“Ellos son gais y
ellos no pueden entrar”, dijo el legislador Jairo “Bolota” Salazar el 29 de
octubre acerca de un grupo de manifestantes frente a la Asamblea Nacional de
Panamá, mientras impedía que ingresaran al edificio.
Esta afrenta
encapsula lo padecido por las y los manifestantes que han salido a las calles
de la Ciudad de Panamá en repudio a las reformas constitucionales que el poder
legislativo aprobó en forma preliminar la semana pasada. Una de estas reformas
modificaría la constitución para definir al matrimonio como la unión entre un
hombre y una mujer. Panamá ya excluye a las parejas del mismo sexo de la
posibilidad de matrimonio conforme al artículo 26 de su Código de la Familia.
Al plasmar la discriminación en el texto de la constitución se impediría que
personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sean miembros
igualitarios de la sociedad panameña.
Las protestas de la
última semana, a las cuales la policía habría respondido con detenciones
arbitrarias y fuerza excesiva, se relacionan con cuestiones que van más allá
del matrimonio igualitario. A las y los manifestantes les indignan los
proyectos de algunos legisladores de modificar el presupuesto nacional e
incluso designar a un fiscal especial que podría presentar cargos contra los
procuradores que los investiguen. Pero los comentarios homofóbicos del diputado
Bolota Salazar han hecho que la cuestión del matrimonio cobrara máximo
protagonismo. El presidente Laurentino Cortizo condenó lo dicho por Bolota
Salazar y afirmó: “Estamos para servir al país y eso es no darle la espalda a
los ciudadanos”.
La reforma
constitucional propuesta es posterior a que en la región se diera una ola de
avances en materia de matrimonio igualitario. En 2018, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva instando a los Estados a
adoptar medidas para asegurar el matrimonio igualitario. En Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador, Uruguay y muchos estados mexicanos ya se celebran
matrimonios entre personas del mismo sexo, y está previsto que Costa Rica
empiece a hacerlo en 2020. Incorporar la discriminación contra las personas
LGBT en su constitución apartaría a Panamá de sus vecinos.
Si bien Bolota
Salazar intentó distanciarse de sus comentarios homofóbicos, él y otros
miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) señalan que no tienen
intención de desistir de este proyecto discriminatorio. Las personas que se
manifiestan por la igualdad y quienes las apoyan se proponen mantener la
presión sobre el Presidente en vísperas de su declaración sobre las reformas el
7 de noviembre. El debate legislativo seguirá en 2020, seguido de un referéndum
sobre las reformas.
Aunque Bolota
Salazar impidió que manifestantes LGBT ingresaran en la Asamblea Nacional la
semana pasada, los legisladores tendrán una oportunidad de reconsiderar sus
reclamos en el próximo período de sesiones legislativas y darles un espacio en
la sociedad panameña.
