Deudos de los caídos en el VRAE están abandonados

Ninguna familia de los 71 efectivos caídos en el VRAE recibió vivienda prometida, solo “una parte” del seguro de vida, señala El Comercio.

 

Las familias de 71 combatientes fallecidos en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) no son compensadas como la ley lo exige con su respectiva vivienda. Igualmente, en 15 casos de deudos de fallecidos desde antes de setiembre del 2009 tampoco se ha completado el pago de el seguro de vida. 

Para acceder a lo que les corresponde con derecho, familias han tenido que someterse a la indiferencia, la desinformación y los maltratos de la burocracia. La Unidad de Investigación de El Comercio halló 15 casos en los que se produce este atropello en ministerios del Interior y Vivienda. Ni los 59 efectivos que quedaron discapacitados de por vida tras combatir en el VRAE han sido tratados como se debe. Un caso ejemplar es el de la señora Sofía Casimiro Galarza, quien perdió a su hijo, el sargento REE EP Jhonatan Aragon Casimiro, en una emboscada en la región Vizcatán el 14 de setiembre del 2008, espera que la Jefatura de Administración de Derechos del Personal del Ejército le cancele los 32 mil soles pendientes del seguro de vida que le corresponde. Padres de los 14 sargentos, cabos y soldados ucayalinos restantes asesinados el 9 de abril del 2009 por Sendero Luminoso en un enfrentamiento en el VRAE se encuentran en la misma angustiante situación. 

Ellos son Rister Panaifo Izuiza, César Pinedo Macedo, José Tuanama Fasabi, Jimy Lozano Atonich, Lucas Sánchez Simón, Robinson Macedo Sima, Isac Montesinos Ahuanari, Wenceslao Fasabi Salas, Felipe Mejía López, Limber Silvano Manuyama, Ney Mozombite Arimuya, Teddy Pacaya Ruiz, Boris Flores Rengifo y Denis Guerrero Pérez. Ninguna de sus familias recibieron todo el seguro, que consta de 55 mil soles, ni su vivienda respectiva. 

TRÁMITES LARGOS Estos trámites, vigentes desde 1987, consisten en tres ascensos póstumos, pensión, seguro de vida equivalente a 15 unidades impositivas tributarias (reemplazado por una cambio excepcional de 55 mil soles) y una casa provista por el Estado. Se puede esperar hasta dos años por beneficios. En el caso de los fallecidos antes de setiembre del 2009, los deudos recibieron seguros de vida calculados ilegalmente sobre la base del valor de la UIT congelada en 1993. Para reclamar lo restante, varios debieron iniciar un juicio. Según autoridades consultadas por este Diario, solo se les pagará “a los que están en juicio cuando salgan sus sentencias y se disponga de recursos. A los demás, cuando el Ministerio de Defensa lo contemple en su presupuesto”. 

NO HAY CONVENIOS El Comercio conoció que el beneficio de la vivienda para policías y militares caídos en actos terroristas no se cumple desde 1997 pese a que la Ley 23494 está vigente. ¿Por qué? Los organismos que se encargaban de ejecutar las casas (el Fondo Nacional de Vivienda y la Empresa Nacional de Edificaciones) fueron liquidados. Sin embargo, los ministerios del Interior y Defensa no establecieron convenios con el sector Vivienda. Al menos en la policía, la Dirección de Bienestar tiene 1.066 expedientes de beneficiarios que iniciaron el trámite de vivienda, pero no se les otorgó. 

(Via El Comercio)