Todos hemos perdido la cuenta del número de ministros improvisados que han pasado por el Ministerio del Interior. Esto no ha servido para darle mínima coherencia a la labor en este sector, ni para dar inicio a una acción sostenida y vigorosa contra una delincuencia que cada día escala el nivel de su desafío a la seguridad de todos los peruanos.
Y pensar que todo empezó con bombos y platillos, con el anuncio de que la seguridad ciudadana sería una de las prioridades máximas del gobierno. ¿Recuerdan? El propio presidente Humala se puso al frente de un consejo interinstitucional de alto nivel para la seguridad ciudadana.
En verdad, se requería –y la ciudadanía esperaba– un esfuerzo menos aparatoso, pero claramente orientado al objetivo, conformando equipos de especialistas en los ministerios e instituciones concernidos, diseñando planes operativos con objetivos concretos y controlables en el tiempo, y asumiendo el reto de combatir al mismo tiempo la corrupción que corroe a la PNP, reorganizando al mismo tiempo su despliegue y disposición de efectivos, haciendo el mayor esfuerzo por su capacitación. Profesionalizándola.
Pero nada de eso ocurrió ni se hizo en medio periodo presidencial. Y después de un par de sesiones apantalladoras del dichoso consejo de seguridad ciudadana encabezado por el propio presidente, aquel no volvió a reunirse más. Para colmo de males, en vez de algún progreso en la línea correcta, lo que la ciudadanía tuvo del gobierno fue el escándalo López Meneses.
Hoy, en el punto medio preciso de su mandato, Humala debe tomar conciencia de que tiene la última oportunidad de hacer algo significativo en seguridad ciudadana, de dar pasos iniciales valederos que pueda ser proseguido por el gobernante que le suceda. Si no lo hace ahora, ya no podrá hacerlo más adelante. Si realmente le interesa afrontar el problema de la seguridad ciudadana, que efectivamente va en vías de volverse incontrolable si no se toman decisiones ahora, no puede permitirse el fracaso de un nuevo ministro. Por eso debe apoyar la gestión de Walter Albán en las políticas centrales que requiere el sector.
Hoy, en el punto medio preciso de su mandato, Humala también debe tomar conciencia de que normas como la Ley 30151, que flexibiliza las reglas para el uso regular de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad (desaparece la obligación de uso de las armas conforme a los reglamentos y abre la posibilidad de la utilización de cualquier “medio de defensa”) solo promueve el gatillo fácil y la impunidad de policías y militares que causen lesiones o muertes. El presidente y sus seguidores deben entender que, en verdad, como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, leyes como esa chocan, colisionan con el objetivo de fortalecer la labor policial y militar en la lucha contra la delincuencia, la inseguridad ciudadana, el resguardo del orden público y la defensa de la seguridad nacional; y, claro está, ponen en serio riesgo la integridad y la propia vida de los ciudadanos. En suma, que son innecesarias, contraproducentes y promotoras de la impunidad.
Artículo de Ronald Gamarra publicado en Diario16 el día domingo 19 de enero de 2014.
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