Ante las falencias en las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades mexicanas en torno a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre de 2014, las organizaciones abajo firmantes saludamos el inicio de las labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La primera visita del Grupo a México tendrá lugar el 1 de marzo próximo y se espera que organizaciones de la sociedad civil puedan hacerles llegar sus inquietudes, escritos y testimonios directamente.
El 12 de noviembre de 2014 el gobierno mexicano, los familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes firmaron con la CIDH un acuerdo mediante el cual aceptaron la conformación del referido Grupo, cuyos integrantes Alejandro Valencia Villa, Ángela Buitrago (Colombia), Francisco Cox Vial (Chile), Claudia Paz y Paz (Guatemala) y Carlos Martín Beristaín (España) fueron elegidos por la CIDH el 16 de enero de 2015. Según el acuerdo, el mandato del Grupo abarca las siguientes actividades: “elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.”
Los días 11 y 13 de febrero de 2015 los y las expertas realizaron su primera reunión en la sede de la CIDH en Washington D.C., con el fin de examinar su mandato, elaborar un plan inicial de trabajo y determinar sus primeras acciones en México. Al final de la reunión los y las expertas dieron una conferencia de prensa[1] subrayando que pese a los enormes desafíos, esperan poder aportar para que los familiares de los desaparecidos y, en general, la población mexicana, encuentren verdad, justicia y reparación.
La llegada del Grupo Interdisciplinario a México se da algunas semanas después de las declaraciones del Procurador General de la República en las que afirma tener certeza legal de que los estudiantes desaparecidos habrían sido asesinados y sus restos incinerados en Cocula, estado de Guerrero. Tales afirmaciones han sorprendido a la población mexicana y toda la comunidad internacional interesada en que las investigaciones sean serias, respetuosas del sufrimiento y expectativa de justicia de los familiares de los estudiantes y sobre todo ajenas a criterios políticos. En tal contexto, consideramos que el inicio de las labores del Grupo Interdisciplinario viene a sumar méritos al incansable seguimiento de los padres, madres y familiares de los estudiantes desaparecidos, que cuentan no sólo con la solidaridad internacional sino también con el valioso apoyo de reconocidas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, el Equipo Argentino de Antropología Forense, entre otras.
Las organizaciones firmantes coincidimos en que la trascendencia del delito cometido en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y de las graves violaciones de derechos humanos en México requiere un minucioso escrutinio internacional sobre el actuar de las autoridades federales, estatales y locales en el país. Como parte de ese ejercicio, consideramos que el Grupo Interdisciplinario debe contar con los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo su mandato y emitir sus conclusiones con absoluta autonomía y con base en parámetros técnicos. Exhortamos al gobierno mexicano a comprometerse públicamente a acatar las recomendaciones y conclusiones que emita el Grupo Interdisciplinario.
El 12 de noviembre de 2014 el gobierno mexicano, los familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes firmaron con la CIDH un acuerdo mediante el cual aceptaron la conformación del referido Grupo, cuyos integrantes Alejandro Valencia Villa, Ángela Buitrago (Colombia), Francisco Cox Vial (Chile), Claudia Paz y Paz (Guatemala) y Carlos Martín Beristaín (España) fueron elegidos por la CIDH el 16 de enero de 2015. Según el acuerdo, el mandato del Grupo abarca las siguientes actividades: “elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.”
Los días 11 y 13 de febrero de 2015 los y las expertas realizaron su primera reunión en la sede de la CIDH en Washington D.C., con el fin de examinar su mandato, elaborar un plan inicial de trabajo y determinar sus primeras acciones en México. Al final de la reunión los y las expertas dieron una conferencia de prensa[1] subrayando que pese a los enormes desafíos, esperan poder aportar para que los familiares de los desaparecidos y, en general, la población mexicana, encuentren verdad, justicia y reparación.
La llegada del Grupo Interdisciplinario a México se da algunas semanas después de las declaraciones del Procurador General de la República en las que afirma tener certeza legal de que los estudiantes desaparecidos habrían sido asesinados y sus restos incinerados en Cocula, estado de Guerrero. Tales afirmaciones han sorprendido a la población mexicana y toda la comunidad internacional interesada en que las investigaciones sean serias, respetuosas del sufrimiento y expectativa de justicia de los familiares de los estudiantes y sobre todo ajenas a criterios políticos. En tal contexto, consideramos que el inicio de las labores del Grupo Interdisciplinario viene a sumar méritos al incansable seguimiento de los padres, madres y familiares de los estudiantes desaparecidos, que cuentan no sólo con la solidaridad internacional sino también con el valioso apoyo de reconocidas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, el Equipo Argentino de Antropología Forense, entre otras.
Las organizaciones firmantes coincidimos en que la trascendencia del delito cometido en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y de las graves violaciones de derechos humanos en México requiere un minucioso escrutinio internacional sobre el actuar de las autoridades federales, estatales y locales en el país. Como parte de ese ejercicio, consideramos que el Grupo Interdisciplinario debe contar con los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo su mandato y emitir sus conclusiones con absoluta autonomía y con base en parámetros técnicos. Exhortamos al gobierno mexicano a comprometerse públicamente a acatar las recomendaciones y conclusiones que emita el Grupo Interdisciplinario.
Atte:
Amnistía Internacional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)
Robert F. Kennedy Human Rights
Oficina en Washington para Asuntos Latinamericanos (WOLA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)
Robert F. Kennedy Human Rights
Oficina en Washington para Asuntos Latinamericanos (WOLA)
Versión en Inglés: "Human Rights Organizations welcome the start of the Interdisciplinary Group of Experts for the Ayotzinapa Case": http://www.dplf.org/en/news/human-rights-organizations-welcome-start-interdisciplinary-group-experts-ayotzinapa-case
Fuente Fundación para el Debido Proceso - DPLF: http://www.dplf.org/es/news/orgs-de-ddhh-saludan-inicio-de-trabajo-de-grupo-de-expertosas-para-caso-ayotzinapa
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