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12 jun 2019

UNICEF Argentina: Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y adolescencia

Plan nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia

A quién va dirigido
Estos lineamientos están dirigidos a integrantes de equipos de salud, de la comunidad educativa, de organismos del sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, a operadores y operadoras de diversos ámbitos del sector público que tienen la responsabilidad de dar respuestas a las necesidades y demandas de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de abusos sexuales.

Población foco
Los lineamientos detallados en este documento están especialmente orientados a niñas, niños y adolescentes con capacidad gestante menores de 15 años. Se trata de una población prioritaria del Plan ENIA por dos razones: por un lado, a causa de la gravedad y magnitud de los embarazos forzados que son producto de abusos sexuales en la Argentina; y por el otro, porque esta problemática no siempre está contemplada en los protocolos existentes en las provincias en donde se está implementando el Plan ENIA. No obstante, estos lineamientos también pueden ser seguidos en el abordaje de abusos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes de otras edades.

Introducción
Los abusos sexuales son un problema social que plantea desafíos a todas y cada una de las personas que forman parte de instituciones que tienen contacto con niñas, niños y adolescentes; la comunidad educativa; los equipos de salud; los miembros de otras instituciones, entre ellas, las que atienden a NNA con discapacidad; las personas ligadas a organismos de protección de derechos de la niñez y la adolescencia y a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con NNA. Dada la complejidad que presenta esta problemática son necesarias políticas y estrategias integrales e intersectoriales que deben traducirse en acciones articuladas, según la competencia de cada sector e institución. Pensar en un trabajo articulado desde la corresponsabilidad trasciende la enumeración de las diferentes acciones que realiza cada institución. Conlleva conocer los derechos de NNA, las vías formales para su garantía, los resortes institucionales para su defensa y comprender que la protección de derechos implica tomar decisiones que involucran a la totalidad de actores que integran el Sistema de Protección Integral de NNA. La intervención frente a los abusos sexuales demanda respuestas que tienen que ser interdisciplinarias e interinstitucionales. Además del objetivo fundamental, que es la atención de cada una de las situaciones, hay otro objetivo, no menos importante, que es ir construyendo rutas de acción para mejores respuestas institucionales. También se deben implementar acciones de prevención tendientes a evitar la reiteración de episodios y el incremento de sufrimientos y daños de NNA.


10 jun 2019

#NiñasNoMadres: Un llamado de emergencia por las niñas de América Latina




EDITORIAL. Mientras que en la mayoría de países de la región la impunidad de los violadores parece generalizada, se criminaliza a las niñas que pasan por un aborto, espontáneo o inducido, sin importar la causa de su embarazo.


NIÑAS MADRES. Cepal estimó el 2010 que más de 60 mil niñas menores de 14 años son madres cada año.
En los últimos días Ojo-publico.com junto a un grupo de medios latinoamericanos ha presentado evidencia de un número creciente de niñas de esta región, menores de 14 años, que han sido violadas, en sus espacios más cercanos y familiares, y luego forzadas a llevar embarazos y partos, sin que a la gran mayoría se le haya ofrecido la opción de decidir sobre su presente y futuro.
No son casos aislados. Aunque con frecuencia las cifras son imprecisas, incompletas y desactualizadas —primera muestra de lo poco que preocupa este problema—, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó el 2010 que más de 60 mil niñas menores de 14 años son madres cada año. La cifra sigue en aumento y el Fondo de Naciones Unidas para la Población (Unfpa) estima que no hay indicios de que se detenga antes del 2030.

Estamos hablando de niñas que no solo tienen que soportar el trauma de ser agredidas en su más profunda y frágil intimidad, sino que también tienen que exponerse a embarazos y partos de alto riesgo, violencia obstétrica, y a efectos en su salud mental como depresión, estrés postraumático e intentos de suicidio.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han señalado que esta tragedia a cuentagotas se podría mitigar, entre otras, con políticas sólidas de educación sexual y, en especial, con la implementación adecuada del derecho al aborto, una decisión siempre difícil, pero que, realizada de forma legal y segura, garantizaría el derecho a la salud y a la vida a miles de niñas en la región.

PERÚ. Un reciente reportaje de Ojo-Publico.com, como parte de una investigación regional, evidenció casos en que niñas que pasan por esta traumática experiencia sufren un segundo abuso al ser denunciadas y condenadas, a pesar de los atenuantes.

Diversos sectores conservadores, incluyendo colectivos católicos y evangélicos, han respondido a estas propuestas haciendo una intensa campaña contra los esfuerzos por establecer cualquier programa de educación sexual que promueva y reconozca los derechos de las mujeres menores de edad sobre su cuerpo. En simultáneo, cuestionan toda iniciativa por el aborto legal, seguro e informado, con el argumento de la defensa de la vida, apelando incluso a celebrar la maternidad infantil, como lo hiciera en febrero el diario argentino La Nación.

Entre tanto, las autoridades latinoamericanas han reaccionado a esta situación con prohibiciones, obstáculos e indiferencia. Mientras que en la mayoría de países de la región la impunidad de los violadores parece generalizada, en Nicaragua y Perú se criminaliza a las niñas que abortan sin importar la causa de su embarazo; en Guatemala el Estado las retira de la casa donde fueron abusadas para llevarlas a un hogar de protección social para dar a luz; y en Ecuador y Colombia, pese a vivir en contextos donde el aborto está despenalizado bajo ciertas causales, las niñas están sujetas a la voluntad de médicos, oficiales de protección social y operadores de justicia que interponen diversos argumentos para impedirles decidir.

Frente a esta realidad, la semana pasada cuatro mujeres jóvenes de Guatemala, Nicaragua y Ecuador, que fueron violadas y embarazadas cuando eran niñas, compartieron sus historias y demandaron a sus Estados —dos de ellas de manera presencial— ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Es urgente llevar adelante una discusión abierta en cada país por la integridad, conciencia, autonomía y capacidad de tomar decisiones respecto a lo que será el proyecto de vida de estas niñas, en vez de mantenerlas en una situación que no las reconoce como víctimas en sociedades que no las protegieron lo suficiente.

[Este editorial es parte de #NiñasNoMadres, una conversación regional sobre el impacto del embarazo forzado de niñas en América Latina, a la que se unen Ojo-Publico.com(Perú), GK y Wambra Medio Digital Comunitario (Ecuador), Mutante (Colombia), Nómada (Guatemala) y Managua Furiosa (Nicaragua)]


21 nov 2018

IPRODES se pronuncia ante otra niña embarazada en el Perú

Desde el Instituto Promoviendo Desarrollo Social - IPRODES llamamos al Estado peruano a elaborar un plan de prevención con presupuesto específico para evitar que más niñas y adolescentes sea violentadas sexualmente, y producto de ello, embarazadas.

El 76% de las víctimas de violación sexual en el Perú son menores de edad (Observatorio de la Criminalidad, 2017) y 13 de cada 100 adolescentes -entre 15 y 19 años- son madres o están embarazadas (INEI,2017).

El día de hoy conocimos OTRA TERRIBLE noticia de una niña de 11 años, embarazada de cinco meses, producto de una violación sexual por parte de un familiar cercano de la víctima, en el Caserío de Tocuya, Chachapoyas,  Amazonas (subrayado nuestro).

Desde IPRODES hemos alertado que la violencia sexual tiene rostro de niña y adolescente mujer en el Perú. Desde el año 2014, hemos evidenciado impunidad en los casos de violencia sexual y la falta de acceso a una justicia amigable para niñas, niños y adolescentes (Informe presentado ante la CIDH: "Acceso a la justicia para Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de de violencia sexual en el Perú", 2014). Así como de servicios integrales, especializados y diferenciados para niñas y adolescentes, como la efectiva implementación y adecuación de la Ruta Única de Atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar y sexual.

Una justicia amigable para niñas y niños debería garantizar el derecho de contar con un abogado gratuito y especializado en los derechos de la infancia, en el enfoque del interés superior del niño y de género. Debería contar con fiscalías y operadores de justicia especializados en temas como la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Tomando en cuenta especial consideración de la edad y desarrollo de cada niño en particular,  respetando su dignidad y sus derechos.

Saludamos el compromiso y esfuerzo del Estado peruano, por ejemplo en materia legislativa, en priorizar la defensa  y protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes frente a la violencia de género. Pero no es suficiente, no es suficiente contar con cifras y data de la violencia. Requerimos de acciones específicas. Por ejemplo, reiteramos el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente visita al Perú, donde muestra preocupación por la falta de programas de prevención y educación sobre la no violencia y los recursos asignados a estos (El gasto público en la infancia para protegerlos de la violencia es del 1% según el MEF).

Invertir en sensibilizar y capacitar a las familias, vecinos y vecinas, debería ser la prioridad, los principales agentes de cambio hacia un cambio de cultura y de alerta ante esta pandemia de la violencia contra las niñas y las adolescentes.

Así lo ha manifestado el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres: "En su esencia, la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus formas es la manifestación de una profunda falta de respeto, una incapacidad de los hombres  para reconocer la igualdad y la dignidad inherentes a las mujeres".

Desde IPRODES llamamos a la urgencia de contar con un programa de prevención de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes articulado, especializado y con un presupuesto específico para asegurar una vida libre de violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres.  ¡No más niñas y adolescentes embarazadas!



Notas relacionadas:

IPRODES.