Derechos humanos de los policías y soldados

José Carlos Agüero

Desde IPRODES reiteramos nuestra profunda indignación por el atentado contra la comisaría de Jaén que produjo la muerte de 3 policías y 2 civiles, incluyendo un menor de edad. Desde luego, es noticia en todos lados hoy. Como lo es siempre que ocurren desgracias.

Sin embargo, como nos comentaba la viuda de un policía muerto en acción hace ya un tiempo “¿se han preguntado alguna vez todo lo que tiene que pasar una familia luego de que les hacen todas esas ceremonias, les entregan la bandera? Hasta allí llega el interés y el uso que las autoridades hacen de sus héroes. Luego viene el abandono, la crisis, la precariedad. Y como cualquier familia pobre, a sobrevivir como sea.    

Pese a que todo esto lo saben bien las autoridades, pues lo hemos denunciado (cuando trabajamos en la CNDH por ejemplo), nos sigue indignando la falta de diligencia con que desde el Estado se trabaja por mejorar la situación de derechos humanos del personal de la policía y también de las fuerzas armadas. Temas tan obvios:

Las condiciones indignas en que trabaja la policía; de logística, infraestructura, equipamiento, inteligencia, comunicaciones, alimentación, etc. Lo que sucede en todo el país, pero sobre todo en zonas de combate al narcotráfico y el terrorismo, documentadas por la televisión, la prensa en general y la propia Defensoría del Pueblo. 

El peligro en que son colocados continuamente los efectivos policiales por malas decisiones de sus comandos y de las autoridades políticas. La negligencia con que son enfrentados a situaciones de conflicto ha generado en los últimos años desde golpizas, humillaciones, hasta secuestros y asesinatos. 

La falta de diligencia para atender a los policías (y soldados) afectados en su integridad y que quedan en situación de discapacidad. Lo mismo respecto de los deudos de los policías que fallecen en acción. Sus propias instituciones los someten a maltratos o contiendas judiciales (que pueden durar años) para acceder a sus pensiones y sobre todo, sus seguros.  

Son diversos y complejos los problemas que afronta este sector de ciudadanos, y son sus organizaciones y representantes los que con mayor conocimiento pueden informar y exigir sus derechos. No obstante señalamos algunos puntos que desde nuestra experiencia deberían implementarse de modo urgente:

• Se requiere un reforma en serio e integral y no sólo campañas retóricas, para mejorar las condiciones de trabajo y la capacidad operativa de la policía. Planes, metas, ejecución, rendición de cuentas. Eso se necesita. No más discursos. 
• Se requieren protocolos de actuación y el establecimiento de claras responsabilidades para la intervención en situaciones de alto riesgo, tomando en cuenta la experiencia negativa de los últimos años, pero que deja lecciones relevantes. 
• Se requiere que las sanidades trabajen con estándares de calidad y transparencia, que permitan a los usuarios un buen trato, una atención médica de calidad y la posibilidad real de ejercer quejas. 
• Se requiere reformar la burocracia a cargo de los derechos y beneficios de los afectados y deudos de los policías afectados para que estos mecanismos sean eficientes y eficaces.
• Se requiere una supervisión periódica y transparente de estas medidas. Que la Defensoría del Policía realmente asuma roles relevantes y se le otorgué el peso que ahora no tiene en la estructura institucional. 

Invocamos a la Defensoría del Pueblo a supervisar estas situaciones de derechos humanos e informar a las autoridades correspondientes de sus hallazgos y propuestas concretas, así como a la opinión pública.   

¡Vamos! Se requiere una real preocupación, solidaridad auténtica. Y una gestión adecuada, no artesanal. Para que se eviten muertes inútiles y las que lamentablemente ocurran no se agraven con la infamia de la burla y el maltrato de una administración morosa e inhumana.

Finalmente, no podemos dejar de seguir expresando nuestro malestar por el uso propagandístico que actores políticos de toda laya realizan no para defender los derechos de policías y tropa, sino para mantenerse como un cuerpo intocable, alejado del control civil que incluye, como no, el judicial. 

Como todos los ciudadanos y trabajadores, los y las policías requieren un trato digno para ellos y sus familias. Sus derechos no son más ni menos, son derechos humanos. Ponerlo en duda es jugar a los duelos verbales. Y es irresponsable. 

Vea: Ronald  Gamarra en la República