A tres días de que se libere la base de datos de los Papeles de Panamá y bajo el título "La revolución será digitalizada", el informante anónimo que filtró esos archivos envió al diario alemán Süddeutsche Zeitung un "manifiesro" donde explica por qué entregó los 11 millones de registros. En su primer mensaje público tras la filtración anuncia que está dispuesto a colaborar con las autoridades para perseguir a quienes evaden impuestos o lavan activos a través de sociedades offshore, simpre que se garantice la protección para los informantes que han hecho denuncias de este tipo. Conocido como "John Doe", en su texto pone el acento en la degradación de la profesión de abogado y en la falta de voluntad política de las autoridades para terminar con lo que él considera la piedra angular de la corrupción financiera: los paraísos fiscales.
A continuación CIPER reproduce íntegramente su manifiesto:
La revolución será digitalizada
La desigualdad de ingresos es uno de los principales problemas de nuestros tiempos. Nos afecta a todos de manera mundial. A pesar de los numerosos discursos, análisis estadísticos, unas escasas protestas y documentales ocasionales, el debate sobre su repentina aceleración se ha multiplicado por años con políticos, estudiosos y activistas por igual, quienes luchan indefensos para detener este crecimiento constante. Aún quedan las incógnitas: ¿por qué? y ¿por qué ahora?
Los Panama Papers ofrecen una convincente respuesta a estas preguntas: corrupción masiva generalizada. Y no es coincidencia que la respuesta provenga de un bufete de abogados. Más que solo un engranaje en la máquina de la “gestión de riquezas”, Mossack Fonseca utilizó su influencia para redactar y torcer leyes a nivel mundial para favorecer los intereses de criminales por décadas.
Ramón Fonseca y Jürgen Mossack nos quieren hacer creer que las “sociedades pantalla” de su negocio, a veces llamadas “vehículos con propósitos especiales”, son
como autos. Pero los empresarios de autos usados no redactan leyes. Y el único “propósito especial” de los autos que producían era el fraude a gran escala.
Las “sociedades pantalla” son comúnmente asociadas con el crimen de evasión de impuestos, pero los
Panama Papers muestran sin la más mínima sombra de dudas que aunque estas empresas fantasma no son ilegales por definición, son utilizadas para llevar a cabo un amplio repertorio de graves crímenes que
van más allá de la evasión de impuestos. Decidí exponer a Mossack Fonseca porque me imaginé que sus fundadores, empleados y clientes, tendrían que responder por su participación en estos crímenes, de los cuáles solo algunos han salido a la luz por el momento. Tomará años, tal vez décadas, para que la magnitud total de los sórdidos actos del bufete se conozca.
Mientras tanto, se ha dado inicio a un nuevo debate global, lo cual es alentador. A diferencia de la retórica política de antaño, que cuidadosamente omitió cualquier sugerencia de malos actos por parte de la élite, este debate se concentra directamente en lo importante.
Tengo varias reflexiones con respecto a eso.
Que conste, no trabajo para ningún gobierno o agencia de inteligencia de manera directa o como contratista, y nunca lo he hecho. Mi perspectiva es meramente propia, así como lo fue mi decisión de compartir los documentos con el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), no por propósitos políticos, sino simplemente porque ellos no tardaron en darse cuenta del nivel de injusticias que los archivos describen.
La narrativa de los medios dominantes hasta el momento se ha concentrado en el escándalo de lo que es legal y permitido en el sistema. Lo permitido es claramente polémico y debe cambiarse. Pero no debemos perder de vista otro factor importante: el bufete, sus fundadores y empleados, sí violaron deliberadamente un sinfín de leyes a nivel mundial, repetidas veces. Clamaron inocencia al público, pero los documentos muestran conocimiento detallado y actos de mala fe deliberados. En los casos más recientes
que ya conocemos, Mossack personalmente levantó falsos testimonios ante la corte federal en Nevada, y también se sabe que su equipo de técnicos intentó encubrir las mentiras (
vea el reportaje de CIPER “La agente chilena de Mossack Fonseca que operaba en Las Vegas”). Todos deben ser juzgados sin ningún trato especial.
Al final, miles de enjuiciamientos podrían provenir de los Panama Papers si tan solo quienes hacen cumplir la ley pudieran acceder y evaluar los documentos en cuestión. El ICIJ y sus medios asociados han declarado firmemente que no los entregarán a las autoridades policiales. Sin embargo, estoy dispuesto a cooperar con las autoridades en lo que pueda.
Dicho esto, he presenciado como uno tras otro, a denunciantes y activistas en los Estados Unidos y Europa, les han destruido sus vidas por las circunstancias en las que se encuentran luego de revelar evidentes actos de mala fe. Edward Snowden se encuentra varado en Moscú, exiliado por la decisión del gobierno de Obama de enjuiciarlo bajo la Ley de Espionaje. Por sus revelaciones sobre la NSA (Agencia Nacional de Seguridad), merece una bienvenida heroica y un reconocimiento considerable, no el destierro. Bradley Birkenfeld recibió millones por su aporte informativo sobre el banco suizo UBS y, de todas formas, fue castigado con una pena de cárcel por el Departamento de Justicia. Antoine Deltour se encuentra en juicio por proveer información a periodistas sobre cómo Luxemburgo ayudo a grandes multinacionales a evadir impuestos, robando miles de millones en ingresos fiscales a sus países vecinos. Y existen muchos otros ejemplos.
Los informantes que exponen actos de mala fe incuestionables, ya sean personas internas o externas, merecen inmunidad de represalias del gobierno. Fin de la discusión. Hasta que los gobiernos no dispongan de leyes que protejan a los denunciantes, los organismos de seguridad simplemente tendrán que depender de sus propios recursos o de la constante cobertura mediática mundial para consultar los documentos.
Por el momento, hago un llamado a la Comisión Europea, al Parlamento Británico, al Congreso de los Estados Unidos y a todas las naciones, a tomar acción rápida no solo para proteger a los denunciantes, sino también para detener el abuso global de los registros corporativos. En la Unión Europea, estos registros deben ser de acceso libre en cada estado miembro, con suficiente información detallada disponible sobre los dueños beneficiarios finales. El Reino Unido puede estar orgulloso de sus iniciativas domésticas por ahora, pero aún tiene la responsabilidad vital de detener el ocultismo financiero en varias islas de sus territorios, que son, sin lugar a duda, la piedra angular de la corrupción institucional a nivel mundial. Y Estados Unidos claramente no puede confiar más en sus 50 estados para tomar decisiones concretas sobre su propia información empresarial. Desde hace mucho tiempo, el Congreso de ese país debió tomar las riendas y exigir transparencia por medio de estándares de divulgación y acceso público.
Una cosa es exaltar las virtudes de la transparencia gubernamental en cumbres y en grandes discursos, pero otra es realmente implementarla. Se sabe que en Estados Unidos los representantes electos pasan la mayoría de su tiempo recaudando fondos. La evasión de impuestos no se puede solucionar mientras los funcionarios electos recauden dinero en sus élites, las cuales tienen los incentivos más grandes para evadir impuestos, a diferencia del resto de la población. Estas dudosas prácticas políticas generan un círculo vicioso entre autoridades políticas y financistas. La reforma al fracasado sistema de financiamiento de la política estadounidense no puede esperar.
Por supuesto, esos son apenas unos de los tantos problemas que deben solucionarse. El Primer Ministro de Nueva Zelanda,
John Key, ha mantenido un curioso silencio sobre el papel de su país en permitir la meca del fraude financiero: las Islas Cook. En Gran Bretaña, los conservadores han sido desvergonzados sobre ocultar sus propias prácticas que involucran a empresas trasnacionales, mientras que
Jennifer Shasky Calvery, directora de la Red de Vigilancia contra Delitos y Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acaba de
anunciar su renuncia para migrar a un trabajo en el banco HSBC (
vea el reportaje publicado por CIPER sobre los SwissLeaks). Y así el conocido rechinar de la puerta giratoria de Estados Unidos hace eco en medio de un silencio global de miles de beneficiarios finales de “sociedades pantalla” que pronto serán descubiertos y que, probablemente, rezan para que el reemplazante de Shasky sea igual de débil que ella en la ejecución de las normas. En el rostro de la cobardía política es tentador rendirse ante la derrota, discutir que el estado actual se mantiene fundamentalmente inalterado, mientras que los
Panama Papers son, sin más, un síntoma evidente de la fábrica moral decaída y progresivamente enferma de nuestra sociedad
Pero la problemática está finalmente sobre la mesa y no es sorpresa que ese cambio tome tiempo. Por 50 años, ramas ejecutivas, legislativas y judiciales alrededor del mundo, han fallado completamente en abordar la metástasis de los paraísos fiscales en la superficie de la Tierra. Incluso en la actualidad, Panamá declara que quiere ser conocida por más que estos papeles, pero su gobierno ha examinado convenientemente tan solo uno de los casos de su embrollo trasnacional.
Bancos, reguladores financieros y autoridades fiscales, han fallado. Se han tomado decisiones que han favorecido a los ricos, mientras se concentran en controlar a los ciudadanos de clase media y clase baja.
Las cortes ineficientes y desesperadamente retrógradas han fallado. Los jueces han adquirido por mucho tiempo los argumentos de los ricos, cuyos abogados—y no solo Mossack Fonseca—han sido bien entrenados en honrar los escritos legales, mientras que a la vez hacen todo en su poder para profanar su espíritu.
Los medios de comunicación han fallado. Muchas cadenas de noticias son parodias caricaturescas de sus propios perfiles anteriores, multimillonarios parecen haber tomado las riendas de los periódicos como pasatiempo, poniendo límites a la cobertura de temas serios sobre la riqueza y la falta de fondos para serias investigaciones periodísticas. El impacto es real: además de Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y a pesar de que se diga lo contrario, varios medios de comunicación líderes tuvieron a editores revisando documentos de los Panama Papers. Eligieron no darles cobertura. La triste verdad es que entre las organizaciones capaces y prominentes de medios en el mundo, no hubo una sola interesada en cubrir la historia. Ni siquiera Wikileaks contestó su línea directa de manera repetida.
Pero sobre todo, la profesión jurídica ha fallado. La gobernanza democrática depende de los individuos responsables del sistema que entienden y defienden la ley, no quienes la entienden y se provechan de ellas. En promedio, los abogados se han vuelto tan profundamente corruptos que es imperativo aplicar cambios significativos en la profesión, más allá de propuestas dóciles que ya están sobre la mesa. Para comenzar, el término “ética jurídica”, sobre la cual se basan códigos de conducta y licencias, se ha convertido en un oxímoron. Mossack Fonseca no trabajó en un vacío —a pesar de sus multas repetitivas y violaciones reglamentarias documentadas—, encontró aliados y clientes en los bufetes más grandes en prácticamente cada país. Si la economía quebradiza de la industria no fuera ya evidencia suficiente, ahora no hay manera de negar que a los abogados no debe permitírseles regularse entre ellos. Simplemente, no funciona. Aquellos capaces de pagar más, siempre pueden encontrar un abogado que sirva sus fines, ya sea que ese abogado sea parte de Mossack Fonseca o de otro bufete que no conocemos. ¿Qué pasa con el resto de la sociedad?
El impacto colectivo de estos fallos ha sido una completa erosión de los estándares éticos, finalmente dirigiéndose a un sistema que todavía llamamos capitalismo, pero que es equivalente a la esclavitud económica. En el sistema —nuestro sistema— los esclavos no están conscientes de su estado y de sus dueños, quienes existen en un mundo aparte donde los grilletes intangibles se ocultan cuidadosamente entre montones de inalcanzables jergas jurídicas. La terrorífica magnitud del detrimento del mundo debería despertarnos a todos. Pero cuando se necesita a un informante para encender la alarma, es causa de una preocupación mayor. Demuestra que los cheques y saldos de la democracia han fallado, que la crisis es sistemática y que la inestabilidad severa podría estar a la vuelta de la esquina. Este es el momento de la verdadera acción y se inicia formulando preguntas.
Los historiadores pueden relatar con facilidad cómo problemas de impuestos y desequilibrios de poder han llevado a revoluciones en el pasado. Entonces, fuerzas militares eran necesarias para calmar a las masas, mientras que en la actualidad, la restricción al acceso de información es similar o igual de efectiva. Pero vivimos en tiempos de almacenamiento digital gratis e ilimitado y conexiones rápidas a Internet que trascienden las fronteras nacionales. No se necesita mucho más para conectar los puntos: de principio a fin, la concepción de distribución de medios globales; la próxima revolución será digitalizada.
O, tal vez, ya inició.
