México, Distrital Federal - La Relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Comisionada Rosa María Ortíz, realizó una visita a México entr el 6 y el 14 de octubre de 2014. La visita tuvo como principal objetivo el monitoreo de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en México, a nivel federal y en cinco entidades federativas, con particular énfasis en el seguimiento a los Sistemas de Promoción de derechos de las niñas y los niños, así como la afectación de sus derechos productos de la violencia y en el contexto de la migración. La Relatora también puso especial énfasis en los sistemas de cuidado alternativo y en la afectación de los derechos de los niños de poblaciones callejeras. Por último, la Relatora participó en una reunión de trabajo sobre la implementación de las medidas cautelares solicitadas por la CIDH al Estado en beneficio de los 43 jóvenes desaparecidos en la ciudad de Iguala.
Durante la visita, la delegación visitó el Distrito Federal, la ciudad de Cuernavaca en Morelos, la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, la ciudad de Saltillo en Coahuila y las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria en el estado de Tamaulipas. La Relatora se reunió con altas autoridades de los tres poderes del Estado en dichas entidades federativas, así como con más de cien organizaciones de la sociedad civil, comisiones de derechos humanos y víctimas de violaciones de sus derechos humanos y sus familiares. La Relatora y su equipo visitaron también el Centro Especializado de Medidas Privativas de Libertad para Adolescentes en Morelos, la Estación Migratoria de Saltillo, el puente internacional Nº1 de Nuevo Laredo; la Etación Migratoria de Nuevo Laredo; el Módulo de atención del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) para niños migrantes no acompañados; el Centro de Atención a Menores Fronterizos de Nuevo Laredo (CAMEF); la Estación Migratoria de Reynosa; el Módulo de Atención del DIF y el Centro de Atención a Menores Fronterizos de la misma ciudad; el puente Hidalgo; y el Centro de Adopciones y la Casa Hogar del Niño DIF Tamaulipas.
La Comisión agradece al gobierno de México por la invitación realizada a la Relatora, así como la disposición de las más altas autoridades federales, estatales y municipales de cada una de las entidades federativas, y el acceso abierto e irrestricto que tuvo la delegación a todas las dependencias y centros de migración y de medidas privativas de libertad para adolescentes y de cuidado alternativos. En particular, la CIDH aprecia y valora la informaicón suministrada por el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, las personas afectadas y otros interesados. La Relatora agradece especialmente el apoyo de UNICEF en la realización de esta visita.
Sistemas de promoción de derechos
La Comisión recibió información relevante sobre el proceso legislativo en curso, relativo a la Iniciativa de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Relatoría ha hecho un seguimiento cercano a este proceso en México, y saluda que a 25 años de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, impulsada por México, el Estado esté en un proceso avanzado de creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este sentido, la Relatora insta al Estado a aprobar y promulgar dicha ley, con el fin de garantizar una atención integral, bien coordinada, con una recolección de datos relevantes, financiamiento adecuado, con participación de todos los poderes, niveles de gobierno, así como de la sociedad civil, incluyendo a organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la Relatora llama al Estado a dar prioridad a la implementación de dicha ley y a crear los mecanismos que la misma establece.
La Relatora observa avances importantes en la creación e implementación de estos sistemas en los estados de Morelos, Oaxaca, Coahuila y Tamaulipas y rceonoce los avances en la coordinación de las políticas, que pemriten un mejor diseño y coordinación de programas sociales como en materia de alimentación, acceso a la educación, salud, recreación y mejoramiento de espacios públicos seguros, entre otros. La Relatora destaca asimismo, el programa de acceso a una beca escolar hasta la universidad en el estado de Morelos, así como la reforma del Sistema de Justicia Juvenil. La Relatora destaca también la creación en Coahuila de la Procuraduría para la Niñez (PRONNIF), que en dos meses ha realizado más de 2000 atenciones.
La Relatora observa que pese a estos avances, persisten viejos patrones de falta de coordinación y de enfoque de derechos, lo cual implica que los niños se ven desprotegidos frente a un sistema que aunque tiene muchos recursos, no se organiza suficientemente para la protección integral de sus derechos.
Derecho a la alimentación
A nivel federal, la Relatora fue informada acerca de la implementación del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, que estaría favoreciendo a 3 millones de personas a través de 90 programas del Gobierno Federal. De acuerdo con el programa, la población en extrema pobreza en México se calcula en 7 millones de personas. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social, se habrían implementado 4 mil 522 comedores comunitarios para niños, niñas y madres embarazadas y comedores en escuelas de tiempo completo. Asimismo, la Relatora recibió información del Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia acerca de su exitoso programa de desyaunos en todos los estados del país.
Sistemas de promoción de derechos
La Comisión recibió información relevante sobre el proceso legislativo en curso, relativo a la Iniciativa de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Relatoría ha hecho un seguimiento cercano a este proceso en México, y saluda que a 25 años de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, impulsada por México, el Estado esté en un proceso avanzado de creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este sentido, la Relatora insta al Estado a aprobar y promulgar dicha ley, con el fin de garantizar una atención integral, bien coordinada, con una recolección de datos relevantes, financiamiento adecuado, con participación de todos los poderes, niveles de gobierno, así como de la sociedad civil, incluyendo a organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la Relatora llama al Estado a dar prioridad a la implementación de dicha ley y a crear los mecanismos que la misma establece.
La Relatora observa avances importantes en la creación e implementación de estos sistemas en los estados de Morelos, Oaxaca, Coahuila y Tamaulipas y rceonoce los avances en la coordinación de las políticas, que pemriten un mejor diseño y coordinación de programas sociales como en materia de alimentación, acceso a la educación, salud, recreación y mejoramiento de espacios públicos seguros, entre otros. La Relatora destaca asimismo, el programa de acceso a una beca escolar hasta la universidad en el estado de Morelos, así como la reforma del Sistema de Justicia Juvenil. La Relatora destaca también la creación en Coahuila de la Procuraduría para la Niñez (PRONNIF), que en dos meses ha realizado más de 2000 atenciones.
La Relatora observa que pese a estos avances, persisten viejos patrones de falta de coordinación y de enfoque de derechos, lo cual implica que los niños se ven desprotegidos frente a un sistema que aunque tiene muchos recursos, no se organiza suficientemente para la protección integral de sus derechos.
Derecho a la alimentación
A nivel federal, la Relatora fue informada acerca de la implementación del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, que estaría favoreciendo a 3 millones de personas a través de 90 programas del Gobierno Federal. De acuerdo con el programa, la población en extrema pobreza en México se calcula en 7 millones de personas. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social, se habrían implementado 4 mil 522 comedores comunitarios para niños, niñas y madres embarazadas y comedores en escuelas de tiempo completo. Asimismo, la Relatora recibió información del Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia acerca de su exitoso programa de desyaunos en todos los estados del país.
Sin embargo, la Relatora observa con preocupación que de acuerdo con la información recibida, el 7.25% de los niños y niñas de 5 y 14 años de edad en zonas urbanas sufre de desnutrición crónica, siendo esta cifra el doble en zonas rurales, afectando aún más a sectores como las poblaciones indígenas. La Relatoría ha observado igualmente que no sólo la desnutrición, sino también la obesidad infantil, afecta negativamente el desarrollo y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, constando que 4.1 millones de niños en edad escolar presentaban este problema. La Relatora llama al Estado a redoblar los esfuerzos para una mejor coordinación y ampliación de sus políticas de manera a asegurar un enfoque integral de derechos en sus programas, así como el acceso efectivo de todos los niños tanto a la alimentación como a la educación y a un servicio de salud culturalmente adecuados.
Cuidados alternativos
En relación con el sistema de cuidados alternativos a niños, niñas y adolescentes, la CIDH observa que persiste una ausencia alarmante de reglamentación, coordinación y supervisión por parte del Estado de las instituciones que proveen cuidados a los niños, lo cual los ha expuesto sistemáticamente a riesgos serios. En este contexto, preocupan particularmente a la Relatora casos como el de “Casitas del Sur” en el que 15 niños habrían sido sustraídos de un albergue administrado por una asociación civil. Igualmente, la situación descubierta en forma reciente por las autoridades estatales, en el que fueron hallados 458 niños, niñas y adolescente, 6 de ellos entre 0 a 3 años de edad, quienes vivían presuntamente en condiciones infrahumanas, de insalubridad y bajo abusos en “La Gran Familia” una institución residencial conocida como "Mama Rosa" en Michoacán. La Relatora manifiesta especial preocupación por estos hechos y, reitera, que es inaceptable que el Estado no tenga un registro completo de los niños en cuidados alternativos, y que las casas u hogares particulares no estén debidamente regulados ni supervisados.
La Relatora recuerda al Estado que la separación de un niño/a de sus familias es una excepción y que su principal responsabilidad frente a niños sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, es la implementación coordinada de planes y programas para fortalecer las capacidades de las propias familias de cuidar a sus hijos, con programas cercanos establecidos en sus comunidades. En relación con el sistema de cuidados alternativos, la CIDH recuerda al Estado la urgente necesidad de regular adecuadamente el funcionamiento de los centros de acogida, que conduzca las reformas hacia la no institucionalización de niño/as; hacia el paso transitorio de los niños por los hogares de acogida y, que éstos sean de tipo familiar y con número reducido de niños; que asegure que los directivos y el personal estén capacitados en el enfoque de derechos y en el objetivo de la restitución más pronta del derecho del niño a vivir en su familia; que la coordinación entre autoridades administrativas y judiciales aseguren la ejecución de un plan de vida para cada niño/a, con revisión periódica de la medida, y que el interés superior del niño se asegure en todas las etapas del proceso.
Derecho a la Salud
En cuanto al derecho a la protección de la salud, la Relatoría recibió información de la sociedad civil respecto al aumento del embarazo en las adolescentes de acuerdo a la cual el 17.6% de los embarazos en el país correspondería a niñas entre 10 a 19 años. Lo anterior tiene consecuencias en su salud y su desarrollo. Estos embarazos se convierten a la vez en causa de discriminación y posibles violaciones a los derechos a la vida, al acceso a la información, a la educación y a la protección de la salud.
La Comisión recuerda lo establecido en el Informe “Derecho del Niño y la Niña a la Familia. Cuidado Alternativo. Poniendo fin a la Institucionalización en las Américas” que establece que los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con la evolución de sus capacidades y su autonomía personal, tienen derecho a acceder a la información en materia de salud sexual y reproductiva, incluso de modo confidencial y sin necesidad de la presencia o el consentimiento de los padres o adultos que tengan su guarda legal. Asimismo, establece que los niños, niñas y adolescentes pueden y deben participar de las decisiones que afectan a su salud, salvo que sus condiciones de madurez o discernimiento no lo permitieran. En ese sentido, es vital el acceso a todos los programas, servicios e información que promuevan la prevención del embarazo en niñas y adolescentes.
Población callejera
La Comisión Interamericana ha hecho seguimiento a la situación de las poblaciones callejeras, principalmente en el Distrito Federal. En este sentido, la Relatora recibió información acerca de redadas que se habrían realizado, en las cuales se habría desplazado a algunas comunidades de sus lugares de residencia. La Relatora observa con preocupación la falta de programas efectivos de apoyo a estas comunidades, así como la presunta re-victimización que sufrirían al entrar en contacto con las autoridades y hace un llamado urgente a implementar programas adecuados y coordinados para garantizar que esta población, una de las más vulnerables de México, tenga un acceso efectivo a ejercer sus derechos humanos de acceso a la justicia, a la protección de la familia, a la educación, salud, entre otros.
Niñez migrante
La CIDH ha hecho seguimiento cercano a la situación de niñez migrante en la región durante los últimos años, y ha destacado las circunstancias de especial vulnerabilidad que enfrentan en su tránsito por este país. Las situaciones de riesgo incluyen el secuestro, el tráfico y la trata de personas, el engaño por los traficantes “coyotes”, explotación laboral y sexual, los robos, el reclutamiento por el crimen organizado para el cruce de droga, la violencia física, emocional y sexual, el asesinato por motivos de género y el homicidio. La Relatora manifiesta su profunda preocupación por la invisibilidad de estos niños que transitan por México que de acuerdo con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2014, son al menos 66.127 niños y niñas no acompañados.
La CIDH observa con preocupación que el único contacto con las autoridades mexicanas se produciría con su detención por parte del Instituto Nacional de Migración, quienes los entregan casi inmediatamente a los centros del DIF, para luego retornarlos a sus países con el concurso de sus consulados respectivos o a sus estados de origen si se trata de migrantes mexicanos. La Relatora recibió información por parte de las autoridades que indica que ningún niño o niña en los lugares visitados habría solicitado asilo o refugio. Las entrevistas con los niños en los centros, reflejaron asimismo la falta de conocimiento acerca de sus opciones, así como la falta de asesoría jurídica. La Relatora manifiesta su preocupación por esta situación que refleja una ausencia de atención adecuada por parte del Instituto de Migración, que vele por sus derechos y asegure que la medida tomada responda al interés superior de cada niño/a, caso por caso.
La Relatora recibió información consistente que refleja que cerca del 80% de los niños transitarían hacia Estados Unidos con el objetivo de encontrar a uno o ambos padres y el resto lo hace principalmente para escapar de la violencia, lo cual explica los altos índices de reintento de estos niños. En este sentido, la CIDH recuerda lo establecido recientemente por la Corte Interamericana en su opinión consultiva Nº 21 de fecha 19 de agosto de 2014 en el sentido que es obligación del Estado adoptar medidas que propendan al cuidado y bienestar de la niña o del niño con miras a la protección integral de sus derechos antes que a su privación de libertad. Agrega la Corte que el parámetro de actuación estatal debe tener como objetivo asegurar en la mayor medida posible la prevalencia del interés superior de la niña o del niño migrante. De acuerdo con lo anterior, la Relatora llama a los estados de la República a asegurar de manera conjunta la mejor implementación del interés superior del niño, adoptando medidas diferentes a la detención de los mismos y que asegure que su tránsito sea en condiciones seguras, y con pleno respeto de sus derechos humanos.
Por otra parte, la Relatora recibió información por parte de las autoridades y de la sociedad civil, acerca de las condiciones en que los niños mexicanos serían recibidos desde la frontera norte, destacando las condiciones deplorables de salud, tales como enfermedades no detectadas, algunas acentuadas por el extremo frío que padecen en las instalaciones, pies ampollados y sin tratamiento, así como la falta de documentación. Asimismo, la Relatora recibió información que, pese a un acuerdo que establece horarios de repatriación, en Coahuila los niños segurían siendo repatriados en horario nocturno, lo cual disminuye la posibilidad de que organismos públicos o privados otorguen una debida protección, acentuando su exposición al peligro.
Desaparición de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
La Relatora recibió información alarmante acerca de denuncias realizadas por la presunta desaparición de niños, niñas y adolescentes, además de adultos jóvenes, afectando prácticamente a todo el territorio nacional. En este sentido, la Relatora recibió información que indica que existiría un crecimiento alarmante en el número de niños no localizados y/o presuntamente desaparecidos, y que pese a lo anterior, el Estado no ha proporcionado cifras de cuántos niños y niñas estarían desaparecidas. De acuerdo con la información recibida por la Relatora, la falta de información oportuna por parte de las autoridades encargadas de la investigación dificulta también la implementación de los programas de atención a víctimas. Así por ejemplo, la Relatora recibió a un grupo de 94 familias de víctimas de presunta desaparición forzada en Tamaulipas, quienes en su mayor parte responsabilizan a fuerzas estatales de dichas desapariciones forzadas. Los familiares denuncian que no se habría avanzado en ninguna de las investigaciones de estos hechos y la información proporcionada por el estado no desvirtúa lo señalado.
La Relatora recuerda al Estado su obligación de investigar estos delitos de manera pronta, diligente e imparcial. La investigación debe esclarecer las causas que condujeron a estos graves hechos de violencia, identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales; así como satisfacer las expectativas de justicia de las víctimas y sus familiares y actuar sobre las causas identificadas con programas efectivos de prevención. La magnitud de esta situación en el país amerita la adopción de medidas urgentes para atenderla y adoptar las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de hechos similares en el futuro.
La CIDH ha hecho seguimiento cercano a la situación ocurrida en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014; la muerte de 6 personas (entre ellos 4 estudiantes y un niño de 15 años) y la presunta desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” que pretendían manifestarse ante la presidenta del DIF (esposa del alcalde local) por mejoras en las condiciones para la escuela normal rural, tales como el número de matrículas, alimentación y medios de transporte. En este sentido, realizó una reunión de trabajo de seguimiento a las medidas cautelares solicitadas por la CIDH donde los solicitantes y el Estado acordaron una serie de medidas para implementarlas.
La CIDH reitera un llamado urgente al Estado mexicano, para localizar con la mayor urgencia a los 43 estudiantes cuyo paradero aún se desconoce; para proteger la vida e integridad personal de los sobrevivientes, sus familiares y representantes; investigar estos delitos de manera pronta, diligente e imparcial, y adoptar las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de hechos similares en el futuro.
Violencia
La Relatoría recibió con preocupación información que refiere el aumento de los niveles de violencia así como la falta de registros estatales sobre la materia. En este sentido, recibió de organizaciones civiles información que indicaría que entre los años 2006 y 2014 habrían documentado 2.000 casos de niños asesinados y/o mutilados, en algunos casos con extrema violencia. Además, le fue informado sobre un alto número de niños y niñas que habrían sido reclutados por la delincuencia organizada, la cual realizaría acciones agresivas de reclutamiento particularmente en comunidades pobres. Igualmente, preocupa el número elevado de huérfanos a raíz de la pérdida de uno o ambos padres, así como la cantidad de personas presuntamente desplazadas internamente por motivos de violencia, entre ellos niños, niñas y adolescentes.
La Comisión saluda la acciones emprendidas por el Estado Mexicano, como son la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la aprobación de Ley Nacional de Víctimas, sin embargo, reitera que es prioridad la implementación de planes efectivos y coordinados para enfrentar esta situación en todos los niveles, que comprenda la investigación y sanción a quienes resulten responsables; la atención adecuada e integral a las víctimas y planes de prevención de la violencia contra la niñez, en el marco de los Sistemas Nacionales y estatales de promoción y protección integral de sus derechos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
20 de octubre de 2014.
No hay comentarios:
Publicar un comentario