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30 nov 2017

CIDH llama a los Estados a reconocer y proteger la labor de mujeres defensoras de derechos humanos

Washington, D.C.- Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce la labor fundamental que realizan las defensoras de derechos humanos en la promoción y defensa de los derechos humanos en la región. En este sentido, la CIDH insta a los Estados de la región a garantizar y respaldar su derecho a defender derechos, además de adoptar medidas de protección integrales, adecuadas y especializadas que incorporen una perspectiva de género, garantizando que las defensoras puedan realizar libremente su labor.

La Comisión observa con gran preocupación que en los últimos años la defensa de los derechos humanos en América se ha convertido en una labor extremadamente peligrosa. Las defensoras y los defensores son constantemente víctimas de criminalización, detenciones arbitrarias, asesinatos, ataques y amenazas, entre otros actos de violencia. Datos de 2016 recibidos por la CIDH evidencian la gravedad de la situación en la región: del total de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo, tres cuartos ocurrieron en América. Las mujeres defensoras de derechos humanos se enfrentan a desafíos específicos al desarrollar su labor de defensa de derechos humanos, incluyendo la discriminación en función de las concepciones estereotipadas de género que les han sido atribuidas a su sexo.

La CIDH constata que subsiste en la región un contexto de violencia y discriminación estructural contra las mujeres. En tal contexto y al desafiar estereotipos machistas que reprueban su participación en la vida pública, las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan una situación de particular vulnerabilidad. Ellas están expuestas a actitudes misóginas, amenazas de agresión sexual, difamación basada en el género y cuestionamiento de su “feminidad” o sexualidad. En ese sentido, la estigmatización y deslegitimación tienen un impacto diferenciado en las mujeres defensoras de derechos humanos, en la medida en que muchos de estos hechos lesionan y violentan su condición de género. Adicionalmente, en muchas ocasiones hay intersección con discriminación racial cuando las defensoras son de origen indígena o afro descendiente.

“Es necesario que los Estados reivindiquen y garanticen el derecho de todas las mujeres a ser valoradas, libres de patrones estereotipados de comportamientos basados en conceptos de subordinación o de inferioridad, y esto incluye a las mujeres defensoras de derechos humanos”, afirmó la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora para los Derechos de las Mujeres de la CIDH.

La Comisión constata que la violencia por razón de género puede verse agravada por las crisis políticas, económicas o sociales, los disturbios, las emergencias humanitarias y naturales, así como por situaciones de degradación o de destrucción de los recursos naturales. Como lo subraya el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer ("CEDAW" por sus siglas en inglés) en su Recomendación No. 35, los delitos cometidos contra las defensoras de los derechos humanos constituyen formas de violencia contra las mujeres.

La CIDH recuerda que los Estados deben reconocer pública e inequívocamente el papel fundamental que ejercen las defensoras de derechos humanos para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho en la sociedad, y cuyo compromiso se debe reflejar en todos los niveles estatales, sea municipal, estadual o nacional.

Asimismo, la Comisión recuerda que los Estados deben adoptar medidas de protección especializadas y adecuadas a los factores de riesgo específicos que enfrentan las defensoras de derechos humanos en la región. “La perspectiva de género debe integrarse en toda la legislación, políticas y acciones de protección”, sostuvo el Relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco.  “En especial en los análisis de riesgo, diseño e implementación de las medidas de protección”, puntualizó.

La CIDH exhorta a todos los Estados del hemisferio a que ratifiquen e implementen plenamente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém Do Pará, que obliga a los Estados a prevenir, investigar, sancionar y erradicar todos los actos de violencia contra las mujeres con la debida diligencia y a adoptar medidas jurídicas para evitar todo acto de hostigamiento, intimidación, amenazas, daños o actos que pongan en peligro la vida de las mujeres o cualquier acto que atente contra su integridad.

La CIDH lanzó, en octubre de 2017, en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) un plan de cooperación más profundo para abordar uno de los problemas más apremiantes en América: la necesidad de protección para las personas defensoras de los derechos humanos. Este mecanismo de acciones conjuntas intensifica el trabajo en favor de las personas defensoras de derechos humanos, aprovechando sus capacidades nacionales, regionales e internacionales, sus fortalezas complementarias y creando conexiones más sólidas entre sus funcionarios y funcionarias. 

Por último, la CIDH urge a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho, a firmar y ratificar la Convención Americana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia, así como la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, de manera que las mujeres indígenas y afrodescendientes que son defensoras de derechos humanos puedan tener una mayor protección de sus derechos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

1 nov 2017

Informe de los investigadores del GAIPE sobre el caso Berta Cáceres

Informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre el caso de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada el 2 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá, Honduras.
Presentación en Tegucigalpa, Honduras, el 31 de octubre de 2017: https://www.youtube.com/watch?v=AKz2OrUxEcM

Resumen Ejecutivo del Informe:

El 2 de marzo de 2016, ocurrió el asesinato de la lideresa Berta Isabel Cáceres Flores, y la tentativa de asesinato del líder ambiental mexicano Gustavo Castro Soto, en la Esperanza, Departamento de Intibucá, Honduras. De inmediato, familiares y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), demandaron una investigación independiente ante las sospechas de que las autoridades hondureñas no identificarían a los autores intelectuales de ese hecho.

Los familiares de Berta Cáceres y el COPINH presentaron esa solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Naciones Unidas y numerosos actores nacionales e internacionales. Sin embargo, jamás tuvo eco al interior del Estado hondureño. Ante esa negativa, la familia, y el COPINH, acompañados por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y por otras organizaciones, insistieron en la conformación del equipo de expertos independientes. Es así como, en noviembre de 2016, surge el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), integrado por Dan Saxon, Roxanna Altholz, Miguel Ángel Urbina, Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.

Desde esa fecha, el GAIPE realizó cuatro viajes a Honduras; entrevistó a más de treinta personas; estudió diversos informes de organismos internacionales de derechos humanos, consultó diez procesos penales por denuncias del COPINH y acciones legales instauradas por la ausencia de consulta previa, libre e informada en el Proyecto Agua Zarca. Además, tuvo acceso parcial a la prueba contenida en el proceso por el asesinato de Berta Isabel Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.

El GAIPE reconoce que las autoridades estatales han identificado y procesado, a la fecha, a ocho personas, cuyos nombres son de dominio público, siendo ellas: Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Giovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Henrry Javier Hernández Rodríguez, Óscar Aroldo Torres Velásquez, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Atilio Duarte Meza y Emerson Eusebio Duarte Meza.

A la fecha, la prueba que fundamenta las acusaciones del Ministerio Público contra los ocho imputados, se centra en la información telefónica. El GAIPE ha tenido acceso a una fracción de esta data, compuesta por los registros telefónicos y extracciones de aparatos electrónicos y Tarjetas SIM, que contienen mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, contactos, imágenes, vídeos, grabaciones, geolocalización, entre otros, el GAIPE ha logrado documentar toda la información.
Principales hallazgos:
- El GAIPE concluye que el asesinato de Berta Isabel Cáceres no es un hecho aislado. 
- El informe del GAIPE permite evidenciar las diversas estrategias emprendidas por socios, personal directivo, gerencial y operativo de la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima (DESA); de empresas de seguridad privada al servicio de DESA; de funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado para violentar el derecho de la consulta, previa, libre e informada del pueblo indígena lenca. 
- La estrategia tenía por objeto controlar, neutralizar, y eliminar cualquier oposición. Estas acciones incluyeron: la instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social; campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y sabotaje del equipo de comunicaciones del COPINH; cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad; y fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado.  
- La Secretaria de Seguridad de Honduras cumplió un doble rol. Por un lado, destinó personal y recursos para la protección de las instalaciones del Proyecto Agua Zarca, influenciada por las relaciones con socios y personal directivo de DESA; y, por otro lado, omitió proteger a la lideresa, pese a que conocía el grave e inminente riesgo sobre la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores.
- Además, GAIPE concluye que DESA no contaba con el capital suficiente para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. A causa de ello, los fondos provenientes del sistema financiero fueron empleados para incrementar los niveles de violencia en la zona de influencia de dicha empresa, atacar sistemáticamente a personas del COPINH y a Berta Isabel Cáceres Flores, entre otros.
- A partir del análisis realizado, el GAIPE establece la negligencia deliberada por parte de instituciones financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Finnfund. Dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores. Tampoco realizaron suficientes esfuerzos para exigir las investigaciones penales correspondientes.
- Respecto del hecho concreto ocurrido el 2 de marzo, el GAIPE, con la misma información que tiene en su poder el Ministerio Público al menos desde el 2 de mayo de 2016, ha establecido que la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores inició en el mes de noviembre de 2015, lo que coincide con movilizaciones de las comunidades indígenas y del COPINH en oposición al proyecto Agua Zarca. 
- Durante los meses de enero y febrero 2016, algunos de los imputados y personas no identificadas, realizaron labores de reconocimiento y seguimiento en la ciudad de la Esperanza, lugar de residencia de Berta Isabel Cáceres Flores y donde funcionan las oficinas y sedes del COPINH. El 5 y 6 de febrero de 2016, se desplegó un operativo para cometer el crimen en el que participaron, según la información analizada, varios de los imputados. Por razones de logística el operativo fue "abortado". Según la información analizada por el GAIPE, al menos cuatro de los presuntos autores materiales del asesinato se agruparon el 2 de marzo de 2016 en la Ceiba, para desplazarse a la ciudad de La Esperanza, del Departamento de Intibucá, en horas de la mañana. A la llegada a dicha ciudad, realizaron labores de reconocimiento antes de perpetrar el asesinato.
- Al analizar el tráfico de llamadas entre los imputados, el GAIPE considera que participaron otras personas en la ejecución del asesinato, las cuales no han sido identificadas por el Ministerio Público. 
- Los agentes estatales a cargo de la investigación, construyeron hipótesis que carecen de fundamento. Atribuyeron el asesinato de Berta Cáceres a un excompañero sentimental, dándole una connotación de crimen pasional. También sostuvieron que el ataque obedecía a conflictos de interés dentro del COPINH.
- El Ministerio Público ha impedido la participación oportuna y diligente de las víctimas constituidas en acusadores privados, al declarar la reserva del expediente. Esa decisión ha limitado el acceso a documentos, diligencias y pruebas conducentes a la identificación, procesamiento y juzgamiento de otros autores materiales e intelectuales por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro. La falta de entrega de dicha información ha incidido, también, en la impunidad de ataques criminales en contra de personas integrantes del COPINH y de las comunidades lencas opositoras al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
- Pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016. Esos hechos aún permanecen impunes.
- Del análisis de la información telefónica se deduce, además, que los socios y directivos de DESA mantuvieron contacto con autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Preventiva para conocer los detalles de las primeras diligencias judiciales relacionadas con el asesinato, inclusive, antes de ser informada la familia de Berta Isabel Cáceres Flores o sus representantes legales. A la vez, se demuestra que estos actores influyeron para que las diligencias iniciales se dirigieran hacia personas integrantes del COPINH o cercanas a Berta.

17 dic 2013

México. Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de México, publicó el informe de defensores de derechos humanos, actualización 2012 y balance 2013."La lista de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados, amenazados, acusados y torturados es larga"