CIDH llama a los Estados, en el Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas, a reducir las desigualdades

Washington, DC - En el marco del Día de la Niñez y Adolescencia de las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados de la región a seguir avanzando en la adopción de medidas de promoción y protección integral de los derechos de esta población, priorizando el interés superior de la niñez y buscando reducir las desigualdades que les afectan.

En la actualidad, la población más joven de la región alcanza su mayor número en la historia del continente. En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) calcula que unos 237 millones de jóvenes entre 10 y 24 años viven en el continente americano, cifra que supone una cuarta parte de la población regional. A pesar de ello, la CIDH observa que situaciones estructurales de inequidad y desigualdad continúan afectando de manera diferenciada a esta población. Ello, ocasiona que niñas, niños y adolescentes se enfrenten a barreras de acceso para gozar plenamente sus derechos y para participar de una forma accesible y activa en los asuntos que les afectan directamente.

Por su parte, la Comisión Interamericana toma nota de los recientes esfuerzos emprendidos por los Estados a fin de que esta población pueda ejercer sus derechos, tales como el fortalecimiento institucional en materia de protección integral de la niñez y adolescencia. En particular, la CIDH reconoce la aprobación del nombramiento de autoridades de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina a inicios de este año, las elecciones de Consejos Tutelares en Brasil en 2019, la instalación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras, y la creación del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en Panamá. De igual manera, la Comisión saluda las reformas legislativas en la región que buscan mitigar la violencia y el maltrato infantil, tales como la reforma del artículo 44 de la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes de México, que prohíbe el uso del castigo corporal como método correctivo o disciplinario. En Chile se destaca la Ley No. 21.160 que declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes y la aprobación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección a la Niñez y la Adolescencia.

A pesar de los avances en la materia, la Comisión Interamericana advierte que de conformidad con datos de UNICEF, la región cuenta con 72 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe que viven en pobreza multidimensional, al carecer de acceso a atención médica, educación, nutrición adecuada y vivienda digna. Asimismo, persisten altos índices de violencia que ubican a las Américas como la región con la mayor tasa de homicidios de adolescentes y jóvenes. Así, de conformidad con información de la OPS, más de 45.000 jóvenes de 15 a 24 años mueren por homicidio cada año en el continente, y del 60 al 70% de estas muertes involucran armas de fuego. De igual forma, las consecuencias de las brechas de inequidad y desigualdad se ven reflejadas en el ejercicio de otros derechos como el acceso a la educación, alimentación y salud.

Por su parte, la CIDH observa también que la interseccionalidad de diversos factores −tales como género, etnia o discapacidad− colocan a diversos grupos de esta población en una situación especial de riesgo. En este sentido, la violencia de género y discriminación perjudica significativamente a las niñas y adolescentes, impidiéndoles desarrollarse plenamente. También, la CIDH advierte que la discriminación estructural hacia los NNA de las comunidades indígenas limita el acceso y reconocimiento de sus derechos. De igual manera, la exclusión social continúa afectando a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que impiden que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que aquéllos que no tienen esta condición de vida. Asimismo, la niñez y adolescencia migrante, especialmente la no acompañada, se enfrenta a mayores vulnerabilidades que ponen en grave riesgo su vida e integridad. Igualmente, la Comisión manifiesta su especial preocupación por los adolescentes que se encuentran privados de libertad, frente a la persistencia de condiciones de detención que resultarían contrarias a la dignidad humana y al principio del interés superior de la niñez.

Por otra parte, la CIDH observa que la situación de la pandemia del COVID-19 ha profundizado los desafíos para la protección de los niños, niñas y adolescentes en la región. En este sentido, han sido evidenciadas las carencias del sector salud para la atención de los NNA; sus derechos a la educación y alimentación han sido limitados desproporcionadamente, y los índices de violencia intrafamiliar se han agudizado de forma alarmante. Al respecto, la Comisión recuerda que su Resolución No. 01/20, “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” y en comunicado de prensa de 27 de abril de 2020 contienen recomendaciones a los Estados a fin de que puedan garantizar los derechos de esta población en el contexto en referencia.

En este marco de esta conmemoración, la Comisión Interamericana insta a los Estados de las Américas a celebrar el 9 de junio reconociendo la necesidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes una vida libre de violencia, discriminación, exclusión o brecha de desigualdad que limite el acceso y pleno goce de sus derechos. Asimismo, la Comisión les exhorta a que avancen con los programas y políticas públicas que contemplen la perspectiva de la protección integral y el interés superior de la niñez, promoviendo en cada etapa la participación de los niños, niñas y adolescentes y garantizando su derecho a ser escuchados.

La Relatora sobre los Derechos de la Niñez, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, indicó “Al día de hoy, sigue constituyendo un gran reto para autoridades, instituciones y sociedad en general, el abrir los espacios de participación protagónica a niños, niñas y adolescentes, así como escucharlos como forma de asegurar su pleno desarrollo y la construcción de su ciudadanía social”.

Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/133.asp

CIDH y REDESCA urgen a los Estados a proteger a las personas que viven en situación de pobreza en las Américas frente a la pandemia

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a Crisis para la Pandemia de COVID-19 (SACROI COVID-19), manifiestan su alta preocupación por el incremento sustantivo de la pobreza y de la pobreza extrema en la región debido a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, así como por los graves impactos negativos que las personas en esta situación deben enfrentar para alcanzar niveles mínimos de protección sobre sus derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). La Comisión y su Relatoría Especial lamentan profundamente el incremento de las condiciones extremas que estas personas tienen que verse forzadas a enfrentar en estos momentos para alcanzar niveles mínimos de subsistencia, llamando la atención que esta crítica situación tenderá a agravarse exponencialmente si los Estados no asumen desde ya políticas y decisiones claras que les permita garantizar sus DESCA.

Las Américas es la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a todos los Estados de la región. En tal sentido, la CIDH y su Relatoría Especial sobre DESCA observan con suma preocupación que en América Latina y el Caribe, la CEPAL ha proyectado que durante el 2020 el número de personas viviendo en pobreza se incrementaría en casi 30 millones de personas y otras 16 millones ingresarían a condiciones de pobreza extrema como consecuencia de la pandemia, pudiendo afectar especialmente a las mujeres. Asimismo, la tasa de desempleo se incrementaría significativamente con una estimación de 37,7 millones de personas desempleadas, en una subregión donde el trabajo informal es una de las principales fuentes de ingreso económico, los programas sociales son deficitarios y la corrupción un flagelo endémico. La FAO también ha alertado de los serios riesgos que el contexto de la pandemia pone sobre el derecho a la alimentación y a la lucha contra el hambre en dicha subregión.

Al respecto, la Comisión y su REDESCA observan que la propagación del virus en la región no sólo ha provocado una grave emergencia sanitaria en la que han perdido la vida miles de personas y más de un millón ha sufrido afectaciones a la salud; sino que también ha generado efectos económicos y sociales graves en la población, particularmente por los impactos negativos que tiene sobre el acceso al empleo en condiciones dignas, la reducción de la desigualdad y el combate a la pobreza y el hambre. Para la Comisión y su REDESCA, estos impactos vienen siendo asumidos de manera totalmente desproporcional y dramática por los grupos en mayor situación de vulnerabilidad y pobreza, como pueden ser las personas migrantes, trabajadoras con empleos precarios, en situación de calle y los pueblos indígenas, entre otros, quienes de manera desesperada vienen tratando de buscar medios para subsistir ante la falta de políticas y medidas estatales que las protejan adecuadamente.

Dentro de este contexto, resaltan las asimetrías existentes en el acceso a los sistemas de salud en la región, con claros impactos negativos sobre las personas en situación de pobreza. Ante la marcada ausencia de inversión en salud pública, la pandemia hace aún más evidente las debilidades existentes de los sistemas de salud para atender a la población en situación de pobreza y asegurar sus derechos a la vida y a la salud, mediante la disponibilidad de instalaciones, bienes y servicios sanitarios de manera adecuada.

En ese sentido, resulta impostergable que los Estados de la región pongan el contenido del derecho humano a la salud como eje articulador y central de los sistemas de salud, otorgándole la priorización necesaria para su efectiva protección, con una específica consideración hacia las personas que viven en pobreza o en condiciones de precariedad. Para la Comisión y su REDESCA las persistentes brechas y costos elevados en la cobertura y calidad de los servicios de salud, como la fragmentación cada vez más acentuada de dichos sistemas en la región refuerzan la urgencia del efectivo cumplimiento de las obligaciones de los Estados en la materia. En ese sentido, subrayan la importancia de que los Estados aseguren fondos suficientes de emergencia para la salud, incluyendo sus determinantes básicos y sociales; den prioridad a la financiación de la salud pública en sus presupuestos generales; y avancen con firmeza hacia la garantía del acceso universal a este derecho, incluyendo la salud mental. La REDESCA recuerda que los Estados también deben velar porque se garanticen los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad cultural y calidad del derecho a la salud.

Por su parte, las personas y familias en situación de pobreza corren un alto riesgo de perder sus fuentes de empleo, o de experimentar disminución o pérdida drástica de ingresos económicos de subsistencia debido a las disposiciones y órdenes sobre distanciamiento, aislamiento social y cuarentenas que generan el cierre o limitación de diversas actividades económicas. Cuando estas medidas no incorporan un enfoque de derechos humanos, no sólo exponen de forma trágica las drásticas y complejas situaciones en las que se encuentran estas poblaciones; a su vez, generan mayores riesgos de contagio y afectación a su salud, por verse forzadas a incumplir las medidas dispuestas para poder lograr acceso esencial a fuentes de agua y alimentación. En definitiva, el contexto de pandemia les produce cargas desproporcionadas, injustas y muchas veces inmanejables, debiendo enfrentar cotidianamente el dilema de mantener el aislamiento social o incumplir las medidas dispuestas para poder sobrevivir.

En este contexto, la CIDH y su REDESCA observan que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas experimentan riesgos adicionales durante la pandemia, por las debilidades estructurales en asegurar su acceso a la tierra y alimentación, así como por los bajos ingresos económicos que suelen obtener por su trabajo dentro de las cadenas productivas. Asimismo, los trabajos de las mujeres, de las personas LGBTI, de las y los migrantes y de las personas afrodescendientes, sobre todo de quienes viven en pobreza o con recursos escasos, están más expuestos a perderse, a que sus condiciones se deterioren, o a sufrir abusos y violaciones laborales. También es patente el alto riesgo de incremento sostenido del trabajo infantil dentro de las familias más empobrecidas con el objeto de acceder a medios de subsistencia, así como la necesidad de garantías enfocadas sobre los derechos de las personas trabajadoras informales o en especial vulnerabilidad, como por ejemplo quienes realizan trabajo doméstico, trabajo sexual, o trabajos autónomos en condiciones precarias, entre otros.

Ante dicho escenario, el cumplimiento efectivo de las obligaciones de respeto y garantía de los Estados sobre el derecho al trabajo, incluyendo sus condiciones justas y equitativas, como sobre los derechos a la alimentación adecuada y seguridad social, adquieren enorme relevancia, y requieren de la adopción de medidas estatales de protección urgentes, tales como: la entrega directa de montos económicos; la provisión de alimentos a poblaciones focalizadas; la protección del trabajo y los salarios -sobre todo de quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad-; el aseguramiento de la participación de los sindicatos y agrupación de personas que trabajan en las estrategias de contención; la implementación de seguros accesibles de desempleo sin discriminación; la identificación y atención de las poblaciones y zonas con inseguridad alimentaria; y la generación de campañas de sensibilización social que favorezcan la solidaridad y combatan la aporofobia. Asimismo, se requiere intensificar los esfuerzos para garantizar el acceso progresivo a una protección social mínima, incluyendo la posibilidad de una renta básica, que facilite condiciones de vida digna y permita hacer frente a las inseguridades económicas. También, se requiere avanzar en el reconocimiento y protección del derecho humano al cuidado, implementando sistemas que aseguren a las personas que carecen de recursos económicos la debida asistencia y protección frente a la vejez, la discapacidad o la enfermedad, al tiempo que consideran los derechos y el valor de las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres.

Asimismo, el cierre presencial extendido de escuelas, universidades y centros de formación como medidas de contención del virus también tienen efectos negativos significativos sobre el derecho a la educación, sobre todo de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza y de los grupos más desfavorecidos y marginados en la sociedad. Teniendo en cuenta que la efectiva realización del derecho a la educación es una de las mejores soluciones para superar la situación de pobreza y desigualdad, y que estas últimas son a su vez uno de los mayores obstáculos para el ejercicio de dicho derecho, el contexto de pandemia evidencia las grandes disparidades presentes en este ámbito, incluyendo los riesgos sobre acceso a alimentos que personas en edad escolar reciben en sus centros educativos.

Pese a los esfuerzos de los Estados en el uso de herramientas digitales y de comunicación masiva para la educación en este contexto, las personas en situación de pobreza se ven seriamente afectadas por la ausencia de garantías para procesos de enseñanza a distancia, incluyendo necesidades diferenciadas de poblaciones rurales y urbanas, la exclusión de variedades lingüísticas, la carencia de dispositivos educativos tecnológicos, la falta de acceso a Internet o la existencia de déficits en la capacitación a docentes en el uso de dichas herramientas y metodologías. Al mismo tiempo, la falta de regulación y fiscalización estatal desde un enfoque de derechos humanos sobre los centros educativos privados facilita el incremento de riesgos para el disfrute del derecho a la educación en el marco de la pandemia.

Por otro lado, el contexto de pandemia también ha hecho visible las extremas dificultades que enfrentan las personas en situación de pobreza y particularmente la población en situación de calle o con falta de acceso a vivienda adecuada para el ejercicio y disfrute de sus derechos a la vivienda, así como al medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento. Así, la Comisión y la REDESCA, tienen presente que, la efectividad de cualquier medida de prevención a la salud en la región dependerá de la condición que se encuentre la generalidad de los determinantes sociales que configuran un pleno disfrute al derecho a la salud. Ello incluye factores como la calidad del aire, suelo y agua, especialmente cuando es notorio que los sectores comúnmente más contaminados, son aquellos donde también viven las personas en situación de pobreza, pobreza extrema, como otros grupos históricamente discriminados. Asimismo, las medidas de contención del virus implican la preexistencia del acceso a viviendas y a espacios adecuados en los que las personas puedan permanecer y cumplir el distanciamiento social, así como el acceso asequible a agua potable de forma continua para prevenir afectaciones a su salud y posibles riesgos de contagio.

Sin embargo, esta realidad es seriamente apelada teniendo en cuenta que alrededor de 1 de cada 3 familias urbanas en América Latina viviría en viviendas de baja calidad. Por su parte, en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de seis países de la región del Caribe alrededor de 10 millones de personas carecerían de vivienda adecuada en 2017, siendo el derecho a la vivienda una problemática arraigada en todo el continente. En particular, la REDESCA subraya que las personas con falta de acceso a vivienda adecuada, en especial las que viven en situación de calle, son grupos heterogéneos y de alta vulnerabilidad, sobre los que la pandemia y la falta de respuesta estatal adecuada generan extremas vulneraciones a sus derechos humanos de manera adicional a las que suelen enfrentar. No sólo son grupos que, sostenida y sistemáticamente, sufren estigmatización y abandono social e institucional, como también la criminalización, sino que a menudo se ignora su dignidad y humanidad como valor inherente, básico y esencial de toda persona. El contexto de la pandemia refuerza negativamente esta situación y somete a estos grupos a mayores actos de violencia, estigma y conductas hostiles y discriminatorias, como menores fuentes de ingreso y posibilidad de supervivencia, con riesgos más altos de afectación a su vida, integridad personal y salud.

En ese marco, los problemas relacionados con estructuras y materiales precarios, el acceso limitado al agua potable y saneamiento, o al vestido y medidas de higiene básica, el hacinamiento familiar, la segregación y la inequidad espacial en las ciudades, la falta de seguridad de la tenencia, los altos costos de alquiler, entre otros, determinan de manera acentuada una exposición inequitativa y desproporcional a los riesgos que la pandemia genera sobre los derechos humanos de estos grandes colectivos y la necesidad de que los Estados adopten medidas de emergencia que mitiguen tales riesgos y, al mismo tiempo, avancen en acciones bajo un enfoque de derechos que permitan asegurar soluciones duraderas respecto a los derechos a la vivienda adecuada y acceso a agua potable y saneamiento de las personas en situación de pobreza o con bajos ingresos. En cuanto a la población en situación de calle, resulta especialmente urgente que los Estados prioricen su atención y establezcan medidas a su favor, particularmente con la disposición de espacios dignos de emergencia con acceso a alimentación adecuada, agua potable y saneamiento básico que les permita protegerse de los efectos de la pandemia.

La Comisión y su REDESCA recalcan que los Estados tienen como primera responsabilidad contener y prevenir la expansión del virus a fin de proteger la salud y salvar la mayor cantidad de vidas, sin discriminación por razón de la edad y con especial cuidado de las personas adultas mayores, como aquellas que se encuentran en situación de movilidad humana. A su vez, deben plantearse estrategias serias y sostenibles que aborden los efectos diferenciados que la pandemia y sus consecuencias tendrán en los sectores más desfavorecidos y excluidos. Los altos índices de desigualdad en la región, sumados al incremento de la pobreza y la pobreza extrema como consecuencia de la pandemia amenazan con rasgar el tejido social, deteriorando la democracia y el Estado de Derecho si es que los Estados no aseguran protecciones institucionales y normativas robustas para la vigencia de los DESCA, o si excluyen los derechos humanos del centro de sus decisiones, políticas y medidas ante este contexto.

La CIDH y su Relatoría Especial recuerdan que los marcos normativos y las respuestas, tanto políticas como económicas, de los Estados deben enmarcarse dentro de procesos transparentes y participativos, que faciliten el acceso a la información, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia, teniendo en cuenta de forma central el enfoque de los derechos humanos. En relación con las personas viviendo en situación de pobreza y pobreza extrema, los Estados deben facilitar y crear canales pertinentes para su efectiva participación en dichos procesos, asegurando su adecuada información, inclusión y empoderamiento en calidad de titulares de derechos, especialmente de los DESCA. Las empresas tienen también un rol clave que desempeñar en estos contextos y su conducta debe guiarse por los principios y reglas de derechos humanos aplicables. Para ello, los Estados deben exigir y vigilar que las empresas respeten los derechos humanos, adopten procesos de debida diligencia en la materia y rindan cuentas ante posibles abusos e impactos negativos sobre los derechos humanos que los contextos de pandemia y crisis sanitarias infecciosas suelen generar sobre los DESCA de las poblaciones y grupos en situación de pobreza.

Pese a las amenazas reales y urgentes sobre la realización de los DESCA que esta crisis representa, la Comisión y su REDESCA notan que también existe una oportunidad extraordinaria para los Estados de incentivar reformas urgentes con el fin de acortar las brechas y desigualdades existentes en el continente americano y enfocar sus respuestas en asegurar el disfrute efectivo de los DESCA sin discriminación. Así, llaman a todos los Estados Americanos a actuar en ese sentido, y se ponen a disposición de los mismos para apoyar los esfuerzos e identificar las mejores prácticas, a fin de asegurar la atención y garantía de los DESCA de las personas que viven en situación de pobreza o de pobreza extrema.

Por lo anteriormente mencionado, la CIDH y su REDESCA recomiendan a los Estados, de forma complementaria y adicional a lo estipulado en la Resolución 1/2020 :

1. Asegurar la urgente implementación de políticas públicas orientadas específicamente a la protección de los DESCA de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema y en riesgo de ingresar a dicha condición en el contexto de la pandemia y sus consecuencias, reforzar la vigilancia constante de su efectividad, el alcance de las mismas como la generación, movilización y distribución adecuada de recursos económicos con objeto de no incrementar la exposición a la vulneración de los derechos de estas personas y no dejarlas desamparadas. Los Estados deben poner especial atención a que las medidas y acciones de protección sobre los DESCA lleguen y se plican sobre las poblaciones destinatarias. 2. Incluir expresamente evaluaciones de impacto en los derechos humanos en sus decisiones económicas y estrategias de política fiscal, asegurando que se enfoquen en asegurar el financiamiento para la protección y el disfrute de los DESCA de las poblaciones en situación de pobreza o pobreza extrema, tomando especialmente en cuenta la histórica falta de autonomía económica de las mujeres y su rol central en las tareas de cuidado. En particular, las políticas fiscales, como herramienta para este fin, deban ser justas, progresivas y garantizar una redistribución equitativa enfocada en la realización de los derechos humanos.

3. Implementar medidas concretas, urgentes y transparentes dirigidas a cumplir la obligación de cooperar entre sí para salvaguardar la protección de los derechos humanos, en general, y la realización de los DESCA en particular de las poblaciones en situación de pobreza o de pobreza extrema en el marco de la pandemia.

4. Evitar debilitar directa o indirectamente las capacidades de respuesta de otros Estados en la protección de los DESCA de quienes se encuentran en mayor riesgo frente a la crisis de la pandemia, y asegurar que sus acciones, sea individualmente o como parte de instituciones internacionales, no causen daños fuera de sus territorios o violaciones de naturaleza transnacional sobre la realización de tales derechos.

5. Asegurar fondos suficientes para garantizar sin discriminación el derecho a la salud de las personas y grupos en situación de pobreza y pobreza extrema en el marco de la pandemia, priorizando la financiación de la salud pública en sus presupuestos generales, así como dar pasos firmes para garantizar el acceso universal de la salud, incluyendo la salud mental.

6. Intensificar los esfuerzos sobre la protección de los derechos al trabajo, la alimentación, el agua potable y las estrategias para el acceso a una protección social adecuada, incluyendo la posibilidad de una renta básica, que priorice la atención de las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema.

7. Implementar garantías específicas sobre el derecho a la educación que considere la situación de las poblaciones que viven en la pobreza y la pobreza extrema, teniendo en cuenta los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en los mecanismos que disponen la provisión de enseñanza a distancia y acceso a internet en el marco de la pandemia, y asegurando la regulación, fiscalización y rendición de cuentas de las instituciones educativas privadas.

8. Adoptar medidas de emergencia que mitiguen los riesgos desproporcionales sobre el disfrute de los derechos a la vivienda adecuada, acceso a agua potable y saneamiento de las personas en situación de pobreza, en situación de calle y aquellas viviendo en asentamientos informales; al mismo tiempo deben avanzarse acciones bajo un enfoque de derechos humanos que permitan asegurar soluciones duraderas para tales personas.

9. Asegurar la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la justicia en el contexto de la pandemia ante posibles violaciones de los derechos humanos, especialmente los DESCA, de las personas que viven en la pobreza, incluyendo abusos por parte de actores privados y actos de corrupción o captura del Estado en perjuicio de sus derechos.

La REDESCA es una Oficina de la CIDH, especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.

Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/124.asp

UNICEF: "La Convención sobre los Derechos del Niño en una encrucijada"

La Convención sobre los Derechos del Niño se firmó el 20 de noviembre de 1989 y en las tres décadas transcurridas desde entonces se han producido logros históricos para los menores del mundo; sin embargo, muchos de los niños más pobres no se han beneficiado todavía, advierte un informe divulgado este lunes por el Fondo de las Naciones Unidas para Infancia (UNICEF).

El documento, titulado “La Convención sobre los Derechos el Niño en una encrucijada”, analiza los avances innegables registrados en ese periodo y afirma que la voluntad y determinación políticas pueden mejorar las vidas de los pequeños.

Avances principales. Entre esos progresos, el estudio destaca tres:

La disminución del 60% de la tasa mundial de mortalidad de menores de cinco años.

La reducción del 18% al 8% de la proporción de niños en edad escolar primaria que no asiste a la escuela.

La influencia reflejada en numerosas constituciones, leyes, políticas y prácticas en todo el mundo de los principios rectores de la Convención, como la no discriminación; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el derecho a la protección.

La directora ejecutiva de UNICEF calificó estos adelantos como “impresionantes”. “Cada vez hay más niños que viven más tiempo, mejor y más sanos”, declaró Henrietta Fore.

No obstante, reconoció que el progreso no ha sido uniforme y que los niños más pobres y vulnerables siguen estando “en una situación de desventaja”.

Lacras. En este sentido, el informe lista tres focos rojos:

Los niños de las familias más pobres de los países de renta baja y media tienen el doble de probabilidades de morir por causas prevenibles antes de los cinco años que de los hogares más ricos.

Sólo la mitad de los niños de las familias más pobres de África subsahariana ha sido vacunada contra el sarampión, mientras que en los hogares más ricos, la cifra llega a 85%, según los datos disponibles más recientes.

Las niñas más pobres de algunos países corren mayor riesgo de contraer matrimonio infantil hoy que en 1989, a pesar de que este fenómeno ha disminuido considerablemente.

Además de estos flagelos y de los retos persistentes en las esferas de salud, nutrición y educación, la directora ejecutiva de UNICEF subrayó las nuevas amenazas que enfrentan los niños en la actualidad: el cambio climático, el ciberacoso y el abuso en línea.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento internacional más ratificado de la historia.

“Sólo con la innovación, las nuevas tecnologías, la voluntad política y el aumento de los recursos ayudaremos a hacer realidad la visión de la Convención sobre los Derechos del Niño para todos los niños del mundo”, dijo Fore.

Antiguas y nuevas amenazas. Los peligros que acechan a los menores de hoy ocupan buena parte del estudio, que resalta los siguientes:

La pobreza, la discriminación y la marginación exacerbadas por los conflictos armados, la xenofobia creciente y la migración y que ya afectan a millones de menores.

La crisis climática, cuyos efectos perjudicarían más a los niños desde el punto de vista físico, fisiológico y epidemiológico.

La desaceleración de las tasas de cobertura de la vacunación registrada en el último decenio podría revertir los avances en materia de salud infantil. El sarampión, por ejemplo ha resurgido en muchos países y en 2018 los casos de esa enfermedad se duplicaron a nivel mundial.

La cantidad de niños en edad de asistir a la escuela primaria no ha bajado desde 2007 y muchos de los menores que van a clases no aprenden lo suficiente.

UNICEF llamó ampliar las medidas que han demostrado funcionar y a aumentar los recursos para que todos los niños gocen de los derechos que les garantiza la Convención.

Asimismo, la agencia de la ONU indicó que entablará un diálogo mundial con niños, jóvenes, padres, profesionales de la educación y representantes de gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil para discutir qué hace falta para cumplir ese objetivo.

Para Fore, en el momento actual, “la Convención se encuentra en una encrucijada entre su ilustre pasado y su futuro”.

“Nos corresponde a nosotros volver a comprometernos, a tomar medidas decisivas y a hacernos responsables. Debemos asumir el liderazgo de los jóvenes que hablan y defienden sus derechos como nunca antes había ocurrido. Debemos actuar ahora, con audacia y creatividad”, puntualizó.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento internacional más ratificado de la historia. Los Estados parte están obligados a rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño. El texto del tratado se aprobó el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor un año más tarde, al obtener las 20 ratificaciones necesarias para el efecto. Actualmente, Estados Unidos es el único país que no ha aceptado la Convención.

Niños privados de la libertad

Con motivo del aniversario de la Convención, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos publicará el martes un estudio que reporta que más de 7 millones de niños se encuentran privados de su libertad en distintos tipos de instituciones, centros migratorios de detención o custodia policial, prisiones y otros lugares de detención.

El informe recomienda a los Gobiernos salvaguardar los derechos de estos niños en sus leyes, políticas y prácticas.

El experto independiente que lideró la investigación, Manfred Nowak, aseveró que a menudo, los menores privados de su libertad están en instalaciones para adultos.

“Para disminuir los riesgos de violencia, violaciones y asaltos sexuales, los Estados deben establecer sistemas especiales de justicia para menores, es decir, tribunales e instalaciones de detención para niños, donde estén separados de los adultos”, apuntó.

Asimismo, consideró que los Estados deben capacitar a oficiales de policía especializados en lidiar con niños en conflicto con la ley.

Convention Rights Child at Crossroads 2019 

Fuente Noticias ONU y UNICEF: https://www.unicef.org/

Young Lives: Rastreando las consecuencias de la pobreza infantil

Análisis del curso de vida del Estudio "Tracing the consequences of child poverty" Young Lives de 12 mil niños que crecieron en Etiopía, Vietnam, India y Perú en los últimos 15 años, evidencia de dos cohortes de niños de 1 a 15 años y de 8 a 22 años. Examina cómo la pobreza afecta el desarrollo de los niños en los países de bajos y medianos ingresos, y cómo se han utilizado las políticas para mejorar sus vidas, y luego muestra cuándo se producen diferencias clave en el desarrollo. Utiliza nueva evidencia para desarrollar un marco de lo que más importa y cuándo, y describe enfoques de políticas efectivas para informar a nadie de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Tracing the Consequences of Poverty 

Fuente Young Lives: http://www.younglives.org.uk/

ONU: Crece la pobreza extrema en América Latina

Nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre el "Panorama Social de América Latina - 2018".

El número de personas viviendo en pobreza extrema en la región aumentó el año 2017 a niveles registrados una década atrás, según se desprende de un nuevo estudio sobre el panorama social regional. Sin embargo, la desigualdad disminuyó desde el año 2000.

El nuevo informe indica que durante el año 2017 el 30,2% de la población, alrededor de 184 millones, vivía en condiciones de pobreza, en tanto que un 10,2%, unos 62 millones, se encontraba en condiciones de pobreza extrema, el porcentaje más alto desde el año 2018. 
Las proyecciones para el 2018 apuntan a un ligero retroceso en los niveles de pobreza, ya que disminuiría en unos dos millones de personas, pero al mismo habría que añadir un millón de individuos a quienes viven en situación de pobreza extrema.

Por ello, la Secretaría ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, pidió fomentar "políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral, y redistributivas en materia de ingresos". Temas desarrollados: Mujeres y jóvenes con salarios demasiado bajos, y el trabajo doméstico no remunerado.

CEPAL S1801084_es by on Scribd

Fuente Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2019/01/1449412

CIDH: Informe sobre Pobreza y Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el “Informe sobre pobreza y derechos humanos en América”, el primer informe temático en abordar esta materia.

En la última década se lograron importantes avances en la región en materia de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (DESCA), que permitieron a grandes sectores de la población salir de la pobreza y la pobreza extrema. Sin embargo, estos logros se encuentran hoy en riesgo de retroceso. A través de este informe, la Comisión Interamericana busca contribuir a los esfuerzos para reducir y erradicar la pobreza en América, con recomendaciones orientadas a mejorar y fortalecer la legislación, las políticas y acciones de los Estados a fin de garantizar que los derechos humanos de las personas que viven en la pobreza sean debidamente respetados y protegidos.

La CIDH observa con preocupación que la persistente situación de pobreza y pobreza extrema en los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se traduce en graves obstáculos para el goce efectivo de los derechos humanos. La CIDH ha constatado en sus visitas a países que las personas que viven en la pobreza enfrentan obstáculos geográficos, económicos, culturales y sociales para ejercer sus derechos.

En muchas regiones, las personas en situación de pobreza, viven alejadas de los lugares de trabajo, de las plazas comunales, de los mercados y se les dificulta el acceso a los servicios públicos, tales como agua potable, saneamiento, red de energía, centros de salud, escuelas y a las instituciones que prestan servicios sociales. Asimismo, en ocasiones, se ven expuestas a recorrer largas distancias y transitar por caminos, infraestructuras y carreteras en mal estado, poniendo en peligro su propia vida.

Estos obstáculos que enfrentan cotidianamente las personas, grupos y colectividades que viven en situación de pobreza se amalgaman entre sí, generando condiciones de trabajo degradantes y peligrosas, viviendas insalubres, alimentación inadecuada, riesgo a sufrir enfermedades, exposición a la violencia, acceso desigual a la justicia, y baja o ninguna participación en los procesos de toma de decisiones pertinentes a su condición. 

Esta situación afecta particularmente a grupos históricamente discriminados, tales como las mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes, migrantes, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, población LGBTI y personas mayores. La CIDH urge a los Estados considerar los factores de riesgo que enfrentan estas personas y desarrollar políticas sociales para responder y remediar su situación de pobreza, así como enfrentar activamente las múltiples formas de discriminación que han sufrido históricamente.

Los Estados tienen la obligación de adoptar pasos deliberados, concretos y orientados a cumplirlas para avanzar en la erradicación de la pobreza en América. Deben abordar la problemática de la pobreza desde un enfoque de derechos humanos, desarrollando estrategias para garantizar los derechos al trabajo digno, salud, alimentación, vivienda, y educación, garantizando el empoderamiento económico y social de las personas que viven en pobreza. Deben asimismo posibilitar la participación de las personas que viven en situación de pobreza, tomando en cuenta sus experiencias y perspectivas.

La CIDH y la Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) reafirman su compromiso de colaborar con los Estados americanos en la elaboración e implementación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos para garantizar una vida digna a las personas que viven en la pobreza y lograr progresivamente la plena erradicación de la pobreza en el hemisferio. 

Pobreza Derechos Humanos 2017

Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/202.asp

UNICEF: El poder de invertir en los niños más pobres

Las inversiones en favor de los niños pobres salvan más vidas por dólar empleado, dice estudio de UNICEF sobre "Reducir las diferencias. El poder de invertir en los más pobres".

Este informe proporciona nuevas pruebas decisivas que respaldan una predicción audaz que UNICEF realizó en 2010: el mayor costo que supone llegar a los niños más pobres con intervenciones de salud de gran eficacia que salvan vidas, se compensa por los mejores resultados que generan estas inversiones. Este estudio combina datos y herramientas de modelado de 51 países. 
Los resultados indican que el número de vidas salvadas al invertir en los más desfavorecidos, es casi dos veces mayor que el número de personas salvadas mediante una inversión equivalente en los grupos menos desafavorecidos.

UNICEF the Power of Investing in the Poorest Children SP

Fuente UNICEF: https://www.unicef.org/spanish/publications/index_96534.html

ONU: No es la religión, sino la pobreza, lo que lleva a los jóvenes africanos a unirse a grupos extremistas

La pobreza, la marginalización y el mal gobierno, y no la ideología, son las principales causas de que jóvenes africanos se unan a grupos extremistas, aseguran a un nuevo estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En base a entrevistas con 495 reclutas voluntarios de organizaciones extremistas como Al-Shabaab y Boko Haram, el informe del PNUD asegura además que la violencia y el abuso de poder son los motivos claves para que los jóvenes tomen la decisión final de unirse a estos grupos. Y, que contrario a lo que se piensa, aquellos con mayor alfabetización religiosa son menos propensos a recurrir al extremismo.

Para el PNUD este informe representa una alarma de que la vulnerabilidad de África al extremismo violento se está profundizando y que depende de los Estados prestar servicios a sus ciudadanos y respetar sus derechos humanos para apaciguar esta situación.

"El reporte ilustra que donde el contrato social es débil, donde la confianza de los ciudadanos en las instituciones es limitada, donde la relación dentro y entre comunidades está fracturada, la resistencia al extremismo es baja. Esto requiere establecer una forma de gobernanza que sea inclusiva y participativa, especialmente a nivel comunitario", declaró Abdoulaye Mar Dieye, el director del PNUD para África.

Dieye, agregó que más de la mitad de la población en África que vive fuera de las ciudades está por debajo de la línea de pobreza y muchos jóvenes están desempleados por lo que hay una necesidad urgente de enfrentar los desafíos de seguridad de la región con un enfoque de desarrollo a través del fortalecimiento de instituciones y la creación de un camino hacia el empoderamiento económico.

Entre 2011 y 2016, al menos 33.000 personas en África han muerto a causa de ataques de extremistas violentos. Solamente las operaciones de Boko Haram se han cobrado la vida de 17.000 y desplazado a 2.8 millones de personas en el Lago Chad. El extremismo ha afectado el turismo y la inversión extranjera de países como Kenya y Nigeria.

UNDP JourneyToExtremism Report 2017 English

Fuente Radio ONU: http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2017/09/la-pobreza-y-la-marginalizacion-y-no-la-religion-llevan-a-los-jovenes-africanos-al-extremismo/#.WbNX4siLTIU

CIDH realiza lanzamiento preliminar de informe sobre pobreza, pobreza extrema y derechos humanos en América

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe preliminar sobre “Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en América” y anuncia la apertura de un plazo de recepción de comentarios e información adicional de cara a emitir su informe definitivo.

El proceso para la elaboración de este informe temático inició en el año 2015, y su preparación representa una primera oportunidad para que el Sistema Interamericano profundice la temática desde el enfoque de derechos humanos, analizando los efectos de la pobreza y la pobreza extrema en el goce y ejercicio de esos derechos. El informe presenta también una oportunidad para desarrollar el marco jurídico en que se genera responsabilidad internacional de los Estados en esta materia, así como estándares claros para enfrentar los obstáculos que encuentran las más de 165 millones de personas en el hemisferio que viven en pobreza, de las cuales alrededor de 69 millones viven en la pobreza extrema.

La Comisión anuncia la apertura de un plazo en el que recibirá comentarios e información adicional con respecto al informe preliminar, el cual se extenderá hasta el 31 de enero de 2017. Los insumos recibidos serán considerados por la CIDH de cara a la emisión de su informe definitivo en el primer semestre del año 2017.

La ceremonia de lanzamiento del informe preliminar es abierta al público y tendrá lugar el día 22 de diciembre de 2016, de 16:30 a 19:00 horas, en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, ubicado en Avenida del Libertador 8151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. La CIDH agradece las colaboraciones que se efectuaron desde dicho Instituto, así como los aportes efectuados tanto por la sociedad civil, la academia, movimientos sociales y sindicales, así como los aportes de los Estados de la región para elaborar y presentar este informe. La CIDH destaca en particular el valioso y dedicado apoyo de la Comisión Europea, sin el cual la preparación del presente informe no habría sido posible.

CIDH Pobreza DDHH Informe Preliminar 2016

Fuene CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/193.asp

CIDH concluye visita de trabajo a Perú sobre pobreza y derechos humanos

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Perú del 13 al 15 de octubre de 2016, con presencia en la ciudad Capital. La visita tuvo como objeto inicial la recopilación de información para la elaboración del primer informe temático de la CIDH sobre derechos humanos y pobreza en las Américas. Esta fue la séptima de una serie de visitas de la Comisión Interamericana a países de la región con el objeto mencionado.

La visita fue realizada por el Comisionado Paulo Vannuchi, en su calidad de Relator para Perú y encargado de la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comisionado estuvo acompañado por dos especialistas en derechos humanos de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

La Comisión Interamericana agradece al Estado de Perú por su apertura y por las plenas facilidades otorgadas en la realización de la visita, en particular a las distintas autoridades de Gobierno. Asimismo, agradece a la organización “Coordinadora Nacional de Derechos Humanos” por su colaboración para llevar a cabo la visita a la Comunidad Shipibo-Konibo asentada en la localidad de Cantagallo y a todas las organizaciones que participaron y colaboraron con la reunión que se mantuvo con representantes de la sociedad civil, academia y movimientos sociales. Las organizaciones de la sociedad civil que participaron, entre otras, fueron Oxfam Perú; Red Peruana de Afrodescendientes (Ashanti Perú); Ciudadanos al Día (CAD); Asociación Nacional de Centros  de Investigación, Promoción Social y Desarrollo  (ANC); Flora Tristán; Derechos de la Mujer (DEMUS); Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); Asociación Nacional de adultos mayores del Perú (ANAM); Colectivo Ciudadano sobre Salud y Envejecimiento; Perú Equidad; Mesa Discapacidad y Derechos Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Centro de investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP); Movimiento sin techo - Metropolitano; Coordinadora Red Trans Peru; Instituto de Defensa Legal (IDL); Due Process of Law Fountation (DPLF); Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP); CEPRU; Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH); Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP); Centro de Estudios y Formación Afroperuanos Lundu; Coordinadora Nacional de Pueblos Unidos del Perú (CONAPUP); y Coordinadora de Mujeres Trans Trabajadoras Sexuales de Perú. Agradece también a la Oficina de la Secretaría General de la OEA en Perú por el valioso apoyo prestado para la coordinación de las actividades de la visita.

En ciudad de Lima, la delegación se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores Ricardo V. Luna Mendoza, quien manifestó su disposición para el trabajo conjunto con la Comision Interamericana, y particularmente para colaborar con las tareas del Relator para Perú, Comisionado Vannuchi.

La delegación también mantuvo una reunión con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lucia Cayetana Aljovin Gazzani; la Viceministra de Políticas y Evaluación Social, Maria Eugenia Mujica San Martin, y su equipo de trabajo. La CIDH recibió del Estado información relativa a una serie de programas destinados a personas, grupos y colectividades que viven en la pobreza y pobreza extrema en Perú, y sobre la ejecución de una serie de iniciativas en políticas públicas que se están implementando con la finalidad de reducir la pobreza en el país, con énfasis en la pobreza urbana. Se hizo referencia también a la preocupación prioritaria por reducir los índices de anemia y desnutrición crónica de niños y niñas en el país. Asimismo, se resaltó la importancia de avanzar en la implementación de la Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible), en reforzar los programas sociales productivos para las familias a fin de generar capacidades para las personas viviendo en pobreza y pobreza extrema, y no simplemente brindar programas asistencialistas. Las autoridades indicaron que los desafíos principales radican en lograr la articulación de entre el Gobierno Central y los gobiernos locales, y en lograr avances en la zona de la Amazonía, en particular por el grave problema de agua.

La delegación mantuvo también una reunión con la Viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Gisella Rosa Vignolo Huamani y su equipo. Se informó en dicha reunión que el referido Ministerio estaba trabajando en evaluar el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2011, sus ventajas y desafíos; y que se estaba avanzando en las labores de coordinación para la formulación y aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2021. Con respecto a este último, las autoridades indicaron que se consideraba importante contar con indicadores de derechos, incorporar la protección para defensores y defensoras de derechos humanos la temática de derechos humanos en el ámbito empresarial y que se establezcan espacios de participación social y mecanismos de rendición de cuentas.

También se realizó una reunión con el Presidente de la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza, Federico Arnillas Lafert. La Mesa de Concertación, creada en 2001, tiene una estructura descentralizada con instancias de nivel nacional, regional y local (distrital y provincial). Cuenta con un Comité Ejecutivo Nacional, que es la instancia responsable de dirigir y coordinar la ejecución de los objetivos de la Mesa de Concertación en el ámbito nacional, integrado por representantes de instituciones del Estado, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil. El Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2016-2021 fue instalado el 9 de setiembre de 2016.

En la reunión con la delegación, el Presidente de la Mesa de Concertación destacó algunos de los hitos del trabajo de la entidad tales como su aporte al proceso de descentralización, los planes de desarrollo concertado, los presupuestos participativos y el impulso a la transparencia en la gestión pública, entre otras iniciativas para avanzar en la reducción de brechas y en la atención a los derechos se salud, educación, etc. También reiteró el compromiso asumido por la Mesa para hacer posible las metas del Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 2016-2021. Indicó que dicho acuerdo es el resultado de un proceso de concertación que ha sido formulado con la participación de representantes de numerosas organizaciones de diversos estamentos de la sociedad civil y funcionarios del sector público nacional, regional y municipal.

En la segunda jornada, la delegación se desplazó a la zona de Cantagallo a fin de visitar a la comunidad indígena urbana Shipibo Konibo, que se dedica principalmente a la elaboración y venta de artesanías. En la oportunidad, la CIDH fue recibida con una alegre, energética y calurosa bienvenida por la comunidad. La CIDH fue informada que a partir del año 2000, familias Shipibo-Konibo provenientes de Ucayali se asentaron en la zona de Cantagallo, lugar en que con el transcurso de los años, la población fue creciendo y se constituyeron 3 asociaciones representativas, AVSHIL, AKUSHIKOLM y ASHIREL.

La comunidad indígena Shipibo-Konibo, comunidad de más de 300 familias aproximadamente, se asienta en situación de hacinamiento sobre un relleno sanitario, por lo que las condiciones higiénicas, de salud y de vivienda de las mismas son altamente riesgosas, especialmente para los aproximadamente 600 niños y niñas de la comunidad, así como para las personas adultas mayores. Se informó que carecen de los servicios públicos básicos como luz, agua, alcantarillado y vivienda digna. La Unidad DESC pudo observar la precariedad de sus viviendas y verificar la falta de acceso a los servicios públicos de electricidad, saneamiento y agua. Asimismo, la delegación de la CIDH visito la Escuela Intercultural Bilingüe de la Comunidad, y pudo constatar que tampoco cuenta con servicios básicos y que la infraestructura requiere de mantenimiento y control.

Se detalló a la CIDH que se habían presentado algunos incidentes por las condiciones de precariedad del asentamiento, como un incendio que tuvo lugar en agosto de 2016, el cual habría destruido algunas viviendas precarias de la comunidad. Por ello indicaron que habían solicitado la instalación de suministro de energía eléctrica, a lo cual la Municipalidad Metropolitana de Lima habría respondido que no se podría autorizar dicho servicio debido a que se trata de una zona de “dominio público”. Además, informaron que tuvieron un conflicto con la Municipalidad Metropolitana de Lima, que habría utilizado un fondo destinado a la reubicación de la Comunidad de Cantagallo, para la construcción de una avenida central que no beneficiaría a la mencionada comunidad. En vista de dicha información, se indicó que en la actualidad la principal pretensión de los Shipibo-Konibo era el reconocimiento como propietarios formales del predio en la localidad de Cantagallo y el acceso a los servicios básicos de agua, luz y desagüe.

Lamentablemente, con posterioridad a la visita, en la madrugada del 4 de noviembre de 2016, la CIDH fue informada que un incendio de gran magnitud había arrasado con los asentamientos precarios de la Comunidad Shipibo, que dejó a más de 2000 personas en la desolación, sin viviendas, sus bienes, materiales de trabajo, y sus artesanías para la venta. El incendio se habría propagado rápidamente por la presencia de material inflamable. Algunas fuentes de información indican que el incendio fue generado por la llama de velas, que se utilizaban ante la falta de energía eléctrica. La CIDH espera recibir información en cuanto a las medidas que Estado haya adoptado y hubiera de adoptar para dar atención a la situación de las familias afectadas.

Por otra parte, la delegación de la CIDH visitó además las instalaciones del Programa Nacional Cuna Más de la Comunidad de Nevería en San Juan de Lurigancho. Dicho programa social se encuentra a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y tiene el objetivo de mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad en zonas de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. En la sede de Nevería, la delegación se entrevistó con personal del programa para conocer su funcionamiento y observar los espacios acondicionados para las distintas edades y los protocolos de almacenamiento y provisión de alimentos, así como para la provisión de vitaminas para el tratamiento de anemia de niños y niñas que lo requieran. La Unidad DESC considera importante que se continúen desplegando los esfuerzos pertinentes a fin de ampliar la cobertura del programa, con especial atención a personas y grupos históricamente discriminados.

En la reunión con representantes de la sociedad civil y movimientos sociales que se celebró el 15 de octubre de 2016, la delegación tomó nota de las manifestaciones sobre las dificultades estructurales que impiden la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en Perú, y que afectan las condiciones para garantizar una vida digna a las personas que viven en pobreza en el país. Se resaltó la importancia de que se adopten políticas para fomentar la creación de las condiciones necesarias para garantizar la igualdad real, el acceso a la información pública, la participación social y la rendición de cuentas.

La sociedad civil alertó sobre los impactos de invisibilización que podría generar la medición de la pobreza sobre la base de una concepción únicamente monetaria, y no multidimensional, indicando como ejemplo la situación en Madre de Dios. Asimismo, se relevó la importancia de las brechas sociales entre lo rural y urbano. Se destacó la necesidad de abordar los impactos que producen los conflictos medioambientales generados por las empresas extractivas en los derechos de las personas que viven en pobreza y pobreza extrema, así como la criminalización de la protesta social.

Asimismo, presentaron información relativa a personas, grupos y colectividades históricamente discriminadas. Se hizo referencia a la invisibilización de las personas con discapacidad y los adultos mayores, especialmente con respecto a sus reclamos sociales. También se indicó que la pobreza tiene un impacto diferenciado en las mujeres, niñas, niños y adolescentes, especialmente en las zonas rurales del país. Se indicó que Perú se posiciona en segundo lugar por la taza de feminicidios; y que de cada 10 mujeres, 6 serían víctimas de violencia. Otro tema de preocupación planteado es el de las trabajadoras del hogar en Perú, por la falta de regulación y control estatal al respecto. Indicaron que en dicha situación se encontrarían alrededor de medio millón de mujeres y niñas, quienes empiezan a realizar dichas tareas domésticas desde los 7 años, en un contexto de maltrato de los empleadores, abuso y discriminación, fuertes castigos físicos, alimentación inadecuada, condiciones de vivienda insalubres, pocas expectativas de educación y de acceso a actividades culturales y recreativas. Asimismo, se alertó sobre las inadecuadas condiciones laborales de las mujeres trabajadoras de la industria pesquera en el país y de la actividad agropecuaria en los departamentos de Ica, Piura y Trujillo, entre otros.

Con respecto a las personas LGBTI, se hizo referencia al alto índice de suicidios de personas trans adolescentes y al contexto de violencia y estigmatización de mujeres lesbianas y hombres trans. En cuanto a las mujeres trans, se informó que la mayoría vive en situación de pobreza y pobreza extrema y que son víctimas de violencia callejera y trata de personas, sin oportunidades laborales, más allá de la prostitución, y que por ende no pueden acceder a las condiciones para una vida digna. También se hizo referencia a que de cada 2 mujeres trans, una vive con VIH, y que el Estado sólo destina el 3% del gasto público a estas comunidades, y que no hay políticas de prevención y/o acceso oportuno al tratamiento. Los representantes de la sociedad civil indicaron además que no se reconoce la identidad trans en general, y que por ello se consideran necesario avanzar en una ley de identidad de género.

Por su parte, se hizo referencia a la falta de visibilización y de políticas públicas para las comunidades afroperuanas, en particular la carencia de indicadores o de datos desagregados con respecto a su situación social. Se hizo referencia a la importancia de reforzar, en particular, las políticas de educación, dado que según la información disponible sólo 3 de cada 10 afrodescendientes en Perú accedería a educación superior y sólo uno lograría completarla. También se aludió al uso no adecuado de adjetivos negativos en las propagandas publicitarias en contra de los afroperuanos. Se precisó que los programas sociales como “Cuna Más” o “Pensión 65” deberían contener un componente especial para dichas comunidades. Asimismo, se recalcó la necesidad de que el Estado de Perú proceda en la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Con respecto a la situación de los pueblos indígenas, se informó que según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al 2014 el porcentaje de pobreza monetaria en el ámbito rural era de 46%; mientras que en cuestión de pobreza extrema, el porcentaje era de 14.6% en zona rural. Los representantes de la sociedad civil también manifestaron que según el INEI (año 2013) mientras la capital Lima contaba con 162 hospitales, Huancavelica y Huánuco (donde radican muchas comunidades indígenas) contaban con 3 y 4 hospitales respectivamente, mientras que en Madre de Dios (con amplia presencia de comunidades indígenas) sólo había 5 hospitales. Consideraron importante destacar también algunos avances a nivel estructural. De esta forma, hicieron referencia a 24 procesos de consulta previa que ya habían finalizado hasta la etapa de diálogo: 11 en hidrocarburos, 4 en minería, 3 sobre Áreas Naturales Protegidas, la Política de Salud Intercultural, entre otros.

Por otra parte, se manifestó la grave preocupación por las afectaciones que producen los constantes derrames de petróleo en los ríos en el país, que en 2016 habrían ocurrido al menos en 7 oportunidades, lo que ocasionó la contaminación del agua y por ende de los alimentos. Indicaron que ello afecta principalmente a comunidades indígenas y campesinas, con impacto diferenciado en mujeres, niños y niñas, y personas adultas mayores. Los representantes sostuvieron la necesidad de seguimiento, control y vigilancia al oleoducto Norperuano y que el Estado adopte medidas de prevención y de protección como la provisión de agua y alimentos. Indicaron que mediante la resolución oficial Nº 012-2016-OEFA/DS, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en uno de los derrames, había indicado que el mismo se produjo debido a que el referido oleoducto presentaba deterioro por altos niveles de corrosión.

Por otra parte, se hizo referencia a la situación de pobreza extrema de las poblaciones amazónicas, respecto de las cuales hay grandes brechas en el acceso a los servicios públicos, especialmente acceso al agua, y una muy débil presencia estatal. Asimismo, se hizo referencia a la situación de las comunidades campesinas que habitan en La Oroya, indicando que las mismas viven en situación de pobreza extrema, siendo víctimas de contaminación ambiental por plomo y cinc, sin contar con un centro médico que pueda brindar servicios de diagnóstico y tratamiento adecuados, por insuficiencia de personal y de los elementos necesarios de evaluación. 

Los representantes indicaron que no hay planificación, ni estudios de impacto ambiental para superar los problemas que causa la minería en las actividades agropecuarias del campesinado, en vista de su empleo de los recursos naturales disponibles, como el agua y el suelo. Expresaron que lo anterior se traduce en conflictos sociales, degradación ambiental y afectaciones a las condiciones de vida de las personas.

Asimismo, se alertó a la CIDH de los presuntos abusos que comenten agentes de la seguridad privada de las empresas extractivas. Se informó de 55 muertes que habrían ocurrido en un contexto de criminalización de la protesta social por abusos de la fuerza. Se indicó que desde el retorno a la democracia sólo una sentencia había establecido la responsabilidad de un funcionario policial y que, además, Perú es el cuarto país en el mundo por la cifra de defensores ambientales asesinados.

Se hizo mención al establecimiento de peajes en determinadas zonas del país, en especial en carretera Panamericana Norte, que estarían impactando desproporcionalmente en la situación de las personas viviendo en pobreza y pobreza extrema de los alrededores. Adicionalmente, se hizo referencia a la situación de una serie de asentamientos urbanos precarios en Lima (entre ellos Virgen de Fátima y Jerusalén) de los cuales se alegó la falta de agua, saneamiento y servicios de transporte. Indicaron que en Lima se estima que alrededor de 1 millón de personas carecen de agua y que aún no se había cumplido con la promesa de provisión de agua.

En particular, se indicó que en Lima hay un grave déficit con respecto al derecho a la vivienda, dado que los programas de Gobierno no tienen una cobertura integral y no llegan a pobladores de asentamientos urbanos precarios y a las laderas de cerros. Los interlocutores de la CIDH manifestaron además que un alto número de personas residen en viviendas peligrosas y que hay un crecimiento desordenado de la ciudad, dividida en sectores de riqueza y pobreza en evidente desigualdad. Consideran que la situación se ilustra con lo que se ha denominado “el muro de la vergüenza” (un paredón de 10 kilómetros de largo construido en Lima que divide la urbanización Las Casuarinas de amplios recursos económicos, de los asentamientos urbanos precarios de la zona) ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores. La delegación se desplazó al lugar y pudo observar el muro y las construcciones de ambos lados, constatando las carencias de los asentamientos precarios.

La CIDH La CIDH agradece los insumos provistos por representantes del Estado y de la sociedad civil, y reitera su plena predisposición para establecer canales de diálogo constructivo entre todos los actores con miras a seguir avanzando hacia la garantía plena de los derechos económicos, sociales y culturales en Perú. La Comisión Interamericana expresa su disposición para colaborar con el Estado en su respuesta a los asuntos de derechos humanos discutidos durante esta visita y nuevamente agradece su apertura y disposición. Finalmente, la CIDH agradece de forma especial a la Unión Europea, cuyo apoyo financiero hizo posible esta visita.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Fuente CIDH: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/194.asp