HRW: Políticas que fomentan el embarazo adolescente en República Dominicana

Las niñas necesitan una educación integral en sexualidad y acceso a servicios de salud y un aborto seguro

(Nueva York) - A las adolescentes de República Dominicana se les niegan sus derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso a un aborto seguro, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las autoridades deberían implementar un nuevo plan para una educación integral en sexualidad y despenalizar el aborto para frenar el embarazo adolescente no deseado y reducir el aborto inseguro.

El informe de 55 páginas, “‘I Felt Like the World Was Falling Down on Me’: Adolescent Girls’ Sexual and Reproductive Health and Rights in the Dominican Republic” (“‘Sentí que el mundo se venía abajo”: Salud y derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en la República Dominicana”), documenta cómo las autoridades han postergado el lanzamiento de un programa de educación en sexualidad largamente esperado, dejando a cientos de miles de niñas y niños adolescentes sin información científica precisa sobre su salud. El país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La prohibición total del aborto en el país significa que una adolescente que se enfrenta a un embarazo no deseado debe continuar ese embarazo en contra de su voluntad u obtener un aborto clandestino, a menudo poniendo en grave riesgo su salud e incluso su vida.

“Las niñas deben estar preparadas con la información y los servicios de salud para prevenir embarazos no deseados y tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y relaciones”, dijo Margaret Wurth, investigadora sénior sobre Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. “Al negarles sus derechos sexuales y reproductivos, las autoridades dominicanas no les están brindando a las niñas y mujeres jóvenes todas las oportunidades para continuar su educación y llevar una vida saludable, exitosa y enriquecedora”.

El informe se basa en entrevistas a 30 niñas y mujeres que quedaron embarazadas antes de cumplir los 18 años, y decenas de otras personas, incluidos estudiantes, jóvenes LGBT, proveedores de atención médica y servicios sociales, y expertos en el campo.

La alta tasa de embarazos de adolescentes en la República Dominicana es una consecuencia de la inadecuada educación en sexualidad del país y la necesidad no cubierta de anticoncepción. Los datos de salud pública muestran que el 20,5 por ciento de las niñas y mujeres jóvenes de 15 a 19 años en la República Dominicana quedan embarazadas en la adolescencia. La mayoría de estos embarazos no son planeados ni deseados. Las leyes que tipifican como delito el aborto crean un temor generalizado y empujan el aborto a la clandestinidad, obligando a las mujeres y las niñas a recurrir a medidas inseguras para poner fin a los embarazos no deseados.

Las niñas y mujeres jóvenes describieron haber sentido una angustia extrema al enterarse de un embarazo no planificado. “Sentí como si se me cayera el mundo encima”, dijo una joven. “Me estaba volviendo loca, pensando que no podía tener un hijo”, añadió. “Estaba aterrorizada”, dijo otra.

La prohibición del aborto en el país tiene distintos impactos que perjudican a las adolescentes, descubrió Human Rights Watch. La actividad sexual a menudo está altamente estigmatizada entre las adolescentes. A una niña que enfrenta un embarazo no deseado le puede resultar más difícil que a una mujer adulta buscar ayuda, lo que podría llevarla a recurrir a métodos de aborto menos seguros. Varias niñas y mujeres jóvenes dijeron que trataron de interrumpir un embarazo clandestinamente antes de los 18 años. Expertos internacionales en derechos humanos han concluido que negar el acceso al aborto a niñas y mujeres es una forma de discriminación y pone en peligro una serie de derechos humanos.

Expertos de las Naciones Unidas han instado a los gobiernos a proporcionar a los estudiantes una educación sexual integral, desde una edad temprana. Según el derecho internacional de los derechos humanos, así como la legislación nacional en la República Dominicana, los menores tienen derecho a acceder a información sobre salud sexual y reproductiva.

La República Dominicana se encuentra bajo escrutinio internacional por no proporcionar una educación sexual, científicamente precisa y basada en los derechos, en las escuelas. En 2015, las autoridades anunciaron planes para incorporar la educación integral en sexualidad en el currículo nacional y desarrollaron materiales para educadores y orientadores. Pero la Junta Nacional de Educación no ha aprobado el nuevo enfoque para que pueda implementarse en todo el país.

Algunas escuelas ofrecen talleres o instrucción sobre educación sexual, pero no existe un enfoque obligatorio y consistente. “Depende de la buena voluntad del profesor”, dijo un experto.

Una orden departamental de mayo de 2019 por parte del ministro de educación que ordena la creación de una política de género para el Ministerio y el sistema educativo podría requerir que las autoridades proporcionen una educación integral en sexualidad. Queda por ver si esta nueva estrategia se implementará de manera efectiva para garantizar los derechos de las niñas adolescentes.

Muchos adolescentes en la República Dominicana también pasan apuros para obtener servicios de salud confidenciales y no estigmatizantes, y algunos no tienen acceso a servicios importantes de salud sexual y reproductiva, como la anticoncepción. “No reciben servicios de calidad ni tratamiento confidencial”, dijo un experto. Una encuesta del Ministerio de Salud de 2013, los datos más recientes disponibles, encontró que el 27 por ciento de las niñas y mujeres jóvenes de 15 a 19 años, y el 21 por ciento de 20 a 24  años tienen necesidades de anticonceptivos no cubiertas.

El embarazo precoz conlleva graves riesgos para la salud de las madres jóvenes y sus bebés. Algunas de las madres jóvenes entrevistadas sufrieron complicaciones durante el embarazo o el parto, algunas de las cuales resultaron en la muerte de los bebés.

Las estudiantes embarazadas y las madres jóvenes a menudo pasan dificultades para continuar su educación. Para otras es simplemente imposible. Algunas dijeron que enfrentaron actitudes discriminatorias por parte de maestros o administradores escolares, por lo que abandonaron la escuela durante el embarazo o después del parto. Algunas nunca regresaron.

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Fuente HRW: https://www.hrw.org/es/news/2019/06/18/republica-dominicana-politicas-que-fomentan-el-embarazo-adolescente

Maternidad Libre y segura en República Dominicana una deuda pendiente con los derechos de las mujeres

Rosaura Almonte Hernández —en adelante Esperancita— falleció en República Dominicana el 17 de agosto de 2012 con 16 años de edad. Le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda y aunque requería la administración urgente de quimioterapia, los médicos dilataron el acceso al tratamiento porque estaba embarazada y querían preservar la salud del feto. “A nadie le importó nunca la vida de mi hija. Para todos era más importante el embarazo”, recuerda su madre. Esperancita quería interrumpir el embarazo e iniciar el tratamiento de quimioterapia lo antes posible. Sin embargo, el personal del hospital buscó convencerla de no hacerlo. Cuando se lo suministraron ya era tarde. Un mes y medio después de haber ingresado al hospital, Esperancita tuvo un aborto espontáneo y murió por una hemorragia uterina.

En un país donde el acceso al aborto se prohíbe y se criminaliza sin excepción, los médicos no permitieron que Esperancita interrumpiera su embarazo. Y eso le costó la vida. A partir de la muerte de Esperancita quedaron expuestas las deficientes condiciones de atención médica a las mujeres gestantes, la imperiosa necesidad de permitir el acceso al aborto terapéutico y las consecuencias de las prácticas de maltrato y violencia obstétricos.

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Fuente Women's Link Worldwide: http://www.womenslinkworldwide.org/

CIDH: Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana

Informe de país, sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde principios de la década de los noventa del siglo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha monitoreado las dificultades y obstáculos que enfrentan los hijos de migrantes haitianos nacidos en territorio dominicano para ser registrados y contar con la documentación que pruebe su nacionalidad dominicana, en aplicación del principio de jus soli. En un primer momento, funcionarios de Oficialías del Estado Civil se negaban a registrar el nacimiento de hijos de migrantes haitianos nacidos en República Dominicana por el hecho de que sus padres se encontraban en situación migratoria irregular. El argumento comúnmente utilizado por las autoridades era que de acuerdo a la Constitución, los hijos de extranjeros en tránsito no podían adquirir la nacionalidad dominicana en aplicación del principio de jus soli. El origen nacional y la situación migratoria de sus padres ha conllevado a que los hijos de migrantes haitianos nacidos en territorio dominicano hayan tenido que enfrentar diversas formas de discriminación a lo largo de sus vidas, las cuales no solamente han vulnerado sus derechos a la nacionalidad, la personalidad jurídica y la igualdad y no discriminación, sino que también han conllevado a la violación de otros de sus derechos humanos.

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Fuente CIDH:  http://www.oas.org/es/cidh/

República Dominicana: Hoja de Ruta Nacional 2015 - 2018 para la Prevención de la Violencia contra la Niñez

República Dominicana presentó oficialmente la Hoja de Ruta 2015-2018 para la Prevención y Atención de la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes. La Hoja de Ruta recoge las obligaciones que han adquirido diferentes instituciones del Estado, las organizaciones sociales y los organismos internacionales para eliminar la violencia contra las personas menores de 18 años. 

Con este Plan Nacional, el país se compromete a implementar las recomendaciones del Informe Mundial Sobre la Violencia Contra los Niños y las Niñas. 

Partiendo de que ninguna forma de violencia contra la infancia es justificable, que la violencia contra los niños y niñas es prevenible y que el Estado debe proteger a todos los niños y niñas, la Hoja de Ruta incide en la prevención, detección, atención y protección en el hogar, la escuela, la comunidad y las instituciones de protección y justicia, entornos en los que transcurren las vidas de los niños, las niñas y los adolescentes.

La Hoja de Ruta es el resultado de tres años de trabajo interinstitucional y consultas a diversos sectores, incluyendo a los propios niños, niñas y adolescentes. El documento ha sido suscrito por todos los miembros del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia: Presidenta Ejecutiva CONANI, Procurador General de la República, Ministro de Salud, Ministro de Educación, Ministra de Trabajo, Ministra de la Mujer, Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, Presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Presidente del Consejo de la Empresa Privada, representante de Iglesias Evangélicas y representantes de la Coalición Nacional de ONG por los Derechos de la Infancia.

La Hoja de Ruta establece 24 metas y resultados esperados para 2018 con indicadores específicos y su cumplimiento será monitoreado por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. 

La Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, Sra. Marta Santos Pais, participó en el evento de presentación y destacó el proceso participativo y de reflexión que se llevó a cabo para desarrollar esta Hoja de Ruta, la primera de América Latina y el Caribe y un ejemplo de buena práctica para los demás países.

UNICEF ha apoyado técnicamente todo el proceso de formulación de la Hoja de Ruta y las disposiciones para su implementación y monitoreo.

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Fuente UNICEF: http://www.unicef.org/republicadominicana/media_29659.htm

El debate del aborto avanza en la región

El Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York, informó sobre los avances en el debate sobre el aborto en Latinoamérica. Los casos de Chile, Dominicana y El Salvador.

Los debates por el acceso al aborto mostraron avances significativos en el último año en algunos países de América latina. El proyecto de ley que impulsa la presidenta Michelle Bachelet en Chile para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en algunas circunstancias; la aprobación en diciembre en República Dominicana de una reforma al Código Penal que permitirá acceder a un aborto seguro cuando la vida de la mujer o el feto estén en riesgo, así como cuando se den malformaciones incompatibles con la vida y en casos de violación, y el indulto otorgado a comienzos de año en El Salvador a Guadalupe, una joven que pasó siete años privada de su libertad por sufrir un aborto espontáneo de un embarazo producto de una violación a sus 18 años, son algunos de los hechos más relevantes, destacados en un informe elaborado por el Centro de Derechos Reproductivos, una reconocida organización con sede central en Nueva York, que trabaja en la temática a través de litigios estratégicos.

Sobre la Argentina, donde la discusión parlamentaria por la descriminalización del aborto permaneció estancada durante 2014, el CDR celebró el acto público en el que las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires del área de derechos humanos le pidieron disculpas en diciembre a la joven con discapacidad mental L. M. R., por denegarle el acceso a un aborto legal en 2006 en un hospital de La Plata, luego de quedar embarazada como consecuencia de un abuso sexual cometido por un familiar, un caso por el cual el Estado argentino fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El pedido de disculpas públicas fue parte de las medidas de reparación acordadas con la víctima y su madre, luego del pronunciamiento del Comité.

El informe del CDR analiza avances, retrocesos y desafíos en Latinoamérica en relación con el acceso a los derechos reproductivos en 2014 y se extiende al inicio de este año. Fue difundido por su oficina regional, que está ubicada en Bogotá y dirige la colombiana Mónica Arango Olaya. “Durante el 2014, los debates en torno de la garantía de los derechos reproductivos en América latina tuvieron una gran relevancia. Si bien se dieron pasos importantes hacia su protección y reconocimiento, persisten barreras formales y sustantivas que siguen limitando el goce efectivo de los derechos fundamentales de las mujeres”, observó Arango.

La interrupción voluntaria del embarazo en la región se caracteriza por legislaciones que criminalizan la práctica y sólo la permiten en causas específicas. En algunos países incluso está prohibido en todas las circunstancias. Este escenario empuja a las mujeres que necesitan abortar a la clandestinidad, con los riesgos que implica. Los únicos países donde el aborto está legalizado son Puerto Rico, Cuba, tres países de Antillas Francesas, Guyana Francesa, Guyana y Barbados. El aborto está totalmente prohibido en Chile, El Salvador, Honduras, Saint Martin (Antillas Holandesas), República Dominicana y últimamente en Nicaragua.

Uno de los principales avances señalados por el CDR en la región es la reforma al Código Penal aprobada en diciembre en República Dominicana, que entrará en vigencia después de un año de la publicación de la ley y permitirá acceder a un aborto seguro cuando la vida de la mujer o el feto estén en riesgo, así como cuando se den casos de malformaciones incompatibles con la vida y en casos de violación. El proyecto que anunció en enero la presidenta Bachellet en Chile apunta en el mismo sentido. “El Congreso chileno enfrenta un momento crucial para reformar su legislación y liberalizar el aborto de manera gradual, como supuesto básico para cumplir con la obligación de garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la información, los bienes y los servicios de salud reproductiva”, apunta el informe del CDR.

Otro de los hechos relevantes a nivel regional es la declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos adoptada en septiembre por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La declaración reconoce que la discriminación de género, los estereotipos culturales y la falta de garantía de los derechos sexuales y reproductivos son obstáculos para que las mujeres y niñas vivan libres de violencia.

En junio, el Estado peruano adoptó un protocolo nacional para la prestación de servicios de aborto legal y seguro que “proveerá claridad para el personal médico y pacientes sobre el acceso a dicho procedimiento”, puntualiza el CDR. La adopción de este protocolo es parte de las recomendaciones de una decisión histórica del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité Cedaw), en el cual se determinó la violación por parte del Estado de los derechos humanos de L.C., a quien le negaron el acceso a los servicios de aborto legal.

En marzo, el Estado de Brasil realizó la reparación económica y simbólica en el marco de la ejecución de la decisión Comité Cedaw en el caso conocido como “Alyne vs. Brasil”, por la cual se estableció la responsabilidad internacional de ese país por la muerte de Alyne, una mujer afrobrasileña que no recibió atención médica de calidad por complicaciones asociadas con su embarazo. El caso es el primero que establece la responsabilidad en el marco internacional, por faltar a la obligación de garantizar la calidad del cuidado de salud y el embarazo seguro.

Entre los retrocesos y desafíos, el CDR menciona las siguientes novedades:

- En Colombia, en marzo, la Corte Constitucional avaló la práctica de la esterilización quirúrgica a personas de menos de 18 años con discapacidad cognitiva y psicosocial, luego de resolver una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prohibía, en todos los casos, practicar procedimientos quirúrgicos con fines anticonceptivos.

- En Uruguay, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo suspendió 10 artículos del decreto reglamentario de la ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo y restringe el derecho a la objeción de conciencia de los médicos en materia de aborto. “La decisión adoptada por el alto tribunal pone en riesgo los límites al derecho a la objeción de conciencia de los prestadores médicos, lo cual se traduce en mayores barreras de acceso a los procedimientos de aborto por parte de las mujeres”, advirtió el CDR.

- En Honduras se mantiene la penalización total del aborto, así como la prohibición de la anticoncepción de emergencia. “Ambas restricciones violan los derechos a la autonomía reproductiva, a la integridad personal, a la intimidad, a la salud y a la vida de las mujeres, y han generado un contexto de persecución para aquellas mujeres que intentan acceder a los servicios de salud reproductiva”, señaló la organización.

Vea la publicación "Abortion and Reproductive Rights in Latin America: Implications for Democracy" (sólo disponible en inglés), resume la discusión del Simposio sobre el estado de los derechos reproductivos en América Latina.

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Fuente Página12: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-267689-2015-03-09.html

Corte IDH: República Dominicana es responsable internacionalmente por la expulsión de personas haitianas y dominicanas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el día de hoy la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas, sometido a la jurisdicción de la Corte el 12 de julio de 2012 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El caso se refiere a las privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas de República Dominicana hacia Haití, incluidasniñas y niños, ocurridas entre los años 1999 y 2000, sin las debidas garantías y sin acceso a un recurso efectivo para garantizar sus derechos. En esta situación, los documentos de identidad oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las autoridades estatales al momento de la expulsión, o bien, en otros casos las víctimas nacidas en República Dominicana no se encontraban registradas ni contaban con documentación que acreditara su nacionalidad. La Corte determinó que para la época de los hechos en República Dominicana las personas haitianas y de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban indocumentadas y en situación de pobreza. Además, sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios, inclusive por parte de autoridades, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad. Por otra parte, la Corte determinó la existencia, al menos durante un período cercano a una década a partir de 1990, de un patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria. La Corte concluyó que República Dominicana era responsable internacionalmente por la violación de los derechos que se detallan a continuación.

La Corte determinó la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad y, por el conjunto de dichas violaciones, al derecho a la identidad, en condición de que las expulsiones se efectuaron desconociendo sus documentos de identificación personal y que acreditaban su nacionalidad. Asimismo, el Tribunal determinó la violación de los derechos del niño en el caso de las víctimas niñas y niños, pues el Estado no tuvo en cuenta su interés superior. Igualmente, el Estado es responsable de la violación de los referidos derechos en perjuicio de Víctor, Miguel, Victoria y Natalie, todos de apellido Jean, quienes nacieron en el territorio dominicano, pero no habían sido registrados ni contaban con documentación que acreditara su identidad y nacionalidad.

Aquí la sentencia completa: 

CorteIDH seriec_282_esp.pdf by sofiabloem

 
Fuente Corte IDH: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp.pdf

Fotos fuente CEJIL.

Bélgica Adela Mirabal, Dedé, hermana de las mariposas de la República Dominicana

Dedé Mirabal, superviviente del crimen más negro de Trujillo

El primer día de este mes falleció a los 88 años Bélgica Adela Mirabal, Dedé, la única superviviente de las hermanas Mirabal, las mariposas de la República Dominicana, símbolo de la lucha contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y de la dignidad femenina universal. Dedé murió en Santo Domingo con su misión vital cumplida: desde el 25 de noviembre de 1960 había dedicado toda su vida a mantener viva la memoria de sus hermanas. Minerva, Patria y María Teresa fueron asesinadas aquel día por orden expresa del dictador. Esa fecha fue declarada por la ONU como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las hermanas se convirtieron en símbolo internacional de la resistencia de las mujeres contra la violencia.

Conocí a Dedé Mirabal en Veracruz, México, cuando preparábamos En el tiempo de las mariposas, la película que adaptaba la obra de Julia Álvarez que cuenta de forma novelada la vida de las tres mujeres asesinadas por Trujillo. Dedé nos visitó acompañada de Minou Tavárez, su sobrina, hija de Minerva. Las dos mujeres nos instruyeron sobre sus recuerdos, los detalles que llenaban su infancia y adolescencia en el hogar familiar, nos prestaron una parte del alma de las mariposas. Aquella película me permitió adentrarme en la historia reciente de la República Dominicana, un país que adoro.

Todo había empezado cuando Minerva Mirabal se inició en la lucha política en compañía del que fuera su compañero de vida, Manuel Tavárez, Manolo, también asesinado por Trujillo. Minerva fue militante activa del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, del que Tavárez era líder. Una agrupación de jóvenes, campesinos, estudiantes, seminaristas y profesionales que apenas tuvo ocasión de desplegarse. El régimen la desmanteló mediante detenciones masivas, torturas sistemáticas, desapariciones y asesinatos. Pero su mera existencia evidenció lo numeroso y extenso que era el rechazo a Trujillo.

El entorno de las Mirabal era la vanguardia del Movimiento 14 de Junio. La dictadura detuvo a Manolo, que cayó junto a Leandro Guzmán y Pedro González, esposos de Mate y de Patria. Trujillo, acostumbrado a disponer de cuantas muchachas jóvenes se le antojaban, nunca encajó el desplante público que Minerva le había hecho 11 años antes en una fiesta en San Cristóbal. Minerva rechazó en aquella ocasión las oscuras insinuaciones del dictador y cuestionó con firmeza su política, desatando la represión contra la familia.

Fueron 11 años de terror para los Mirabal, víctimas no solo del castigo ideológico del régimen dictatorial, sino del delirio de un psicópata que gobernaba el país a golpes de capricho. Para Trujillo, todo lo que rodeara a Minerva Mirabal, la joven que se le había resistido, era objeto de destrucción. Como si de una danza macabra se tratara, Trujillo tejió un plan para exterminar a la familia.

El régimen acabó primero en la cárcel con Enrique, el padre de las Mirabal. Poco después, el 25 de noviembre de 1960, cuando volvían de visitar a sus esposos encarcelados por la dictadura, los esbirros de Trujillo acabaron a palos y machetazos con la vida de Minerva, Patria y María Teresa. Solo quedó Dedé.

“¿Por qué a usted no la mataron?”, le preguntaban a Dedé los niños que a centenares visitan el museo de las hermanas Mirabal todos los días. Dedé, con su eterna sonrisa, les respondía: “Quedé viva para contarles la historia”.

Así lo detalla Dedé en su libro de memorias Vivas en su jardín, en el que relata cada uno de los detalles que llenaron su vida antes y después del asesinato de sus hermanas.

El crimen de las mariposas terminó con las vidas de las tres hermanas Mirabal. Pero aquella atrocidad supuso también el principio del fin del régimen. Aunque Trujillo intentó que pareciera un accidente (un periódico oficial tituló Tres mujeres y un chófer perecen en vuelco), nadie creyó la versión oficial. La verdad de los hechos, reconstruida por Dedé con firmeza y determinación, convulsionó a la sociedad dominicana. Apenas seis meses más tarde el dictador fue abatido.

En el origen de todos los relatos está Dedé, que hasta hace unas semanas regentaba una explotación de cacao en la casa familiar de toda la vida, al otro lado del jardín, en Ojo de Agua. Dedé recordaba hace muy poco a sus hermanas. Todavía creía ver muchos días a Minerva “en el jardín, con su cabeza erguida, la mirada perdida en el infinito, recitando poemas”. De Patria recuerda “su voz cálida, su buen gusto y su refinamiento. Hasta para dormir se arreglaba con pijamitas de lujo...”. De María Teresa, Mate, “el bebé adorado de toda la familia”, en cambio, no recordaba ningún detalle. Todos sus recuerdos de ella se han borrado de su memoria. “La vida de mi hermana Mate fue tronchada justo cuando empezaba a florecer”. De todas las violencias vividas por las tres hermanas, la de Mate fue si cabe la más extrema, quizás por tratarse de la más joven: torturada, violada, humillada hasta la sangre, los esbirros no lograron extraer de ella una sola palabra de delación.

Dedé era pura generosidad. Quién lo diría. Sobrevivir a un régimen de terror y de violencia enloquecida, uno imagina, debería dejar secuelas de dolor y de rabia, de rencor. A Dedé, sin embargo, el dolor la dejó inundada de amor. Sin dudarlo se hizo cargo y crió a todos los hijos de sus hermanas, que con los suyos han sido nueve en total.

Hace dos meses Dedé y Minou me invitaron a comer en su casa de Ojo de Agua. Al llegar recorrimos las habitaciones de cada una de las hermanas, conservadas intactas “desde que ellas se marcharon”. La historia de Dedé, como la de sus hermanas, parece increíble por la violencia extrema que les tocó vivir, pero mucho más por su coraje. Gracias al coraje de Dedé conocemos su historia, gracias a su “desobediencia a gritos”.

Como dice ahora Minou: “Cuando de la mañana a la noche tus tres hermanas eran tres cuerpos quebrados de la vida, tres cuerpos yertos, tres cuerpos mudos, en tus propias narices, tú, Dedé, fuiste la que se aseguró de que no fueran tres pasados nunca”. Parece increíble que existan personas así. Parece increíble que existan regímenes como el de Trujillo, dictadura de opereta pero también de sangre.

Dedé puede ahora descansar tranquila. La huella que gracias a ella han dejado sus hermanas ha trascendido el recuerdo de sus conciudadanos. La provincia de Salcedo se llama ahora Provincia de las Hermanas Mirabal. Jaime David, uno de sus hijos, ha sido vicepresidente del Gobierno y ahora es ministro; Minou es una respetadísima diputada. Pero las fuerzas del mal no descansan, eso mismo nos recordó Dedé. Tras las fachadas luminosas, la bestia, el espíritu de todos los Trujillos del mundo sigue alentando. Qué sería de nosotros si no fuera por todas las Minervas, todas las Patrias, las Mates y las Dedés que nos guían. Sin todas las mariposas.

Mariano Barroso, es director de cine, autor de la película "En el tiempo de las Mariposas" (2002), inspirada en el asesinato de las hermanas Miraval.

Fuente El País: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/16/actualidad/1392506245_437556.html

TC de República Dominicana acogió acción de inconstitucionalidad respecto de resolución que autorizaba interceptación de comunicaciones privadas

Sentencia TC 0200-13 C by sofiabloem

Mario Vargas Llosa: "Los parias del Caribe"

Juliana Deguis Pierre nació hace 29 años, de padres haitianos, en la República Dominicana y nunca ha salido de su tierra natal. Jamás aprendió francés ni créole y su única lengua es el bello y musical español de sabor dominicano. Con su certificado de nacimiento, Juliana pidió su carnet de identidad a la Junta Central Electoral (responsable del registro civil), pero este organismo se negó a dárselo y le decomisó su certificado alegando que sus " apellidos eran sospechosos ". Juliana apeló y el 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional dominicano dictó una sentencia negando la nacionalidad dominicana a todos quienes, como aquella joven, sean hijos o descendientes de "migrantes" irregulares. La disposición del Tribunal ha puesto a la República Dominicana en la picota de la opinión pública internacional y ha hecho de Juliana Deguis Pierre un símbolo de la tragedia de cerca de 200.000 dominicanos de origen haitiano (según Laura Bingham, de la Open Society Justice Initiative) que, de este modo, la mayoría de ellos de manera retroactiva, pierden su nacionalidad y se convierten en apátridas.

La sentencia del Tribunal Constitucional dominicano es una aberración jurídica y parece directamente inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años treinta dictadas por los jueces alemanes nazis para privar de la nacionalidad alemana a los judíos que llevaban muchos años (muchos siglos) avecindados en ese país y eran parte constitutiva de su sociedad. Por lo pronto, se insubordina contra una disposición legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de la que la República Dominicana forma parte) que, en septiembre de 2005, condenó a este país por negar su derecho a la nacionalidad a las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, dominicanas como Juliana, e igual que ella hijas de haitianos. Con este precedente, es obvio que, si es consultada, la Corte Interamericana volverá a reafirmar aquel derecho y la República Dominicana tendrá que acatar esta decisión, a menos que decida —algo muy improbable— retirarse del sistema legal interamericano y convertirse a su vez en un país paria.

Hay que señalar, como lo hace The New York Times el 24 de Octubre, que dos miembros del Tribunal Constitucional dominicano dieron un voto disidente y salvaron el honor de la institución y de su país oponiéndose a una medida claramente racista y discriminatoria. El argumento utilizado por los miembros del Tribunal para negar la nacionalidad a personas como Juliana Deguis Pierre es que sus padres tienen una " situación irregular ". Es decir, hay que hacer pagar a los hijos (o a los nietos y bisnietos) un supuesto delito que habrían cometido sus antepasados. Como en la Edad Media y en los tribunales de la Inquisición, según esta sentencia, los delitos son hereditarios y se transmiten de padres a hijos con la sangre.

A la crueldad e inhumanidad de semejantes jueces se suma la hipocresía. Ellos saben muy bien que la migración " irregular " o ilegal de haitianos a la República Dominicana que comenzó a principios del siglo veinte es un fenómeno social y económico complejo, que en muchos períodos —los de mayor bonanza, precisamente— ha sido alentado por hacendados y empresarios dominicanos a fin de disponer de una mano de obra barata para las zafras de la caña de azúcar, la construcción o los trabajos domésticos, con pleno conocimiento y tolerancia de las autoridades, conscientes del provecho económico que obtenía el país —bueno, sus clases medias y altas— con la existencia de una masa de inmigrantes en situación irregular y que, por lo mismo, vivían en condiciones sumamente precarias, la gran mayoría de ellos sin contratos de trabajo, ni seguridad social ni protección legal alguna.

Uno de los mayores crímenes cometidos durante la tiranía de Generalísimo Trujillo fue la matanza indiscriminada de haitianos de 1937 en la que, se dice, varias decenas de miles de estos miserables inmigrantes fueron asesinados por una masa enardecida con las fabricaciones apocalípticas de grupos nacionalistas fanáticos. No menos grave es, desde el punto de vista moral y cívico, la escandalosa sentencia del Tribunal Constitucional. Mi esperanza es que la oposición a ella, tanto interna como internacional, libre al Caribe de una injusticia tan bárbara y flagrante. Porque el fallo del Tribunal no se limita a pronunciarse sobre el caso de Juliana Deguis Pierre. Además, para que no quede duda de que quiere establecer jurisprudencia con el fallo, ordena a las autoridades someter a un escrutinio riguroso todos los registros de nacimientos en el país desde el año 1929 a fin de determinar retroactivamente quiénes no tenían derecho a obtener la nacionalidad dominicana y por lo tanto pueden ser ahora privados de ella.

Si semejante paralogismo jurídico prevaleciera, decenas de miles de familias dominicanas de origen haitiano (próximo o remoto) quedarían convertidas en zombies, en no personas, seres incapacitados para obtener un trabajo legal, inscribirse en una escuela o universidad pública, recibir un seguro de salud, una jubilación, salir del país, y víctimas potenciales por lo tanto de todos los abusos y atropellos. ¿Por qué delito? Por el mismo de los judíos a los que Hitler privó de existencia legal antes de mandarlos a los campos de exterminio: por pertenecer a una raza despreciada. Sé muy bien que el racismo es una enfermedad muy extendida y que no hay sociedad ni país, por civilizado y democrático que sea, que esté totalmente vacunado contra él. Siempre aparece, sobre todo cuando hacen falta chivos expiatorios que distraigan a la gente de los verdaderos problemas y de los verdaderos culpables de que los problemas no se resuelvan, pero, hemos vivido ya demasiados horrores a consecuencias del nacionalismo cerril (siempre máscara del racismo) como para que no salgamos a enfrentarnos a él apenas asoma, a fin de evitar las tragedias que causa a la corta o a la larga.

Afortunadamente hay en la sociedad civil dominicana muchas voces valientes y democráticas —de intelectuales, asociaciones de derechos humanos, periodistas— que, al igual que los dos jueces disidentes del Tribunal Constitucional, han denunciado la medida y se movilizan contra ella. Es penoso, eso sí, el silencio cómplice de tantos partidos políticos o líderes de opinión que callan ante la iniquidad o, como el prehistórico cardenal arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, que la apoya, sazonándola de insultos contra quienes la condenan. Yo creía que los peruanos teníamos, con el Cardenal Juan Luis Cipriani, el triste privilegio de contar con el arzobispo más reaccionario y antidemocrático de América Latina, pero veo que su colega dominicano le disputa el cetro.

Quiero mucho a la República Dominicana, desde que visité ese país por primera vez, en 1974, para hacer un documental televisivo. Desde entonces he vuelto muchas veces y con alegría lo he visto democratizarse, modernizarse, en todos estos años, a un ritmo más veloz que el de muchos otros países latinoamericanos sin que se reconozca siempre su transformación como merecería. El segundo de mis hijos vive y trabaja allá y entrega todos sus esfuerzos a apoyar los derechos humanos en ese país, secundado por muchos admirables dominicanos. Por eso me apena profundamente ver la tempestad de críticas que llueven sobre el Tribunal Constitucional y su insensata sentencia. Éste es uno de esos momentos críticos que viven todos los países en su historia. Lo fue también cuando ocurrió el terrible terremoto que devastó a su país vecino, Haití, en enero de 2010. ¿Cómo actuó la República Dominicana en esa ocasión ? El Presidente Leonel Fernández voló de inmediato a Puerto Príncipe a ofrecer ayuda y ésta se volcó con una abundancia y generosidad formidables. Yo recuerdo todavía los hospitales dominicanos repletos de víctimas haitianas y los médicos y enfermeras dominicanos que volaron a Haití a prestar sus servicios. Esa es la verdadera cara de la República Dominicana que no puede verse desnaturalizada por las malandanzas de su Tribunal Constitucional.

Fuente El País: http://elpais.com/elpais/2013/10/31/opinion/1383233998_965346.html

Firma la petición para "Evitar el despojo de la nacionalidad y garantizar los derechos humanos de  dominicanos/as de ascendencia haitiana en República Dominicana: http://www.avaaz.org/es/petition/Evitar_el_despojo_de_la_nacionalidad_y_garantizar_los_DDHH_de_dominicanosas_de_ascendencia_haitiana_en_Rep_Dominicana/?ceXMhbb