Nuestro país aún no ratifica este Protocolo Facultativo y eso perjudica a nuestros niños, niñas y adolescentes porque el derecho a dirigirse directamente ante las Naciones Unidas solo rige para los Estados que ratifiquen el Protocolo. El Gobierno peruano no puede quedar a la zaga de Costa Rica, España o Bolivia en cuanto a los derechos reconocidos a la niñez, por citar solo países del ámbito iberoamericano.
Las Naciones Unidas se han convertido en el foro internacional más importante –pero ciertamente no el único– para tratar la problemática de la infancia gracias al marco normativo que ofrece la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos, entre otras normas de derechos humanos, y gracias igualmente a la labor del Comité de Derechos del Niño, entidad creada en virtud de la Convención con el encargo de monitorear su cumplimiento por los países signatarios, los cuales asumieron la obligación de presentar periódicamente un informe al respecto.
El Comité de Derechos del Niño está integrado por especialistas en los derechos y la realidad de la niñez procedentes de los cinco continentes. El examen de los informes presentados por los Estados ofrece un espacio de diálogo franco y constructivo entre el Estado, la comunidad internacional, los expertos del comité y la sociedad civil internacional y de su respectivo país. El objetivo es aportar con diversos puntos de vista y experiencias para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales previstos en la Convención.
Recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional que goza con el mayor número de Estados que la han suscrito y ratificado. En buena cuenta, son todos los países del mundo con excepción de dos: Somalia, cuyo Estado quedó disuelto hace muchos años por la guerra civil, y… los Estados Unidos, aunque parezca increíble. En este último caso, existe un fuerte lobby contrario al reconocimiento de la Convención por parte de entidades que no admiten, por ejemplo, una justicia penal para la niñez, diferenciada de la justicia para los adultos. No obstante, las organizaciones que defienden los derechos fundamentales dan la batalla por quebrar el bloqueo conservador.
La entrada en vigencia del Tercer Protocolo Facultativo es un paso trascendental en el reconocimiento de la ciudadanía de los niños. “Hoy marca el comienzo de una nueva era para los derechos de los niños. Los niños ahora tienen el poder, ya que el nuevo Protocolo Facultativo reconoce su capacidad de ejercer y reclamar sus propios derechos”, dice la nota de prensa de las Naciones Unidas. Está pasando definitivamente la larga época en que los niños y niñas eran considerados como meras pertenencias de sus padres, tutores, guardadores o del Estado. Los niños y niñas, a medida que van madurando y comprendiendo el mundo, tienen derecho a que se oiga su voz en sus familias, en su comunidad local, en su Estado nacional y también en las Naciones Unidas, claro que sí.
Artículo de Ronald Gamarra Herrera publicado en el Diario16, el domingo 27 de abril de 2014.
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