6/05/2016

Perú es el tercer país de América con más víctimas de trata

Lima, Loreto y Madre de Dios son las regiones que reportan mayor cantidad de casos de explotación sexual y trabajo infantil.
Por Jorge Falen.

Un total de 200.500 hombres, mujeres y niños son víctimas de la esclavitud moderna en el Perú, según el Índice Global de Esclavitud (IGE), realizado por la ONG australiana Walk Free Foundation. La cantidad de víctimas en el país –que equivale al 0,6% de la población– es la tercera más alta en América, solo por debajo de México y Colombia. En el contexto mundial, Perú ocupa el puesto 34 de 167 países evaluados.

A diferencia de la esclavitud tradicional, donde los afectados eran considerados propiedad legal de otras personas y que ha sido suprimida en todos los países, la esclavitud moderna o trata de personas está relacionada a actividades al margen de la ley que reprimen la libertad de los individuos y fomentan su explotación con fines económicos. Si bien el estudio da cuenta del total de víctimas nacionales, también evalúa factores adicionales como las condiciones de vulnerabilidad de la población y las políticas implementadas por los gobiernos frente a este tema.

—Formas de trata—
La trata está presente en todas las regiones del Perú.  Según la Fiscalía de la Nación, en los últimos seis años se se presentaron más de 4.000 denuncias por trata en el país. Lima, Loreto y Madre de Dios son –en ese orden– las regiones con la mayor cantidad de denuncias por este delito, y representan el 60% del total. Las principales formas de captación de víctimas son la promesa de oportunidades educativas, ofertas de trabajo y el secuestro.

En la región Lima, los casos de trata se concentran en la explotación laboral de menores en actividades informales (como minería artesanal en Canta y Carabayllo) y la servidumbre doméstica.
En Loreto, los casos de trata se han registrado en zonas como Caballococha (en la frontera con Colombia y Brasil), un foco del narcotráfico en esa región. También se han reportado casos de menores de edad obligados a transportar droga.

En Madre de Dios este delito está directamente relacionado a la minería ilegal. La explotación sexual y el trabajo infantil son comunes en zonas de extracción ilícita de oro.
En lo que va del año, la Dirección de Investigación de Trata de Personas ha rescatado en todo el país a 100 víctimas, 11 de ellas menores de edad.

Pese a que el estudio considera al trabajo forzado como la principal forma de esclavitud a nivel regional, en el país el 80% de los casos denunciados corresponde a explotación sexual y el 20% a trabajo forzado. Esta modalidad prevalece en poblaciones rurales dedicadas a actividades intensivas como la agricultura, la construcción y la minería ilegal.

—(In)acción estatal—
Según el estudio,  el Gobierno Peruano se ubica en la mitad inferior del ámbito regional respecto de la adopción de políticas efectivas para enfrentar la trata de personas.

Existe un escenario de impunidad, alimentado en parte por el desconocimiento de la policía y el Poder Judicial de los procedimientos jurídicos para aplicar las normas en estos casos, según explica Ricardo Vásquez, director de la ONG CHS Alternativo. “Actualmente están procesando decenas de casos con normas anteriores a las que se aplican en la actualidad”, comenta.

Por otro lado, el presupuesto destinado a la lucha contra la trata de personas es insuficiente. Si bien la inversión estatal en este rubro aumentó de US$4 millones en el 2014 a US$9 millones en el 2015, se invierte solamente US$0,1 en este rubro.

Dicho monto se utiliza para financiar la actividad conjunta del Ministerio de la Mujer, Poder Judicial, gobiernos regionales y locales; sin embargo, no alcanza a cubrir las necesidades. Solo el Ministerio Público pidió US$18 millones este año enfrentar este delito. En tanto, de acuerdo al Ministerio de la Mujer, el principal obstáculo es la falta de albergues para las personas rescatadas. Solo tres de los 291 centros que acogen a menores en abandono están especializados para atender a las víctimas.

A todo esto se suma el alto índice de informalidad en el país –que representa el 73% de la economía nacional–, especialmente dentro del sistema de transporte interprovincial como en los locales donde se ejerce la explotación sexual.  

La combinación de los factores mencionados hace que la práctica de este delito sea próspera y sostenible en el tiempo. La tolerancia social y la corrupción en los órganos encargados de combatirla, así como la impunidad, hacen que el riesgo para los tratantes sea reducido.

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