La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en un fallo unánime, los magistrados del máximo tribunal de las Naciones
Unidas dispusieron que el Gobierno birmano debe tomar medidas para resguardar a
la minoría musulmana rohinyá de la violencia genocida y que no destruya la
evidencia de crímenes ya ocurridos. Gambia fue el país que llevó el caso a este
tribunal.
El fallo también dispone que el Gobierno birmano no
destruya las evidencias relacionadas con las denuncias de acciones cometidas
que puedan constituir genocidio de acuerdo con la Convención.
La decisión unánime de los jueces del máximo
tribunal de la ONU se basó en la presunción de pruebas que indican que Myanmar
transgredió el instrumento internacional contra ese crimen y opinó que los
rohinyá se encuentran en una situación extremadamente vulnerable en ese país y
que aún corren un grave riesgo de genocidio, como lo mostraron las conclusiones
de la Misión Investigadora nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, divulgadas en septiembre pasado.
Gambia vs Myanmar
El caso fue presentado a la Corte en noviembre de
2019 por Gambia, que argumentó que Myanmar ha perpetrado y sigue perpetrando
actos genocidas contra los rohinyá, a quienes describe como “un grupo étnico,
racial y religioso que vive principalmente en el estado birmano de Rakhine”.
Gambia asevera que el ejército y las fuerzas de
seguridad birmanas, así como individuos que operan bajo su tutela, han violado
y ejercido otras formas de violencia sexual, además de torturar, golpear,
infligir crueldad y destruir o privar de alimentos y vivienda a esa minoría
musulmana.
Myanmar, por su parte, negó todas las imputaciones
hechas por Gambia y acusó al país africano de actuar como “agente” de la
Organización para la Cooperación Islámica.
Sin embargo, la Corte consideró que al menos
algunos de los actos denunciados por Gambia podrían transgredir las provisiones
de la Convención contra el Genocidio.
Cuatro medidas.- El magistrado presidente de la Corte, Abdulqawi
Yusuf fue el encargado de leer la decisión de los 17 jueces que examinaron el
caso, con las cuatro medidas cautelares provisionales de protección a los
rohingyá:
- Myanmar debe tomar todas las medidas a su alcance
para evitar que se cometa contra los rohingyá cualquier acto prohibido por la
Convención contra Genocidio, en especial:
matar a integrantes de la comunidad, causar daños
graves físicos o mentales contra cualquier integrante del grupo, infligir
deliberadamente contra esa comunidad condiciones de vida que llevarían a sus
integrantes a su destrucción física, e imponer medidas con el fin de evitar
nacimientos en ese grupo.
- Myanman debe impedir que sus militares y cualquier
grupo armado irregular actúen, conspiren, inciten o intenten cometer genocidio,
o que sean cómplices de ese crimen.
- Myanmar debe tomar provisiones efectivas para
evitar la destrucción y garantizar la conservación de evidencias relacionadas
con las denuncias de actos genocidas que se ajuste a la Convención contra el
Genocidio.
- Dentro de cuatro meses, Myanmar debe presentar a la
Corte un informe sobre las medidas que haya tomado a partir de esta fecha para
cumplir con el fallo y, después de ese primer reporte, deberá seguir
informándola cada seis meses hasta que el tribunal tome una decisión final
sobre el caso.
La Corte Internacional de Justicia sólo acepta
casos presentados por un Estado contra otro y tiene jurisdicción para evaluar
denuncias de violación a la Convención contra el Genocidio incluso cuando el
Estado en cuestión no atraviese una situación de violencia o acoja refugiados.
Los procesos de la instancia jurídica pueden tomar varios años.
Según datos de la ONU, más de 700.000 rohinyá han
cruzado la frontera de Myanmar a Bangladesh de 2017 a la fecha, huyendo de la
violencia contra su comunidad. Actualmente viven en campamentos para refugiados
y asentamientos irregulares en la zona de Bazar Cox.
UN MYANMAR 178-20200123-ORD-01-00-EN on Scribd
Fuente CIJ y Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2020/01/1468421
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