
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, señaló que «no existe una política pública adecuada para la atención de la población LGBTI lo que genera que las pocas respuestas e iniciativas que a la fecha se han promovido, no cuenten con recursos, sostenibilidad ni generen el impacto esperado. Esta situación se hubiera podido empezar a superar con su inclusión en el Plan Nacional de Derechos Humanos, del cual fueron inexplicablemente excluidos en años anteriores”.
Asimismo, Vega indicó que las personas LGBTI están frecuentemente expuestas a agresiones a su vida e integridad personal. “El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público han identificado 38 muertes violentas de integrantes de este sector durante los años 2012-2014.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en su último monitoreo sobre la violencia contra las personas LGBTI que, en nuestro país, entre enero de 2013 y marzo del 2014, se registraron 17 asesinatos y 7 afectaciones a su integridad”, remarcó.
A su turno, el Adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, César Cárdenas Lizarbe, señaló que el informe también analiza las barreras existentes para el ejercicio y disfrute los derechos a la identidad y la salud. “Sobre el primero, las personas trans afrontan serias dificultades para que sus documentos de identidad reflejen su propia identidad. El cambio de nombre y/o sexo de una persona trans forma parte de su derecho a la identidad, por lo que debe ser reconocida y facilitada por el Estado”, enfatizó Cárdenas.
Fuente Defensoría del Pueblo: http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=16510
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