Con miles de víctimas y muy pocas condenas, está por verse aquello de que el crímen no paga para el caso de los tratantes de personas en el Triángulo Norte.
De mantener el comportamiento que la justicia ha tenido frente al delito de la trata de personas, los verdaderos responsables de la banda que con engaños reclutaba menores como modelos y edecanes pero que terminaban forzadas a entregar su virginidad seguirán en la impunidad. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador sólo condenó a cuatro de siete colaboradores de esa estructura a diez años ocho meses. El caso ocupó durante semanas las primeras planas de los medios en El Salvador cuando se conoció que por 150 dólares los delincuentes vendían la castidad de las menores, y tomo más revuelo cuando circularon versiones que aseguraban que entre los clientes había prominentes empresarios, profesionales y políticos. Ahora, fuera de los reflectores, esta resolución solo viene a contribuir a los altos índices de impunidad que hay frente a este delito en las naciones del Triángulo Norte El Informe de Desarrollo Humano del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció desde hace ya varios años como estos países son altamente vulnerables a las organizaciones criminales transnacionales complejas y sofisticadas, tales como las redes de trata de personas.
Los gobiernos de estos países firman tratados internacionales, crean leyes, instituciones, comparten experiencias y conocimientos para combatir este flagelo, pero pareciera que esta guerra la están ganando las bandas delictivas que tienen atrapado el Istmo y no las acciones que de forma individual o transnacional impulsan las autoridades.
Las cifras lo confirman. En El Salvador, por ejemplo, la Policía Nacional Civil (PNC) sólo registra 96 detenciones por este delito en los últimos cuatro años. De estos 35 casos terminaron en condenas.
En Honduras, las autoridades reportan 74 casos en investigación por trata de personas en los últimos dos años, de los cuales, sólo 16 han llegado a los tribunales de justicia donde la batalla se ha vuelto más férrea, ya que los jueces solo en cuatro diligencias impusieron una condena a los implicados.
En Guatemala la situación es similar. A pesar que el Ministerio Público
de ese país reveló que, de 2009 a 2013, la Policía detuvo a 604
tratantes, únicamente en 183 casos las autoridades reunieron las
evidencias necesarias para abrirles un proceso judicial. De estos, sólo
en 33 casos hubo condena judicial.
Con estos resultados, no en vano el Departamento de Estado de los
Estados Unidos en su informe anual en el que evalúa los esfuerzos para
combatir y erradicar este delito sitúa en el nivel 2 a estos países de
acuerdo al décimo cuarto informe de 2014.
Esa calificación implica que los gobiernos no cumplen plenamente con las
normas mínimas de la Ley de Protección de Víctimas del Trata (TVPA por
sus siglas en inglés). Dicha normativa fue promulgada en 2000, para la
eliminación del flagelo.
Esta lista ha estimulado reacciones por parte de los países. Es el caso de Honduras, que según el informe de 2014 ha desplegado “un notable esfuerzo” de cambio. Este país tiene dos años de estar en la lista TVPA, lo que lo ha obligado a algunos avances: aumentó el número de agentes de la ley dedicados a combatir la trata de personas e incluso se inauguró una nueva agencia que aparte de los asistentes técnicos de investigación son los responsables de identificar a las redes que utilizan a menores con el fin de explotarlas. Esto no es gratuito. Son dos años consecutivos que el país ha sido restringido en la asistencia bilateral que da Estados Unidos.
Esta lista demanda “que ante cualquier acto de una de las formas graves de la trata de personas, los gobiernos deberían estipular una pena que sea lo suficientemente severa como para disuadir y que corresponda adecuadamente a la índole atroz del delito”. La pregunta es ¿qué tan en serio se están tomando este tema los países?.
En contraste a los moderados avances de los países, las redes de tratantes se valen de todo lo que hay en el entorno de sus víctimas: familia, vecinos, amigos, anuncios clasificados en periódicos de gran circulación nacional, programas televisivos, redes sociales e Internet.
Para la trata sexual se interesan por que sus víctimas reúnan cierto perfil: bonitas, ingenuas, menores de edad que muchas veces son contactadas por “amigas” y en todo caso engañadas. Estas provienen de los estratos sociales más humildes, zonas marginales y rurales del país, quienes en busca de una solución de empleo caen en manos de la delincuencia.
Es el caso de dos menores de 15 y 16 años que se dedicaban a modelar para una marca de cerveza en Guatemala y que fueron contratadas para hacer lo mismo en El Salvador.
Las jovencitas fueron reclutadas en un ‘centro comercial de la capital guatemalteca cuando una mujer las ubicó y les hizo una atractiva propuesta. La mujer las puso en contacto con una supuesta agencia de modelaje salvadoreña donde las niñas ganarían mucho dinero.
La persona que las contactó se hizo pasar como una buscadora de talentos para su novio, propietario de una agencia de modelaje de prendas de vestir y quien urgía de los servicios de modelos juveniles. Esta falsificó los documentos de las niñas para hacerlas pasar por la frontera terrestre.
Todo el trabajo fue bien hecho que no hubo problema en la travesía de Guatemala a El Salvador, hasta llegar al lugar, donde días después las chicas supieron su triste realidad, estaban en manos de una de las redes internacionales de trata de personas.
Una semana pasaron las niñas privadas de libertad en casa del tratante, “una semana nos mantuvo encerradas en uno de los cuartos donde no nos daba nada, ni agua, y solo nos tiraba cajas de condones”, declararon. El hombre buscaba que las niñas se prostituyeran.
“Un día nos subió a un lujoso vehículo para que fueran a prestar servicio sexual. Íbamos a atender a clientes VIP (very important person) a personas muy importantes”, como políticos, empresarios y futbolistas.
Según la Fiscalía, el proxeneta se movía en las esferas política y gubernamental, lo que le había permitido tener muchísimas influencias.
Uno de los lugares de encuentro, era la Zona Rosa, situada al poniente de San Salvador y de la colonia San Benito. Las guatemaltecas aseguraron que iban obligadas y una de ellas comenzó a gritar sin lograr mayor resultado.
Un día se quedaron solas y abandonaron la casa, salieron rumbo a la terminal y tomaron un bus hacia Guatemala.
Camino hacia el vecino país, las jóvenes se encontraron con funcionarios del Instituto Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia (ISNA) quienes al interrogarlas y al ver que portaban documentación falsa, supieron la verdadera razón de lo que pasaba.
Las víctimas relataron que tenían una semana de haber sido secuestradas y que el sujeto que las tenía privadas de libertad quería que tuvieran relaciones con varios hombres en distintos momentos.
Con la información que las niñas dieron a las autoridades, inició una investigación que terminó con la captura de Nelson Orlando Campos Chacón, alias El Pelón, quien utilizando como fachada las agencias “Modelos Exclusivas” y “Modelos y Edecanes Internacionales”, explotaba a menores desde 2004, provenientes de Centro y Sudamérica.
Según datos de 2010 de IPSVT (Integrating Protection Services for Victims of Trafficking in Honduras) en el estudio “Violencia y trata de personas en Centroamérica, oportunidades de intervención regional”, de Save the Children, 2012, el 60 por ciento de los casos en Honduras se da en la modalidad de explotación sexual comercial, seguido por la explotación laboral, trabajos y servicios forzados y servidumbre. Además establece que el 71% de las víctimas son mujeres y 29% hombres; estos últimos con fines laborales principalmente.
En Guatemala la situación es parecida, pues el 70 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y el 22 por ciento hombres y en un 8 por ciento no se identificó el sexo, según el informe 2013 de la Procuraduría de Derechos Humanos. Además la institución puntualizó que el 32.47 por ciento son menores.
Las modalidades más detectadas son explotación sexual comercial, pornografía infantil y turismo sexual. Autoridades investigan otras modalidades como adopciones fraudulentas, venta de niños.
Según la PNC de El Salvador, el 97 por ciento de los casos de trata de personas que se ha registrado en los últimos años ha sido en la modalidad de explotación sexual. Organizaciones no gubernamentales como Save the Children, sostienen que también se da la trata de personas en las modalidades de mendicidad de menores, matrimonios forzados, adopciones fraudulentas, servidumbres entre otros de las cuales no hay detenciones, estadísticas, ni procesos judiciales.
Las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a atender las víctimas por este flagelo en El Salvador, como World Vision, Plan Internacional y Save the Children, han manifestado su desacuerdo por el deficiente tratamiento que las autoridades han dado a un problema tan complejo y de grande repercusiones, al grado que en agosto del año pasado, condenaron públicamente la trata de personas y demandaron “nuevos instrumentos legales y de investigación exhaustiva para luchar eficazmente contra este delito que afecta principalmente a la niñas y las mujeres”.
“Nos dirigimos al gobierno salvadoreño y a las instancias judiciales del país para reclamar mayores esfuerzos en la prevención, combate y atención a las víctimas de este delito, y exhortamos a la sociedad a estar alerta ante cualquier indicio de casos de trata”, afirmaron los representantes de las Ong.
Estas manifestaciones se dieron en las vísperas de la aprobación de la Ley Especial contra la Trata de Personas en la Asamblea Legislativa.
Las ONG recomiendan al Estado salvadoreño que la trata de personas debe ser a bordado como un problema de inseguridad que amenaza a los grupos más vulnerables de la población centroamericana y desde esa perspectiva proyectar los esfuerzos.
Según Ludín de Chavez, de Save the Children, lo que se requiere para una lucha eficaz es “trabajar en mecanismos de articulación entre las instituciones competentes: Fiscalía, Policía y Corte Suprema de Justicia para mayor efectividad en las investigaciones, capturas y proceso judiciales”.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNDOC, por cada víctima rescatada 30 más son explotadas de forma clandestina y se encuentran ocultas. Si se toma este referente, según la información oficial de los tres países del Triángulo Norte (que tiene un alto subregistro, ver recuadro) en los últimos cuatro años en total hubo 1.507 víctimas rescatadas podría haber al menos otras 44.000 ocultas.
“Estamos frente a un grave problema, la población está pagando impuestos, pero los mismos no se reflejan en las acciones, ni en la voluntad del gobierno para evitar que las niñas sean reclutadas por las redes para explotarlas sexualmente” dijo Guadalupe Ruelas, directora de Casa Alianza, en Honduras.
“Se está buscando fortalecer las unidades de menores y poner mayor atención para erradicar a proxenetas que ven en las menores una mercancía. Los nuevos agentes de la Atic se preparan para tomar los casos y dar seguimiento a denuncias que se nos presentan y mejorar la cantidad de casos no solo investigados, sino también judicializados”.
Menores en la mira
Una de las víctimas, relata la pesadilla que vivió durante su cautiverio en Honduras.
Tiene apenas 12 años, vive en una aldea remota de Yoro, la pobreza de su familia ha impedido que la menor continuara sus estudios.
Apenas llegó al cuarto grado y tuvo que dedicarse a los quehaceres del hogar y buscó empleo para ayudar a la manutención de su familia aprovechando que a su pueblo llegó una pareja ofreciendo trabajo para laborar en casa.
Le prometieron un salario mensual y ayuda para la familia. Los padres observando el trato cordial y educado de aquellos visitantes accedieron y autorizaron el viaje de la pequeña. La pareja llegó a Comayagua, la primer capital de Honduras, ubicada en la zona central del país, durante el cautiverio, la niña fue sometida a los caprichos de un extranjero que la encerró en una casa junto a otras niñas que días antes habían llegado en las mismas condiciones.
“Desde que llegué el gringo me dijo que la religión de él lo obligaba a contraer matrimonio y que se iba a casar, que en su país tenían varias esposas. Yo entré con miedo, me vistió con ropas árabes y celebró la boda”.
La sobreviviente siguió su narración: “éramos cuatro niñas más las que
nos casamos con el hombre y aunque yo no quería nada con él, me forzó y
nada podía hacer. Desde ese día nos tuvo encerradas, era una casa grande
y nos vigilaba con cámaras”.
“No volví a ver a mis padres, el hombre abusaba de nosotras y si alguna
se quejaba o lloraba se enojaba. Fue hasta que la Policía llegó que nos
sacaron de la casa y de él no volvimos a saber más. Ahora estoy de nuevo
en la casa de mis padres, pero no quiero volver a salir, no quiero
regresar de nuevo a ese lugar” explicó la menor.
Las menores fueron llevadas a una casa refugio que financia una
Organización No Gubernamental, otras fueron entregadas a sus familiares.
El estadounidense fue detenido en La Florida y guarda prisión en ese
país por el delito de trata de menores.
En El Salvador, cinco niños de entre seis y diez años de edad fueron
rescatados en una casa de tratante, situada en Santa Rosa de Lima, La
Unión, una zona fronteriza con Honduras.
La Policía manifestó que dos de los cinco menores estaban drogados quienes por su condición fueron llevados a un hospital para someterlos a tratamientos de desintoxicación y otros cuidados. Por este caso fue detenido Óscar Medrano, quien tenía una orden de captura girada por un Juzgado de La Unión.
También en El Salvador una niña de 14 años abordó un mototaxi en Ciudad Barrios, San Miguel y pidió al conductor que la llevara a su casa.
El conductor en vez de llevarla a su destino, la condujo a un motel donde la violó. Después bajo intimidaciones la entregó a una red de tratantes, quienes la trasladaron a la capital para vender sus servicios sexuales al mejor postor.
La menor fue obligada a ubicarse en una zona de prostitución en San Salvador para atraer a sus clientes. Luego de las investigaciones, las autoridades localizaron a la menor y ésta relató todo el calvario que había vivido, desde cuando fue ultrajada por un mototaxista hasta que éste la entregó con los tratantes, quienes la explotaban sexualmente en la capital.
Con las declaraciones de la víctima, la Policía detuvo a Roberto Javier Teban Guerra, a quien en juicio, le impusieron 14 años de prisión por violación sexual en menor y 8 por trata de personas.
¿Cómo las autoridades del Triángulo Norte están llegando a estos casos? A través de la denuncia ciudadana al sistema 911, investigaciones previas de la Policía o correos de funcionarios que advierten posibles ilícitos, afirmó Smirna Salazar de Calles, jefa de la Unidad de Tráfico de Ilegales y Trata de Personas de la Fiscalía de El Salvador
Las autoridades y organismos de cooperación reconocen que la trata es compleja de averiguar, demanda mucho conocimiento, especialización, recursos, coordinación entre las autoridades e intercambio de experiencia de otras policías para combatirla.
Un poco de todo esto se ha hecho en los últimos 15 años en los países de Centroamérica, Panamá, Belice y República Dominicana, principalmente con recursos de la cooperación internacional.
En El Salvador más de mil miembros de la Policía Nacional Civil han recibido capacitaciones en 45 talleres y seminarios de dos y cinco días de duración impartidos por organismos internacionales expertos en el tema como Save the Children, Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED), Intervida, Interpol, Unicef, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), Dirección General de Migración, entre otros.
Pero los resultados no han sido los esperados, ya que el comportamiento de las capturas y la detección de bandas criminales no han reflejado mayor diferencia a juzgar por las estadísticas (Ver recuadro).
La Fiscalía, por su parte también ha capacitado a sus abogados en esta materia, en 48 seminarios impartidos por la misma institución, organismos y autoridades extraregionales.
Como parte de los resultados, la Fiscalía General de la República de El Salvador han acusado por trata a 87 personas de 2010 a 2014, en 11 de las detenciones el Ministerio Público no logró encontrar suficientes evidencias para iniciarles un proceso judicial.
Los jueces quienes al final tienen la última palabra con los detenidos, también han sido formados con las herramientas necesarias para la aplicación de la ley en por lo menos seis seminarios entre 2007 y 2010.
De Honduras y Guatemala no se obtuvo mayor información sobre jornadas de capacitación del personal que forma parte de la fuerza contra la trata de personas.
Sobre las inversiones económicas en capacitación de personal para la lucha contra la trata, la Policía en El Salvador dijo no tener disponible el monto asignado, la Fiscalía dijo que de 2010 a 2014 ha designado 58 mil dólares y la Corte Suprema de Justicia, la suma de tres millones de dólares para capacitación general, pero en ambas instituciones aclararon que no tenían como desagregar cuanto de esto se destinaba para temas relacionados con trata de personas.
Aunque estos esfuerzos han despejado el camino, ruta, modos y estrategias de los tratantes, las autoridades no han podido avanzar sustancialmente en el combate y erradicación del flagelo.
La principal fuente para los procesos judiciales es gracias a informantes que proporcionan datos de los lugares donde se mantienen cautivas a las menores, no de las investigaciones propias de las autoridades. Hay miedo de los informantes por la inadecuada protección que da el gobierno contra posibles represalias de los tratantes y la frustración por la lentitud de los juicios.
En marzo del 2014 el gobierno asignó el equivalente a 200.000 dólares a la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (Cicesdt), para realizar campañas de sensibilización contra la trata, pero el problema persiste, se ha quedado más en un trabajo de oficinas que de campo.
Más que leyes
“Se está buscando fortalecer las unidades de menores y poner mayor atención para erradicar a proxenetas que ven en las menores una mercancía. Los nuevos agentes la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) se preparan para tomar los casos y dar seguimiento a denuncias que se nos presentan y mejorar la cantidad de casos no solo investigados, sino también judicializados” explicó Rolando Argueta, coordinador de Fiscales del Ministerio Público.
Casa Alianza y Global Communities, son las organizaciones que ayudan a los sobrevivientes de la trata a recuperar sus vidas, sus esperanzas. La situación de vulnerabilidad en la que viven muchos menores les hace presa fácil de redes criminales que los convierten en mercancía.
Los países del Triángulo Norte han avanzado en materia legal pues cuentan con diversidad de leyes que sancionan las diferentes modalidades de la trata.
En Honduras en el 2012, se aprobó la Ley Contra la Trata de Personas, que sanciona el delito con una pena de hasta 22.5 años de reclusión, más la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y multa de 150 a 200 salarios mínimos, (300 dólares es el salario mínimo en Honduras). En Guatemala la pena por trata es de 8 a 18 años de prisión más una multa de 300 mil quetzales equivalente a 39.000 dólares. Aún con este marco legal, la Procuraduría de Derechos Humanos en su informe 2013, estima que un 97 por ciento de los casos de trata quedan impune en el país y solo se resuelve en un 3 por ciento.
En El Salvador, la última normativa que la Asamblea Legislativa creó para combatir el delito y para sancionarlo con más años de cárcel fue aprobada en diciembre de 2014 y entró en vigencia el 14 de enero de 2015. Esta Ley cambia la pena de 4 a 8 años; de 8 a 20 años. La anterior normativa no sancionaba a los clientes por trata, ahora si serán procesados por comprar servicios prohibidos, afirmó Vanessa Martínez, subdirectora del Defensa y derechos individuales del Consejo Nacional de Protección a la Niñez y la Adolescencia (CONNA
Además incluye, una de las recomendaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos al país, en cuanto a los menores o personas involucradas en la trata bajo coacción y amenazas de las pandillas. Estos son reclutados por lo general para tráfico de droga, armas, asesinatos y el cobro de la extorsión.
Asimismo, le da carácter de permanencia al Consejo Nacional contra la Trata de Personas y la Política Nacional contra la Trata de Personas que por decreto ejecutivo había sido creado desde 2012, pero con la ratificación legislativa, los gobiernos de turno no las podrán cambiar, subrayó Martínez como parte de los avances en el combate del delito.
Además existe la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), la Ley Especial Integral para una Vida Libre Sin Violencia entre otras.
“Un reto importante es visibilizar este flagelo y que la población se sensibilice del delito de trata y la responsabilidad penal que le conlleva hacer uso de estos servicios en la modalidad de niños, niñas y adolescentes”, sentenció Martínez.
En Guatemala, también se cuenta con Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Persona desde 2009, Ley de Adopciones, Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Ley de Protección a la Niñez y la Adolescencia, Ley contra la delincuencia organizada y Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que se aplica desde 2003, y el código penal.
Sin embargo, los resultados evidencian que más allá de las leyes y los anuncios se requiere mucha más determinación de las entidades para afrontar el problema.
Atención a víctimas
De otro lado uno la atención a las víctimas es uno de los serios problemas que el Departamento de Estado ha cuestionado a los países que ha clasificado en el Nivel 2, porque no cuentan con sitios y personal especializado para tratar a las personas sobrevivientes de este delito.
En el caso de El Salvador, según el Conna, solo hay un albergue especializado en la capital, el cual es exclusivamente para niñas y no para niños, ni para hombres ni mujeres adultas. Al interior del país hay 15 oficinas que atienden los casos que se le presentan en los departamentos.
En Honduras, no hay centros donde albergar a las menores que son rescatadas. El Estado no logra identificar, remitir y asistir a las víctimas de la trata, los esfuerzos en este campo son insuficientes, tal como lo señala el informe del Departamento de Estado.
“Las autoridades se mantuvieron en una situación de dependencia casi total con respecto a las organizaciones no gubernamentales para la prestación de servicios. Las autoridades carecen de procedimientos sistemáticos para identificar a las víctimas de la trata entre las poblaciones vulnerables, tales como las personas que ejercen la prostitución o los menores que trabajan” refiere el informe.
Tampoco posee un equipo de respuesta inmediata ante los abusos que contra menores se tienen en el país y si los hay no llega a las zonas rurales. Hasta hace poco se destinaron fondos para atender a las víctimas de trata, por ejemplo en el 2013 la única ayuda registrada fue de 38.000 dólares a una organización no gubernamental que presta servicios a menores vulnerables y que opera como el único refugio especializado del país para niñas víctimas de abuso sexual y de trata con fines de explotación sexual.
En Guatemala hay un manual instructivo homologado por las diferentes instancias de la justicia, derechos humanos y seguridad pública para atender a las víctimas nacionales y extranjeras que hayan sido rescatadas en el territorio, pero tampoco satisface a las autoridades estadounidenses en la lucha contra la trata.
Más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, gubernamentales e internacionales aglutinadas en la Red contra la Trata de Personas trabajan en la atención de los sobrevivientes por este flagelo.
Un panorama que evidencia como la dimensión del problema, ha sobrepasado la capacidad de las instituciones en estos tres países. Mientras las víctimas se multiplican, los delincuentes continúan libres.
“Estamos trabajando para velar por el bienestar de la niñez, sin embargo preocupa la exposición de los menores a las redes. Hay pocas denuncias y solo sabemos que la mayoría son sometidos con engaños. Provienen de comunidades remotas, les dicen que van a darles un empleo y cuando los llegan la realidad es otra. No hay estadísticas que nos pongan en la mesa la realidad del problema que se enfrenta, son pocos los casos que han sido judicializados”
Rosa Corea, Secretaria Ejecutiva Comisión Interinstitucional Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (Cicesct).
“Pero hay condenas ejemplarizantes por trata de personas. En trata de personas hay delincuencia organizada, muchas veces se detiene a la punta de iceberg y no se toca la estructura”
Fuente CONNECTAS Plataforma Periodística para las Américas: http://connectas.org/la-trata-de-personas-el-delito-que-no-se-combate/
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