13 jul. 2018

"Refundar instituciones" por Ronald Gamarra

"La verdad es, pues, investigando narcos y matarifes surgieron ciertos teléfonoscuyos titulares no eran conocidos, pero que al hacer la interceptación y seguimiento resultaron ser de estos jueces, personal administrativo, fiscales y consejeros del CNM".

Al momento de escribir este artículo (miércoles 11 de julio), se cumplían ya cinco días desde que IDL-Reporteros, dirigido por el periodista Gustavo Gorriti, publicó el primer informe sobre una red de tráfico de influencias, negocios sucios y mutuos favorecimientos conformada por un juez de la Corte Suprema de la República, el Presidente de la Corte Superior del Callao y tres integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. A ese primer informe han seguido dos más y un audio difundido por Panorama, donde el juez supremo Hinostroza concierta una cita "con la señora K".

Hasta el momento, los denunciados siguen en sus puestos. No tienen dignidad para largarse, honor para quitarse. No existe fuerza social para expectorarlos en guan. Ni autoridad o colegiado dispuesto a la depuración inmediata. Es muy posible que hoy viernes 13, en que usted lee este artículo, los protagonistas de asquerosos diálogos (el de la rebaja de la pena o la directa absolución del violador de una niña de 11 años es vomitivo) y crímenes sigan allí, adheridos como las lapas a las peñas de la corrupción. Pues no se trata de un grupete cualquiera de corruptos, tienen ramificaciones y poder a través del Estado en sus níveles más altos. Parte de ese poder se traduce en respaldo político. Por ejemplo, en el Congreso, en vez de actuar drásticamente contra esta red de corrupción puestaal descubierto, a ciertos partidos y a la dizque Comisión de Fiscalización le interesa más investigar "como se filtraron los audios a la prensa" o discutir la legalidad de las grabaciones", además de joder a quienes hicieron posible la exposición del pus: a los periodistas y, en primer lugar, a la valiente fiscal del Callao, Rocío Sánchez, que discretamente. -y resistiendo presiones- dirigióla pesquisa en cuyo trámite se obtuvo de manera legítima, regular y legal la interceptación telefónica de los bribones.

La intención es clara: desviar la atención y ganar tiempo. En estas circunstancias el tiempo es oro. Patear el caso hacia un futuro indefinido, los más lejos que sea posible. Enterrar finalmente la cuestión bajo una marañade procesdimientos y comisionesque no lleven a ninguna parte o que diluyan responsabilidades bajo la mentira de que solo estamos ante comportamientos socialmente aceptables o neutros. Lo de siempre, pues. eso es lo que buscan. Es lo que pretenden. Porque no se trata de unos  jueces y funcionarios cualquiera. Son jueces y funcionarios que son útiles a quienes tienen hoy importantes parcelas del poder en nuestro país. Por eso su reacción tibia, equívoca, limitada a guardar las apariencias.

Sin embargo, esta vez las cosas podrían no resultar tan fáciles a los que se proponen tender una cortina de humo sobre este caso. Porque, según se ha conocido, las grabaciones hechas a estos jueces y consejeros son totalmente legales, pues fueron hechas en el curso de una investigación del Ministerio Público, con la debida autorización judicial y cumpliendo los procedimientos y garantías establecidos. El juez Cerapio Roque, del Callao, fue quién autorizó la medida. Claro que ya habrá tiempo para investigar cómo, aprovechando una ausencia del titular, manos sustitutas se hicieron de la documentacion y audios y se la entregaron a un interesado juez superior y a un no menos ansioso juez supremo, mucho antes que a Gorriti y compañía las obtuvieran.

Pero hay algo peor, que casi convierte todo lo que ha conocido hasta el momento en menudencia  de caldo. Es el hecho de que la investigación que se halla en curso en la Fiscalía de Crimen Organizado, del Callao, es sobre SICARIATO y NARCOTRÁFICO. Ni más ni menos  que contra las "Castañuelas de Rich Port". La verdad es, pues, que investigando narcos y matarifes surgieron ciertos teléfonos cuyos titulares no eran conocidos, pero que al hacer la interceptación y seguimiento resultaron ser de estos jueces, personal administrativo, fiscales y consejeros del CNM. Falta que el Ministerio Público nos diga quién de todos ellos est+a efectivamente involucrado, y, hasta qué punto, con el sicariato y el narcotráfico. Más allá de los audios, se habla incluso de declaraciones de algunos miembros de la organización criminal refiriendo tratos, compromisos y náuseas con un togado.

Lo que estamos conociendo nos pone ante la clarísima evidencia de una red cuya actividad va de la corrupción a la colusión con el crimen organizado, que involucra magistrados, políticos y empresarios al más alto nivel, que dispone de innumerables complicidades y ramificaciones, poder político efectivo y dinero, mucho, muchísimo dinero contante y sonante para comprar voluntades y conciencias. Quebrar esta red no será fácil pero es un imperativo de sobrevivencia para los peruanos, si no queremos seguir condenados al nivel de una republiqueta.

Lamentablemente, al escribir este artículo, seguían sucediendo cosas extrañas, por decir lo menos, contrarias al esclarecimiento del caso. Una peligrosa muestra de ello es el intento por parte de una fiscalía anticorrupción, acompañada de aparato policial, de intervenir el local de IDL- Reporteros para incautar el material informativo del cual dispone. La intentona contra la libertad de prensa fracasó al comunicarse el periodista Gorriti con el Fiscal de la Nación y al comprobarse que la diligencia carecía de orden que la autorizara.

Extraño, muy extraño. O tal vez no tanto, pues el enemigo está infiltrado dentro, muy dentro, en el corazón mismo de buestras frágiles instituciones. Despertemos ya de la embriaguez del fútbol y los logros interesantes y alentadores de la selección. La verdadera batalla, la guerra que realmente interesa ganar por la supervivencia del país como un lugar digno de ser una república, es esta guerra contra la corrupción, junto con la guerra contra la violencia de género y la discriminación. No nos distraigamos más y afrontemos esta battala para ganarla, porque no hay otra alternativa. 

Que la inmundicia puesta en evidencia, que esta mugre, sea la oportunidad para la refundación de las instituciones -como parte de la reconstrucción del país-, empezando por el Consejo Nacional de la Magistratura y comprendiendo también al Poder Judicial y al Ministerio Público, para garantizar de una vez por todas, ad portas del Bicentenario, que nuestra patria cuente con una administración de justicia, independiente, autónoma, sólida, transparente, predictiva, honesta y cercana al pueblo. En esa apuesta, es esa pelea, en las calles y también en el foro, bajo la sombra del maestro Gonzáles Prada, cuenten conmigo.


Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hildebrandt en sus Trece el viernes 13 de julio de 2018.

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