"Todo indica que en lo que queda del gobierno de Ollanta Humala los cambios mínimos que se buscaban asegurar no se lograrán, que peor aún, se han puesto las condiciones para que inversiones con bajos estándares ambientales y sociales anclen en el Perú, sin que nadie pueda evitarlo. Nuevamente, el gobierno abandona su rol tuitivo, colocándose de espalda a las demandas de miles de peruanos que en los últimos años han venido exigiendo que el Estado vele por los medios básicos que permiten su existencia y garantice las condiciones mínimas para el ejercicio de sus derechos", sostiene la abogada Ana Leyva.
El tema ha salido del museo. Y de las salas de redacción que lo tienen amordazado. Y aunque poco se habla en realidad de lo que significa Patrimonio Cultural, así en mayúsculas, se le trata de vincular a lo que ya no existe, a los muertos, al pasado que no volverá, a lo anacrónico.
Pero así como la cultura es un ser vivo, que siempre ha estado vivo y lo seguirá estando en cualquier condición por adversa que esta sea, el patrimonio es justamente el testimonio palpable de ese mismo ser vivo, de su legado, de su transformación y sus cambios, de sus carencias, de sus aprendizajes, de su evolución y/o su involución. Patrimonio es, por definición, algo que pertenece, algo de lo que somos propietarios, tanto a nivel material como inmaterial: conocimientos y saberes tanto como bienes y territorios.
La cultura nos construye, nos da identidad. Nosotros creamos a lo largo del cotidiano de nuestras vidas una ruta cultural que es nuestro patrimonio y que es patrimonio de nuestros hijos, nietos y demás herederos; patrimonio de nuestra ciudad, país, planeta, humanidad. Patrimonio de nuestro tiempo. De nuestro aquí y ahora. De lo que es, lo que fue y lo que será. Como lo hicieron nuestros abuelos y antepasados para con nosotros. Como lo harán nuestros nietos y descendientes con y para lo que venga después. Son energías vivas, que nos movilizan y nos proponen cambios, que nos dan alimento cuando volteamos hacia atrás para proyectar nuestro futuro. Que nos hacen sentir vivos hoy.
Decretos
La abogada Ana Leyva, de FEDAPAZ, hizo un minucioso análisis de los Decretos Supremos 054 y 060 que publicó en la revista online NoticiasSer.pe, en el que da cuenta del erróneo planteamiento de los mismos y de los riesgos que implican para la integridad de nuestro patrimonio. Si bien es cierto que el gobierno busca reducir las trabas burocráticas y administrativas del Estado en pos de promover y acelerar las inversiones, no se puede estar dispuesto a sacrificar el patrimonio natural, arqueológico o cultural del país y los derechos de las poblaciones locales.
“Con las medidas aprobadas por el gobierno del Presidente Humala para promover las inversiones en el Perú, parece poco probable, por lo menos en el futuro inmediato, lograr que éstas se den bajo estándares ambientales y sociales razonables. Las medidas adoptadas recientemente dan cuenta de ello, mediatizan los cambios mínimos que se habían logrado (SENACE y consulta previa) y retroceden en aspectos fundamentales”, sostiene Leyva.
Para Marco Gamarra, coordinador del colectivo cultural Salvemos Lima: “El problema es que no se le ha dotado al ministerio de Cultura de los recursos, personal, tecnología y presupuesto adecuados para llevar a cabo la labor de esta manera. Si nosotros somos conscientes de que se le pide mayor actividad, y no se le dota de mayores recursos, esto sumado a las labores cotidianas de velar por el patrimonio existente, en las que ni siquiera se puede dar abasto, es una locura, no tiene sentido. Sobre todo tomando en cuenta las dificultades y la poca eficiencia que vienen mostrando”.
¿Y cómo se debió haber hecho? “Pues el Poder Ejecutivo debió dotar de recursos al Ministerio de Cultura, darle mayores ingresos a esa cartera, para fortalecer su institucionalidad. También, el MinCu no puede verse como un ente estatal nada más, sino que tiene que configurar todo un sistema nacional de cultura, trabajar con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con sus propias direcciones regionales de cultura. En la DR del Callao, por ejemplo, cuando arrancó la última gestión, habían dos o tres arqueólogos para toda la región, con tanto que cuidar, algo que sucede en otras direcciones regionales del país. Entonces es muy peligroso este cambio en los procesos, cuando no se ha hecho un plan ni se ha articulado ni dotado de recursos a los involucrados. No va a funcionar. Y vamos a perder todos. Y mucho. Hay que fortalecer la institucionalidad del Ministerio, descentralizar las funciones, gestión cultural, capacitación, dotar de mayores recursos tecnológicos, de personal, de presupuesto, para que la labor del Ministerio se fortalezca. Se le está exigiendo mucho y dando nada. Es una situación muy grave”, sentencia Gamarra.
Problemas
El análisis de Ana Leyva es muy gráfico y contundente: “Uno de esos temas (que se han simplificado) es la modificación del procedimiento de obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). La norma plantea que presentada la solicitud, la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura o las Direcciones Regionales de Cultura deben emitir dicho certificado en un plazo no mayor de 20 días hábiles, si no lo hicieran se aplica el silencio administrativo positivo. Además, una vez emitido el CIRA, el titular del proyecto de inversión debe presentar un Plan de Monitoreo Arqueológico, el cual debe ser aprobado por una de las citadas direcciones, dentro de un plazo no mayor de 10 días. Igualmente, si la autoridad no se pronuncia se tiene por aprobado el plan”.
“Si consideramos que el Perú tiene un patrimonio arqueológico importante para el mundo, y simultáneamente no posee un catastro de restos arqueológicos, ni ha concluido la identificación de ellos, reducir plazos para que el Ministerio de Cultura haga esa labor en solo 20 días, es obligarlo a que actúe de manera poco diligente. Más aún cuando las condiciones sobre las que trabaja dicho ministerio no han cambiado. Peor aún es dar por aprobado un CIRA ante la falta de pronunciamiento de la autoridad correspondiente ya que quien pierde finalmente, en el caso de existir restos arqueológicos, es el país”, concluye la experta.
Percepciones
En declaraciones emitidas a La República el pasado 15 de julio, Luis Cáceres Rey, Director de la DGPA del Ministerio de Cultura, sostuvo que “(el Ministerio) tiene una estrategia para poner en valor, progresivamente, los monumentos arqueológicos de Lima. Se trata de proyectos de inversión pública que tienen el objetivo de investigar, conservar, poner en valor, en uso social los sitios mencionados (Mateo Salado, El Paraíso –ya destruido-, y seguirían los monumentos Huaycán de Pariachi, Monterrey y la huaca Aramburú, en la ciudad universitaria de San Marcos), y, adicionalmente, un acercamiento de las comunidades que viven alrededor”.
Sin embargo, no parece haber habido un espíritu de diálogo ni de querer escuchar recomendaciones o cruzar información. Un portavoz de la Municipalidad Metropolitana de Lima declaró a Espacio360, sobre si fueron consultados o invitados a participar antes de la promulgación de los DS, que “el trabajo del ministerio es independiente del de la Municipalidad, y en ese sentido no es necesario el intercambio de información previa. El ámbito de estos decretos tampoco afecta directamente a los sitios arqueológicos bajo control de la alcaldía”. Es decir, estos decretos salieron a la luz sin ningún tipo de consulta, ni ciudadana ni institucional.
Sobre este punto hay un comunicado que eleva su queja y preocupación por parte de la Asociación Peruana de Arte Rupestre (APAR) que, al lado de diversas instituciones académicas peruanas, proponen la derogación de los DS 054 y 060 por considerarlos inconstitucionales e inaceptables, dado que viola derechos fundamentales de los peruanos. “El Decreto Supremo no puede, bajo ninguna circunstancia, normar sobre el valor del patrimonio arqueológico peruano, desestimando los mecanismos de su protección y defensa, y en el mismo sentido menospreciar el trabajo arqueológico hecho por profesionales científicos, cuya labor en la investigación del pasado nacional es requerida en un país con una tradición cultural milenaria y uno de los focos de alta civilización del mundo”, reza el manifiesto.
En paralelo, mientras seguimos relamiendo nuestra angustia por lo ocurrido en El Paraíso, salen denuncias formales sobre la destrucción de más de cinco mil petroglifos en la zona de Toro Muerto, en Arequipa; la invasión de una zona de las Líneas de Nazca (Patrimonio de la Humanidad) por traficantes de terrenos; la venta de lotes en Huacoy, complejo monumental con más de 3.800 años de antigüedad ubicado en Lima Norte; el daño al complejo arqueológico Yanamarca, en un sector del Qhapaq Ñan (Camino Inca) que atraviesa Jauja, por parte de mineros informales y campesinos; sumadas a las malas artes con las que algunas empresas constructoras vienen operando desde hace un buen tiempo en zonas intangibles y de propiedad municipal, como el acantilado de Barranco, por citar un ejemplo.
Entonces, las preguntas se caen de maduras: ¿Cómo va hacer el Ministerio de Cultura para revisar todos los CIRAS que le lleguen y pronunciarse sobre todos los pedidos para ejecutar proyectos a nivel nacional, si ni siquiera se da abasto con lo que ya le toca hacer? ¿Cómo van a hacer sus Direcciones Regionales? ¿Cómo van a manejar la desarticulación histórica que hemos heredado por décadas? ¿Cómo van a organizarse para cuidar de un patrimonio gigantesco desglosado en la inmensidad de un territorio complejo y diverso? ¿Cuáles van a ser las prioridades en función al minúsculo presupuesto con el que se cuenta?
Todo indica que ha habido un apresuramiento en la firma de estos Decretos Supremos, los cuales se vuelven en extremo peligrosos para el buen uso del patrimonio de la nación. Ya hay una acción popular impuesta en su contra, para su revisión y adecuación, y el éxito de la misma dependerá de la gente, de la sociedad civil. Estos decretos tal y como están deberían ser derogados y replanteados. No debemos sacrificar un patrimonio cultural tan importante para la humanidad como el del Perú por intereses particulares de corto plazo. Urge una visión de futuro integrada, consensuada, nacional. De lo contrario, el costo va a ser gigantesco e irreversible. Gigantesco. Irreversible. Gigantesco. Irreversible.
*Hasta el cierre de esta nota, los representantes del Ministerio de Cultura que intentamos contactar para que nos den su versión de los hechos, no nos respondieron.
Elaborado por Santiago Pillado-Matheu vía Espacio360.
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