La desaparición forzada de
personas durante el periodo del conflicto armado interno vivido entre 1980 y
2000 fue uno de los hechos más graves ocurridos en nuestro país. La desaparición forzada es un delito de derecho internacional que generalmente queda impune y constituye una violación de los derechos humanos de la persona que ha desaparecido, como también de sus familiares a conocer la verdad sobre lo ocurrido.
En varios países del mundo Amnistía Internacional ha documentado cómo se somete a hostigamiento, malos tratos e intimidaciones a los testigos de desaparición forzada y a los familiares de la persona desaparecida, que a menudo no pueden, además, tener acceso a la justicia, a la verdad ni a la reparación.
En el caso del Perú, los familiares de los desaparecidos han persistido durante más de 30 años en la búsqueda de sus seres queridos, esperando respuestas por parte de las autoridades estatales. Se trata de su derecho a conocer la verdad sobre los hechos sucedidos y la entrega de los restos mortales para darles un entierro digno para, de esta manera, poder cerrar su ciclo de duelo y dolor, al mismo tiempo terminar con el vacío legal en el que se encuentran.
Amnistía Internacional quiere que estos hechos no se repitan en el futuro y ha pedido a todos los Estados no sólo que firmen y ratifiquen la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, sino también que tomen medidas efectivas para implementar sus disposiciones en su legislación interna y en la práctica. Los Estados deben garantizar el derecho de toda persona a no ser sometida a desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a una reparación integral.
En tal sentido la organización valora positivamente la ratificación realizada por el Estado peruano en 2012 de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Sin embargo, el Estado peruano también debe reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, a cuya jurisdicción no se ha sometido aún – como si lo han hecho varios países en la región.
La falta de reconocimiento de la competencia del Comité, cuya función principal es recibir y considerar denuncias formuladas por víctimas o por otros estados parte, priva a la Convención de un efecto principal y torna las disposiciones de la misma mayormente retórica.
Por ello, firma la petición y solicita al Presidente del Perú, Ollanta Humala Tasso que reconozca de inmediato la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a fin de proporcionar a los familiares todos los mecanismos internacionales necesarios para que se realice la búsqueda y localización de la persona desaparecida, como así también para que todas aquellas personas sospechosas de responsabilidad penal por dicho crimen sean llevadas ante un tribunal de justicia civil, independiente e imparcial.
Las firmas serán enviadas a Amnistía Internacional Perú y entregadas al Presidente.
Fuente Amnistía Internacional Sección Perú: http://www.amnistia.org.pe/ciberaccion-detalle/?id=39
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