Hay que atender a los más de dos millones de niños trabajadores.
Un reciente reportaje publicado en este Diario da cuenta de menores de entre 8 y 12 años trabajando en la extracción ilegal de oro en la región Amazonas. Ello evidencia varios problemas.
El más notorio es que la expansión de la minería ilegal continúa en diversas zonas del país y que quienes dirigen esta actividad ilegal no tienen ningún reparo en sumarle otra, que es la explotación de menores en edades muy por debajo de la edad mínima exigida para trabajar (14 años). La norma además determina que deben ser actividades lícitas y que no expongan a peligro alguno al niño.
Queda claro también que tras estos niños hay adultos con capacidad financiera y logística que se mueven con libertad, pues la presencia de bombas hidráulicas y mangueras, así como de maquinaria pesada como dragas, nos indica que los operadores e inversionistas ilegales pueden recorrer grandes distancias trasladando sus equipos gracias a la falta de control o a la corrupción de las autoridades.
Asimismo, la estrategia que el Estado impulsa para enfrentar la minería ilegal no es sostenible, pues más allá de la exuberancia mediática de algunas operaciones, no hay alternativas laborales para esta población, ni se sabe qué hacer con los mineros ilegales que ahora deambulan como ‘chichiqueros’ (informales dispuestos a todo) en Madre de Dios; mucho menos con los niños o niñas que continúan laboral o sexualmente explotados en la zona, o con los cientos de niños trabajadores en La Rinconada (Puno), Cajabamba (Cajamarca), Caravelí (Arequipa) o, aquí muy cerca, Río Seco (Lima), por citar algunos ejemplos.
El Estado Peruano ha avanzado en los últimos años con la suscripción de diversos convenios internacionales para proteger a la infancia, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 138 (sobre la edad mínima de admisión al trabajo) y 182 (sobre las peores formas de trabajo infantil). También disponemos de normas nacionales protectoras de la niñez y de estrategias y planes de obligatorio cumplimiento, como la Ley General de Inspección al Trabajo, la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021, el Plan Nacional de Acción contra la trata de personas 2011-2016 o el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021, entre otros.
Sin embargo, toda esta buena disposición para frenar la explotación infantil se frustra por falta de recursos para su implementación, por una limitada visión sistémica de la acción del Estado que incorpore a los gobiernos regionales y locales, así como por la escasa infraestructura de soporte, entre diversas razones.
No debemos olvidar que somos un país con alrededor de 70% de la población económicamente activa (PEA) en la informalidad, con más de dos millones de niños trabajadores según la OIT, y con alrededor de 600 mil niños trabajando en la minería informal al 2011, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). ¿Qué hacer? Menos bulla mediática y más recursos y acciones concretas para enfrentar la explotación infantil; menos dinamita y más estrategia social y económicamente sostenible para enfrentar la minería ilegal en todo el país.
Por Ricardo Valdez de CHS Alternativo.
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