Esta semana ha estado signada por dos hechos simbólicos para la vigencia de los DDHH. El 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos y estuvo de visita oficial a nuestro país el Relator Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas.
La visita del Relator Especial es un acontecimiento de suma importancia para el país, pues cumplió con un nutrido programa de trabajo que le permitió tomar contacto con los problemas muy graves y variados que afectan a las etnias nativas. En verdad, es la tercera vez que el señor James Anaya visita el Perú. Estuvo aquí en el 2009, a continuación de los trágicos sucesos de Bagua.
El Relator ha profundizado su conocimiento sobre la problemática de nuestros pueblos indígenas. Todo lo cual se reflejará en el informe que prepara sobre la situación de nuestro país con respecto a este tema y que emitirá en los primeros meses del próximo año. Esta será por tanto una gran oportunidad para que nuestro estado y los actores sociales ajusten sus acciones y perspectivas para cumplir con la protección debida a los derechos de los pueblos indígenas.
Su visita y su próximo informe no deben verse como la preparación de un acta de acusación. Quienes así razonan interesadamente, se equivocan. La misión del Relator Especial, que actúa en representación del Secretario General de la ONU, es ayudar a los estados a cumplir con los compromisos pactados internacionalmente para el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Hay que verlo entonces como un interlocutor objetivo y de buena voluntad.
Hacer oídos sordos a sus informes, sugerencias y observaciones es la peor política. Los estados necesitan de la opinión de expertos internacionales que se encuentren, a la vez, alejados de la contingencia política diaria, que nubla la visión objetiva de las cosas, pero comprometidos plenamente con el tema que da contenido a su misión. Ese es el servicio que presta la ONU y, en concreto, es el sentido de la misión que cumple en nuestro país el señor Anaya.
En los años anteriores, y en relación con hechos específicos como el de Bagua, el Relator Especial ha ido formulando importantes observaciones y sugerencias en diálogo con los actores sociales, las etnias nativas y las autoridades del estado. El informe que emitirá luego de la intensa visita cumplida, permitirá sistematizar y profundizar este aporte, que el estado debe acoger con la importancia que tiene y sobre todo implementarlo para mejorar la precaria protección existente en nuestro país para los derechos de los pueblos indígenas.
Porque es imposible que sigamos ignorando aquello que es una realidad. Los pueblos indígenas peruanos no gozan de la protección debida de los derechos que los tratados internacionales y nuestra Constitución les garantizan. No es algo nuevo, así ha sido desde siempre. Cumplir con sus derechos, proteger sus legítimos intereses y sobre todo su derecho a la supervivencia, es un compromiso histórico pendiente de cumplimiento para nuestra República. Es una deuda que hay que saldar ahora. Que el Bicentenario no nos encuentre buscando todavía el camino hacia la satisfacción plena de esa deuda dolorosa.
Artículo de Ronald Gamarra Herrera, publicado en Diario16, el día domingo 15 de diciembre de 2013.
No hay comentarios:
Publicar un comentario