Rosaura Almonte Hernández —en adelante Esperancita— falleció en República Dominicana el 17 de agosto de 2012 con 16 años de edad. Le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda y aunque requería la administración urgente de quimioterapia, los médicos dilataron el acceso al tratamiento porque estaba embarazada y querían preservar la salud del feto. “A nadie le importó nunca la vida de mi hija. Para todos era más importante el embarazo”, recuerda su madre. Esperancita quería interrumpir el embarazo e iniciar el tratamiento de quimioterapia lo antes posible. Sin embargo, el personal del hospital buscó convencerla de no hacerlo. Cuando se lo suministraron ya era tarde. Un mes y medio después de haber ingresado al hospital, Esperancita tuvo un aborto espontáneo y murió por una hemorragia uterina.En un país donde el acceso al aborto se prohíbe y se criminaliza sin excepción, los médicos no permitieron que Esperancita interrumpiera su embarazo. Y eso le costó la vida. A partir de la muerte de Esperancita quedaron expuestas las deficientes condiciones de atención médica a las mujeres gestantes, la imperiosa necesidad de permitir el acceso al aborto terapéutico y las consecuencias de las prácticas de maltrato y violencia obstétricos.
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