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17 nov 2017

Pararlos ahora, por Ronald Gamarra

"A estas alturas, ya está claro para todos que Keiko Fujimori mintió descaradamente cuando negaba haber recibido financiamiento de Odebrecht".

Las recientes declaraciones tomadas a Marcelo Odebrecht, capo de la transnacional brasileña de la construcción, especialista en asegurarse enormes contratos con una metodología de corrupción sistemática de autoridades y políticos al más alto nivel, confirman que, en el Perú, hay que limpiar a fondo y en todos lados, si realmente queremos adecentar las cosas. Pues casi todos los sectores políticos que ejercen poder, o esperaban hacerlo, recibieron y buscaron activamente la suya.

La corrupción, y no sólo la que propiciaba Odebrecht, está profundamente arraigada en nuestro país. Y al más alto nivel. Desde allí se expande y da el peor ejemplo a todo el país, pudriéndolo. Infectándolo. Ulcerándolo. Forma parte ya del modus operandi de políticos cínicos y mentirosos, que con la cara más dura proclaman ser honrados, cuando en realidad encabezan grupos de operadores con larga experiencia en agenciarse cuantiosos fondos de origen sucio. Su comisión por los negociazos que hacen cuano son gobierno.

Limpiar a fondo se convierte en una tarea ineludible, si de veras queremos purgarnos de esta infección generalizada, que puede convertirse en terminal para la república si no se le pone atajo ahora, condenándonos a ser un estado definitivamente fallido. Limpieza a fondo, en todos los sectores y a todo nivel, empezando por los más altos. De lo contrario, simplemente haremos lo que hacen los negligentes o los cínicos: esconder la basura bajo la alfombra. Pero la basura se queda y sigue creciendo.

El problema para poder limpiar es la fragilidad de nuestras instituciones de justicia, infiltradas y carcomidas ellas mismas por la corrupción y presionadas activamente por los políticos actualmente en problemas. Felizmente, en medio de esa debilidad, hay actualmente a la cabeza del Ministerio Público y del Poder Judicial valiosos magistrados con una trayectoria limpia, en quienes podemos confiar y de quienes podemos y debemos  esperar acción a la altura de las circunstancias. 

Es allí donde la sociedad civil debe asumir activamente el rol de apoyar y reforzar los esfuerzos que se desarrollan  dentro de las instituciones de justicia para avanzar en las investigaciones  sobre la corrupción. Porque los políticos corruptos ya están activamente, desde hace mucho, en la tarea de minarlas y someterlas por completo para evadir ser investigados  y eventualmente juzgados, como tendría que ser. No permitamos que ellos se salgan con la suya.

Es lo que trata de hacer en este momento el fujimorismo. A estas alturas, ya está claro para todos que Keiko Fujimori mintió descaradamente cuando negaba haber recibido financiamiento de Odebrecht. El capo de la transnacional la desmintió rotundamente, según las versiones  que han trascendido de sus declaraciones en Brasil. Si la justicia se aplicara por igual en nuestro país, Keiko Fujimori y Alana García deberían ya estar presos como lo está Ollanta Humala y lo estará Alejandro Toledo, cuando sea extraditado.

Por eso se quieren bajar a la mala y cuando antes al Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, y con él a los fiscales que activamente y con independencia  funcional están avanzando en las investigaciones. Y están desesperados porque, además, Keiko tiene otra investigación abierta en el Ministerio Público por lavado de activos, junto con Joaquín Ramírez, secretario general de su partido y su mano derecha durante la campaña electoral del 2016, un tipo que de la noche a la mañana pasó de cobrador de combi a magnate y financista de Fuerza Popular.

A limpiar a fondo y en todos los sectores, en todas partes, empezando desde arriba y, si es necesario, desde la propia presidencia de la república. De nada valdría una limpieza parcial o partidarizada: meter en la cárcel a Ollanta Humala, para que luego gobierne Keiko, que ya está claro que es la versión actualizada y mejorada de su padre, Alberto Fujimori, que encabezó el gobierno más corrupto de nuestra historia, a quien, precisamente ahora, en tiempos en que hay que dar lucha a fondo contra la corrupción, algunos inefables pretenden indultar.

Alerta con la arremetida fujimorista contra el Fiscal de la Nación, a quien tratarán de destituir muy pronto en base a dos "acusaciones constitucionales" que son un auténtico mamarracho, majaderías carentes de todo fundamento jurídico y de hecho, pero que tratarán de imponer con la fuerza de su mayoría parlamentaria y la complicidad del APRA y algunos oportunistas. Este intento no debe pasar. Permitirlo sería como aceptar el regreso del Ministerio Público a los tiempos de Blanca Nélida Colán, la comadres de Montesinos.

Alerta con la ofensiva fujimorista más general aun contra las instituciones que no se someten a su control. En particular contra el Tribunal Constitucional, cuatro de cuyos magistrados afrontan también acusación constitucional  para ser destituidos, por haber puesto en orden una sentencia que irregularmente declaraba, sin el número de votos requerido, que no había lesa humanidad en la msacre de El Frontón.

El colmo. ¿Creen que alguien en el mundo ls va a creer que no hubo lesa humanidad en aquella masacre, con sus casi cien muertos , la mayoría ejecutados, sin contar con los más de cien muertos ejecutados el mismo día en el penal de Lurigancho? La gente que sostiene esta barbaridad tiene la conciencia bien dura y cínica, pero les importa un bledo, y en base a este pretexto majadero, quieren descabezar de un solo tajo a la mayoría de magistrados del Tribunal Constitucional.

Paremos esta arremetida autoritaria contra las instituciones de justicia  que no dominan, arremetida de claro contenido golpista, que llevan delante para encubrirse y protegerse de toda posible investigación y sanción por los casos de corrupción en los cuales están involucrados.    


Notas relacionadas: "Chaveta contra el Ministerio Público", por Ronald Gamarra. 

Artículo de opinión de Ronald Gamarra Herrera publicado en Hidelbrandt en sus trece el viernes 17 de noviembre de 2017.

29 ago 2017

El Comercio: Fiscalía abre investigación preliminar a Keiko Fujimori por caso Odebrecht

Fiscal Germán Juarez abrió indagación contra la lideresa   de Fuerza Popular en base a anotación sobre ella en la agenda de Marcelo Odebrecht.

El fiscal de lavado de activos, Germán Juárez Atoche dispuso abrir investigación preliminar contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por una anotación sobre ella en la agenda de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasilera.

Según el diario "Correo" la investigación preparatoria abierta pir Juárez Atoche, titular de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, contra Keiko Fujimori, será por un periodo de 8 meses.

Cabe anotar que El Comercio informó el día de ayer que, según el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la información sobre Keiko Fujimori en relación al caso Odebrecht ya había llegado al Perú y estaba en manos del Ministerio Público. La anotación en la agenda del Ejecutivo señala: "Aumentar para Keiko 500 e eu fazer visita" ("Aumentar 500 a Keiko y realizar visita).

El escrito de Marcelo Odebrecht, el cual forma parte del material que se le incautó cuando fué arrestado en el 2015, se le envió al fiscal superior Rafael Vela Barba, "para los fines legales pertinentes", dijo la Fiscalía en un comunicado.

Keiko Fujimori, cabe recordar, tiene tres investigaciones abiertas en el Ministerio Público. Dos en la Fiscalía de lavado de activos (Caso Joaquín Ramírez y financiamiento vía cócteles) y una en la 16° fiscalía penal respecto a presuntos aportes fantasmas en el 2011.

Fuente El Comercio: http://elcomercio.pe/politica/fiscalia-abre-investigacion-preliminar-keiko-fujimori-caso-odebrecht-noticia-454029

24 may 2017

Procurador de Brasil responde a críticas por acuerdo con delatores

El Procurador General de la República, Rodrigo Janot, rebatió las críticas al acuerdo de delaciones premiadas que firmó con los dueños de JBS, Joesley y Wesley Batista, en un artículo publicado en el sitio del proveedor de servicios de internet brasileño UOL.

"Crímenes graves": sin el acuerdo de delación de los hermanos Batista, el país sería afectado aún más
Rodrigo Janot

Tres años después de que detonó la Operación Lava Jato, con todos los despliegues que se sucedieron, es difícil concebir que algún hecho nuevo fuera capaz de probar tan intensamente los límites de las instituciones. Pero el guión de la vida real es sorprendente.
En abril de este año, fui buscado por los hermanos Batista. Me mostraron indicios consistentes de crímenes en marcha —voy a repetir: crímenes graves en ejecución—, practicados, en principio, por un senador de la República y por un diputado federal.
Los colaboradores, sin embargo, tenían otros hechos graves a revelar. Corrompieron a un procurador en el Ministerio Público Federal. Presentaron grabaciones de conversaciones con el presidente de la República, en una de las cuales se narraban diversos crímenes supuestamente destinados a turbar las investigaciones de la Operación Lava Jato.
Además de esos hechos aterradores, fueron presentadas decenas de documentos e informaciones concretas sobre cuentas bancarias en el exterior y los pagos de sobornos que involucran a casi dos mil figuras políticas.
Aún ante tales revelaciones, el foco del debate fue sorprendentemente desvirtuado. De la cuestión central —el estado de putrefacción de nuestro sistema de representación política—, la opinión pública fue conducida al punto secundario del problema —los beneficios concedidos a los delatores.
¿Cuánto vale para la sociedad el saber que la principal opción presidencial del 2014, mientras criticaba la corrupción de sus adversarios, recibía sobornos del sistema que aparentaba combatir y aún tramaba en la clandestinidad la obstrucción de las investigaciones?
¿Hasta dónde el país estaría dispuesto a ceder para investigar la razón por la cual el presidente de la República recibe, a las 11 de la noche, fuera de la agenda oficial, en su residencia, a una persona investigada por varios crímenes, para sostener con ella un diálogo nada republicano?
¿Qué juicio haría la sociedad del MPF si los demás hechos criminales presentados, como las cuentas bancarias en el exterior proporcionadas a dos ex-presidentes, fueran simplemente ignorados?
Fueron las preguntas que debí responder en la soledad de mi cargo. La gravedad del momento, sin embargo, me hizo comprender claramente que ya tenía las respuestas desde hace por lo menos treinta y dos años, cuando dije sí al Ministerio Público y juré defender las leyes y la Constitución del país.
Aunque los beneficios puedan ahora parecer excesivos, la alternativa habría sido mucho más lesiva a los intereses del país, pues jamás sabríamos de los crímenes que continuarían dañando a los honrados ciudadanos brasileños, no conoceríamos las andanzas del diputado con su maleta de dinero, ni las confabulaciones de destacado senador o la infiltración criminal en el MPF.
Como Procurador General de la República, no tuve otra alternativa que conceder el beneficio de la inmunidad penal a los colaboradores, apoyándome en tres fuertes premisas:
  • la gravedad de los hechos, corroborados por pruebas consistentes que me fueron presentadas;
  • la certeza de que el sistema de justicia criminal jamás llegaría a todos esos hechos por los caminos convencionales de investigación
  • la situación concreta de que, sin ese beneficio, la colaboración no sería completada y, por lo tanto, todas las pruebas serían descartadas.
Para los que creen que salió barato [a los hermanos Batista], anoto las siguientes consideraciones poco conocidas: en el acuerdo de clemencia, el MPF que actúa en el primer grado propuso:
  • el pago de una multa de 11,000 millones de reales (3,358 millones de dólares);
  • las sanciones de la Ley de Improbidad y de la Ley Anticorrupción aún están pendientes;
  • en lo que se refiere a las operaciones sospechosas en el mercado de cambio, no están comprendidas por el acuerdo y los colaboradores permanecen sujetos a enfrentar sanciones penales por ello
  • la colaboración comprende más que los audios cuestionados.
Sin jactancia y a pesar de las opiniones contrarias, estoy plenamente convencido de que tomé, en este delicado caso, la decisión correcta, motivado sólo por el deseo de cumplir bien mi deber y de servir fielmente al país.

Finalmente, si hubiese rechazado el acuerdo, los delatores continuarían circulando en el mundo real por las calles de Nueva York hasta que los crímenes prescribieran, sin pagar un céntimo a nadie y sin revelar nada, lo que, de hecho, era usual en Brasil hasta hace poco tiempo.

Rodrigo Janot, Procurador General de la República

20 abr 2017

Lava Jato aún le debe al país una respuesta sobre el papel del Poder Judicial en el mayor esquema de corrupción del planeta

A pesar del volumen y la crudeza de las revelaciones de los delatores de Odebrecht. Persiste una enorme laguna en las centenas de horas de sentencias de declaraciones judiciales replicados por la prensa a lo largo de los últimos días. Tanto la compañía como los procuradores de Lava Jato están debiendo una respuesta a la pregunta que todos hacen, a esta altura. Osea el mayor esquema de corrupción del planeta se desarrollo en las barbas de los jueces ineptos y desinformados, osea una empresa escondió de los ojos del público (y del Ministerio Público) la participación (osea la omisión deliberada, o la complacencia, o todo eso junto) del judicial en las iregularidades cometidas a lo largo dos años. Quién conoce el mundo de los empresarios sabe que una medida cuatlera concedida en un momento estratégico de una licitación puede cambiar el rumbo del juego a favor de un competidor. Sabe también el valor de una decisión de alta corte.

Sabe también el valor de una decisión de alta Corte suspendido investigaciones de la Policía Federal sobre una obra o concurrencia. Y sabe que, si para Odebrecht todos tienen un precio, no hace sentido imaginar que los jueces brasileros eran la excepción.

Por lo menos un episodio, en medio de varios otros, los delatores de Odebrecht tienen la obligación de esclarecer. Se trata de una historia contada en detalles por el exsenador Delcídio de Amaral, en delación. Según él, la presidenta Dilma Rousseff nombró al juez Marcelo Navarro para el Tribunal Superior de Justicia a cambio de su voto a favor de la liberación de Marcelo Odebrecht y el Presidente Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, en la época también preso en Curitiba. Navarro había sido indicado por el entonces presidente de la Corte Francisco Falcao, que garantizaba tener el control de la clase que juzgaría los pedidos de habeas corpus de los empresarios. Con Navarro en el equipo, habría dicho Hawk, la liberación estaba en lo cierto. Navarro fue nombrado y, de hecho votó a favor de la liberación.

Pero, según Delcídio, los otros miembros de la clase del STJ hubiera conocido el golpe y rebelado el golpe en contra. Los empresarios continuarán presos, y  Odebrecht comenzó a considerar seriamente la posibilidad de un acuerdo con el Ministerio Público. Todos los citados por el ex senador nuega colusión. Sin embargo, en el metro de Brasilia, circuló varias versiones con respecto a los valores y términos del acuerdo entre el Falcon, el gobierno y Odebrecht.

La declaración de los ejecutivos de la empresa debería al menos esclarecer, después de todo, si el relato es tan grave, es verdadero o falso. Hasta ahora, sin embargo, reina el silencio.

Proteger los miembros del Judicial es la estrategia obvia para una empresa que tiene un futuro repleto de pendientes a resolver con la Justicia y contemplaba el serio riesgo de entrar en recuperación judicial. No es razonable, sin embargo, que una operación de la envergadura y ambición de Lava Jato acepte este tipo de omisión.

Los procuradores ciertamente percibieron el juego de Odebrecht y dejaron rollo, por lo menos por ahora. Hicieron un cálculo político, ya que el acuerdo era considerado esencial para Lava Jato. En los últimos momentos de la negociación, sin embargo, exigían algo que dejo a los abogados de la empresa: todos los documentos relativos a los contratos con firmas de abogados realizados por Odebrecht mientras duró el esquema de corrupción deberíam ser entregados al Ministerio Público - o que sólo se hizo después de algunas dudas. Los investigadores esperan poder identificar, ésos pagamentos, la evidencia de sobornos pagados a los jueces a través de familiares y representantes. Ellos saben que una vez cerrado un acuerdo, todos están sujetos a ser llamados para complementar sus confesiones. Andrade Gutierrez y Camargo Correa ya están en la fila - está dificílmente escapará de revelar como consiguió sepultar, enla justicia, la Operación Castelo de Arena, que apuraba un esquema de corrupción semejante al descubierto ahora. Se espera que Odebrecht no sea la excepción, y que se abrirá el cuadro negro judicial pronto, pero en el caso de Lava Jato aún está en deuda.


Escribe Malu Gaspar, "Perdiendo las Togas".
Traducción libre del Equipo de Incidencia en Derecho.

16 abr 2017

Gamarra: Escándalo Odebrecht en Perú sobrepasa a los órganos de justicia

"No puede ser posible que en Perú se hayan cometido actos de corrupción sistémica durante tantos años y la contraloría no los haya visto en su magnitud", dice el exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra.

Video de la entrevista de CNN: http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-conclusiones-intvw-ronald-gamarra-odebrecht-tres-millones-ollanta-humala-nadine-heredia/

30 mar 2017

Lava Jato: Juez Moro condena a Eduardo Cunha a 15 años de prisión

Sergio Fernando Moro, juez federal del caso Lava Jato condenó a Eduardo Consentino da Cunha a 15 años de prisión, por los crímenes de corrupción, de lavado y de evasión.


El juez Moro, recordó a su antecesor en la sentencia y señaló que: "... es necesario destacar el trabajo individual del eminente recordado Ministro Teori Zavascki, relator de la aludida acción cautelar. Por ésa decisión y por otras, el legado de independencia y de seriedad del Ministro Teori Zavascki no será olvidado" (traducción libre del Equipo de Incidencia).
Fuente Estadao: http://politica.estadao.com.br