Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su recién
creada Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (REDESCA) saludan el reciente anuncio hecho
por el Gobierno de Canadá sobre la creación de una estrategia nacional
de vivienda “para la implementación progresiva del derecho de cada
canadiense a acceder a una vivienda adecuada.”
Junto a la Comisión Interamericana, Leilani Farha, Relatora Especial
de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda, reiteró su
opinión de que el reconocimiento del derecho a la vivienda es una deuda
pendiente en Canadá, el cual ha sido rezagado por otros miembros de la
Organización de los Estados Americanos en esta materia. La Relatora
manifestó que: "Reconocer, por primera vez, los derechos humanos de las
personas sin hogar y con una vivienda inadecuada es un momento
significativo en la evolución de Canadá como una democracia
participativa basada en el reconocimiento de la dignidad y la igualdad
de derechos de todas las personas."
La estrategia canadiense de vivienda prevé crear viviendas seguras y
asequibles durante los próximos 10 años, en particular, para la
población canadiense más necesitada, como mujeres y niños que huyen de
la violencia familiar, personas mayores, pueblos indígenas, personas
con discapacidades, aquellos que tienen problemas mentales, problemas
de salud y adicción, veteranos y adultos jóvenes. De acuerdo con el
plan, los principios de inclusión, rendición de cuentas, participación y
no discriminación deben guiar las acciones llevadas a cabo por las
autoridades competentes de los diferentes niveles del gobierno. También
prevé alianzas con sectores sociales y privados para lograr sus
objetivos.
El Comisionado Francisco Eguiguren, Presidente de la CIDH, declaró
que: "La declaración del Primer Ministro canadiense de que el derecho a
la vivienda es un derecho humano es un mensaje importante no solo para
Canadá, sino para toda las Américas debido al fortalecimiento de la
interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos. La
Comisión valora mucho los esfuerzos de Canadá en este sentido."
El poblema de falta de vivienda y la existencia de viviendas
inadecuadas en un país tan próspero como Canadá, con un clima ambiental
tan hostil, han preocupado a los organismos de derechos humanos de las
Naciones Unidas y a la CIDH en los últimos años. Como miembro de la
Organización de los Estados Americanos, Canadá está sometido a las
obligaciones derivadas de la Declaración Americana de Derechos Humanos,
según la cual todos tienen derecho a la vida y la seguridad, así como a
la preservación de la salud a través de medidas sociales relacionadas
con la vivienda. Canadá también está obligado por varios instrumentos
jurídicos de la ONU que garantizan y protegen el derecho a la vivienda.
Soledad García Muñoz, recientemente nombrada Relatora Especial sobre
los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la
CIDH, señaló que "el hecho de que Canadá no haya cumplido estas
obligaciones ha tenido resultados trágicos, como la falta de vivienda
generalizada, con graves consecuencias para los derechos a la salud y
la vida". La Relatora Especial resaltó la importancia de garantizar la
perspectiva de género en la estrategia nacional canadiense, recordando
el informe de la CIDH sobre “Mujeres Indígenas Desaparecidas y
Asesinadas en Columbia Británica”, por el cual la CIDH destacó el grave
impacto de la falta de vivienda en las mujeres indígenas y recomendó
medidas para garantizar una vivienda adecuada. Por su parte, el
Comisionado James Cavallaro, Relator para Canadá de la CIDH, observó
que: "La falta de vivienda asequible constituye un serio desafío de
derechos humanos que afecta a grupos excluidos y en situación de
vulnerabilidad en todo Canadá, y que requiere una estrategia integral
basada en derechos humanos.".
Una estrategia efectiva de vivienda con enfoque de derechos humanos
requiere una referencia clara al derecho a la vivienda, el cual impone a
los Estados obligaciones de inmediato cumplimiento y obligaciones para
cumplir objetivos específicos con plazos para garantizar los derechos
en un período de tiempo razonable. También se requieren acciones
independientes de monitoreo e información para garantizar que se
cumplan con la progresividad de estas obligaciones; un procedimiento de
quejas por violaciones sistémicas del derecho a la vivienda y la plena
participación de aquellas personas cuyos derechos están en juego.
La estrategia anunciada incluye dos mecanismos novedosos que de ser
adecuadamente constituidos ayudaran a garantizar que la estrategia
tenga un enfoque de derechos humanos. El Defensor(a) Federal del
Derecho a la Vivienda quien formulará recomendaciones sobre barreras
sistémicas para acceder a la vivienda y un Consejo Nacional de la
Vivienda con representación diversa, incluyendo a personas cuyo derecho a
la vivienda no ha sido efectivamente cumplimentado, con el objeto de
proporcionar insumos para investigación, planificación y elaboración de
políticas públicas. Estos mecanismos deberían interpretar ampliamente
el derecho a la vivienda, incluido el acceso a servicios públicos como
al agua potable, saneamiento, suministro de energía e instalaciones de
salud y educación, entre otros. Además, los mecanismos deberían
proporcionar a las personas sin hogar y con viviendas inadecuadas
espacios específicos para ser efectivamente escuchadas durante todas
las etapas de implementación de la Estrategia Nacional de Vivienda. En
particular, deberían buscar, en el marco de sus competencias, prevenir
violaciones al derecho a la vivienda y facilitar el acceso a
reparaciones efectivas e integrales para las víctimas.
El Comisionado James Cavallaro, la Relatora de Naciones Unidas
Leilani Farha y la Relatora Especial sobre DESCA Soledad García Muñoz,
expresaron conjuntamente su preocupación respecto a los objetivos
descritos en el plan para combatir la falta de vivienda: "No estamos de
acuerdo en que un país próspero como Canadá fije reducir la situación
crónica de falta de vivienda en el país solo en 50 % para el año 2028.
Todos los países deberían establecer fechas específicas para eliminar,
al menos, la falta de vivienda para el año 2030 de acuerdo con sus
compromisos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
También alentamos a Canadá a garantizar que sus asignaciones
presupuestarias cumplan con los estándares en materia derechos humanos
cuando se materialicen legislativamente.".
En este sentido, la REDESCA considera que si bien algunos de los componentes de la Estrategia pueden no cumplir con todas las expectativas, una vez que se adopte la legislación correspondiente con un enfoque basado en derechos humanos, en principio tendrían que existir medios para garantizar que los programas y las asignaciones presupuestarias sean adecuados. El hecho de que Canadá incorpore en su legislación nacional el derecho a la vivienda y cree los mecanismos necesarios a través de los cuales sus gobiernos puedan rendir cuentas es un paso histórico para el país. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que esta estrategia sea verdaderamente efectiva y coherente con los derechos humanos, incluida la garantía de que las provincias, los territorios y los gobiernos locales participen efectivamente en su implementación así como el desarrollo de un entendimiento claro por todos los niveles de gobierno del significado y la aplicación del derecho a la vivienda en el contexto de la Estrategia. El Estado también debe tener en cuenta la obligación de proteger a las personas de violaciones de derechos humanos que puedan surgir en el marco de las alianzas que se establezcan con actores privados al implementar la Estrategia Nacional de Vivienda.La CIDH y las dos Relatoras Especiales expresaron su expectativa de que el compromiso anunciado por Canadá sobre el derecho a la vivienda sirva de base para un diálogo constructivo entre Canadá y los diferentes mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos en los próximos años. Al respecto, añadieron que: “Estamos comprometidos para trabajar conjuntamente con Canadá para ayudar a garantizar que la estrategia tenga éxito y que la larga crisis de derechos humanos que ha provocado preocupación internacional en la materia sea remediada.”
Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/198.asp
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