Costa Rica, jueves 5 de diciembre del 2013. Las organizaciones firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas que trabajamos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mostramos nuestra preocupación y rechazo frente al cierre arbitrario de la Fundación Pachamama por parte del gobierno ecuatoriano.
El 4 de diciembre de 2013, la Policía se presentó en las oficinas de la Fundación Pachamama en la ciudad de Quito, y procedió a clausurar las instalaciones de la organización, informando en ese mismo instante de una Resolución del Ministerio de Ambiente que decide disolver la organización.
La decisión se tomó de manera arbitraria, en tan sólo un día, y sin seguir las reglas mínimas del debido proceso legal.
El Ministerio invocó el artículo 26 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, conocido como Decreto 16, por el que se prevé como causal de disolución “desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida la organización”, y “dedicarse a actividades de política partidista (…), de injerencia en políticas públicas que atente contra la seguridad interna o externa del Estado, que afecten la paz pública”.
El Ministerio de Ambiente señala que dichas causales aplican a la Fundación Pachamama, por haber participado en una manifestación en contra de la XI Ronda Petrolera, en la que supuestamente habrían tenido lugar actos de agresión contra autoridades internacionales. Sin embargo, la decisión no ofrece sustento probatorio alguno.
La Fundación Pachamama, que efectivamente participó en la protesta contra la XI Ronda Petrolera, ha negado categóricamente su participación en ningún acto violento, por lo que el cierre se percibe como un acto de represalia por su posición.
Más allá de que la emisión del Decreto 16 fue cuestionada por diversas organizaciones de la sociedad civil y actualmente enfrenta varias acciones de inconstitucionalidad, no sólo por sus disposiciones, sino también por el alto margen de discrecionalidad que deja en el tratamiento de las organizaciones de la sociedad civil, su aplicación al caso concreto adolece de vicios jurídicos graves.
La decisión se tomó sin que hubiera un expediente administrativo abierto contra la organización, sin informar previamente a la organización de las acusaciones y darle la oportunidad de controvertirlas, y sin sustentar fáctica y probatoriamente las alegaciones.
Recordamos al Estado del Ecuador que, de acuerdo a la “Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores”, “toda persona tiene el derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y la libertades fundamentales”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que los Estados deben garantizar que los órganos competentes para el registro y disolución de organizaciones no cuenten “con un amplio margen de discrecionalidad, ni con disposiciones que tengan un lenguaje vago o ambiguo que genere el riesgo de que la norma sea interpretada para limitar el ejercicio del derecho de asociación”.
Por lo anterior, mostramos nuestra preocupación y solicitamos enérgicamente al Estado ecuatoriano que reconsidere su decisión y garantice a la brevedad que la Fundación Pachamama pueda seguir con su labor de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, con las garantías para ello.
Organizaciones firmantes:
Amazon Watch, organización internacional
Amnistía Internacional, organización internacional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM),
organización regional
Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos, regional
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), organización regional
Servicio Paz y Justicia América Latina, Serpaj AL, organización regional
Conectas Direitos Humanos, Brasil
Carlos Rodríguez Mejía, defensor de derechos humanos y profesor universitario, Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia
Alianza por tus Derechos, Costa Rica
Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI, Costa Rica
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeon Cañas” (IDHUCA), El Salvador
Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Estados Unidos
Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia –SEDEM, Guatemala
Fundación Myrna Mack, Guatemala
Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), Guatemala
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Honduras
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. México
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C (CADHAC), México
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México
Litiga,
Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C, Litiga OLE, México
Red por los derechos de la infancia en México #REDIM, México
Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH)
Movimiento Autónomo de Mujeres –MAM, Nicaragua
Asociación de Centros de Investigación,
Promoción Social y Desarrollo (ANC), Perú
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú
Centro de Derechos y Desarrollo, CEDAL, Perú
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Perú
Instituto Promoviendo Desarrollo Social, Perú
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, capítulo peruano, Perú
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay
Acción Solidaria en VIDH/Sida, Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela
CIVILIS Derechos Humanos, Venezuela
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC),
Venezuela
Espacio Público,
Venezuela
Laboratorio de Paz de Caracas,
Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela
Sinergia,
Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil, Venezuela.
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