El grupo de expertos de la CIDH denunció "obstrucciones" del gobierno y supuestos casos de tortura, además de cuestionar la actuación de fuerzas federales al presentar este domingo su informe final sobre la desaparición de 43 estudiantes en México.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminó así un año de trabajo sin que se conozca el destino de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero (sur).
La misión del GIEI concluye el 30 de abril ante la negativa del
gobierno, en abierta confrontación con los expertos, a autorizar un
tercer mandato.
James Cavallaro, presidente de la CIDH y que recibió este domingo el informe, lamentó la actuación del gobierno.
La misión del GIEI culmina "a pesar de que los objetivos permanecen
incumplidos, principalmente lo que se refiere a la ubicación de los
estudiantes", dijo Cavallaro quien se quejó de la no asistencia de
funcionarios a la presentación.
En 605 páginas, el informe critica las mecánicas de trabajo de la
Procuraduría General (fiscalía), el lento sistema penal y denuncian
presuntas torturas a 17 de los 123 detenidos.
Los asistentes a la presentación del informe, entre ellos familiares de
los desaparecidos y activistas, enumeraron del 1 al 43 y clamaron en un
potente coro: "¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!". Al final,
acusaron de "asesino" al presidente Enrique Peña Nieto.
Los expertos detallaron "obstrucciones" a su investigación que limitaron
"de forma muy importante las posibilidades de avance" y denunciaron una
"fuerte campaña mediática" en su contra.
Peña Nieto dijo en Twitter que su gobierno "agradece" al GIEI y que la
fiscalía analizará el informe para "enriquecer" su investigación.
- Obstáculos -
La ex fiscal Guatemalteca Claudia Paz señaló que
había una buena coordinación con autoridades, pero "a partir de enero
esta actitud de colaboración cambió y las diligencias de investigación
fueron innecesariamente dilatadas o rechazadas".
Eber Betanzos, titular de la subprocuraduría para derechos humanos de la
fiscalía, aseguró en un mensaje a periodistas que se colaboró con el
GIEI, que resolvieron 85% de sus peticiones, que atenderán sus
recomendaciones y que brindarán "a la CIDH toda la información general
para el seguimiento" del caso.
Según la fiscalía, los jóvenes, que se hicieron de autobuses para sus
movilizaciones, fueron atacados por policías municipales de Iguala y
Cocula, que los habrían entregado al cartel Guerreros Unidos. En el
asalto murieron tres estudiantes y otras tres personas.
La denominada "verdad histórica" de la fiscalía indica que los jóvenes
fueron asesinados por narcotraficantes que incineraron sus cuerpos en el
basurero de la vecina Cocula y arrojaron las cenizas a un río cercano.
Pero los expertos insistieron en que no hay evidencia científica de un
gran incendio y denunciaron que los peritos que avalarían parcialmente
la versión oficial dijeron que "no podían dar esa información porque
habían suscrito una cláusula de confidencialidad", según denunció el
abogado chileno Francisco Cox.
El psicólogo español Carlos Beristain dudó de la confiabilidad de
algunos testimonios ya que se encontraron "indicios significativos de
malos tratos y torturas".
Reportes médicos muestran que 17 detenidos fueron golpeados, mientras
algunos alegaron que recibieron choques eléctricos y les colocaron
bolsas de plástico en la cabeza.
Betanzos defendió la teoría del incendio en Cocula y aseguró que se investigan 31 denuncias de tortura.
- "El Satánico" -
Sin
acusar directamente a fuerzas federales, el documento enumera "nuevos
datos" sobre la posible presencia de militares y policías federales en
la zona de los ataques.
Uno de los mayores reclamos del GIEI es la negativa del gobierno a que se entreviste nuevamente a 17 detenidos y a interrogar directamente a los militares del 27 batallón del Ejército destacado en la zona.
Paz
sostuvo que los militares "desde temprana hora" estuvieron al tanto de
las movilizaciones estudiantiles y mandaron a elementos a indagar.
El
GIEI demanda investigar la supuesta existencia de un militar en ese
batallón apodado "El Satánico" y que traficaría armas para Guerreros
Unidos.
Explicó
además que hay testimonios de "la presencia de la policía federal en el
escenario del Palacio de Justicia" de Iguala, donde un autobús fue
atacado y los jóvenes golpeados y subidos a patrullas.
El
informe cita a sobrevivientes que señalan a policías federales de
haberles apuntado con armas, mientras muchachos de un equipo de fútbol
-que también fueron atacados- los acusan de no auxiliar a los heridos.
Betanzos
sostuvo que la fiscalía interrogó a los militares sin encontrar
"evidencia que los incrimine" y aseguró que la presencia de policías
federales es una línea de investigación que "se agota hasta sus últimas
consecuencias".
El
móvil del ataque aún es incierto según los expertos que rechazan
alegatos de que los estudiantes buscaban irrumpir en un evento político o
que estaban infiltrados por narcotraficantes.
El
GIEI insisten en que la físcalía no ha investigado lo suficiente un
quinto autobús presuntamente cargado de droga que iría a Estados Unidos,
aunque según los fiscales en ese vehículo no se hallaron evidencias.
Fuente Radio Francia Internacional: http://es.rfi.fr/americas/20160425-expertos-de-la-cidh-denuncian-obstaculos-en-el-caso-de-los-normalistas-el-informe-
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