En estos días, el gobierno, a través del Ministerio de Defensa, intenta consumar una medida inadmisible que limita gravemente los derechos de los jóvenes, a quienes se pretende obligar nuevamente a prestar servicio a las Fuerzas Armadas si salen sorteados para ello. La medida contradice de modo flagrante el carácter voluntario de este servicio, establecido así desde los años 90, e introduce un elemento que la Defensoría del Pueblo no ha dudado en calificar y rechazar como discriminatorio.
En efecto, se pretende que los jóvenes que salgan sorteados y que no puedan pagar la suma de 1 850 soles (casi 700 dólares) son quienes deberán cumplir obligatoriamente con prestar el servicio militar. Toda una cachetada a la pobreza y el desempleo que afectan sobre todo a los jóvenes. Por lo demás, no cabe duda de que se trata solo del primer paso para restablecer la obligatoriedad de un servicio que siempre fue fuente de explotación, maltrato y discriminación.
Tal como fue practicado en nuestro país, el servicio militar obligatorio fue simplemente una variedad de la vieja institución de la mita, es decir, el servicio gratuito o cuasi gratuito prestado al amo o a la autoridad, y que siempre recaía en los más pobres, en los que menos acceso tenían a la educación y al conocimiento de la cultura dominante. Dejémonos de hipocresías. El servicio militar en el Perú fue la mita de los jóvenes principalmente indígenas o afrodescendientes, de los jóvenes pobres y marginalizados en general, y fue fuente de innumerables abusos y lo sigue siendo aun bajo la modalidad de servicio militar voluntario.
Llama poderosamente la atención que un gobierno que pretende representar los intereses populares recurra a la alternativa de la obligatoriedad, a la alternativa de la mita, en lugar de esforzarse por hacer atractivo el servicio a los jóvenes con los incentivos necesarios, como se hace en otros países que adhieren al sistema del servicio voluntario. Se percibe en esta deriva una inclinación militarista de viejo estilo, una nostalgia por las épocas en que se podía contar con efectivos tiranizables, baratos y en abundancia. No quieren darse cuenta de que esa época ya pasó.
Ha hecho muy bien la Defensoría del Pueblo en criticar consistentemente la medida anunciada por el MINDEF y en oponerse a ella con los medios legales a su alcance. La preocupación por las condiciones del servicio militar es una constante en la labor de la Defensoría del Pueblo, que ha dedicado ocho informes a esta materia en los últimos 15 años. El último, precisamente, fue entregado al MINDEF y puesto en conocimiento de la opinión pública esta misma semana.
La posición de la Defensoría del Pueblo aporta propuestas concretas y específicas para mejorar el servicio voluntario sobre la base de información minuciosamente recopilada y comprobada. Asimismo aspira a corregir graves errores y abusos que se siguen produciendo con los voluntarios en los cuarteles y que pasarían desapercibidos sin la labor y la voz de la Defensoría del Pueblo. Esperemos, pues, que el gobierno y el MINDEF reconsideren su posición y la reformulen en el sentido del respeto a los derechos ciudadanos y particularmente a los derechos de los jóvenes.
Termino con una consideración adicional. Hace tres años que el Congreso no ata ni desata para elegir al defensor del pueblo, entre otros altos funcionarios que debe designar sin lograr el consenso para ello. Y, sin embargo, tienen en sus narices parala Defensoría del Pueblo a un funcionario interino que lo viene haciendo de modo impecable, correcto, equilibrado y firme, el doctor Eduardo Vega Luna, funcionario que surge de la propia Defensoría y la encarna con dignidad y solvencia, y que no es el advenedizo que los partidos buscan infructuosamente para el cargo. ¿Qué esperan para nombrarlo? Si en este Congreso la mezquindad no fuera una ley no escrita, ya lo habrían hecho.
Artículo
publicado en el Diario16, el domingo 10 de junio, del Director del
Equipo de Incidencia en Derecho de IPRODES, Ronald Gamarra, en relación
al debate sobre la ley de servicio militar en el Perú.
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