La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó informe sobre la criminalización de la labor de defensoras y defensores de derechos humanos.La CIDH ha observado una creciente sofisticación de las acciones dirigidas a impedir, obstaculizar o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos por parte de actores estatales y no-estatales en diversos países de la región. Una de estas acciones es la formulación y aplicación indebida de la legislación, particularmente legislación en materia penal, en perjuicio de personas defensoras de derechos humanos con el fin de obstaculizar sus actividades. Debido a que el derecho penal es el medio más restrictivo y severo a disposición del Estado para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita, este inorme se concentran en las distintas formas de manipulación del poder punitivio del Estado, la cual es muchas veces precedida por pronunciamientos y discursos estigmatizantes en contra de defensoras y defensores. También el informe identifica las obligaciones estatales bajo los estándares de derechos humanos internacionales e interamericanos para evitar que éstos se convierten en herramientas obstaculizadoras de la defensa de los derechos humanos.
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