldía de Pucallpa, por domicilio impertinente. Según Valdez, la impugnación es improcedente. Pero lo fundamental es que el Ministerio Público explique, después de diez años de ser el titular de la acción penal, si el personaje es narco o no. O, por lo menos, qué avanzó después de tantos años de investigaciones 

Nota de Ricardo Uceda.

Fuente La República: http://www.larepublica.pe/22-07-2014/los-nuevos-misterios-del-interminable-caso-valdez

Salomón Lerner Febres: El caso Bustíos y el ministro del Interior

Durante más de una década, quienes trabajamos en la Comisión de la Verdad y Reconciliación hemos insistido en la necesidad de alcanzar el máximo de justicia posible en el país en relación con los crímenes y violaciones de los derechos humanos producidas entre 1980 y 2000. Hemos sostenido esta postura por una firme convicción ética: resulta necesario que quienes cometieron graves delitos durante el conflicto armado interno puedan ser sancionados por actos execrables que no pueden ser catalogados, en varios casos, como meros excesos. Y, por ello, resulta indispensable que, en el caso de los miembros de las fuerzas del orden, el Estado brinde todas las facilidades posibles para el procesamiento penal de estas personas, sin que puedan ser encubiertas o, menos aún, premiadas con cargos de representación política.

Hace algunos días, el Instituto de Defensa Legal ha dado a conocer que el actual ministro del Interior, Daniel Urresti, se encuentra procesado por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos ocurrido el 24 de noviembre de 1988. Dicha información no era conocida por la opinión pública al momento de su designación y, hasta el momento, se desconoce si el ministro había contado al Presidente de la República sobre la misma. Los hechos que involucran a este funcionario tienen una alta gravedad.

En la sección respectiva del Informe Final dedicada al rol de los medios de comunicacióndurante el conflicto, la CVR relató el caso del periodista Bustíos. Este ciudadano, periodista de la ciudad de Huanta, junto a su colega Eduardo Rojas Arce, cubrían los sucesos deviolencia que ocurrían en esta convulsionada zona del país. Ambos habían sido amenazados por miembros del Ejército, por sus informaciones sobre abusos y violaciones de los derechos humanos. El día que ocurrió el asesinato de Bustíos, los hombres de prensa estaban investigando el asesinato de dos personas a manos de Sendero Luminoso. Fueron emboscados por una patrulla del Ejército, cuyos miembros ultimaron al corresponsal de la revista Caretas con una carga de dinamita. El caso fue inicialmente procesado por la justicia militar, donde quedó en la impunidad, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en 1997 que debía hacerse una nueva investigación de este caso. Este punto no fue cumplido por el Estado peruano hasta que la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su Informe Final.

Finalmente, en doble instancia, el Poder Judicial peruano condenó a Víctor La Vera Hernández y Amador García Sanbento a 17 y 15 años de prisión, respectivamente, como autor mediato e inmediato de estos hechos y ordenó al Ministerio Público que iniciara una investigación contra los demás involucrados en el crimen. Producto de las indagaciones hechas por las instancias fiscales y judiciales, cuatro testigos –entre ellos, el sentenciado García Sanbento– han sindicado a Urresti como jefe de la patrulla y oficial de inteligenciaque participó presuntamente en estos hechos.

Resulta cierto que deben respetarse las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia en este caso. Sin embargo, es inadmisible políticamente que el señor Urresti, independientemente de sus calidades personales y profesionales, permanezca comomiembro del Consejo de Ministros de un gobierno democrático. Existen razones de principio para ello. En diversas partes del mundo, funcionarios investigados por hechos que atentan contra la dignidad de los seres humanos han debido presentar su carta de renuncia, debido a que el Estado debe garantizar su imparcialidad en el sistema de justicia, sobre todo, frente a crímenes graves que afectan a toda la humanidad. Resulta inaceptable, además, que una persona que esté procesada por un crimen de lesa humanidad sea la encargada de la política de seguridad interna de nuestro país. Peor aún, cuando se trata de un crimen contra un periodista, donde no solo se afecta su vida y la de sus familiares, sino también a toda la comunidad, que no conoció informaciones que podían ser reveladas por este hombre de prensa. Además, un funcionario sobre el que pesa un cargo tan grave pierde credibilidad frente a todos sus interlocutores y, por supuesto, para enfrentar a la criminalidad que afecta a nuestro país.

En el juramento que hizo durante la campaña electoral, el señor Presidente de la República se comprometió, expresamente, a respetar los derechos humanos, así como a no permitir ningún tipo de influencia política en las investigaciones que sobre la violación de estos derechos estén en curso o se abran en el futuro. Es hora de que cumpla su palabra y pida a su ministro que deje el cargo en el que lo designó. Sería un gesto que honraría lo que prometió a todos los peruanos.

Fuente La República:  http://www.larepublica.pe/columnistas/desde-las-aulas/el-caso-bustios-y-el-ministro-del-interior-04-07-2014

Víctor Prado: “Yo redacté la autoría mediata en fallo a Fujimori”

Testimonio

Juez rechazó que correos atribuidos a abogados españoles hubieran servido para elaborar la sentencia. "Mis conocimientos son suficientes", asegura:

Los e-mails atribuidos al juez supremo César San Martín y abogados españoles en los que se habla de la autoría mediata no permitirán revisar la sentencia a Alberto Fujimori, afirmó el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga.

Además, el magistrado niega que esos correos hubieran servido para elaborar la sentencia. 

"Yo soy el autor de ese capítulo de la sentencia sobre la autoría mediata, por la calidad particular de mi formación en derecho penal, la hice sobre la base de las fuentes que consulté y que están en ese capítulo a pie de página", declaró .

Prado Saldarriaga es uno de los tres jueces que, junto a San Martín, juzgaron y condenaron a Fujimori. El otro fue el doctor Hugo Príncipe Trujillo. 

Anotó que entre la bibliografía consultada están las obras de Claus Roxin, de nacionales como Raúl Pariona, Iván Meini, José Castillo Alva. 

Esto además de la jurisprudencia existente sobre la materia, como las sentencias de laCorte Suprema Argentina o la sentencia a Abimael Guzmán. 

DERECHO PENAL 

El magistrado recordó también que, por lo complejo del tema, los tres jueces se dividieron la elaboración de la sentencia. Prado se encargó de la autoría mediata, San Martín de la parte procesal y Príncipe Trujillo del contexto social e histórico en que sucedieron loshechos juzgados. 

"Uno solo no decide. Los tres discutimos cada tema, pero la especialidad de la materia determinaba que fuera yo –por los conocimientos especializados que tenía sobre el área penal– quien redactara el capítulo de la autoría mediata", insistió.

Prado Saldarriaga es profesor de derecho penal por casi 30 años en las universidades San Marcos y La Católica y tiene alrededor de 30 libros publicados, conferencias y artículos sobre derecho penal.

En torno al cuestionamiento al fallo, el juez asegura que recién conoció esos correos durante la campaña de la elección de San Martín como presidente de la Corte Suprema. 

"La sentencia a Fujimori es inamovible, ha sido confirmada por la Corte Suprema y tiene el aval internacional, incluso el propio Claus Roxin ha reconocido los aportes que hemos hechos a la teoría de la autoría mediata", subrayó.

Anotó que para desvirtuar cualquier cosa basta comparar las 33 páginas referidas a las autoría mediata con lo que aparece en los correos.

Enfatizó que para revisar un sentencia firme se requiere nueva prueba que no hubiera sido discutida en el juicio, no algún problema disciplinario de los jueces.

TODOS CONSULTAMOS 

"No tengo idea de cuál sería la posibilidad de conectarnos con esos correos, que ni siquiera sabíamos que existían. Todos los casos complejos generan que un magistrado que desea emitir un fallo correcto, pueda consultar bibliografía pertinente, eso está en la responsabilidad del propio magistrado", indicó Victor Prado Saldarriaga. 

Agregó que el Consejo Nacional de la Magistratura conoce que él se encargó de redactar el capítulo de la autoría mediata en la sentencia a Fujimori, porque los consejeros preguntaron ese tema cuando él y César San Martín fueron entrevistados en su proceso de ratificación.

 

Fuente La República, César Romero: http://www.larepublica.pe/07-01-2014/juez-victor-prado-yo-redacte-la-autoria-mediata-en-fallo-a-fujimori